Una ley pirata

Los tiempos electorales lo permean todo dentro de la sociedad. Parece que todo va a su ritmo y es así más que nunca en un país donde los procesos comiciales dejaron de ser hechos periódicos para convertirse en cotidianos. La práctica legislativa o el arte de redactar leyes no es algo que se logre dominar en pocos años. De allí el impacto casi nulo que tienen las legislaciones que se han promulgado a tropezones durante estos trece años de falsa revolución. Estas leyes, si acaso han tenido un efecto, ha sido el de "acupuntura social". La incapacidad del Estado para darles ejecútese se refleja en la Ley de Desarme, redactada y promulgada por esta revolución en 2002, aun vigente hasta que la nueva se apruebe. ¿Y para qué una nueva? La bolivariana Ley de Desarme no logró recoger una sola arma de fuego. Se habla en ella de una entrega voluntaria y una compensación para quienes lo hagan. Pero no se dice cómo porque, para ello, era necesario redactar un reglamento que cumplió 10 años de mora. No hubo voluntad política entonces, y tampoco ahora para recoger esas armas que matan al pueblo. Este proyecto de ley retoma la entrega voluntaria, amplía el anonimato para quienes lo hagan y prevé un canje por algún beneficio económico. Pero hay un detalle: "El reglamento respectivo establecerá el tipo de compensación y modalidad". Y ahí se tranca el serrucho. En varias partes se menciona la redacción de un gaseoso reglamento. Ello indica una pobre práctica legislativa; no hay estudios de impacto o viabilidad económica, sólo presumen que esta ley...

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