Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 16 de Junio de 2009

Las presentes actuaciones fueron presentadas en fecha 16 de Marzo de 2009, ante éste Tribunal Superior que conoce en sede Constitucional, constantes de trece (13) folios y de dos (02) anexos constante de cuatrocientos setenta y uno (471) folios útiles, que se relacionan con Acción de A.C., interpuesta por la ciudadana LIRIS ASCANIO, titular de la cédula de identidad N° V- 5.269.525, y su apoderado judicial ABG. L.V., titular de la cédula de identidad Nº V-14.882.482, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 94.077, por la presunta Omisión de Pronunciamiento Judicial por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en relación al recurso de apelación formulado signado bajo el N° 397 nomenclatura interna del mencionado Juzgado (Folios 01 al 13).

Igualmente, junto con el escrito de acción de amparo la parte querellante consignó en copias certificadas del Expediente N° 397 nomenclatura interna del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Ad quem) (Folios 14 al 484).

Asimismo, en fecha 24 de marzo de 2.009, se dio entrada al presente expediente, constante de una (01) pieza de cuatrocientos ochenta y cuatro (484) folios útiles (Folio 485); y a través de auto de fecha 27 de marzo de 2.009 éste Tribunal Superior verificó que la solicitud cumplió con los requisitos mínimos a los fines de su tramitación, ordenándose las notificaciones a las partes y del Ministerio Público (Folios 486 al 490).

En este orden de ideas, se observa que en fecha 01 de junio de 2009, fue agregado a los autos oficio N° 950-09 de fecha 25 de mayo de 2009, suscrito por el Juez Dr. SAMIL E.L.C., en su condición de Juez Provisorio del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (presunto agraviante) (folios 507 al 509), y anexo contentivo de copias certificadas del expediente N° 397 nomenclatura interna de dicho Juzgado (Folios 510 al 560).

2. -ALEGATOS DEL PRESUNTO AGRAVIADO

   Ahora bien, ésta Superioridad en sede Constitucional observó que la presente acción de amparo fue interpuesta por la presunta amenaza de violación al derecho de petición, de acción, de obtener una oportuna, eficaz y efectiva respuesta, a la defensa y al debido proceso, de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 27, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, por incurrir el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en presunta Omisión de Pronunciamiento Judicial, en este sentido, alegó la querellante, lo siguiente:

   (…)en el caso de marras, se violenta mi derecho a la defensa y debido proceso, por cuanto en el procedimiento y actos que se constituyen lesivos, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua no se pronuncio oportunamente y exhaustivamente sobre todos mis alegatos de defensa ni probanzas, ya que ni siquiera fueron admitidas las pruebas promovidas por mi lo cual degeneró en un caos procedimental que lesiona mis derechos a controlar las actuaciones jurisdiccionales, me dejó en absoluta minusvalía y totalmente indefensa y a su vez ello (la omisión de pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas y la constitución del tribunal con asociados) en si constituye adicionalmente una amenaza directa, clara, precisa, posible y realizable de vulneración a la defensa y al debido proceso, por cuanto el referido juzgado agraviante pudiera estar tentando -y así efectivamente realizar- a dictar una sentencia definitiva como superior funcional, pero sin haberse pronunciado sobre dichas solicitudes y aún después sin permitirse controlar lo que haya decidido o sin tramitarse los pasos necesarios que legal y jurisprudencialmente se encuentra obligado…(…)…es precisamente lo anterior lo que atenta contra mi derecho a la defensa, y por constituir una sentencia posible, más aún sin que se tome en cuenta lo expresado por el mismo Juzgado agraviante en su auto de fecha 03 de noviembre de 2008, en el que expuso que procedería dentro de los 10 días de despacho siguiente a dicha solicitud, los cuales a su vez ya se encuentran vencidos el día 20 de noviembre de 2008, amenazando vulnerando el derecho que todo ciudadano a una decisión verdaderamente motivada en el entendido de que la finalidad de ello sea justamente conocer los fundamentos que le dieron origen, en forma tan especifica que satisfaga con ello razones de interés procesal y social como seria que todos los alegatos fuesen debidamente considerados, analizados, resueltos definitivamente y puesto como base para llevar al órgano jurisdiccional a la conclusión que deriva a una sentencia definitiva capaz de producir una cosa juzgada material (…)

   Que se me ha lesionado mi derecho de petición, de acción de obtener una oportuna, eficaz y efectiva respuesta, a la defensa y, al debido proceso, al impedírseme realizar una efectiva defensa, y no poder hacer valer las probanzas de aquellos hechos controvertidos, es decir, sin tomar en cuenta mis alegatos ni pruebas, y sin poder constituir al Juez natural o tribunal con asociados que conforme a la ley se puede optar en ese procedimiento locativo y además sin poder obtener hasta ahora una sentencia definitiva que resuelva definitivamente el conflicto de intereses existente entre las partes, con el agravante de estar en presencia de un verdadero fraude procesal.

   …sin que forme parte de lo planteado en este procedimiento de a.c. que en el curso de dicho procedimiento se dictó una medida de secuestro sobre el inmueble objeto material de la pretensión principal, por ser a su vez objeto de una medida preventiva cautelar de secuestro que me mantiene “despojada” de su posesión jurídica y de mi grupo familiar, y otorgada ilegalmente a la contraparte sin las “garantías” legales para estar en su deposito…(…).

   Con base a los argumentos y pruebas de hecho y de derecho anteriormente expuesto de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1, 2, y 4 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales…

   SE DECLARE CON LUGAR, la presente acción de a.c., a fin de que se declare que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, ha violado y amenazado con seguir violentando mis derechos y garantías constitucionales denunciados como conculcados, con la finalidad de que se ordene el reestablecimiento inmediato de los mismos …(…)…En efecto, como quiere que los motivos por los cuales interpuse el recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada en fecha 02 de octubre de 2008, por el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, es precisamente que este con esta sentencia violó o no situaciones de rango legal, sino también constitucionales que al existir esa vía ordinaria (apelación) hacían inadmisible la extraordinaria (amparo) y por ello se hizo uso de la primera, pero como quiera que (solo para el caso de que este tribunal constitucional considere que el procedimiento se encuentre en fase de decisión de fondo) al no haberse pronunciado el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Superior Funcional), hace nacer nuevamente en mi la posibilidad de denunciar así subsidiariamente, extraordinaria, residual y sucedaneamente tales agravios constitucionales del referido juzgado de municipios (del primer grado de la jurisdicción) con motivos de la sentencia apelada y que asímismo este Juzgado Superior Constitucional, una vez declare la omisión de pronunciamiento (Juzgado de Primera Instancia) a su vez descienda a conocer de los otros agravios constitucionales por Acción ( del Juzgado de Municipios en su sentencia definitiva) y en tal sentido, insisto en que el Tribunal se pronuncie sobre todos los alegatos efectuados contra la sentencia apelada…(sic)

   (Subrayado y negrillas de este Tribunal)

   De todo lo anteriormente expuesto, la accionante de autos solicitó a éste Tribunal Superior que conoce en sede Constitucional, se le conceda a la ciudadana LIRIS ASCANIO, la protección idónea para el goce y ejercicio de sus Derechos Constitucionales presuntamente lesionados, contentivo del derecho de petición, de acción, de obtener una oportuna eficaz, y efectiva respuesta, a la defensa y al debido proceso al impedírsele realizar una efectiva y eficaz defensa, sin tomar en cuenta alegatos ni las pruebas, y las solicitudes efectuadas por la querellante, lo cual supuestamente violento el contenido de los artículos 26, 27, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, conculcados por la denegación de justicia en que ha incurrido presuntamente el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua al OMITIR de manera absoluta PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL, con relación a las pruebas promovidas ante el Tribunal Ad quem y de la solicitud de constitución en Tribunal Asociados, relacionados con el recurso de apelación que fuere formulado por la hoy querellante, y además solicita a este Tribunal que conoce en sede constitucional, que descienda a conocer sobre los agravios constitucionales pronunciándose sobre los vicios de la sentencia del A quo. Consignó conjuntamente con el escrito de amparo los siguientes recaudos:

   1. Copias Certificadas marcada “A” contentivo de expediente N° 397 nomenclatura interna del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Tribunal Ad quem) que conoce la causa como Tribunal Superior funcional, en razón del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandada, ciudadana LIRIS ASCANIO en contra de la sentencia dictada en fecha 02 de octubre de 2008 por el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaró Con Lugar la demanda que por resolución de contrato de arrendamiento que fuere incoado por el ciudadano I.L.C. contra LIRIS ASCANIO (Folios 14 al 484).

   III.-DEL PRESUNTO ACTO LESIVO

   En este orden de ideas, en la presente Acción de A.C., se determinó que el presunto acto lesivo quedó limitado, en los siguientes hechos:

   (…)Que se me ha lesionado mi derecho de petición, de acción de obtener una oportuna, eficaz y efectiva respuesta, a la defensa y, al debido proceso, al impedírseme realizar una efectiva defensa, y no poder hacer valer las probanzas de aquellos hechos controvertidos, es decir, sin tomar en cuenta mis alegatos ni pruebas, y sin poder constituir al Juez natural o tribunal con asociados que conforme a la ley se puede optar en ese procedimiento locativo y además sin poder obtener hasta ahora una sentencia definitiva que resuelva definitivamente el conflicto de intereses existente entre las partes, con el agravante de estar en presencia de un verdadero fraude procesal (…)

   ….Con base a los argumentos y pruebas de hecho y de derecho anteriormente expuesto de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1, 2, y 4 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales…(Sic) (negrillas y subrayadas de la Alzada)

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4. DE LA COMPETENCIA

   Con carácter previo a cualquier otro asunto corresponde resolver sobre la competencia de esta Juzgadora para conocer sobre el presente A.C. en contra de la presunta violación al derecho de petición, de acción de obtener una oportuna, eficaz y efectiva respuesta, a la defensa y, al debido proceso, al impedírseme realizar una efectiva defensa, por la falta de Pronunciamiento Judicial por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a cargo del Juez Dr. SAMIL E.L.C., en la causa signada con el Nro. 397 nomenclatura interna de dicho juzgado; por lo que, de conformidad a lo desarrollado y fundamentado por vía jurisprudencial, en materia de amparo a través de sentencias de fechas 20-01-2000 (caso E.M.) y 09-03-2000, este Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se declara Competente para conocer de la presente causa actuando en sede Constitucional. Así se Declara.

5. DE LA AUDIENCIA ORAL

   Cursa a los folios quinientos sesenta y uno al quinientos sesenta y siete (561 al 567) la celebración de la Audiencia Oral y Pública en la presente Acción de Amparo signada con el Nº C-16.388-09, celebrada en fecha 09 de junio de 2009, donde se dejó sentado lo siguiente:

   “…En el día de hoy, nueve (09) de junio de Dos Mil Nueve (2009), siendo las once y media de la mañana (11:30 a.m.), oportunidad fijada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua actuando en sede Constitucional, para que tenga lugar la AUDIENCIA ORAL y PÚBLICA en la presente Acción de Amparo signada con el Nº: C-16.388-09. Se anunció dicho acto a las puertas del Tribunal por el Alguacil del mismo y comparecieron a dicho acto el ABG. L.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 94.077, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LIRIS ASCANIO, titular de la cédula de identidad N° V-5.269.525, carácter que consta en poder apud acta de fecha 23 de abril de 2009 (Folio 491). Se deja constancia de la inasistencia del Dr. SAMIL E.L.C., Juez Provisorio del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, así como, se deja constancia de la inasistencia del Fiscal del Ministerio Público. Se deja constancia que se encuentra presente los ciudadanos I.D.M.V. y X.M.P.D. Abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 78.659 y 30.780 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del tercero interesado, ciudadano I.E.L.C., titular de la cédula de identidad Nro. V-7.263.478, representación esta que consta en Poder Apud Acta cursante al folio quinientos tres (503). Se inició el acto y la Juez Superior Constitucional Titular, Dra. C.E.G.C., dictó las pautas del proceso, concediendo a las partes presentes un lapso de Diez (10) minutos para que hagan su exposición respectiva. Acto seguido se inició el debate con la parte accionante, interviniendo el ciudadano L.V., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 94.077, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LIRIS ASCANIO, ut supra identificada, quien señaló: “Buen Día a todos, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, ya envió el informe correspondiente, donde deja constancia que realizo un pronunciamiento. La presente acción de amparo fue intenta el 24 de marzo de 2009 momento éste para el cual el Juzgado que aquí es señalado como presunto agraviante no había efectuado pronunciamiento alguno en el expediente Nro. 397 nomenclatura propia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, la presenta acción viene referida a las omisiones de pronunciamiento de las diversas solicitudes efectuadas tanto por la parte actora hoy terceros interesados, tanto como de los alegatos efectuados por la hoy querellante que es la parte demandada en el referido juicio, dichas omisiones venían referidas y se puede resumir en tres puntos: a la admisión de las pruebas promovida en segunda instancia, segundo la fijación de los jueces asociados en la referida causa, y por ultimo pronunciamiento con relación a las solicitudes efectuadas en el cuaderno de medida a si como también la no remisión del cuaderno de medida, por cuanto el Tribunal A quo no decisión el cuaderno de medida, y este una vez decidido la causa principal remitido el expediente en apelación sin decidir la medida, se puede observar del mismo informe remitido por el Juzgado presunto agraviante, que el mismo efectuó una serie de pronunciamiento sobre las solicitudes, lo cual en principio pudiera hacer pensar que la presente acción de amparo se encuentra vaciada de contenido, pero lo cierto, es que aún el referido tribunal mantiene la misma actitud que ha venido vulnerado los derechos de mis representados, y son dos puntos, el auto dictado en fecha 30 de abril de 2009 hizo un pronunciamiento ilegal, situación que se sigue y se mantiene, y que en el cuaderno de medida la parte actora en la causa principal solicita la remisión del expediente de medida al Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I.d.E.A., punto éste, que no se ha pronunciado el Tribunal, situaciones ésta que ratificó éste acto y que han sido señalada por mi representadas en el escrito que encabeza las presente actuaciones, ya que al momento en que se intenta la acción constitucional el Juzgado pierde la posibilidad de entrar a conocer directamente sobre la peticiones efectuadas, ya que estas consideraciones las tendría que asumir el Juzgado que actúa en sede constitucional, por lo tanto, a los efectos de ratificar las peticiones efectuadas en el escrito de amparo solicito se pronuncie sobre la peticiones allí efectuadas, y asistimos de considerado conveniente si el mismo debe pasar a conocer de las acciones que son señaladas agraviante, y si por el contrario, ordenar al tribunal de la causa a cumplir con sus obligaciones de pronunciamiento en el referido juicio, ya que afecta directamente a mi representada y la contraparte, ya que hasta el presente momento no se a podido llegar a la sentencia que de fin al presente juicio, y visto que las presente acciones se intenta contra las acciones y omisiones del Juzgado Primero de Primera instancia de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, por lo que igual ratifico en todo su contenido el escrito contentivo de a.c..”. Es todo. Termino.”En este estado, se le concede un lapso de diez (10) minutos para que el tercero interesado alego sus argumentos, quien señalo: “consignamos escrito en este acto, y actuando con el carácter de apoderado judicial del tercero interesado exponemos lo siguiente, se observa en el escrito libelar contentivo de la acción de amparo, que la querellante de esta acción denuncia una presunta violación de las garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa arguye la querellante, que no había dado pronunciamiento con relación a la sentencia que esta fijada en un lapso establecido en el Código de Procedimiento Civil y la ley inquilinaría, consta en el expediente auto del tribunal donde fija la fecha de pronunciamiento, es importante señalar que el proceso esta en etapa decisión, se observa que en el escrito de la acción de amparo como una denuncia de presunta violación al debido proceso y derecho a la defensa, no haber pronunciado con relación al escrito de pruebas, en el informe se observa que señala principios procesales, y no medio de pruebas los cuales están contenidos en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 520, las cuales señala cuales son las pruebas en segunda instancia, por lo tanto, el pronunciamiento del juez no se hace necesario, ya que la norma adjetiva per se establece cuales son las prueba que deben admitirse en esta instancia. Tercer punto, arguye el accionante en su escrito, que en virtud de que no se ha pronunciado el Tribunal, que conozca en el fondo del asunto y que se inmiscuya en la decidió que le corresponde es al Tribunal de Primera Instancia, y la Sala Constitucional en muchos fallos ha establecido que es una prohibición pronunciarse al respecto; cuarto en el escrito de amparo se solicita que decida y asuma la competente, la misma ley de amparo ha señalado que cuando se toma una vía judicial expedita que permita resolver una controversia que haría nugatoria la acción de amparo, ya que se tomo la vía procesal como lo fue el recurso de apelación para hacer valer lo derechos presuntamente conculcados, por los cuatro puntos antes expuesto, y con fundamento en el artículo 6 numeral 2 y 6 solicito a este digno tribunal que la presente acción de amparo sea declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma constitucional. “ES todo. Termino. En este estado la parte presuntamente agraviada, solicita el ejercicio del derecho a replica, y este Tribunal actuando en sede Constitucional le concede el derecho de palabra de cinco (05) minutos para la Replica, quien expone: “con respecto a la exposición del tercero interesado y con relación a las pruebas promovidas por la parte demandad que es mi representada en el referido expediente señala de forma expresa que si era necesario el pronunciamiento por parte del tribunal, bien sea para declarar su inadmisibilidad o su admisibilidad, y del referido informe si hubo un pronunciamiento, y el cual señalo que es vulneratorio de los derecho de mi representado y que en todo caso, que tal auto en encontrase en seg8unda instancia no tiene apelación alguna, genera en ella un gravamen irreparable por lo tanto no existiría otra vía si no esta vía extraordinaria en materia constitucional, haciendo mención que el auto es de fecha posterior a la interposición del presente amparo, casi un mes después de 30/04/2009, y dichas solicitudes se venían efectuando desde el mes de noviembre, que por lo tal la falta de pronunciamiento vulnera todos y cada uno de mis derecho de mi representada los cuales fueron señalados de forma especifica en el escrito de acción de a.c.,. Y por ultimo, dejo expresa constancia que en el referido expediente me encuentro notificado en tal auto y que solo resta la notificación de la parte actora y que solo resta la notificación de la actora para que tenga lugar el acto de lo jueces retasadores. Es todo. Termino.” En este estado se le concede al tercero interesado, el derecho de contrarréplica de cinco (5) minutos, quien expone: “no ejerció derecho a contrarréplica. Es Todo. Termino.” Se cierra la audiencia a las once y cincuenta y cinco de la mañana (11:55 a.m). Se concede un lapso de dos (2) horas, para reanudar la audiencia. Se ordena agregar a los autos el escrito presentado por los apoderados judiciales del tercero interesado, constante de escrito contentivo de tres (03) folios y sus vueltos. Concluido el lapso señalado, el Tribunal procede a reanudar la audiencia constitucional y dictar el fallo correspondiente siendo las una y cincuenta y cinco de la tarde ( 1:55 p.m.), a cuyo efecto se solicita su lectura por secretaria contenido en los términos siguientes: Con carácter previo a cualquier otro asunto corresponde resolver sobre la competencia de esta Juzgadora para conocer sobre el presente A.C. en contra de la presunta violación al derecho de petición, de acción de obtener una oportuna, eficaz y efectiva respuesta, a la defensa y, al debido proceso, al impedírseme realizar una efectiva defensa, por la falta de Pronunciamiento Judicial por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a cargo del Juez Dr. SAMIL E.L.C., en la causa signada con el Nro. 397 nomenclatura interna de dicho juzgado; por lo que, de conformidad a lo desarrollado y fundamentado por vía jurisprudencial, en materia de amparo a través de sentencias de fechas 20-01-2000 (caso E.M.) y 09-03-2000, este Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se declara Competente para conocer de la presente causa actuando en sede Constitucional. Así se Declara. Ahora bien, vistas y revisadas las presentes actuaciones, así como los argumentos de hecho y de derecho expuestos por las partes intervinientes, y del examen de las pruebas aportadas en la presente causa, éste Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos: En cuanto al alegato esgrimido por la apoderada judicial de la parte presunta agraviada, referente a pronunciamiento con relación “…a las solicitudes efectuadas en el cuaderno de medida así como la no remisión del cuaderno de medida…(Sic), esta Alzada lo desestima por tratarse de hechos nuevos que no fueron denunciados en el escrito de amparo ni probados en la fase de cognición de la presente acción previamente. Y así se decide. En cuanto al alegato esgrimido por la apoderada judicial de la parte presunta agraviada, referente “…a la admisión de las pruebas promovida en segunda instancia, y la fijación de los jueces asociados en la referida causa…(Sic)”, esta Superioridad considera importante señalar, que las causales de admisibilidad de la acción de amparo, se encuentran establecidas en el artículo 6° de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, supuestos estos que son taxativos y es deber del Juzgador verificarlos a fin de determinar si efectivamente se encuentra en presencia de algunas de ellas, o en caso contrario, se encuentra inmersa dentro de una causa de inadmisibilidad de la acción, la cual puede ser verificada por el Juez Constitucional en cualquier momento. En este sentido, en el caso de marras, se evidenció que en fecha 25 de mayo de 2009 fue consignado oficio N° 950-09 contentivo de informe presentado por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (presunto agraviante) y anexos contentivo de copias certificadas del expediente N° 397 nomenclatura interna de dicho juzgado, donde se constato del contenido de mencionado escrito y de las copias certificadas, que el Tribunal presunto agraviante, había efectuado pronunciamiento en fecha 30 de abril de 2009 sobre lo solicitado por la parte presuntamente agraviada en sus distintas diligencias ante el tribunal Ad quem. Y así se establece. Ahora bien, esta Juzgadora determinó que sobrevenidamente la circunstancia que motivó la acción de a.c. cesó, tal y como lo prevé el ordinal 2° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en los términos siguientes:“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: …2.- Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucional, no se inmediata, posible y realizable por el imputado…” Es por ello, que este Tribunal en Sede Constitucional observa que en materia de amparo, una de las características esenciales de la lesión constitucional es su actualidad, lo cual implica que ésta sea real, efectiva, tangible, ineludible, pero sobre todo, presente, debido a que uno de los efectos de la acción es justamente restablecedor. En razón de lo anterior, resulta evidente para este Tribunal, señalar con relación al primer caso, referido a la falta de pronunciamiento con relación al escrito de pruebas consignado en segunda instancia por la parte presunta agraviada, esta Superioridad debe recordarle a las parte que el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, establece de forma taxativa los medios de pruebas que pueden ser promovido y admitidos en segunda instancia, por lo que, tal pronunciamiento por parte del Juez Ad quem no era necesario, sin embargo, el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (presunto agraviante), en el auto de fecha 30/04/2009 señalo que las referidas pruebas eran inadmisible por no ser de las ordenas en el referido artículo. Igualmente, en el mencionado auto de fecha 30/04/2009, el Tribunal presunto agraviante también se pronunció con relación a la solicitud de constitución en tribunal en asociado, acordado en la mismo el tercero día de despacho siguiente a que constare de autos la notificación de las partes, a los fines de la elección de los jueces asociados, constatándose así, que la violación constitucional alegadas no son inmediata, ni posible, ni realizable por el imputado, por cuando, ya no existe. Y así se decide. Por otra parte, este Superioridad considera relevante señalar con relación a la solicitud efectuada por la presunta agraviada, referido a que esta Juzgadora descienda a pronunciarse sobre los vicios de la sentencia dictada por el A quo (Tribunal de Municipio) y dicte sentencia de merito, debe recordarle esta Alzada que éste pedimento tiene naturaleza legal, y en nada se refiere al goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, es importante destacar que el supuesto negado que procedería tal solicitud, esta vulneraría los derechos constitucionales, en razón, que el Juez Constitucional estaría atentado contra el derecho al juez natural y el principio de la doble instancia, garantías constitucional contenidos en el artículo 49 del Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que le corresponde a todos los ciudadanos, por lo que, este Tribunal niega dicho solicitud. Y así se declara. Por todos lo anteriores este Tribunal declarar Inadmisible la acción de amparo por aplicación del artículo 6 numeral 2º de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. Así se Decide. DISPOSITIVA. Por los motivos antes mencionados este Tribunal Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en sede Constitucional y conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las sentencias vinculantes del Tribunal Supremo de Justicia, DECLARA: PRIMERO: INADMISIBLE LA ACCION DE AMPARO, intentada por la ciudadana LIRIS ASCANIO, titular de la cédula de identidad N° V-5.269.525, representada por su apoderado judicial ABG. L.V., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 94.077, en contra del TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, a cargo del Dr. SAMIL E.L.C., por presunta amenaza de violación al derecho de petición, de acción, de obtener una oportuna, eficaz y efectiva respuesta, a la defensa y al debido proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 ordinal 2° de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: Por cuanto la presente acción es intentada en contra de una Actuación Judicial, no hay condenatoria en costas. TERCERO: Se reserva este Tribunal Constitucional el lapso de cinco (05) días, contados a partir del día siguiente de la presente fecha, exceptuando sábado y domingo, así como día feriado, dentro de los cuales será publicada de forma íntegra la presente decisión…. (Sic)”(Subrayado y negrillas de este Tribunal)

6. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Vistas y revisadas las presentes actuaciones, éste Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos:

   Ahora bien, las causales de admisibilidad de la acción de amparo, se encuentran establecidas en el artículo 6° de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, supuestos estos que son taxativos y es deber del Juzgador verificarlos a fin de determinar si efectivamente se encuentra en presencia de algunas de ellas, o en caso contrario, se encuentra inmersa dentro de una causa de inadmisibilidad de la acción, la cual puede ser verificada por el Juez Constitucional en cualquier momento.

   Al respecto, éste Tribunal Superior, celebró la audiencia constitucional en fecha 09 de junio de 2009, a las 11:30 de la mañana, donde la parte accionante esgrimió, los alegatos siguientes: “…la presenta acción viene referida a las omisiones de pronunciamiento de las diversas solicitudes efectuadas tanto por la parte actora hoy terceros interesados, tanto como de los alegatos efectuados por la hoy querellante que es la parte demandada en el referido juicio, dichas omisiones venían referidas y se puede resumir en tres puntos: a la admisión de las pruebas promovida en segunda instancia, segundo la fijación de los jueces asociados en la referida causa, y por ultimo pronunciamiento con relación a las solicitudes efectuadas en el cuaderno de medida a si como también la no remisión del cuaderno de medida, por cuanto el Tribunal A quo no decisión el cuaderno de medida, y este una vez decidido la causa principal remitido el expediente en apelación sin decidir la medida, se puede observar del mismo informe remitido por el Juzgado presunto agraviante, que el mismo efectuó una serie de pronunciamiento sobre las solicitudes, lo cual en principio pudiera hacer pensar que la presente acción de amparo se encuentra vaciada de contenido, pero lo cierto, es que aún el referido tribunal mantiene la misma actitud que ha venido vulnerado los derechos de mis representados, y son dos puntos, el auto dictado en fecha 30 de abril de 2009 hizo un pronunciamiento ilegal, situación que se sigue y se mantiene, y que en el cuaderno de medida la parte actora en la causa principal solicita la remisión del expediente de medida al Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I.d.E.A., punto éste, que no se ha pronunciado el Tribunal, situaciones ésta que ratificó éste acto y que han sido señalada por mi representadas en el escrito que encabeza las presente actuaciones, ya que al momento en que se intenta la acción constitucional el Juzgado pierde la posibilidad de entrar a conocer directamente sobre la peticiones efectuadas, ya que estas consideraciones las tendría que asumir el Juzgado que actúa en sede constitucional, por lo tanto, a los efectos de ratificar las peticiones efectuadas en el escrito de amparo solicito se pronuncie sobre la peticiones allí efectuadas, y asistimos de considerado conveniente si el mismo debe pasar a conocer de las acciones que son señaladas agraviante, y si por el contrario, ordenar al tribunal de la causa a cumplir con sus obligaciones de pronunciamiento en el referido juicio, ya que afecta directamente a mi representada y la contraparte, ya que hasta el presente momento no se a podido llegar a la sentencia que de fin al presente juicio, y visto que las presente acciones se intenta contra las acciones y omisiones del Juzgado Primero de Primera instancia de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, por lo que igual ratifico en todo su contenido el escrito contentivo de a.c.…(Sic)(Folios 561al 567). (Subrayado y negrillas de la Alzada)

   Ahora bien, en cuanto al alegato esgrimido por la apoderada judicial de la parte presunta agraviada, referente “…a las solicitudes efectuadas en el cuaderno de medida así como la no remisión del cuaderno de medida…(Sic), esta Alzada considera importante resaltar, lo establecido en la sentencia N° 07 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de febrero de 2000, caso J.A.M.B., y señaló con relación al procedimiento de amparo lo siguiente:

   …El Estado venezolano es, conforme a la vigente Constitución, un Estado de derecho y de justicia, lo que se patentiza en que las formas quedan subordinadas a las cuestiones de fondo, y no al revés (artículo 257 de la vigente Constitución).

   Esto significa que en materia de cumplimiento de las normas constitucionales, quienes piden su aplicación no necesitan ceñirse a formas estrictas y a un ritualismo inútil, tal como lo denota el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, lo importante para quien accione un amparo es que su petición sea inteligible y pueda precisarse qué quiere. Tan ello es así, que el amparo puede interponerse verbalmente, caso en que lo alegado debe ser recogido en acta, lo que hace importante solo lo que se refiere a los hechos esenciales.

   Consecuencia de esta situación, es que lo que se pide como efecto de un amparo puede no ser vinculante para el tribunal que conoce de la acción, ya que el p.d.a. no se rige netamente por el principio dispositivo, porque si bien es cierto que el Juez Constitucional no puede comenzar de oficio un p.d.a. ni puede modificar el tema decidendum, no es menos cierto que como protector de la Constitución y de su aplicación en todos los ámbitos de la vida del país, tal como se desprende de los artículos 3 y 334 de la vigente Constitución, existe el interés constitucional de que quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones, como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que de ser así el Juez Constitucional estaría obrando contra el Estado de derecho y justicia que establece el artículo 2 de la Constitución vigente.

   (…)… Esta siempre fue la idea de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, que la jurisprudencia a veces no entendió, ya que entre los requisitos para intentar el amparo, el artículo 18 de la citada ley orgánica, no exige la determinación exacta del objeto de la pretensión, como si lo hace el ordinal 4° del artículo 340 del Código Procedimiento Civil para el juicio ordinario civil. Lo que exige el ordinal 4° del citado artículo 18 es que se exprese el derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación; lo que se persigue, es que se restablezca la situación jurídica infringida o la que más se parezca a ella, la cual puede ser señalada por el querellante, pero que en realidad queda a criterio del tribunal determinarla….

   (Subrayado y negrillas de la Alzada)

   Al respecto, debe entenderse que el p.d.a. no es, como se dijo, de naturaleza netamente dispositiva, el Juez del amparo es un tutor de la constitucionalidad, y que para amparar a quienes se le infringen sus derechos y garantías, no puede estar atado por las equivocaciones de los agraviados al calificar el derecho o garantía violado, o la norma aplicable.

   Por lo tanto, el Juez del amparo por aplicación del principio iura novit curia puede cambiar la calificación jurídica de los hechos que hizo el accionante, y restaurar la situación jurídica que se alega fue lesionada partiendo de premisas jurídicas diferentes a las señaladas en el amparo. Esto significa que ante peticiones de nulidades, el Juez del amparo, que es un Juez que produce cosas juzgadas formales, puede acudir a otra figura jurídica para restaurar la situación violada, más no puede en ningún momento traer hechos nuevos, por cuanto eso cambiaria el Thema decidemdum, lo cual no esta permitido.

   Es decir, que el Juez de amparo no puede entrar a resolver situaciones de hecho no planteadas en la solicitud, lo que si puede el Juez Constitucional, decide con arreglo a la pretensión deducida, esto no vincula a la calificación jurídica o nombre que el accionante haya dado en el libelo de la demandada, por que ésta sólo puede resultar de las situaciones de hechos en que se funda la pretensión y de las consecuencias jurídicas que reatribuye la ley al supuesto de hechos.

   Con fundamento a lo antes expuesto, y visto que la parte querellante alego hechos nuevos en la audiencia constitucional, no contenidos en la solicitud inicial, es por lo que, esta Alzada desestima los argumentos expuestos por la parte querellante relacionado con relación “…a las solicitudes efectuadas en el cuaderno de medida así como la no remisión del cuaderno de medida…(Sic), por tratarse de hechos nuevos que no fueron denunciados ni alegados ni probados al momento en el cual fue interpuesta la acción de amparo ante esta instancia, toda vez que la acciones de amparo interpuestas fue en contra omisiones de órganos jurisdiccionales, circunstancia que deben ser establecidas desde el inicio los presuntos hechos lesivos que ocasionaron la violación constitucional, a los fines de qué el querellado o el tercero interesado pueda ejercer la defensa adecuada; por lo tanto, traer hechos nuevos en la audiencia constitucional que no fueron establecidos al inicio, atentan flagrantemente contra el derecho a la defensa del querellado y de esos terceros interesados, por cuanto limita la posibilidad de realizar una defensa idónea, tal como lo consagra el artículo 49 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se establece.

   En cuanto al alegato esgrimido por la apoderada judicial de la parte presunta agraviada, referente “…a la admisión de las pruebas promovida en segunda instancia, y la fijación de los jueces asociados en la referida causa…(sic), ésta Juzgadora observó que fue presentado mediante Oficio N° 950-09 de fecha 25 de mayo de 2009, contentivo de escrito por medio del cual, el Juez del Tribunal Presunto Agraviante presentó alegatos antes esta instancia (folios 506 al 509), argumentando lo siguiente:

   …diligencia presentada en fecha 30 de abril de 2009, por la representación judicial de la parte recurrente Abg. L.V., inpreabogado N° 94.077 y mediante la cual solicita a este Tribunal, se pronuncie sobre: …las diversas peticiones efectuadas por esta representación en la presente causa…

   Por auto de fecha 30 de abril de 2009, este Tribunal se pronuncia respecto a las diversas peticiones de las partes involucradas en el expediente contentivo de la apelación N° 397 (de la nomenclatura interna de este Tribunal) y se orden notificar a las partes…(Sic) (Subrayado y negrillas de este Tribunal).

   Igualmente, se observó de las copias certificadas remitidas por el Tribunal presunto agraviante junto al oficio N° 950-09 ut supra identificado, se verificó que consta auto motivado de fecha 30 de abril de 2009 (Folios 552 al 553), donde se evidenció lo siguiente:

   “…En tal sentido, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre lo solicitado por la parte demandada: