Decisión de Juzgado de los Municipios Tucupita, Pedernales, Casacoima y Antonio Diaz de Delta Amacuro, de 11 de Abril de 2013
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 2013 |
| Emisor | Juzgado de los Municipios Tucupita, Pedernales, Casacoima y Antonio Diaz |
| Ponente | Maryelsy Vannesa Briceño Marin |
| Procedimiento | Unicos Y Universales Herederos |
JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS TUCUPITA, CASACOIMA, PEDERNALES Y ANTONIO DÍAZ CON COMPETENCIA EN LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO D.A..
Tucupita, 11 de Abril de 2013
202° y 154°
Solicitud N: 3.371-2013.
PARTE SOLICITANTE: Lethidel de Montero M.A., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.515.908 y de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE: E.A., IPSA Nº 48.918
MOTIVO: JUSTIFICATIVO AD PERPETUAM MEMORIA UNICO Y UNIVERSALES HEREDEROS.
Solicita la ciudadana: Lethidel de Montero M.A., identificada supra en su carácter de cónyuge del causante, que este Tribunal se sirva declararla junto con los ciudadanos: Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar, Únicos y Universales Herederos, de los bienes dejados por el ciudadano O.R.M. y se le conceda el título suficiente. Para ello pide que este Tribunal se sirva interrogar a los testigos que oportunamente presentara, sobre los siguientes particulares: “Primero: si me conocen suficientemente de vista, trato y comunicación e igualmente a mis hijos Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar, desde hace muchos años. Segundo: si por el conocimiento que de nosotros tienen y les consta que somos los Únicos y Universales Herederos del De Cujus O.R.M..…”
Señala la solicitante, que el ciudadano: O.R.M., falleció en fecha primero (01) de Marzo de 2013, según consta de Acta de defunción, emitida por el Registro Civil del Municipio Tucupita y dejó en vida a su esposa Lethidel de Montero M.A., y sus hijos Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar, tal como se puede verificar de la copia certificadas del acta de matrimonio, partidas de nacimientos y las respectivas copias de cedula de identidad de los herederos.
Ahora bien, revisadas como han sido toda las documentaciones acompañada a la presente solicitud, es decir, acta de defunción correspondiente al ciudadano O.R.M., copia certificada del acta de matrimonio entre el ciudadano O.R.M. y la ciudadana: Lethidel de Montero M.A., copias certificadas de las partidas de nacimiento de los ciudadanos: Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar y sus respectivas copias de cedula de identidad, el Tribunal observa lo siguiente:
Del acta de defunción correspondiente al ciudadano O.R.M., la cual corre inserta a los folios 02 expedida por el Registrador Civil del Municipio Tucupita, Estado D.A., se evidencia, que efectivamente en fecha Primero (01) de Marzo de 2013, el cual solo se toma como prueba del fallecimiento del ciudadano antes mencionado salvo prueba en contrario. Así se declara.
En relación al acta de matrimonio de los ciudadanos O.R.M. y la ciudadana: Lethidel de Montero M.A., se constata de la revisión integra a la referida acta de matrimonio, que los contrayentes son ciudadanos O.R.M. y la ciudadana: Lethidel de Montero M.A.. En consecuencia, se constata que el nombre y apellido de los contrayentes son los mismos que el de la esposa y el del causante. En consecuencia es procedente relacionar el lazo de filiación que pretende demostrar la solicitante, como esposa del causante de marras. Así se Decide
En relación a las partidas de nacimientos pertenecientes a los ciudadanos Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar, se constata de la revisión integra a las referidas partidas de nacimiento, que el padre legitimo de los mencionados ciudadanos es O.R.M.. En consecuencia, se constata que el nombre y apellido de los mencionados ciudadanos es el mismo que el del causante. En consecuencia es procedente relacionar el lazo de consanguinidad paterno que pretenden demostrar los solicitantes, como Hijos legítimos del causante de marras. Así se Decide
Por otra parte, es menester señalar que nuestra ley Procesal Sustantiva, estable la forma de reconocimiento voluntario del padre o la madre, en tal sentido, el artículo 218, establece:
El reconocimiento puede también resultar de una declaración o afirmación incidental en un acto realizado con otro objeto, siempre que conste por documento público o auténtico y la declaración haya sido hecha de un modo claro e inequívoco
.
En este orden de ideas, señala el artículo 217 del Código Civil, lo siguiente:
El reconocimiento del hijo por sus padres, para que tenga efectos legales, debe constar:
1°. En la partida de nacimiento o en acta especial inscrita posteriormente en los libros del Registro Civil de Nacimientos.
2°. En la partida de matrimonio de los padres.
3°. En testamento o cualquier otro acto público o auténtico otorgado al efecto, en cualquier tiempo.
En este sentido el artículo 1.357 del Código Civil, establece que el instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe público, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Por otra parte el artículo 1. 359, eiusdem, estatuye que el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º. De los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenia facultad para efectuarlos; 2º de los hechos jurídicos que el funcionario público declarar haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar.
Y el artículo 1.360 del Código Civil, establece que el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la Ley, se demuestre la simulación.
Para decidir este Juzgado considera necesario resaltar el punto referente a la filiación, con la finalidad de determinar la procedencia o no de lo solicitado en el justificativo de únicos y universales herederos del ciudadano O.R.M.. La filiación es el nexo que une a las personas, sea que desciendan unas de otras o de un autor común. Es decir, es de orden genealógico y se refiere a los eslabones de la cadena que une a una persona con sus ancestros. Así pues, constituye un elemento que es pilar en el Derecho de Familia, por cuanto de la filiación derivan derechos, cargas y obligaciones (parentesco consanguíneo, alimentos, vocación hereditaria, etc.); la ley establece los principios, momentos, presunciones, pruebas y modos de establecer la filiación.
Tratándose de materia hereditaria, la misma ley sustantiva civil ha establecido el orden de suceder, cuyas reglas se encuentran contenidas en los Artículos 822 y siguientes del Código Civil.
Por consiguiente, se deben establecer indubitablemente los nexos de parentesco, para determinar la titularidad del carácter de heredero legítimo; en tal sentido, la ley reserva a determinadas personas cierta posición u orden para suceder al de cujus y a falta de éstos, el Estado le sucederá.
En resumen, la filiación constituye la fuente normal y principal del estado de pariente consanguíneo, siendo el parentesco el que vincula a una persona con sus ascendientes y descendientes, así pues, para que la filiación tenga efectos jurídicos debe estar legalmente probada por cualquier medio idóneo reconocido por el derecho, dentro los cuales pueden encontrarse, entre otros, la partida de nacimiento, posesión de estado, reconocimiento por parte de los parientes ascendientes del de cujus, pues, por medio de esa documentales se da fe pública de que un individuo goza de determinada condición.
Este Juzgado considera pertinente clarificar lo concerniente al presente procedimiento de solicitud de Título de Único y Universales Herederos.
En tal sentido, debe señalarse que el mismo se encuentra enmarcado dentro de la llamada jurisdicción voluntaria. El procesalista R.J.D.C., en su obra “Apuntaciones de Derecho Procesal Civil Ordinario”. Págs. 87 y 88, ediciones Fundación Projusticia, ha comentado la normativa que rige la jurisdicción voluntaria, señalando lo siguiente:
…las resoluciones que se dictaren en los asuntos no contenciosos, además de dejar siempre a salvo los derechos de terceros, sólo se mantendrán en vigencia mientras no cambien las circunstancias que las originaron y no se solicite su modificación o revocatoria por el interesado, en cuyo caso, el Juez deberá obrar con conocimiento de causa. Esta determinación fue agregada al antiguo texto del artículo 11 del Código derogado, que aclara el carácter revisable de las providencias judiciales en los trámites que no representen una contención, que se denominan de jurisdicción voluntaria a la cual se refieren ahora los artículos 895 al 902 del nuevo Código.
En efecto, estos asuntos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria acogiendo la mejor doctrina y jurisprudencia son aquellos en los cuales el Juez interviene en la formación, complemento y desarrollo de determinadas situaciones jurídicas; es decir, en aquellas en que la participación del Juez, junto con la del interesado, constituyen o crean un acto que puede ser necesario para cumplir otros o para realizar válidamente alguna actuación posterior, o para asegurar un derecho. De acuerdo, pues, con el último aparte de artículo 11 que prevé la revisión y modificación de las resoluciones que se dicten en estos asuntos, el artículo 898 sólo le atribuye un valor presuntivo desvirtuable, es decir iuris tantum, y le niega fuerza de cosa juzgada…
De manera que los asuntos de jurisdicción voluntaria o graciosa, no constituyen un juicio como tal, ya que no se deduce acción alguna contra nadie, no hay parte demandada ni citaciones, ni actos que le den al asunto el carácter de juicio, sino que en ésta el Estado interviene para integrar la actividad de los particulares, dirigida a la satisfacción de intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas. La finalidad a la cual se dirige esta colaboración dada por el Estado a la actividad negociar de uno o varios interesados, no es la de garantizar la observancia del derecho, sino la de la mejor satisfacción, dentro de los límites del derecho, de aquellos intereses privados a los cuales se refiere la relación o situación jurídica que la intervención de la autoridad judicial sirve para constituir.
La finalidad de la jurisdicción voluntaria, es la de asegurar, por parte del Estado, un derecho a los interesados, más no la observancia de éste, pero siempre dentro de los límites del derecho, es decir, la función es meramente preventiva; ya que las resoluciones pronunciadas dentro de esta jurisdicción, no tienen fuerza de cosa jugada por no ser dictadas en un verdadero juicio, pues no hubo controversia, ni contención, ni litis, menos aún un conflicto de pretensiones.
Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 899 del Código de Procedimiento Civil dispone:
Art. 899. Todas las peticiones o solicitudes en materia de jurisdicción voluntaria deberán cumplir los requisitos del Artículo 340 de este Código, en cuanto fueren aplicables…
Por su parte, el artículo 340 ejusdem dispone:
Art. 340. El libelo de la demanda deberá expresar:
1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda… (…)
4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales…
Como corolario de lo antes expuesto, este Tribunal considera y llega a la conclusión que existiendo Acta de Defunción del ciudadano O.R.M., Acta de matrimonio del de cujus y la ciudadana: Lethidel de Montero M.A. y partidas de nacimiento de los ciudadanos Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar, en su carácter de hijos del De Cujus O.R.M., donde se dejó asentado, ante un Funcionario Público investido con el cargo de Primera Autoridad Civil, por lo tanto esos documentos hacen plena fe de la verdad de las declaraciones formuladas por sus otorgantes acerca de lo allí expuesto, este Tribunal presume que contra dichos documentos no se ha solicitado su tacha de falsedad. ASÍ SE ESTABLECE.
En razón de lo antes expuestos este Tribunal, promovidos y evacuados como han sido las declaraciones de testigos y valoradas las pruebas documentales, este Tribunal sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho declara con lugar la solicitud a favor de los ciudadanos Lethidel de Montero M.A., venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad Nº V- 4.515.908 en su carácter de esposa y de los ciudadanos Montero Lethidel Engerbert Oswaldo, Montero Lethidel L.M. y Montero Lethidel Lebnitz Osmar, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° 14.115.881, V- 19.139.901 y 14.115.852 respectivamente, como Herederos Únicos Y Universales del De Cujus O.R.M., titular de la cedula de identidad Nº 3.047.967. Así se decide. Publíquese, regístrese, devuélvase a los interesados previa su certificación en autos la presente solicitud, dejando en su lugar copia certificada y anotación en el libro de salidas respectivos llevados por ante este Juzgado. Cúmplase.
La Jueza Temporal,
Abg. Maryelsy Briceño Marín.
El Secretario Suplente,
Abog. Willians A J.R.
En esta misma fecha siendo las 11:00 a.m., horas de la mañana se publicó, se registró, se diarizo la anterior sentencia y se ordena devolver conforme al pedimento. Conste.
Srio Sup.
MVBM/Willians.
Solicitud. 3.371 - 2013
