Decisión nº 2008-010 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 29 de Enero de 2008
| Fecha de Resolución | 29 de Enero de 2008 |
| Emisor | Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Sol Efigenia Gamez |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
CON SEDE EN CARACAS
Años 197° y 148°
Parte Querellante: ciudadana, L.C.S.L., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.917.659
Apoderados Judiciales: Abogados J.R.V. y A.J.P.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los Nros. 17.226 y 53.813.
Parte Querellada: Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas).
Apoderado Judicial: N.C.L.. S, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.003.149, Abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 65.408
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Revisión y Ajuste de Jubilación)
Expediente Nº 2007 - 181
Sentencia Definitiva
I
Se inició la presente causa mediante escrito presentado en fecha 26 de julio de 2007, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Revisión y Ajuste de Pensión de Jubilación), por los abogados J.R.V. y A.J.P.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 17.226 y 53.813, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana L.C.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.917.659, contra el Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas); siendo recibido en fecha 27 de julio de 2007, quedando signado bajo el Nº 2007 - 181.
En fecha 3 de agosto de 2007, este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, ordenándose la citación de la ciudadana Procuradora General de la Republica, a tenor de lo previsto en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República y 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, solicitándole el expediente administrativo del caso. Asimismo, se ordenó la notificación del ciudadano Ministro del Poder Popular para las Finanzas. Se libraron los Oficios respectivos.
Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2007, la abogada N.C.L.. S, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.003.149, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 65.408, en representación de la Republica Bolivariana de Venezuela, dio contestación a la querella interpuesta.
El 23 de noviembre de 2007, este Juzgado dictó auto mediante el cual fijó la audiencia preliminar para el tercer (3er.) día de despacho siguiente a esa fecha “exclusive”.
En fecha 4 de diciembre de 2007, se dejó constancia en acta de la no comparecencia de las partes a la audiencia preliminar. En esa misma fecha este Órgano Jurisdiccional fijó lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia definitiva.
El 13 de noviembre de 2007, se levantó acta contentiva de la audiencia definitiva, dejándose expresa constancia de la comparecencia de la abogada N.C.L., en representación del ente querellado, así como de la no comparecencia de la parte querellante. En esa misma fecha la representación judicial del ente querellado estampó diligencia mediante la cual consignó el expediente administrativo del caso, el cual se agregó a la pieza separada que a tal efecto se abrió.
En fecha 19 de diciembre de 2007, este Órgano Jurisdiccional dictó dispositivo mediante el cual declaró Parcialmente con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Revisión y Ajuste de Pensión de Jubilación), dejando constancia que dictaría sentencia escrita sin narrativa en los términos establecidos en el artículo 108 de la Ley que rige la materia, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a esa fecha “exclusive”, una vez vencido el lapso para publicar el dispositivo del fallo, a tenor de lo previsto en el único aparte del artículo 107 eiusdem.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El caso sub examine versa sobre un recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto con el objeto de solicitar el ajuste de la pensión de jubilación, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios, en concordancia con el artículo 27 de la misma Ley, y artículo 16 del Reglamento respectivo, contra el Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas). Ello así, considera necesario este Órgano Jurisdiccional realizar las consideraciones siguientes:
El derecho a la pensión de jubilación se estipula en un porcentaje creciente en función de los servicios efectivos prestados por el funcionario, sobre una cuantía. Dicha pensión, al igual que el salario para el empleado activo, tiene carácter alimentario, pues le permite al jubilado satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes. Así pues, la jubilación es un derecho de previsión social con rango constitucional en el ordenamiento jurídico venezolano, que está dirigido a satisfacer requerimientos de subsistencia de personas que habiendo trabajado durante años se ven impedidas de continuar haciéndolo en virtud que finalizó la prestación de sus servicios, por lo que debe ser acordado el ajuste de pensión que soliciten y el mismo puede ser efectuado de manera individual, es decir, a cada trabajador que habiendo cumplido con los requisitos para su otorgamiento se encuentre en el ejercicio de este derecho. En ese sentido, el artículo 13 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y el artículo 16 de Reglamento, establece la potestad que tiene la Administración de revisar el monto de las pensiones de jubilación cuando se produzcan modificaciones en el régimen de remuneraciones de los funcionarios o empleados activos, tomando en cuenta el nivel de remuneración que para el momento de la revisión tenga el cargo que desempeñó el jubilado, lo cual denota una facultad discrecional de la autoridad competente para ello. Sin embargo, las normas citadas deben interpretarse necesariamente a la luz de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así pues, los artículos 80 y 86 de la Carta Magna, consagran el derecho a obtener pensiones y jubilaciones, a los fines de asegurar un nivel de vida acorde con la dignidad humana, cuidando que en ningún caso dichos montos sean inferiores al salario mínimo urbano, concluyéndose de esta manera que el reajuste de la pensión de jubilación es el resultado natural y lógico de un derecho de rango constitucional.
En lo que respecta a la solicitud de revisión y ajuste de pensión de jubilación realizada por la querellante, el artículo 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, prevé:
Artículo 13: El monto de la jubilación podrá ser revisado periódicamente, tomando en cuenta el nivel de remuneración que para el momento de la revisión tenga el último cargo que desempeñó el jubilado (…)
.
Del contenido de la norma supra transcrita se puede colegir que, efectivamente, toda revisión y ajuste de pensión de jubilación debe hacerse con base en la remuneración del último cargo ejercido por el jubilado, para el momento de la revisión de la misma. En ese sentido, esta Juzgadora pudo constatar de las actas que conforman el presente expediente judicial, que el egreso de la querellante de la Administración fue con motivo de su jubilación, igualmente, se verificó que el cargo con el cual se le otorgó el beneficio de jubilación corresponde al de Fiscal de Rentas III (Grado 20).
Así las cosas, afirmaron los apoderados judiciales de la querellante que si bien el cargo con el cual fue jubilada su mandante fue el de Fiscal de Rentas III (Grado 20), su equivalente en la actualidad es el de Profesional Tributario (Grado 10), adscrito al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), alegato éste que fue negado y contradicho por la representación judicial de la parte querellada en los términos siguientes: “(…) Aceptar la equivalencia propuesta, seria tanto como admitir que dicha ciudadana ingresó al SENIAT y a la Carrera Tributaria, lo cual nunca sucedió; además de que por razones presupuestarias, el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas no puede ajustar una pensión de jubilación con base a una escala de sueldos distinta a la vigente en el organismo, lo que a su vez crearía una situación de desigualdad jurídica con el resto de los jubilados de este Ministerio (…)”.
Ahora bien, se observa que la representación judicial del organismo querellado, si bien rechazó el ajuste de la pensión de jubilación de la querellante en base al cargo de Profesional Tributario (Grado 10), no rechazó o negó el derecho de la querellante a exigir el reajuste de su pensión de jubilación, tal como lo ordena el artículo 13 de Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, así como tampoco aportó información respecto al cargo equivalente en la actualidad al de Fiscal de Rentas III, o su remuneración en caso de existir. Por lo tanto, es procedente la solicitud de la querellante a la revisión y ajuste de su pensión de jubilación, y en lo que respecta al cargo sobre el cual debe ajustarse dicha pensión, se evidencia que la querellante produjo con su libelo de demanda, entre otros recaudos, copia fotostática simple de la tabla denominada “CARGOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZAN LAS EQUIVALENCIAS EN LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN NIVELES TÉCNICO Y PROFESIONAL”, que riela al folio veintiuno (21) del presente expediente judicial, marcada con la letra “G” , la cual no fue impugnada por su adversario en la oportunidad en que diera contestación al recurso, por lo que este Órgano Jurisdiccional le otorga pleno valor probatorio con fundamento a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido, tal como aparece en la tabla supra citada, se tiene como cierto que el cargo desempeñado por la querellante como Fiscal de Rentas III (Grado 20), tiene su equivalente actual en el de Profesional Tributario (Grado 10), aunado al hecho que, el Decreto Número 310 de 10 de agosto de 1994, publicado en la Gaceta Oficial Número 35.525 de fecha 16 de agosto de 1994, en su artículo 1, estableció la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), otorgándole autonomía funcional y financiera y, determinó la reestructuración y fusión en dicho servicio de la Dirección General Sectorial de Rentas y Aduanas de Venezuela, donde prestaba servicios la querellante, hasta el momento en que le fue concedida su jubilación.
Siendo que la querellante fue jubilada del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, operativa y técnicamente la Gerencia de Fiscalización pasó a ser parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), razón por la cual debe ser reajustada la pensión de jubilación de la ciudadana L.C.S.L., ello con base al sueldo que actualmente corresponda al cargo de Profesional Tributario (Grado 10), adscrito al SENIAT, tal como se establecerá en la dispositiva del presente fallo. Y así se decide.
Por otra parte, la recurrente en su escrito recursivo solicita se ajuste su pensión de jubilación desde el 30 de diciembre de 1996, hasta la fecha de ejecución del presente fallo, al respecto observa esta Juzgadora que la solicitud de la recurrente es de índole funcionarial, ergo, regida en su tratamiento procesal por la Ley del Estatuto de la Función Pública, en razón de lo cual es prudente señalar que dicha Ley en su artículo 94 dispone:
artículo 94: Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto
.
Al ser la pretensión de la parte querellante de índole funcionarial, está sujeta al lapso de caducidad de tres (3) meses que establece el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual corre fatalmente y que no puede ser interrumpido, pudiendo prosperar únicamente dicho ajuste si el recurrente en tiempo hábil hubiere ejercido la acción judicial correspondiente, por lo tanto, al haber sido interpuesto el presente recurso contencioso funcionarial en fecha 26 de julio de 2007, se debe realizar el reajuste de la pensión de jubilación de la querellante desde los tres (3) meses previos a su interposición, tal como lo ha mantenido pacífica y reiteradamente la jurisprudencia patria, en el entendido que sobre los meses y años anteriores a éste lapso ha operado la caducidad para hacer exigible su reajuste en sede jurisdiccional. En tal sentido, el momento a partir del cual se ordena realizar el reajuste de la pensión de jubilación de la querellante, es a partir del 26 de abril de 2007. Ahora bien, en lo que respecta a la pretensión de la accionante de revisión y ajuste de su pensión de jubilación dentro del período comprendido entre el 30 de diciembre de 1996 y 26 de abril de 2007, debe ser declarada inadmisible por caducidad, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.
Se ordena al ente querellado reajustar la pensión de jubilación de la ciudadana L.C.S.L., en base al ochenta por ciento (80 %) del sueldo que actualmente corresponda al cargo de Profesional Tributario (Grado 10), adscrito al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ello a partir del 26 de abril de 2007, “inclusive”, hasta la fecha en que se regularice la situación de la querellante.
En cuanto a la solicitud de la querellante respecto a que le sea acordada la revisión y ajuste de la pensión de jubilación, conforme al último cargo que desempeñara o su equivalente, considerando las remuneraciones y compensaciones del mismo e indexando el resultado del ajuste de acuerdo al índice inflacionario registrado en el Banco Central de Venezuela, este Tribunal acoge la pacífica y reitera jurisprudencia que ha establecido que la indexación no opera en las relaciones de empleo público, por lo tanto, se desecha dicha pretensión.
Finalmente, y visto que como se ha dicho supra, la pensión de jubilación tiene un fin de subsistencia, no puede ni debe someterse su reajuste a retardos injustificados por parte de la Administración, dado que el reajuste es una obligación legal de ejecución periódica, por parte del Estado; es por lo que este Órgano Jurisdiccional exhorta al ente querellado a reajustar la pensión de jubilación de la querellante, cada vez que ocurra una variación o aumento de sueldo en el cargo de Profesional Tributario, (Grado 10) adscrito al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), o su equivalente, en caso de desaparecer o ser cambiada la denominación de dicho cargo. Y así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:
Declara Parcialmente con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Revisión y Ajuste de Pensión de Jubilación), presentado en fecha 26 de julio de 2007, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por los abogados J.R.V. y A.J.P.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 17.226 y 53.813, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana L.C.S.L., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.917.659, contra el Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), recibido en este Tribunal el 27 de julio de 2007, previa distribución de causas.
Declara inadmisible por caducidad el reajuste de la pensión de jubilación de la ciudadana, en lo que corresponde al período comprendido entre el 30 de diciembre de 1996 y 26 de abril de 2007, “ambas fechas inclusive”.
Se ordena al ente querellado Ministerio del Poder Popular para las Finanzas proceda en forma inmediata a efectuar el reajuste de la pensión de jubilación de la ciudadana L.C.S.L., en base al ochenta por ciento (80 %) del sueldo que corresponde actualmente al cargo de Profesional Tributario (Grado 10) adscrito al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ello desde el 26 de abril de 2007 y hasta la fecha en que se regularice la situación de la querellante, conforme a lo ordenado en el presente fallo.
Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo a los fines de determinar la cantidad pecuniaria por concepto de reajuste de pensión de jubilación de la querellante conforme a lo establecido en el particular Tercero del presente fallo.
Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso de ley, se hace inoficioso practicar la notificación de las partes. Asimismo, y a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena practicar la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República, bajo Oficio, remitiéndole copia certificada de la presente decisión.
Así se decide.
Publíquese, regístrese, diarícese, y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ,
S.E. GÁMEZ MORALES
EL SECRETARÍO,
R.B.C.
En la misma fecha, veintinueve (29) de enero de 2008, siendo las 3:26 post meridiem, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión, quedando signada bajo el Nº 2008/ 010.
EL SECRETARIO,
R.B.C.
Sentencia Definitiva
Materia: Contencioso Administrativo
Exp. N° 2007 - 181
SEGM/rbc/wb
