Decisión nº S-N de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 30 de Julio de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 30 de Julio de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2010-002661

ASUNTO : IP01-P-2010-002661

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

DE LA AUDIENCIA ORAL

En S.A. deC. delE.F., el día de hoy 29 de Julio de 2010, siendo las 06:30 p.m., se constituyó en la Sala de Audiencias Nº 03 el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Coro, a cargo del Abogado. E.M.C. y la Secretaria Abogada S.J.O., a fin de que tenga lugar la audiencia de Presentación Oral; solicitada por la Fiscalía cuarta del Ministerio Público contra el Imputado: L.J.H.P., por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS O ALTERADOS, Acto seguido el Ciudadano Juez solicita a la secretaria verifique la presencia de las partes, dejándose constancia de la presencia, del Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Estado Falcón, Abogado Lando Amado así como el Imputado L.J.H.P., así como el defensor publico de guardia noveno Abg. J.C.B.. Verificada la presencia de las partes el ciudadano Juez interroga al imputado si desea la designación de un Defensor privado, el mismo manifestó a viva voz que no desea designar defensor privado. Se deja constancia que se le otorgo el tiempo prudencial al defensor publico noveno para que se impusieran del contenido de las actas. Seguidamente el ciudadano Juez advierte sobre la naturaleza, importancia y significado del acto. De seguidas se le concedió la palabra a la Representación Fiscal quien ratificó la solicitud presentada por ante el Tribunal en el cual coloca a disposición de este Tribunal al ciudadano L.J.H.P., explica como sucedieron los hechos en tiempo modo y lugar y solicita la aplicación de una Medida de Coerción Personal, que garantice las resultas del proceso en el presente caso, consistente en la Medida cautelar sustitutiva de libertad relacionada a que el imputado se coloque a la disposición del SAIME a los efectos de regularizar su situación con respecto a su ingreso ilegal al territorio nacional, prevista en el articulo 256 numeral 9º del COPP, para el ciudadano antes señalado; por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS O ALTERADOS. Solicitó así mismo se decrete la aplicación del procedimiento ordinario, en este acto consigno veinte folios utilizados a los fines de que los mismos sean agregados al asunto principal. Es todo. Seguidamente el ciudadano Juez interroga al imputado sobre su identificación de la siguiente manera: L.J.H.P., Colombiano, numero de cedula de identidad Colombiana 79963925, sin cedula de identidad Venezolana, de 32 años de edad, de oficio albañil, grado de instrucción: bachiller, domiciliado en el sector Cuatricentenario, segunda etapa, casa sin numero, casa color azul con amarillo, ubicada en la esquina, en la casa queda una agencia de lotería, en la Ciudad de Maracaibo estado Zulia, teléfono numero: 0414-3636190. Acto Seguido el ciudadano Juez de conformidad con lo establecido en el Artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, explicó al imputado los hechos que se le imputan, advirtiéndole que podía abstenerse de declarar sin que su silencio lo perjudique, y que la audiencia continuará aunque no declare y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, libre de apremio y coacción, imponiéndole del Precepto Constitucional consagrado en el Ordinal 5to del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y explicándole que su declaración es un medio defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones hechas por la parte fiscal. Manifestando el imputado a viva voz que: NO DESEA DECLARAR. Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa pública: quien expuso sus alegatos de defensa y expone que luego de revisadas las actas, y en conversación sostenida con mi defendido quien me informa que tiene relación de concubinato con la señora A.B.V., quien es Venezolana y juntos procrearon un hijo quien lleva por nombre S.A.H.B., nacido el 22 de septiembre de 2008, en el territorio Nacional, es por ello y en atención al derecho fundamental de los niños niñas y adolescentes como el derecho a la familia el derecho a crecer con sus padres y el derecho a la identidad es por lo que solicita esta defensa publica la aplicación de una medida cautelar contenida en el articulo 256 numeral 3º del COPP, referida a la presentación periódica y la contenida en el numeral 9º referida a cualquier otra medida preventiva que el Tribunal mediante auto razonado estime necesario, sugiere esta defensa que la misma sea exigir a mi defendido que presente en un plazo de tiempo que defina el Tribunal constancia de realización de los tramites necesarios para legalizar su situación de entrada al país, debemos considerar que el mismo es sostén de familia y que la sanción posible a imponer no justifica privación de libertad, por lo que mal podría recluirse el mismo en la comandancia de la policía hasta esperar que una institución se traslade hasta el para solventar su problema de inmigración. Es todo.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes, durante la audiencia de presentación, este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:

En lo que respecta a la detención del imputado, observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del acta policial donde consta la aprehensión del imputado L.J.H.E.; que la misma se hizo ajustada a derecho, pues su detención se practicó bajo uno de los supuesto de flagrancia previstos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, pues conforme se observó del análisis de la referida actuación policial, se pudo corroborar que efectivamente la detención del referido imputado practicada el día 27 de julio de 2010, fue hecha por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, destacados en el punto de control móvil ubicado en la población de Borojo Municipio Buchivacoa del Estado Falcón, quienes realizando labores de seguridad y orden público, en momentos en que solicitaron a los pasajeros de un vehículo de transporte público que transitaba en la carretera coro Maracaibo, presentaran la documentación respectiva, y luego de verificara una a una, las cédulas de identidad de los pasajeros, pudieron constatar que el número de cédula de identidad que presentó el ciudadano L.J.H.E., pertenecía a la ciudadana Josleida L.M.C., por lo que ante la presencia de uno de los delitos contra la fe pública se procedió a la detención del imputado, bajo uno de los criterios de flagrancia previsto en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

Lo anterior, a juicio de este Juzgador, constituye una situación que se corresponde perfectamente con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues el imputado fue detenido en momentos en que se identificaba ante la autoridad pública, con una cédula de identidad cuyo numero correspondía a otra persona, poniendo en evidencia y en presencia de la autoridad el uso de un documento falso, situación delictiva que fue apreciada directamente por los funcionarios actuantes,e conforme lo plasmaron en la respectiva acta policial donde consta la aprehensión. De manera tal, que en el presente caso no encontramos en virtud de un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues en la detención del imputado, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido por éste, y que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaron y plasmaron en la respectiva acta los funcionarios actuantes

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:

...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 248, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.

De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.

Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.

Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría, razón por la cual, el citado artículo 373 prevé que “(s)i el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes”.

Ello es así porque tal como se estableció anteriormente, el delito flagrante no necesita de otra prueba que no sea la del hecho mismo y su comisión, por lo que obviamente se prescinde de la fase preparatoria o de investigación, prevista en el procedimiento ordinario...

.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó ut supra un delito flagrante, la detención del imputado L.J.H.E., plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta a la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso luego de hecho el correspondiente estudio a las presentes actuaciones, se encuentra debidamente acreditada la existencia de:

Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de Uso de Actos Falsos previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente.

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

- Acta de investigación Penal, signada con el N° 089, de fecha 27 de Julio de 2010, suscrita por los ciudadanos SM/2. HIGUERA G.R., C:I: V-11.803.256, SM/3. QUINTANA G.J., C.I. V-13.493.061, S/2. HERNANDEZ GELVEZ EDWARD C.I. V-20.477.243, Y S/2. OSORIO LAGUADO GUSTAVO, C.I. V-18.162.099, adscritos todos al Destacamento de Comandos Rurales N° 49, con Sede en Dabajuro, en la cual se deja constancia: “El día de hoy 27 de Julio del 2010, a las 16: 10 horas…nos encontrábamos…en el punto de control móvil, ubicado en la entrada de la población de Borojo (...) observamos un vehículo de transporte público (...) se les solicitó a los pasajeros que por favor se bajara de la unidad con sus respectivas cédulas de identidad (...) se procedió a realizar llamada telefónica al Sistema de emergencia 171 SIIPOL (...) donde se fue verificando una por una de las cédulas de identidad de cada pasajero detectando que el numero de cédula 17.096.570, pertenece a una persona de nombre Josleida L.M.C. (...) sin embargo dicha cédula de identidad era aportada por un ciudadano quien fue identificado como L.J.H.E., C.I.V.- 17.096.570, de 32 años de edad, natural de S.M.D.M. del vecino país Colombia (...) motivo por el cual se procedió a trasladar al ciudadano a la sede del comando (...) se realiza llamada al fiscal de guardia (...) quien giró instrucciones de elaborar las actuaciones correspondientes (...) le fueron leídos los respectivos derechos…”. (Folio 03 y Vto. de las actuaciones preliminares). igualmente

- Acta de Investigación Penal, de fecha 27-07-2010, contentiva de la C.D.R., de una cédula de identidad a nombre del ciudadano L.J.E., con el siguiente número de identidad V-17.096.570…”. (Folio 09 de las actuaciones preliminares).

- Acta Contentiva de Registro de Cadena de custodia, de fecha 27. de julio de 2010, donde se describe como evidencia colectada una cñedula de identidad laminada, según número de identificación 17.096.570, a nombre del ciudadano L.J. ECHEVERRÍA…”. (Folio 11 de las actuaciones preliminares).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racionales, coherentes y suficientes para estimar la presunta participación del imputado L.J.H.E., en la comisión del delito de Uso de Actos Falsos, previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal, habida consideración de las actuaciones preliminares se pudo determinar que efectivamente el imputado de autos el día 27 de julio de 2010, en momentos en que se desplazaba por la carretera Coro- Maracaibo, al momento de serle requerida su identificación por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, presentó una cédula de identidad que luego de ser verificada por el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), se pudo determinar que su número correspondía a otra persona, de nombre Josleida L.M.C., de lo cual se pudo determinar preliminarmente el uso de documento falso por parte del imputado, lo cual precisamente produjo su detención flagrante como ut supra fuera explicado.

En este sentido debe precisarse que la presente causa se encuentra en las actuaciones preliminares de su primera fase, esto es, la preparatoria; por lo que, si bien no existe una exhaustividad en los elementos de convicción presentados a la presente audiencia, ello indudablemente obedece al estado primigenio del presente proceso, sin embargo ello no es óbice, para que el titular de la acción penal, e incluso el tribunal cuando así lo estime conforme a la ley y bajo las circunstancias particulares del caso, solicite y se dicten medida de coerción personal, que permita garantizar las resultas del presente proceso.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:

... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.

En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...

(Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, )

Asimismo es importante destacar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la practica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación del imputado en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, hace procedente el decreto de cualquiera de las medidas de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:

… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…

. (Negritas de la Sala)

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito grave, que atenta contra la fe pública, entendida esta como la confianza que tiene depositada el colectivo social en los actos, signos y formas a los cuales el Estado le da cierto valor jurídico. De manera tal que la conducta delictiva en el presente caso ha lesionado un bien jurídico fundamental en el desarrollo de nuestra organización estatal, pues sin la creencia de los actos que el Estado Venezolano les ha dado fe, o los ha revestido de fe pública, la sociedad simplemente no sería posible; de allí precisamente la necesidad de mantener la confianza en los actos a los que el Estado los ha revestido de fe pública y la necesidad de castigar penalmente las conductas que en tal sentido infrinjan la fe pública. Asimismo observa este juzgador que en razón de la pena asignada al delito, la cual va de seis a doce años, se puede estimar el cumplimiento del presente requisito, pues se satisfacen los criterios previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal que al respecto dispone:

Artículo 251. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

Omissis…

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;

3. La magnitud del daño causado;

Omissis…

No obstante lo anterior, estima este Juzgado, luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento recursivo, y vista la solicitud que en relación a la medida de coerción personal ha solicitado el Ministerio Público y respecto de la cual se adhirió la defensa; que en el caso de autos, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida cautelar innominada prevista en el numeral 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que en este caso irá referida a mantener en calidad de custodio en la Comandancia de la Policía de este estado Falcón, al imputado antes señalado; mientras el mismo es trasladado por funcionarios del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), a la sede correspondiente a los fines de que se verifique su situación legal con respecto a su ingreso al territorio nacional. Ello en atención a las consideraciones que de seguidas se pasan a exponer:

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.

Artículo 243. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:

“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala)

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el caso sub-exámine, si bien es cierto al imputado de autos, se le ha atribuido un hecho delictivo grave, como lo es, el delito de Uso de Acto Falso; no puede pasar por inadvertido esta instancia, que en el caso de autos, conforme se observa del análisis de las actuaciones, efectivamente se hace necesario poner al imputado a ordenes de la autoridades del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), a los fines de que se verifique su situación legal y se aplique el procedimiento de ley correspondiente, Situación esta que permiten estimar la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad prevista en el numeral 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a mantener en calidad de custodio en la Comandancia de la Policía de este estado Falcón, al imputado antes señalado; mientras el mismo es trasladado por funcionarios del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), a la sede correspondiente a los fines de que se verifique su situación legal con respecto a su ingreso al territorio nacional.

Consideraciones en atención a las cuales esta Instancia, estima que lo ajustado a derecho es decretar al imputado, la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad prevista en el numeral 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a mantener en calidad de custodio en la Comandancia de la Policía de este estado Falcón, al imputado antes señalado; mientras el mismo es trasladado por funcionarios del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), a la sede correspondiente a los fines de que se verifique su situación legal con respecto a su ingreso al territorio nacional.

Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta, a la solicitud de la defensa referida a que se le otorgue a imputado la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad previstas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referidas a la presentación periódica ante la sede judicial y la contenida en el numeral 9º referida a la posibilidad de exigir a su defendido que presente en un plazo de tiempo constancia de realización de los tramites necesarios para legalizar su situación de entrada al país, pues el mismo era sostén de familia y la sanción posible a imponer no justifica privación de libertad, por lo que mal podría recluirse el mismo en la comandancia de la policía hasta esperar que una institución se traslade hasta el para solventar su problema de inmigración; estima este Tribunal que dicha solicitud debe ser desestimada, pues el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, como lo seria la presentaciones ante la sede judicial, comportaría mantener por orden de un tribunal el estado de situación ilegal en el que se encuentra el imputado L.J.H.E. en el territorio de la República, siendo lo ajustado a derecho que el mismo sea colocado ante las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), las cuales son las autoridades competentes para verificar el estado de su situación ilegal en el país y aplicar el procedimiento de ley correspondiente.

Igualmente, el resguardo en custodia del imputado en la comandancia policial, mientras se hace el traslado del imputado ante la dependencia correspondiente del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, no comporta una privación judicial preventiva de libertad, pues se trata de una situación temporal que requiere la custodia policial del imputado, mientras se verifica su situación legal en el país; razón por la cual estima este Tribunal que lo ajustado a derecho es declarar sin lugar lo peticionado por la defensa. Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento ordinario, por lo que a tenor de lo dispuesto en el primer y tercer aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 373. Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido.

…Omissis…

Si el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.

En este caso, el fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.

En caso contrario, el juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto.

Se acuerda, seguir la tramitación de la presente causa, por las disposiciones del decretar el procedimiento ordinario. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, PRIMERO: CON LUGAR la solicitud presentada por la Fiscalia del Ministerio Publico de imponer la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, al imputado L.J.H.P., Colombiano, numero de cedula de identidad Colombiana 79963925, sin cedula de identidad Venezolana, de 32 años de edad, de oficio albañil, grado de instrucción: bachiller, domiciliado en el sector Cuatricentenario, segunda etapa, casa sin numero, casa color azul con amarillo, ubicada en la esquina, en la casa queda una agencia de lotería, en la Ciudad de Maracaibo estado Zulia, teléfono numero: 0414-3636190. SEGUNDO: Se decreta en contra del imputado L.J.H.P., la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad prevista en el artículo 256 ordinal 9° del Código Orgánico Procesal Penal, referida a mantener en calidad de custodio en la Comandancia de la Policía de este estado Falcón, al imputado antes señalado; mientras el mismo es trasladado por funcionarios del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), a la sede correspondiente a los fines de que se verifique su situación legal con respecto a su ingreso al territorio nacional. Así mismo se ordena oficiar al Comandante de las Fuerzas Amadas Policiales del estado Falcón, a los fines de que reciban al imputado mientras se efectúa el traslado correspondiente, asimismo se ordena llevar el presente asunto por las reglas del procedimiento ordinario. TERCERO: se declara sin lugar la solicitud presentada por la defensa en cuanto a la aplicación de la medida cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 numeral 3º del COPP, Se ordena librar la correspondiente boleta de traslado. Quedan notificadas las partes de la presente decisión, líbrese lo conducente al Sistema Autónomo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME). Es todo, se leyó y conforme firman.

Publíquese, regístrese y déjese copia

EL JUEZ PRIMERA DE CONTROL

ABG. E.O. MONTILLA CASTIBLANCO

LA SECRETARIA

ABG. S.O.