Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario

Órgano rector

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria es el órgano rector del sistema penitenciario y tendrá competencia en todo el territorio nacional, a través de los distintos establecimientos y unidades estratégicas y operativas que disponga para la ejecución del servicio, sin perjuicio que, atendiendo a razones de eficiencia y eficacia en la consecución de los fines de este Código, se decida por una administración descentralizada.

Funciones

Competencia

1. Diseñar y formular planes y programas para el eficaz y eficiente funcionamiento del servicio, así como la ejecución de éstos en los establecimientos penitenciarios.

2. Garantizar el cumplimiento de las normas y directrices en lo relativo al registro y control penal, agrupación y clasificación, atención integral y régimen penitenciario de las personas privadas de libertad.

3. La organización, administración y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.

4. Dictar los lineamientos a las máximas autoridades de las unidades administrativas que conforman el nivel regional y supervisar su funcionamiento.

5. Las demás que se señalen en las leyes, reglamentos u otros actos normativos.

Establecimientos penitenciarios

Los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado se clasifican en centros para procesadas y procesados judiciales y centros de penados y penadas, en los cuales se crearán espacios para las privadas y privados de libertad que, de acuerdo a determinadas características, requieren de un tratamiento específico y diferenciado del resto, tales como:

1. Género.

2. Áreas de observación a los efectos de la agrupación y la clasificación.

3. Penados, penadas, procesadas y procesados con trastornos extremos de conducta, que hagan incompatible su convivencia en colectivo.

4. Para la rehabilitación de penadas, penados, procesadas y procesados con afectaciones severas por el consumo de sustancias ilícitas o enfermedades psiquiátricas, crónicas o infectocontagiosas.

5. Para las funcionarías y funcionarios de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia.

6. Para los pueblos indígenas.

7. Para los adolescentes en conflicto con la ley penal, que alcancen la mayoría de edad antes de cumplir el tiempo de la sanción impuesta.

Los establecimientos de régimen abierto, son aquéllos donde las personas privadas de libertad disfrutan de las fórmulas alternativas de ejecución de la pena.

Dirección

Las obreras y obreros del servicio penitenciario se regirán por las leyes vigentes en materia laboral.

Deberes de las funcionarías y funcionarios

1. Actuar en todo momento con estricta observancia de los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución, demás leyes, así como en los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

2. Respetar y proteger la dignidad humana sin discriminación, así como defender y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

3. Ejercer las funciones propias de su cargo teniendo en cuenta los principios de ética, objetividad, proporcionalidad, eficiencia, transparencia, respeto y humanidad.

4. Portar de manera adecuada el uniforme de la institución que será suministrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria.

5. Valorar e incentivar la honestidad y, en consecuencia, denunciar cualquier acto de corrupción que conozca en la prestación del servicio penitenciario.

6. Respetar la integridad física de todas las personas privadas de libertad y bajo ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar actos arbitrarios, ¡legales, discriminatorios, de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entrañen violencia física, psicológica y moral.

7. Abstenerse de ejecutar órdenes que comporten la práctica de acciones u omisiones que menoscaben los derechos humanos garantizados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por la República, y oponerse a toda violación de derechos humanos.

8. Denunciar violaciones a los derechos humanos que conozcan o frente a las cuales hayan fundados indicios de que se van a producir, así como cualquier hecho punible o ilícito del cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

9. Garantizar la debida confidencialidad de los datos de tipo personal y administrativo de las personas privadas de libertad, así como cualquier otra información de carácter personal que se encuentre en su conocimiento en razón de las funciones propias de su cargo.

10. Procurar y mantener el carácter profesional en las relaciones con las personas privadas de libertad, evitando establecer vínculos de naturaleza íntima y personal que atenten contra la objetividad que debe caracterizar el desempeño de sus funciones.

A las autoridades, funcionarías y funcionarios del sistema penitenciario, que en el ejercicio de sus funciones quebranten las garantías y límites establecidos en el presente Código, tendrán la responsabilidad administrativa correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que haya lugar de acuerdo a la ley.

Requisitos de ingreso

La administración penitenciaria garantizará la aplicación de protocolos de selección de personal, a fin de llenar los estándares éticos, técnicos, físicos y psicológicos necesarios para asegurar un servicio penitenciario eficaz y eficiente, guiado por valores de responsabilidad y observancia de los derechos humanos.

Formación continua

Prohibición de interrupción del servicio penitenciario

1. Ordene la privación judicial preventiva de libertad.

2. Revoque la medida de suspensión condicional del proceso y se ordene la privación de libertad.

3. Revoque la medida cautelar sustitutiva y ordene la privación de libertad.

4. Acuerde la privación de libertad con ocasión del procedimiento de extradición pasiva.

5. Revoque la medida alternativa al cumplimiento de la pena impuesta y ordene la privación de libertad.

6. Imponga una sentencia condenatoria privativa de la libertad personal.

En los casos de traslados se requiere la boleta emanada de la autoridad competente de acuerdo a lo previsto en este Código y en el Código Orgánico Procesal Penal.

Cuando la documentación mencionada presente alguna irregularidad o deficiencia, la máxima autoridad de la unidad local dedicada al registro y control penal del establecimiento penitenciario, debe notificarlo inmediatamente al órgano emisor a los fines de subsanar la misma.

Registro de datos

En ese registro deberá constar:

1. Identificación, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y cualquier otro dato de individualización, incluyendo datos de contacto de los familiares o personas más allegadas al privado o privada de libertad, atendiendo al principio de confidencialidad.

2. Condiciones visibles de la salud física de la persona privada de libertad.

3. Datos legales del caso y los motivos de la detención.

4. Fecha y hora del ingreso.

5. Decisión judicial o boleta de encarcelamiento del respectivo tribunal.

Para el ingreso de una persona privada de libertad al establecimiento penitenciario, es obligatorio que se encuentre plenamente identificada por parte del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Las autoridades del establecimiento penitenciario velarán porque la identificación del privado de libertad esté certificada por el servicio de identificación nacional, incluyendo sus huellas decadactilares.

Expediente penitenciario

La administración penitenciaria determinará el formato y contenido de dicho expediente a fin de garantizar la uniformidad de la información.

Notificación de ingreso

En los casos de las personas privadas de libertad, extranjeras o extranjeros, se notificará al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, a los fines de informar al consulado correspondiente. Asimismo, remitirán trimestralmente al Registro Nacional de Extranjeras y Extranjeros una lista actualizada de las personas que se encuentren privadas de libertad, de conformidad con la ley orgánica que regula la materia de identificación y su reglamento.

En el caso de las procesadas y procesados, asegurará su asistencia a los distintos actos judiciales dentro de los plazos establecidos por la ley, con el objeto de coadyuvar a la tutela judicial efectiva.

La unidad local de registro y control penal debe mantener informada a la persona privada de libertad sobre su situación jurídica, ofreciéndole asesoría sobre los requisitos y aspectos legales acerca del ejercicio de los derechos que le asisten.

Gestión de trámites

Suministro de información al sistema penitenciario

En el caso de una decisión judicial se requiere el auto que acuerde:

1. Medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad

2. Suspensión condicional del proceso, suspensión de la ejecución de la pena, trabajo fuera del establecimiento, régimen abierto y libertad condicional.

3. Otorgamiento de una medida humanitaria

4. Extradición de la privada o privado de libertad

5. Cumplimiento total de la pena que sustenta la privación de la libertad

6. Sentencia absolutoria

7. Sobreseimiento de la Causa

8. Archivo fiscal del expediente

Esta documentación deberá insertarse de forma inmediata en el expediente de la privada o privado de libertad que debe egresar del establecimiento.

Archivo

En los casos de traslado interestablecimientos penitenciarios, el expediente penitenciario se remitirá junto a la persona privada de libertad. Si el egreso es definitivo el expediente se cerrará.

En el centro penitenciario de origen será archivada, igualmente, copia certificada de la totalidad del expediente remitido, el cual habrá de ser conservado digitalmente.

Cuando el egreso se produzca por el otorgamiento de una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena, el archivo deberá ser remitido a la unidad de apoyo postpenitenciario que corresponda.

Fuga

Traslados de las extranjeras o extranjeros

El traslado de los extranjeros se realizará siempre que exista previa manifestación formal de voluntad de la condenada o condenado.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, con el fin de realizar la agrupación contemplada en este Código, dispondrá secciones diferenciadas en cada uno de los establecimientos penitenciarios destinadas a la observación, donde las personas privadas de libertad permanecerán por un periodo no mayor de treinta días, dentro de los cuales se les practicarán los exámenes psicológicos, físicos y clínicos.

Criterios de agrupación

1. Género.

2. Maternidad: Se crearán áreas materno-infantiles para el tratamiento a las privadas de libertad embarazadas o que tengan bajo su cuidado a sus hijos o hijas menores de tres años.

3. Edad.

4. Perfil conductual.

5. Naturaleza del delito imputado.

6. Salud mental y física.

7. Conducta predelictual.

8. Pertenencia a un pueblo indígena.

9. La aptitud o capacitación laboral.

10. Su condición de discapacidad.

Todos los elementos anteriormente descritos son concomitantes y deberán ser evaluados por el equipo de atención integral, atendiendo siempre al bien colectivo de la población penitenciaria.

Niveles de clasificación

1. Máxima seguridad: es la asignada a toda penada o penado que, durante el periodo de observación y evaluación inicial, presenta mínima disposición al cumplimiento de las normas y al régimen de vida establecido por la institución, así como manifestaciones de agresividad, representando un alto riesgo para sí mismo o para otros.

2. Media seguridad: es la asignada a toda penada o penado que, durante el periodo de observación y evaluación inicial, presenta menor disposición al cumplimiento de las normas y al régimen de vida establecido por la institución, respecto a los clasificados en mínima seguridad.

3. Mínima seguridad: es la asignada a toda penada o penado que, durante el periodo de observación y evaluación inicial, presenta alta disposición al cumplimiento de las normas y al régimen de vida establecido por la institución.

Junta de clasificación

Competencia para la clasificación

La junta de clasificación deberá informar mensualmente al superior jerárquico de las clasificaciones realizadas, quien se encargará de ejercer las sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento del lapso establecido en el presente artículo.

Obligatoriedad de la clasificación y la atención integral

En los casos de las personas sometidas a una pena privativa de libertad, que se encuentren en establecimientos ajenos al servicio penitenciario, el órgano rector dispondrá de una junta de clasificación y un equipo de atención integral que las evaluará y clasificará a los fines correspondientes.

1. Una supervisora o supervisor de la unidad local de atención integral del establecimiento penitenciario, profesional del área social, quien coordinará, dirigirá, supervisará y evaluará al grupo y los programas de atención integral.

2. Dos profesionales de la psicología que se encargarán de la asistencia terapéutica, tanto individual como grupal, de las penadas o penados, así como de la evaluación de los avances o retrocesos del individuo en el área que les compete, reportando al supervisor o supervisora.

3. Dos profesionales del área social encargados de la asistencia a las penadas o penados en las relaciones que mantienen con su entorno, tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario, reportando al supervisor o supervisora.

4. Dos profesionales del área social encargados de evaluar el desempeño de las penadas o penados en las actividades de su plan individual de atención integral.

5. Una instructora o instructor, de preferencia profesional o experto en las disciplinas de la educación formal e informal y de capacitación laboral.

6. Dos profesionales del área médica, encargados de evaluar la salud de las privadas y privados de libertad, según su plan individual de atención médica.

Programas de atención integral

1. Un componente psicológico: Comprende la aplicación de programas terapéuticos individuales y colectivos.

2. Un componente social: Comprende la aplicación de programas dirigidos a la transformación, tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.

3. Un componente educativo y de capacitación: Comprende la aplicación de programas de enseñanza formal e informal, así como programas de capacitación laboral.

4. Un componente laboral: Comprende la aplicación de programas de motivación hacia el trabajo, con el propósito de fomentar la capacitación, el entrenamiento laboral y la producción.

5. Un componente recreacional: Comprende la aplicación de programas de desarrollo cultural, artístico y de actividades deportivas. Podrán conformarse todos los demás componentes que resulten necesarios para la transformación de la privada y privado de libertad.

Supervisión

Conformación de grupos

Plan individual

Grupos de trabajo

Seguimiento

1. La observación directa de su conducta y el desempeño en las actividades asignadas en las áreas educativas, recreativas y de capacitación laboral.

2. Durante los primeros sesenta días transcurridos después de haberse iniciado las actividades previstas en el plan individual de atención integral, los grupos de profesionales mencionados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 48 de este Código, profundizarán en el diagnóstico inicial presentado por la junta de clasificación, ampliando la información criminológica, psicológica y social de la penada penado.

3. Cada sesenta días, el profesional encargado de evaluar el desempeño del penado o penada en las actividades de su plan individual de atención integral, deberá rendir un informe del seguimiento a la supervisora o supervisor del equipo de atención integral.

Evaluación

La necesidad y la eficacia de los programas de atención integral deberán ser evaluados anualmente por el supervisor o supervisora de atención integral, siguiendo la dinámica de cada establecimiento penitenciario, con el objeto de crear, mantener, modificar o eliminar aquellos programas que, por el perfil de la población del establecimiento penitenciario, sean requeridos o hayan perdido vigencia, según sea el caso.

Tendrá carácter obligatorio para aquellas penadas y penados que no estén alfabetizadas o alfabetizados y no hayan alcanzado el último año de la educación media, manteniéndose la obligatoriedad hasta la consecución del título o certificado que acredite este nivel en cualquiera de sus modalidades. Para el logro de los objetivos, y sin perjuicio de la calidad en los programas de educación y capacitación, se podrá hacer uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza.

Locales y personal especializado

Programas educativos

En todo caso, en dichos certificados no se hará mención alguna del establecimiento penitenciario donde se obtuvo el título o certificado, ni a las circunstancias relacionadas con el mismo.

Programas de capacitación

Actividad laboral

Será organizado y supervisado por el órgano rector con competencia en materia de servicio penitenciario, a través de la junta de trabajo que funcionará en cada establecimiento penitenciario.

Junta de trabajo

1. La directora o director del establecimiento, o la funcionaría o funcionario del servicio penitenciario que éste o ésta designe.

2. La funcionaría o funcionario del servicio penitenciario designado o designada por el órgano encargado del trabajo dentro del sistema penitenciario.

3. Tres representantes del equipo de atención integral.

Requisito para la redención

Constituye un medio para la transformación y reinserción social, y en consecuencia no se considerará sanción accesoria.

Sanción por incumplimiento

Quedan excluidos de la sanción prevista en este artículo aquellas personas privadas de libertad que se encuentren impedidas por razones de salud física o mental para el desempeño de la actividad laboral.

Aporte social

Utilización del talento humano de la población penitenciaria

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, a los efectos de realizar las labores de reparación, mantenimiento, aseo, servicio de comedor, bibliotecas, guarderías, actividades docentes y asistenciales, utilizará los servicios de las privadas y privados de libertad que se encuentren capacitados para la realización de tales actividades, cuando la condena no haya producido inhabilitación para el ejercicio de las mismas.

En todos los casos, se considerarán estas actividades como trabajo para efectos de la redención de la pena y para el aporte social previsto en el artículo anterior.

Distribución del ingreso

1. - Un cincuenta y cinco por ciento (55%) para la manutención de sus familiares.

2. Un treinta por ciento (30%) para la formación de un fondo de reserva que se les entregará en la oportunidad del egreso que se produzca en los casos de libertad plena o libertad condicional.

3. Un quince por ciento (15%) para el uso personal de los penados y penadas, que se entregará en bonos u otro medio de libre circulación en el establecimiento penitenciario, diferente a la moneda de curso legal.

En todo caso, cuando no hubiere familiares a quienes se deba manutención de acuerdo a la ley, el porcentaje destinado para este fin pasará al fondo de reserva.

Anticipo del fondo de reserva

Inembargabilidad de los fondos

El fondo de reserva será inembargable y constituirá, para todos los efectos legales, patrimonio de la penada y penado, del cual solo podrá disponer cuando esté en libertad plena o libertad condicional, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior.

Centros de producción

Todas las privadas y privados de libertad recibirán un servicio de salud integral inmediato, oportuno, eficiente y gratuito desde su ingreso, a través de programas de medicina preventiva y curativa de primer nivel, que incluyan planes odontológicos, de control del embarazo, servicio de psiquiatría, programas de prevención de enfermedades, dotación de proveeduría médica y alimentación balanceada.

Estará dirigido por un profesional de la medicina, quien supervisará las actividades médico-asistenciales y sanitarias del establecimiento penitenciario.

El servicio médico penitenciario se organizará de conformidad con las normas y políticas que al efecto dicte el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud.

Servicio médico

Se prestará las veinticuatro horas del día, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento que a tales efectos se dicte.

En los establecimientos penitenciarios femeninos existirá una unidad dotada del equipo y material gineco-obstétrico necesario para el tratamiento de las privadas de libertad.

Unidades del servicio médico

1. Una unidad de atención primaria con capacidad proporcional al número de personas privadas de libertad y provista del material clínico e instrumental adecuado, productos farmacéuticos básicos para curas de urgencia e intervenciones dentales.

2. Una unidad destinada a la observación psiquiátrica y a la atención de los afectados en la salud por la adicción al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

3. Una unidad de aislamiento sanitario.

Traslado a centro asistencia!

Cuando la privada o privado o de libertad requiera de un servicio médico asistencial especializado, que no pueda llevarse a cabo dentro del establecimiento penitenciario, el director o directora del servicio médico notificará a la directora o director del establecimiento penitenciario, la necesidad del traslado al centro asistencial, quien efectuará los trámites correspondientes para la realización del mismo.

En caso de ser urgente el traslado de la privada o privado de libertad, según el diagnóstico médico, la directora o director del establecimiento penitenciario lo ejecutará de inmediato con las debidas medidas de seguridad y lo participará seguidamente al tribunal de la causa y a la Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria.

En todo caso, se hará acompañar el traslado con el informe de la médica o médico donde se especifique la situación de salud del interno.

Tratamiento de enfermedades crónicas y terminales

Cuando se tratare de enfermedades terminales o graves, de difícil manejo dentro del establecimiento, las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria procurarán ante los tribunales competentes el otorgamiento de una medida humanitaria.

Módulo de máxima seguridad

El equipo de atención integral evaluará el cambio de comportamiento del privado o privada de libertad a objeto de modificar las condiciones de reclusión.

Módulo de salud y rehabilitación

Centros para adolescentes en conflicto con la ley penal

Estos centros contarán con la asistencia integral, seguridad y demás condiciones adecuadas al tipo de sanción penal aplicada a los adolescentes, según la ley especial que regula la materia y el reglamento que se dicte al efecto.

Módulos femeninos

Maternidad

Guarderías

Dichas guarderías contarán con el personal calificado necesario y con asistencia pediátrica y psicológica permanente.

Bibliotecas

En cada establecimiento penitenciario funcionará una biblioteca principal y las adicionales que se requieran, las cuales serán atendidas por un bibliotecólogo, bibliotecóloga o profesional de las ciencias sociales en general, pudiendo ser alguna privada o privado de libertad con formación afín, quien será responsable por el buen uso y conservación de los libros, material educativo, mobiliario y equipos de los que disponga la biblioteca.

Ninguna infracción puede ser sancionada dos veces, ni imponerse dos medidas simultáneas o consecutivas por la comisión de una misma infracción.

Junta disciplinaria

Su funcionamiento se definirá en el reglamento respectivo.

Conformación de la junta disciplinaria

1. La directora o director del establecimiento penitenciario, quien la presidirá.

2. Una funcionarla o funcionario del área social.

3. Una funcionarla o funcionario del área legal.

4. Una funcionarla o funcionario del área de régimen interno.

5. Una funcionarla o funcionario del área de régimen externo.

En los de régimen abierto se incorporará a la junta disciplinaria las delegadas o delegados de prueba de ese establecimiento. En todo caso, la junta disciplinaria estará conformada por un mínimo de cinco funcionarlas o funcionarios y un máximo de siete integrantes, siempre en números impares.

Disciplina

No se considerará maltrato el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para someter a la privada o privado de libertad, cuando intente agredir a una funcionaría pública o funcionario público, a su propia persona o a un tercero, así como la fuerza empleada para evitar actos colectivos de violencia que amenacen seriamente la estabilidad, el control, la vigilancia o la seguridad del establecimiento penitenciario.

Prohibición de sanciones arbitrarias

Competencia para sancionar

Dichas decisiones pueden ser revisadas a solicitud de la sancionada o sancionado, por la jueza o el juez de ejecución con competencia en el centro penitenciario.

Las infracciones disciplinarias se clasifican en fallas leves, graves y gravísimas.

Faltas leves

1. Incumplimiento de los deberes de aseo e higiene personal establecidos en el reglamento respectivo.

2. Incumplimiento de los deberes de limpieza, aseo y orden de los espacios comunes del establecimiento penitenciario.

3. Incumplimiento de las medidas de higiene y salud colectiva dictadas por el servicio médico, siempre que ese incumplimiento no genere riesgo para la salud.

4. Utilización inadecuada de las instalaciones y recursos del establecimiento penitenciario, siempre que no se produzcan daños o deterioros.

5. Retardos injustificados en el cumplimiento de las actividades regulares del establecimiento penitenciario.

6. Abandono injustificado de las actividades regulares del establecimiento penitenciario.

Faltas graves

1. Desobediencia o resistencia a las órdenes recibidas de las funcionarías o funcionarios del servicio penitenciario emanadas en el legítimo ejercicio de sus funciones y que no impliquen alteración del orden.

2. Dirigir insultos verbales o escritos. Acciones ofensivas a una funcionaría pública o funcionario público u otras personas que se encuentren en el establecimiento penitenciario.

3. Ejercer acciones, o causar daños o deterioros a las instalaciones o recursos del establecimiento penitenciario.

4. Enfrentamiento cuerpo a cuerpo con otras personas privadas de libertad.

5. Fabricar, introducir u ocultar objetos que la administración penitenciaria y este Código declare no permitidos.

6. Tenencia y distribución de medicamentos no prescritos por un médico o médica.

7. Cocinar fuera de las áreas destinadas o autorizadas al efecto.

8. Retardo injustificado en la hora pautada para el ingreso al establecimiento penitenciario de régimen abierto, en los casos de los traslados transitorios regulados en este Código.

9. Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas para el disfrute de los traslados transitorios regulados en este Código.

10. Alterar el normal desenvolvimiento de una actividad laboral, educativa, recreacional, deportiva o de cualquier otra índole que se esté realizando en el establecimiento.

11. Acumular un mínimo de tres faltas leves en un período de dos meses consecutivos.

Faltas gravísimas

1. Amenazar o atentar contra su integridad física, la de funcionarías públicas o funcionarios públicos, de una privada o privado de libertad, sus familiares o cualquier otra persona.

2. Desobedecer u oponer resistencia a las órdenes recibidas de los funcionarías o funcionarios del servicio penitenciario, emanadas en el legítimo ejercicio de sus funciones, cuando produzcan alteraciones del orden interno del establecimiento penitenciario.

3. Amenazar o agredir verbalmente a funcionarías públicas o funcionarios públicos u otras personas que se encuentren en el establecimiento penitenciario.

4. Organizar, participar o instigar en motines o acciones delictuales dentro o fuera del establecimiento penitenciario.

5. Coaccionar o amenazar por cualquier vía o medio de comunicación, a cualquier persona que se encuentre fuera del establecimiento penitenciario.

6. Causar maltratos físicos o psicológicos a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el establecimiento penitenciario.

7. Retener a funcionarías públicas o funcionarios públicos u otras personas que se encuentren en el establecimiento penitenciario.

8. Ofrecer sumas de dinero, regalos o dádivas a funcionarías públicas o funcionarios públicos.

9. Elaborar o detentar objetos de tenencia prohibida.

10. Consumir, detentar o distribuir sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

11. Elaborar, detentar o consumir bebidas embriagantes o alcohólicas.

12. No acudir al llamado de la autoridad para el pase de lista y número, con la regularidad prevista en el reglamento.

13. Oponer resistencia al momento de realizarse las requisas.

14. Intento de fuga o evasión.

Sanción a faltas leves

Sanciones a faltas graves

Sanciones a faltas gravísimas

Las sanciones aplicables a las faltas gravísimas de las personas privadas de libertad que se encuentren en régimen abierto, serán sancionadas con la revocatoria del régimen abierto por parte del tribunal de ejecución, a solicitud de la junta disciplinaria.

Este informe lo remitirá a la junta disciplinaria a los efectos de iniciar el procedimiento disciplinario.

Notificación

Derecho a la defensa

Recibido el escrito o realizado los alegatos de forma oral por la privada o privado de libertad, se verificarán los argumentos por él o ella presentados, fijándose el segundo día hábil siguiente a la consignación del escrito o alegatos para la realización de la sesión de la junta disciplinaria, en la que se calificará la falta y se tomará una decisión, la cual se notificará por escrito al infractor o infractora a los tres días hábiles.

Procedimiento para faltas graves y gravísimas

1. La máxima autoridad del establecimiento penitenciario en su carácter de Presidenta o Presidente de la junta disciplinaria, previo conocimiento de los hechos, acordará el inicio de la investigación y designará a las funcionarlas o funcionarios necesarios, quienes realizarán las averiguaciones del caso en un lapso no mayor de tres días hábiles, y presentarán un informe que recoja el resultado de las diligencias practicadas, así como la determinación de las faltas imputables al presunto infractor o infractora.

2. Recibido el informe, la máxima autoridad del establecimiento penitenciario notificará por escrito al día hábil siguiente, al presunto infractor o infractora de la falta que se le imputa y la sanción aplicable, señalando el plazo que tiene para presentar sus descargos y defensas. Asimismo, remitirá este informe a los miembros de la junta disciplinaria convocándola para sesionar al tercer día hábil siguiente.

3. La junta disciplinaria, en la sesión convocada al efecto, oirá al presunto infractor o infractora, quien en ese acto ejercerá su defensa, alegando lo que considere pertinente.

4. Recibidos los alegatos y cotejados con el informe, la junta disciplinaria decidirá, en la misma sesión, sobre la responsabilidad del presunto infractora o infractor, y de ser procedente, la imposición de la sanción correspondiente.

5. Bajo ninguna circunstancia las funcionarlas afectadas o funcionarios afectados por la conducta desplegada por la privada o privado de libertad participarán en las deliberaciones de la junta disciplinaria.

6. En el caso que se acuerde la aplicación de la sanción correspondiente a la falta cometida, se le notificará por escrito a la infractora o infractor a los tres días hábiles. El equipo responsable de la asistencia integral del infractor o infractora deberá reunirse con éste o ésta y orientarlo sobre la conducta sancionada y el reconocimiento de su responsabilidad.

Actas sancionatorias

1. Identificación de la infractora o infractor.

2. Lugar y fecha de la decisión y número del expediente penitenciario.

3. Relación sucinta de los hechos imputados.

4. Las argumentaciones dadas por la infractora o infractor.

5. Disposiciones legales que contemplen la falta y la sanción que corresponda.

6. Decisión de la junta disciplinaria.

7. Voto salvado, si fuera el caso.

Concurrencia de faltas

En caso de incurrir en faltas en momentos diferentes, las mismas serán valoradas en forma individual.

Acumulación de sanciones

Criterios para la decisión

1. La gravedad del hecho.

2. El grado de participación de la privada o privado de libertad en la comisión del hecho.

3. Las circunstancias que rodearon la comisión del hecho.

4. La conducta de la privada o privado de libertad desde el comienzo de su reclusión o del régimen abierto.

5. El carácter reincidente de la falta.

6. Los argumentos presentados por la privada o privado de libertad.

1. La gravedad del hecho.

2. El grado de participación de la privada o privado de libertad en la comisión del hecho.

3. Las circunstancias que rodearon la comisión del hecho.

4. La conducta de la privada o privado de libertad desde el comienzo de su reclusión o del régimen abierto.

5. El carácter reincidente de la falta.

6. Los argumentos presentados por la privada o privado de libertad.

Ejecución de la sanción

La jueza o juez escuchará a las partes y adoptará su decisión en la misma audiencia. La solicitud de revisión suspende la ejecución de la decisión.

En el caso de las procesadas y procesados que se incorporen voluntariamente al trabajo o al estudio, se les computará como tiempo redimido de ser aplicada la sentencia definitiva y ejecutoriada.

Actividades reconocidas

1. Las de educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, siempre que se desarrolle de acuerdo con los programas educativos aprobados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia o por instituciones del Estado.

2. El trabajo en cualquier rama de la actividad económica de utilidad social o en cualquier culto y religión, siempre que haya sido organizado y supervisado por la junta de trabajo del establecimiento penitenciario.

3. La de servicios para desempeñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades de los establecimientos penitenciarios, siempre que la asignación de la privada o privado de libertad a esta actividad haya sido realizada u organizada por la junta de trabajo.

4. Las culturales, artísticas o deportivas, dirigidas y avaladas por instituciones oficiales dedicadas al área específica, las cuales serán reconocidas a todo efecto como educativas o laborales, según el propósito específico del programa y la misión de la institución respectiva.

Parágrafo único: Se contará como un día de trabajo o estudio la dedicación a cualquiera de estas actividades, durante un lapso de ocho horas continuas o discontinuas, y en los casos que actúen como instructores de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 de este Código, se contará como un día de trabajo la dedicación de seis horas continuas o discontinuas.

Registro de actividades

Funciones del órgano penitenciario

La función principal de la junta designada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria para la redención de la pena por el trabajo y el estudio, será la de verificar con estricta objetividad, el tiempo de trabajo o de estudio efectivamente cumplido por cada recluso, a los fines de la redención de la pena y, con tal propósito, ejercerá las siguientes atribuciones:

1. Tramitar el ingreso de las privadas o privados de libertad a todo tipo de actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, artísticas y cualesquiera otras actividades que implique la utilización productiva del tiempo de reclusión del privado o privada de libertad.

2. Seleccionar con base en criterios técnicos y objetivos, las privadas o privados de libertad que se encargarán de desempeñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del establecimiento o de otras instituciones.

3. Organizar, llevar al día y controlar el expediente personal de cada privada o privado de libertad en régimen de trabajo o de estudio, con el objeto de reflejar semanalmente su asistencia y actividad laboral o educativa.

4. Solicitar los informes y practicar las verificaciones que estime necesarias, de oficio o a instancia de los interesados, a los fines del reconocimiento del tiempo de trabajo o de estudio efectivamente cumplido por cada privada o privado de libertad.

5. Establecer y poner en funcionamiento los mecanismos de control que fueren convenientes para verificar diariamente el tiempo de trabajo o de estudio efectivamente cumplido por cada privada o privado de libertad.

6. Practicar visitas de inspección en los sitios de trabajo o de estudio, con el objeto de cerciorarse de la asistencia y actividad laboral de las privadas o privados de libertad, pudiendo interrogar al efecto, a solas o ante testigos, a cualquier funcionaría pública o funcionario público, particular.

7. Solicitar y tramitar ante la jueza o juez de ejecución, de oficio o a instancia de los interesados, la redención judicial de la pena de los privados o privadas de libertad en régimen de trabajo o de estudio.

8. Llevar un registro detallado, digital y por escrito de las privadas o privados de libertad en régimen de trabajo o de estudio, de las correspondientes decisiones judiciales de redención de la pena.

9. Oír a las privadas o privados de libertad en régimen de trabajo, o de estudio cada vez que la junta lo considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

10. Las demás que le asignen las leyes.

Competencia para el otorgamiento

Procedimiento

La solicitud será introducida personalmente, de oficio o a solicitud del privado o privada de libertad, por un miembro de la junta, expresamente autorizado al efecto, y la jueza o juez resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes, con vista de la documentación que haya servido de base para el reconocimiento del tiempo efectivamente cumplido y copia certificada de las actas de la junta, relativas al reconocimiento y a la solicitud de redención. Si considerase insuficiente la información requerirá a la junta que la complete, sin perjuicio de ordenar y practicar por su parte las actuaciones que juzgue necesarias; en este caso, el lapso para la decisión comenzará a contarse desde la última actuación practicada.

Requisitos

Procedimiento

Recibida la solicitud, la directora o director deberá remitirla de inmediato a la unidad con competencia en registro y control penal del establecimiento, donde se procederá a revisar el expediente administrativo de la interna o interno y se preparará un informe donde se indicará detalladamente si el solicitante cumple con los requisitos para optar al régimen de confianza tutelado.

Dicho informe deberá ser remitido a la máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, quien, de encontrar procedente la solicitud, la autorizará, participándolo por escrito al tribunal de ejecución de la jurisdicción penal correspondiente.

Parágrafo único: La máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria podrá, previo informe y evaluación del expediente jurídico de una interna o interno, considerar el otorgamiento del régimen de confianza tutelado para una privada o privado de libertad, sometida o sometido a proceso judicial, que registre un tiempo de reclusión ininterrumpido superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en caso de resultar condenado en sentencia definitivamente firme.

Cese del régimen

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria dispondrá la creación de una unidad del más alto nivel encargada del apoyo postpenitenciario, cuya estructura y funciones se determinarán en el reglamento respectivo, que tendrá como finalidad prestar el apoyo social necesario a la población penitenciaria sometida a cualquier fórmula de régimen abierto, suspensión condicional de la pena, libertad condicional o plena y a sus familiares.

Apoyo postpenitenciario

En ningún caso los antecedentes penales podrán ser motivo de discriminación social o jurídica, a tal efecto las unidades de apoyo postpenitenciario del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria velarán por que el uso de la información relacionada con dichos antecedentes penales no afecte ilegítimamente los derechos de los ex internos o ex internas.

Atención a los adolescentes egresados del sistema penitenciario

Unidades de supervisión postpenitenciaria

Estos establecimientos estarán distribuidos en los estados y municipios, atendiendo a la ubicación de los establecimientos penitenciarios, siendo obligatoria la creación de por lo menos un establecimiento en la capital de cada estado. Su funcionamiento estará regido por los respectivos reglamentos.

Las unidades técnicas de supervisión y orientación, prestarán el servicio de orientación y supervisión a aquellas procesadas, procesados, penadas y penados a quienes se les haya otorgado una medida de suspensión condicional del proceso, medidas cautelares, suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad condicional.

Los centros de pernocta contarán con unidades operativas para albergar a aquellas penadas o penados en ejercicio del régimen de trabajo fuera del establecimiento.

Los establecimientos de régimen abierto contarán con unidades operativas para albergar a aquellas penadas o penados que se encuentran en ejercicio del régimen abierto.

Las unidades de atención a los adolescentes en conflicto con la ley penal, contarán con unidades operativas para atender a los adolescentes que se encuentren en cumplimiento de una medida de libertad asistida o semi-libertad y a sus padres, madres o representantes.

Equipo de supervisión postpenitenciaria

En el caso de los adolescentes, el equipo técnico profesional en el área social, capacitados según lo establecido en la ley especial que rige la materia, se denominarán supervisora y supervisor de medidas de libertad vigilada y semi-libertad.

Participación popular postpenitenciaria

Los estudiantes universitarios podrán participar a través de los programas de servicio comunitario y cualquier otro programa que sea debidamente aprobado y autorizado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria.

Las personas, en el ejercicio de este rol, deberán actuar con estricto apego a las normas y reglamentos que rigen el sistema penitenciario. La autoridad penitenciaria se encuentra en la obligación de garantizar la seguridad de estas ciudadanas y estos ciudadanos dentro de los establecimientos penitenciarios durante el desarrollo de sus actividades.

Contraloría popular penitenciaria

Con la finalidad de asegurar la transparencia y proteger el bien común, en función de la calidad de vida y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, en el marco del principio constitucional de la corresponsabilidad, los ciudadanos y ciudadanas, a través de las organizaciones del poder popular, conformarán la contraloría popular penitenciaria que se ejercerá a través del consejo popular de contraloría penitenciaria que funcionará en cada circunscripción judicial en los términos que determine el reglamento respectivo y las leyes relativas a la participación protagonice del poder popular.