Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Sucre, de 16 de Febrero de 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE

ASUNTO: N° T-I-S-352-05

PARTE ACTORA: Ciudadana X.D.V.L.D.B. Y OTROS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.714.844.

APODERADOS JUDICIALES: NIRYAN L.A., NESTOR DIAZ LIRA E YSA DEL C.C.D.G., abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado bajo los números 55.371, 94.491 y 84.746, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (CORSERAGRO, S.A.)”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 05 de mayo de 1993, bajo el Nº 17, Tomo A-9, Segundo Trimestre.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados RAFAEL VILLEGAS OTTO y A.J.T.F., titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-9.969.992 y V-1.509.152, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 44.248 y 12.545, respectivamente.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN

Se contrae el presente asunto a Recursos de Apelaciones interpuestos por la parte demandante y demandada, respectivamente, en la causa seguida por la ciudadana X.D.V.L.D.B. Y OTROS, en contra de la Sociedad Mercantil, CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (CORSERAGRO, C.A) por motivo de ACCIDENTE DE TRABAJO Y DAÑO MORAL contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en fecha 27 de Julio de 2006.

Recibidas las actuaciones en esta Alzada, en fecha 07 de agosto de 2006, se le dio entrada y se ordenó anotarse en los libros de entradas y salidas de causas. En fecha 11 de Agosto de 2006, se dictó auto de avocamiento y se ordenó la notificación de las partes. En fecha 21 de septiembre de 2006, se fijó la oportunidad para la Celebración de la Audiencia Oral y Pública, la cual fue diferida por cuanto no se había cancelado la multa impuesta a la empresa, posteriormente se fijó la Audiencia para el día 06-11-06, la cual fue diferida por acuerdo entre las partes, celebrándose acto conciliatorio el día 14-11-06, el cual mediante Auto expreso fue reprogramado para el día 16-11-06, día en el cual las partes no llegaron a acuerdo alguno por lo que esta Alzada decidió fijar la oportunidad para la correspondiente Audiencia Oral y Pública, la cual nuevamente fue diferida por auto expreso para el día 08-12-06, por razones de salud que impidieron la presencia de quien suscribe el fallo el día señalado.

Ahora bien, celebrada la Audiencia Oral y Pública el día 01-02-07, siendo la oportunidad para la publicación completa del presente fallo esta Alzada, tal como es su deber procesal, pasa a hacerlo bajo los siguientes términos y consideraciones legales.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE (APELANTE)

1. - El Tribunal de la causa incurre en un falso supuesto de hecho ha propósito de la determinación del monto del daño moral, la juez de la causa yerra en la parte de la capacidad económica de la demandada, asume la juez que la capacidad económica de la demandad, por un presunto hecho Notorio de la pretensión fáctica de que la empresa ha pasado por varios procesos judiciales, que han mermado su capacidad económica y que supuestamente ha realizados varias erogaciones, tales circunstancias n o constan en el expediente, ni la existencia de un proceso judicial ajeno a este, ni que tipo de erogaciones, ni montos algunos, así que las afirmaciones del a quo no tiene soporte.

2. - en cuanto al grado reparticipación de la victima y el a quo señala que la victima pudo haber tenido alguna participación en el accidente pues según ella pudo la victima informado al patrono que se estaban presentado algunas fallas que eventualmente podrían involucrar la ocurrencia del accidente, la parte demandada jamás alegado un hecho de la victima, ni que la victima hubiera tenido algún grado de participación, por lo que no entendemos cual es el asidero fáctico que tomó en cuenta la Juez para la estimación del daño moral en cuanto a estos dos aspectos.

3. - error de juzgamiento: en cuanto a la indemnización por lucro cesante, lo declara y ordena la constitución de un fideicomiso, que va a garantizar una indemnización al menor hijo de la victima, comprendido por el pago igual o equivalente al salario mensual que le correspondería a la victima, así en la parte dispositiva, no se señala de una manera detallada el modo de constitución de un fideicomiso, se menciona que se va a capitalizar la cantidad de 10.000.000,.00 de bolívares que deberían arrojar la cantidad de 992.000,00, no encontramos la conexión lógica entre la parte motiva y la dispositiva, en cuanto al fideicomiso, al considerar que es imposible ejecución, por lo que se solicita la corrección de la sentencia en cuanto a los puntos señalados.

   ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA (APELANTE).

1. - Expone como punto previo que, por cuanto se encuentran involucrados intereses de menores involucrados en este juicio solicitan la reposición de la causa, al estado de notificación del Fiscal Del Ministerio Público.

2. - consideran que es improcedente la indemnización del artículo 567 de la Ley Orgánica el Trabajo, ya que son supletorias, y se aplican en los casos en que el trabajador no este amparado por el seguro social y en el caso de marras el trabajador estaba amparado por el seguro social, por lo que es improcedente

   3-. La indemnización establecida en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones Y Medio Ambiente Del Trabajo, la cual condena a la demandada pagar la cantidad de Bs. 103.415.450,00, en base a la ley vigente para el momento de la demanda, establece que para la procedencia del mismo, el trabajador debe demostrar la relación de causalidad entre el hecho ilícito y la responsabilidad patronal, y no se logró demostrar esto, pues no hay pronunciamiento por parte de alguna institución, sobre las causas del expediente, es decir que en el presente caso, hay un elemento esencial y es que no se ha podido determinar las causas del accidente, se señala un informe de INPSASEL, pero este no establece que existía condiciones inseguras en el área donde ocurrió el accidente, en conclusión no se pudo conocer la causa origen de la explosión y al haber esta imprecisión la indemnización del art. 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones Y Medio Ambiente Del Trabajo no procede.

4. - En cuanto al daño moral, los demandantes demandaron al responsabilidad subjetiva y no está demostrado.

5. - en cuanto al lucro cesante es igualmente improcedente por cuanto se fundamente en el hecho ilícito del patrono, el cual no está demostrado, por todas las razones expuestas solicitamos se declare con lugar nuestra apelación y revoque la sentencia.

   DE LA SENTENCIA APELADA

   Aduce la recurrida como fundamento del fallo proferido lo siguiente:

   …De tal forma que siendo el deceso del trabajador en la fecha y lugar de trabajo señalado, hecho no controvertido, esta sentenciadora determina que estamos en presencia de un accidente de trabajo, es decir, la muerte del trabajador se produce como consecuencia del servicio prestado para la demandada o con ocasión a el. Y así se decide.

   (…) El informe recibido por los funcionarios de la inspectoría del trabajo señalan que no funcionaba el comité de higiene y seguridad industrial y en vista de que estos funcionarios detectaron incumplimiento a las normas relativas a la seguridad e higiene ocupacional contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) así como también hicieron observaciones que los equipos presurizados carecían de un debido mantenimiento y las tuberías de vapor no estaban codificadas con colores a fin de evitar manipulaciones indebidas., y la empresa debe contar con un programa de higiene y seguridad industrial según lo especificado en la norma venezolana COVENIN 2260-88.

   (…)Como consecuencia de todo lo anterior, considera quien decide que en el presente caso el patrono colocó al trabajador en una situación de riesgo, de tal forma que en el presente caso se verifica el nexo de causalidad entre el daño causado y el servicio prestado por el trabajado, en definitiva acorde con las norma citadas, se trata de un accidente que se produjo con ocasión del y trabajo. Y Así se decide.

   (…)Toda infracción a las obligaciones en materia de higiene y seguridad debe considerarse imputable al patrono, pues es quien tiene la facultad de dirigir y el deber de vigilar. La obligación patronal de pagar surge cuando se dan las situaciones de hecho contempladas en los artículos 31 y 33 (Parágrafo Primero, Segundo, Tercero y Cuarto), de la citada ley orgánica, con las excepciones de ley.

   (…) este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara:

   PRIMERO: CON LUGAR la demanda intentada por la ciudadana X.D.V.L.D.B., en nombre propio y en representación de sus menores hijos M.D., P.A. y C.D.B.L., asistida por los abogados en ejercicio NIRYAN L.A. y NESTOR DIAZ LIRA, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-5.469.317 y V-14.798.875, e inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 55.371 y 94.491, respectivamente, contra la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (CORSERAGRO, S.A.).

   SEGUNDO: Se condena a la empresa demandada CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (CORSERAGRO, S.A.), a pagar a la ciudadana X.L.D.B. las siguientes indemnizaciones :

   1) La cantidad de DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 10.125.000, 00), por concepto de la indemnización prevista en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Trabajo, también reclamada.

   2) Por concepto de indemnización por LUCRO CESANTE , de conformidad con las disposiciones de los artículos 1.193 y 1.273 del Código Civil, se ordena a la demandada:

   a) Constituir un fideicomiso que asegure y provea a la viuda y sus hijos menores mencionados, por la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00) y serán depositados mensualmente la cantidad de un MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (BS. 1.700.000,00) mensuales, ajustándose esta mensualidad a la variaciones del salario en la empresa, hasta que el último de ellos, cumpla la mayoría de edad.

   Para la ejecución de lo dispuesto anteriormente y siempre con vista de los derechos e intereses de los menores, se dispone que el Tribunal de la causa remita las actuaciones pertinentes al efecto al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de su misma jurisdicción, el cual, sin perjuicio de los objetivos declarados en este fallo, estará facultado para adaptar o adecuar, según las circunstancias, los procedimientos o mecanismos que los aseguren.

   3) La cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00), por concepto de la indemnización de daño moral.

   4) La cantidad de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 103.415.450,00), también reclamada, por la indemnización prevista en el artículo 33 parágrafo primero de la derogada Ley Orgánica sobre Condiciones, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo…

   (Sic)

   ANTECEDENTES DEL PROCESO.

   ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

   En el escrito libelar la representación judicial de la accionante, alegó como fundamento de su pretensión lo siguiente:

   Que la demandante ciudadana X.D.V.L.D.B., titular de la Cédula de Identidad N° V-4.714.844, es la viuda del causante A.J.B. HERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.547.032, el cual se desempeñaba como Supervisor del Área de Refinación de Melaza, en las instalaciones de la Sociedad Mercantil “CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (CORSERAGRO, S.A.)”, quien devengaba un salario normal de Bs. 1.700.000,00, y que prestaba sus servicios a dicha empresa desde el año 1990, cuando en fecha 03 de junio de 2005, a las 12:56 a.m., estando en funcionamiento la planta ocurrió una explosión en el nivel tres de área de planta de la empresa, dejando como consecuencia la muerte de 4 trabajadores y 8 heridos, quedando el área referida devastada, falleciendo el ciudadano arriba identificado, en las instalaciones de la empresa en el cumplimiento de sus funciones. Que la víctima antes identificada deja en orfandad 5 hijos habidos en el matrimonio, de los cuales 3 son menores de edad. Que las circunstancias de hecho que gravitaron alrededor del accidente ocurrido, remiten a considerar sin duda alguna que el siniestro fue ocasionado por la reiterada inobservancia de la empresa demandada en cumplir y observar las normas de seguridad industrial, estipuladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como las establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, que son los únicos mecanismos para garantizar el idóneo desenvolvimiento del proceso productivo, asegurando a los trabajadores la reducción y minimización de los riesgos, alegato que se fortalece cuando tomamos en cuenta el resultado de las inspecciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral y de la Inspectoría del Trabajo con sede en Carúpano, hechos éstos que fueron comunicados con antelación al accidente ocurrido a los responsables legales de la empresa, tal como se evidencia en el Acta de Visita de Supervisión emanada de la Inspectoría del Trabajo, Unidad de Supervisión Carúpano - Estado Sucre, signada con la nomenclatura N° 070-05 de fecha 21-02-2005, y que en Acta de Visita de Supervisión N° 210-05, de fecha 06-05-2005, se verifica el incumplimiento de las recomendaciones hechas en la visita anterior, reiterando las fallas encontradas y señalando nuevamente las obligaciones estipuladas en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el Reglamento de dicha Ley que deben ser cumplidas. Que el proceso productivo se cumplía sin seguir las indicaciones antes citadas y que el empleador tenía plena conciencia que el proceso de producción que se ejecutaba en su empresa adolecía de graves fallas de seguridad, ignorando las recomendaciones hechas y actuando negligentemente, poniendo en peligro a los trabajadores. Que el ciudadano A.J.B. HERNANDEZ, a pesar de tener una relación laboral por mas de 15 años con la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (CORSERAGRO, S.A.), no estaba inscrito en el Seguro Social Obligatorio, siendo inscrito 4 días después de su fallecimiento en el accidente laboral en cuestión, lo cual evidencia una vez mas la negligencia del patrono para cumplir con su responsabilidad y obligación, causando de esta manera un daño mas a nuestra representada, por cuanto se le inhibe de percibir una pensión de sobreviviente que la favorece económicamente a ella y a sus hijos.

   Que demanda a la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (CORSERAGRO, S.A.), para que convenga o a ello sea condenada por la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 985.836.070,00), mas las costas procesales que prudencialmente las condene el Tribunal y la indexación monetaria, ajuste o corrección monetaria judicial, por los siguientes conceptos: Indemnización prevista en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Trabajo, indemnización establecida en el artículo 33 Parágrafo Primero de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, indemnización por daño moral, articulo 1.196 del Código Civil, daño moral o lucro cesante calculado a partir de la edad que contaba el trabajador al momento de su muerte, restada de la expectativa de vida útil. La expectativa de vida útil de los venezolanos es hasta 65 años, para el momento del accidente laboral, contaba el occiso con 47 años, por lo que le quedaba una vida útil de 18 años.

   ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:

   La representación judicial de la parte demandada en la oportunidad legal correspondiente alegó como fundamento de su defensa entre otras cosas lo siguiente:

   Rechaza, niega y contradice en toda y cada una de sus partes, tanto los hechos como el derecho la demanda incoada por la ciudadana X.D.V.L.D.B., titular de la Cédula de Identidad N° V-4.714.844, por cuanto:

   Negó, rechazó y contradijo, por no ser cierto que el accidente laboral en donde perdió la vida el ciudadano A.J.B. HERNANDEZ, se haya producido por la inobservancia de las normas de seguridad y protección industrial laboral por parte de nuestro patrocinado CORSERAGRO. Por cuanto se evidencia de las pruebas promovidas por nuestra representación que la empresa cumplía todas las normas de seguridad en el área donde se produjo el siniestro. Que el accidente laboraba en el cual perdió la vida el ciudadano A.J.B. HERNANDEZ, fue por negligencia y culpa del patrono. Por cuanto el actor debe demostrar que el patrono conocía de las condiciones riesgosas y que actuó en forma culposa, con negligencia, impericia e imprudencia. Que el resultado de la inspección realizada por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral y la Inspectoría del Trabajo con sede en Carúpano, se desprenda que las actividades de funcionamiento y producción del Central Azucarero, en donde prestaba sus servicios el occiso, se realizaban prescindiendo de las normas de seguridad industrial, pautadas en la legislación vigente, poniendo en peligro la plantilla de trabajadores y que el accidente laboral en el cual perdió la vida el trabajador fue consecuencia directa de ello. Que el Central Azucarero propiedad de nuestra mandante CORSERAGRO, el proceso productivo se cumplía sin seguir las indicaciones legales. Que la empresa carece de planes de previsión y prevención. Que el occiso desconociera los riesgos de su trabajo habitual, hecho este que se evidencia de su experiencia en el desempeño del cargo como Supervisor del Área de Refinación de Melaza, derivado destiempo de servicio prestado a nuestra representada. tal como lo establece la actora en su escrito de demanda, en donde evidencia que el occiso tenía mas de 15 años prestando servicio como Supervisor del Área de Refinación de Melaza. Que su patrocinada ignoraba las recomendaciones hechas por los organismos competentes, para mejorar y hacer más eficientes los estándares de seguridad de la empresa. Que el accidente de trabajo que ocurrió el día 02 de junio de 2005, se haya producido como consecuencia de un hecho ilícito de nuestra mandante. Que los tanques no contaban con válvulas de seguridad, indicadores de presión y temperaturas que pudieron haber alertado a los operarios del desarrollo de las operaciones que se llevaba a cabo. Por cuanto las pruebas promovidas por nuestra representación demuestran lo contrario. Que el de cujus A.J.B. HERNANDEZ, no estaba inscrito en el Seguro Social Obligatorio, así como también negamos, rechazamos y contradecimos que el trabajador haya sido inscrito en Seguro Social Obligatorio en fecha 07 de junio de 2005, cuatro días después de su fallecimiento en el accidente laboral. Finalmente exponen que su representada deba que CORSERAGRO deba pagar a la demandante X.L.D.B., por los diferentes conceptos explanado por ella en su escrito de demanda, que arroja la cantidad de Bs. 985.836.070,00.

   DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES

   PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

   Conjuntamente con el libelo de la demanda:

1. - Marcado “A” Poder autenticado por la Notaría Pública de Punta de Mata. Folio 19 y 20de fecha 06-07-2005, anotado bajo el No. 45 Tomo 13 de los libros de autenticaciones, en el cual consta la facultad de representación otorgada por la accionante X.L.D.B. a los abogados: NIRYAN L.A. y NESTOR DIAZ LIRA abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado bajo los números 55.371 y 94.491.

2. -Marcado “B” promovió copia certificada de la Partida de Defunción, la cual riela al folio 21, Sobre el particular esta sentenciadora comparte el criterio sostenido por el A quo, respecto de la cual no se hace ningún pronunciamiento puesto que versa sobre un hecho admitido, como lo es la muerte del referido trabajador. Así se establece

3. -Marcado “C” Copia Certificada del Acta de Matrimonio, Folio 22; En cuanto a la prueba analizada observa esta sentenciadora que se trata de documento público, autenticado por ante la autoridad correspondiente, y por cuanto no fueron utilizados los medios procesales idóneos para su impugnación, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el articulo 77 y 10 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo y de este se evidencia que, los ciudadanos A.J.B. y X.D.V.L. contrajeron matrimonio en fecha 30-09-1983, y que la acciónate es su cónyuge. Así se establece.

4. - Marcado “D, E, y F” copias certificadas de las partidas de nacimientos de los menores hijos. Folio 23 al 25, En cuanto a la prueba analizada observa esta sentenciadora que se trata de documento público, autenticado por ante la autoridad correspondiente, y por cuanto no fueron utilizados los medios procesales idóneos para su impugnación, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el articulo 77 y 10 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo y de este se evidencia que dichos ciudadanos son hijos del trabajador fallecido A.J.B. y la ciudadana X.D.V.L.D.B., y se puede constatar que para el momento de la ocurrencia del accidente todos eran menores de edad. Así se establece.

5. -Marcado “H” Copia Certificada de la Partida de Nacimiento del occiso A.J.B. HERNANDEZ. Folio 26, sobre la referida prueba esta sentenciadora comparte el criterio sostenido por el A quo, en cuanto a que de esta se evidencia la fecha de nacimiento del causante. Así se establece

   En la oportunidad procesal correspondiente promueve las siguientes pruebas:

   Pruebas documentales:

6. - Marcado “A y B” Copia Certificada de las Actas de Visita de Supervisión levantado por los Técnicos del Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). De fecha 21-02-2005 y 06-05-2005 la cual riela a los folio 93 al 107, al mismo se le otorga valor probatorio, evidenciándose de el que en la fecha en que ocurrió el accidente no se encontraba en funcionamiento el Comité de Higiene Y seguridad Industrial de dicha compañía, así como inobservancia a las normas relativas a la Seguridad Industrial, pues la empresa carece de planes de Mantenimiento de Previsión y de Prevención. Así se establece.

7. - Marcada “C” Copia Certificada del Acta de visita de Supervisión, emanada por la Inspectoría del Trabajo de fecha 08-06-2005, la cual riela a los Folio 108 al 113, al mismo se le otorga valor probatorio, se le otorga pleno valor probatorio, compartiendo esta sentenciadora el criterio esgrimido por el Tribunal A quo, aduciendo que salvo mejor criterio, constituye un elemento de convicción que lleva el ánimo de esta sentenciadora a inducir la responsabilidad de la demandada en la ocurrencia del accidente. A sí se establece.

8. - Marcada “D” Copia Certificada del Informe levantado por los Técnicos del Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). Folio 114. En cuanto a la prueba analizada observa esta sentenciadora que se trata de documento público, y por cuanto no fueron utilizados los medios procesales idóneos para su impugnación, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el articulo 77 y 10 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo, evidenciándose que para la fecha en la cual aconteció el accidente no se encontraba en funcionamiento el Comité de Higiene Y seguridad Industrial de dicha compañía, así como la inobservancia a las normas relativas a la Seguridad Industrial, ya la empresa carece de planes de Mantenimiento de Previsión y de Prevención. Así se establece

9. - Marcado “E” promovió copia simple del Registro de Asegurado (IVSS), el cual riela al Folio 151, sobre el particular considera esta sentenciadora que al analizarlo se le otorga valor probatorio, no obstante, se desecha, por cuanto existe a los autos medios probatorios que hacen improcedente esta prueba. Así se establece.

10. - Marcado “F” promovió copia certificada de la Ficha para la Declaración de Accidentes de Trabajo presentado por CORSERAGRO. Folio 152, a la cual se le dará su valor correspondiente en su oportunidad ya que fue promovida por la demandada, ya que es un documento suscrito por ella. Así se establece

11. - Marcada “G” original de C. deT. expedida por CORSERAGRO, a nombre de A.B.. Folio 153, Sobre el particular quien suscribe el presente fallo comparte el criterio expuesto por el Tribunal A quo. Así se establece.

12. - Marcado “H e “I” información publicada por los diarios El Tiempo y Región, con ocasión al accidente ocurrido. Folio 154 al 155, Sobre el particular se le otorga pleno valor probatorio, evidenciándose de la misma la ocurrencia del accidente, no obstante a ello éste no es un hecho controvertido en la presente causa. Así se establece.

13. -Marcada “J” copia simple de memorando enviado por YESIBEL MATA al departamento de Administración, en el cual se indica que A.B. percibía un sueldo quincenal de Bs. 850.000,00, el cual riela al Folio 156, Sobre el particular quien suscribe el presente fallo comparte el criterio expuesto por el Tribunal A quo, al no otorgársele valor probatorio, ya que el salario no es un hecho controvertido y así lo manifestaron la representación judicial de la parte demandada en la audiencia oral y publica de juicio. Así se establece.

14. - Informe de cuerpo de bombero, prueba consignada en la audiencia de juicio, observa esta sentenciadora que la misma fue desestimada por la recurrida al no haber sido presentada en al oportunidad procesal correspondiente, criterio que comparte esta sentenciadora. Así se decide.

    DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

    Promovió las siguientes pruebas documentales:

1. - Planilla de Registro de Asegurado. A.J.B. H, titular de la cedula de identidad Nº 5.547.032, recibida por la unidad de afiliación de la Sub- Agencia de Carúpano del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en fecha 10 de febrero del 2004. Folio 166. En cuanto a la prueba analizada observa esta sentenciadora que se trata de documento público administrativo, y por cuanto no fueron utilizados los medios procesales idóneos para su impugnación, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el articulo 77 y 10 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo, evidenciándose del mismo que el causante estaba inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para la fecha señalada arriba, lo cual queda demostrado del sello húmedo de afiliación de fecha 10-02-2004, por lo que resulta improcedente la indemnización reclamada. Así se establece.

2. - Factura original Nº 200506210081 emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales correspondientes al mes de junio de 2006. Folio 166. Sobre el particular esta sentenciadora comparte el criterio del A quo al valorar la mencionada prueba, por cuanto de ella se evidencia que la empresa demandada cumplía con la obligación de pagar el seguro social de sus trabajadores y del causante A.B., como consta al folio 172. Así se establece.

3. - Ficha para la declaración de accidentes de trabajo relativo al occiso A.B., la cual fue presentada en la unidad de supervisión del trabajo y de la seguridad social e industrial del Ministerio del Trabajo Carúpano Estado Sucre el día 07-06-2005. Folio 176, AL 178. Sobre el particular esta sentenciadora comparte el criterio del A quo al valorar la mencionada prueba evidenciándose de la misma que fue dicha compañía en su carácter de patrono del trabajador quien cumplió con tal deber, la cual constituye un indicio respecto a como ocurrieron los hechos y será adminiculada a las demás pruebas en la definitiva, con base en el articulo 177 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo. Así se establece.

4. - Recibos de pago debidamente firmado por la accionante, y comprobantes bancarios, por concepto de bonificación especial única y extraordinaria equivalente a los ingresos salariales de Berroterán H. A.J. durante los períodos señalados en cada uno de ellos, Folio 179 al 188. Sobre el particular observa quien sentencia que por cuanto no consta a las actas que se hayan ejercidos contra ellos los medios procesales idóneos de impugnación o desconocimiento, se le otorga pleno valor probatorio y de ellos se evidencia que, se trata de pagos realizados por la empresa a la accionante, siguió cancelándole las quincenas a los beneficiarios del causante A.B.. Así se establece.

5. - Oficio N° SUC-F7-1174-05 de fecha 21 de junio de 2005 emanado de la Abogada K.A.B.F.A.A. a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. Folio 190. Sobre el particular considera quien decide que la documental arriba identificada no aporta elementos de convicción para las resultas del presente juicio, razón por la cual no se comparte el criterio sostenido por la recurrida al respecto. Así se establece.

6. - Factura control N° 1851 de fecha 08 de junio del 2005 emitida por la Capilla Velatoria La Coromoto C.A., por Bs. 14.375.000 por concepto de cuatro urnas, servicios de capilla, sillas, traslado desde Carúpano a Monagas y arreglos florales. Folio 189. En cuanto a esta prueba considera esta Alzada que la misma no aporta elementos de convicción para las resultas del presente juicio, por lo que se aparta del criterio sostenido por la recurrida. Así se establece.

7. - Original de justificativo de las declaraciones testifícales de los ciudadanos: R.A.M.F., E.A. y R.M., rendidas ante el Juzgado del Municipio Ribero del Estado Sucre. Folio 195 al 197, Sobre el particular esta sentenciadora comparte el criterio del A quo al valorar la mencionada prueba, evidenciándose de la misma que fue dicha compañía en su carácter de patrono del trabajador quien cumplió con tal deber, la cual constituye un indicio respecto a como ocurrieron los hechos. Así se establece.

8. - Prueba de informe: A la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico del Primer Circuito Judicial Del Estado Sucre, folio 261, Sobre la referida prueba esta sentenciadora observa que por cuanto se trata de una prueba emanada de tercero debió ser ratificada a través de la prueba de testigos, por lo que se comparte el criterio sostenido por el Tribunal A quo. Así se establece.

9. - Prueba Testimonial:

   Promovió las declaraciones de once (11) testigos. Sobre el particular se evidencia a las actas procesales que los mismos no comparecieron a rendir declaración en la Audiencia Oral Y Pública De Juicio, declarándose desierta las testimoniales promovidas, motivo por el cual esta sentenciadora no tiene materia sobre la cual pronunciarse. Así se decide.