Decisión nº 3492 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Julio de 2011
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2011 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | Glorimar Soto Romero |
| Procedimiento | Cobro De BolÃvares Por Intimación |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
EXPEDIENTE No. 46.305
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil LOAN CAR´S C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 04 de marzo de 2005, bajo el No 7, Tomo 16-A.
PARTE DEMANDADA: LEYWHER J.G.O., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 15.809.960 y domiciliado en Ciudad Ojeda, Estado Zulia.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN
FECHA DE ADMISIÓN: seis (6) de junio de 2.008.
I
PARTE NARRATIVA
Ocurre la ciudadana G.R.M.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.807.764, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el No 21.453, domiciliada en la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil LOAN CAR´S C.A a proponer formal demanda por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN en contra de la ciudadana LEYWHER J.G.O..
Por auto de fecha cinco (5) de mayo de 2.008, este Tribunal admitió la presente demanda, instando a la parte actora a precisar cual era la fecha en la cual comenzaba a transcurrir los intereses moratorios del referido contrato, a los fines del pago de la cantidad recibida en calidad de prestamos, todo ello a objeto de que el Tribunal se pronunciara sobre la procedencia o improcedencia de dicha demanda.
Por auto de fecha seis (6) de junio de 2.008, este Tribunal evidenció que la parte actora dio estricto cumplimiento al Auto dictado en fecha cinco (5) de mayo de 2008, en virtud de lo cual esta juzgadora procedió a revisar los requisitos de Admisibilidad de la presente demanda. Una vez analizada la demanda y los instrumentos en la que fundó su pretensión la parte actora, infirió este Tribunal que se trató de una cantidad líquida y exigible para su reclamación y que reunió los requisitos de admisibilidad intrínsecos y formales requeridos por este tipo de procedimiento; razón por la cual este Juzgado Admitió en cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, y en consecuencia se ordenó intimar a los ciudadanos LEYWHER J.G.O. y M.D.J.R.D.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.809.960 y 5.172.366, respectivamente y domiciliados en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, el primero en su carácter de deudor y la segunda en su carácter de Fiadora y principal pagadora a fin de que, apercibida de ejecución, pagaran a la parte demandante, dentro de los diez (10) días de Despacho siguientes mas un (01) día que se le concedió como termino de distancia, contados a partir de la constancia en actas de su Intimación.
En fecha veintiuno (21) de Enero de 2009, el Tribunal proveyó comisionar al JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los fines que el Alguacil del Tribunal comisionado sirviera a practicar la intimación de la parte demandada. Junto a dicha comisión se le anexaron las Boletas de Intimación correspondientes.
En fecha seis (06) de abril de 2009, el Tribunal por cuanto se observó de las actas, que la comisión librada en fecha veintiuno (21) de enero de 2009 fue devuelta por falta de firma, ordena librar nuevo despacho de intimación y se comisionó al JUZGADO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los fines que el Alguacil del Tribunal comisionado sirviera a practicar la intimación de la parte demandada; junto a dicha comisión se le anexaron las Boletas de Intimación correspondientes.
En fecha veinticinco (25) de junio de 2009, ordena librar nuevo despacho de intimación y se comisionó al JUZGADO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los fines que el Alguacil del Tribunal comisionado sirviera a practicar la intimación de la parte demandada; junto a dicha comisión se le anexaron las Boletas de Intimación correspondientes.
En fecha ocho (8) de diciembre de 2009, se confirió Poder General, Amplio y Suficiente cuanto a derecho se requiere a los Abogados en ejercicio C.G.R. y F.R.L..
II
PARTE MOTIVA
La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalista a.M.A.F., para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para J.G., la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para H.D.E.:
La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...
. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).
Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:
...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...
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La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte H.A., en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a a.c.u.d.e..
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La existencia de Instancia Procesal.
La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.
H.A., entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).
Para FORNACIARI:
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Instancia.
En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.
En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma mas simplificada: toda petición inicial de un proceso.
Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.
Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.
En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.
Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la > en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. L.L. en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...
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La Inactividad Procesal de Parte.
La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.
La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. J.G. (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.
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El transcurrir del tiempo previsto en la norma.
La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.
Admitida como fue la presente demanda en fecha seis (6) de junio de 2.008 por este Tribunal; y analizadas como han sido las diversas actuaciones que constan en actas, se verifica que desde el día ocho (8) de diciembre de 2.009, fecha en la cual se confirió Poder General, Amplio y Suficiente cuanto a derecho se requiere a los Abogados en ejercicio C.G.R. y F.R.L., hasta el día de hoy, las partes no han realizado ningún tipo de acto procesal para impulsar la presente causa, por lo que de un simple cómputo matemático se observa que ha transcurrido más de un (01) año de inactividad de las partes, razón por la cual, la presente causa se halla en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.
III
En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, formulare la Sociedad Mercantil LOAN CAR´S C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 04 de marzo de 2005, bajo el No 7, Tomo 16-A en contra de LEYWHER J.G.O., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 15.809.960 y domiciliado en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, a tenor de lo preceptuado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN del proceso. ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los 19 días del mes de julio de 2011. Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA:
MSc: GLORIMAR SOTO ROMERO
LA SECRETARIA:
MSc: KARLA OSORIO FERNÁNDEZ
En la misma fecha se dicto y público la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00a.m), bajo el No. ______
LA SECRETARIA:
GSR/MDP
