Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 11 de Febrero de 2011

Letra de Cambio N° 1/4 emitida en Caracas en fecha 10 de junio de 2004, por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00) a favor de la ciudadana L.R.F. a ser pagada por la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2000, C.A. (PROALCA). Por cuanto dicho documento no fue impugnado en la etapa procesal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.363 del Código Civil en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, se le concede pleno valor probatorio, por cuanto dicho documento constituye el fundamental para evidenciar el monto intimado. Y Así se decide.

Letra de Cambio N° 2/4 emitida en Caracas en fecha 10 de junio de 2004, por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00) a favor de la ciudadana L.R.F. a ser pagada por la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2000, C.A. (PROALCA). Por cuanto dicho documento no fue impugnado en la etapa procesal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.363 del Código Civil en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, se le concede pleno valor probatorio, por cuanto dicho documento constituye el fundamental para evidenciar el monto intimado. Y Así se decide.

En copia Documento Poder conferido por la ciudadana L.R.F., por ante la Notaría Pública del Municipio Los Salias del Estado Miranda en fecha 28 de marzo de 2006, inserto bajo el N° 20, Tomo 31 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaría. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia la cualidad de los conferidos como representantes legales de la accionante. Y así se Decide.

En copia certificada Documento de Condominio del inmueble denominado CENTRO COMERCIAL C.D.J. propiedad de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2000 PROALCA, C.A., Protocolizado por ante la Oficina Inmobiliaria del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, en fecha 08 de julio de 2004, registrado bajo el N° 42, Protocolo Primero, Tomo 3. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio, del mismo se evidencia las características del inmueble sobre el cual se solicitó se dictare precautelar. Y así se Decide.

Siendo la etapa procesal de Promoción de Pruebas, la parte actora no promovió prueba alguna.

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA

Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la representación judicial de la parte demandada, consignó Escrito de Pruebas, las cuales fueron admitidas en su oportunidad:

Copia certificada de documento de Cesión de Crédito realizada por el ciudadano TOMMASO MANTARRO a la ciudadana L.R.F., Autenticado por ante la Notaría Pública segunda del Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 14 de junio de 2004, anotado bajo el N° 14, Tomo 71 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaría. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil, más por cuanto el mismo no guarda relación alguna con el controvertido del presente juicio, no le otorga valor probatorio alguno. Y Así se Decide.

Copia simple de actas del expediente signado con el N° 22524 de la nomenclatura llevada por el Juzgado Decimo Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil, pero por cuanto dichas copias no guardan relación alguna con el controvertido de este proceso intimatorio, no le otorga valor probatorio. Y Así se Decide.

Letra de Cambio N° 1/1 emitida en Caracas en fecha 01 de agosto de 2003, por la cantidad de Doscientos Veinticinco Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cien Bolívares (Bs. 225.764.100,00) a favor de la ciudadana L.E.R.F. a ser pagada por los ciudadanos TOMMASO MANTARRO y N.F.D.M.. Por cuanto dicho documento no guarda relación con el presente procedimiento de cobro de bolívares por vía de intimación, se desecha del presente proceso. Y Así se decide.

Copia certificada de Contrato de Préstamo y constitución de Hipoteca celebrado entre el ciudadano TOMMASO MANTARRO actuando en su carácter de Administrador de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2.000 PROALCA, C.A. y la ciudadana M.L.F.D.R., Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, en fecha 27 de septiembre de 2002, registrado bajo el N° 09, Protocolo Primero, Tomo 22. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil, más por cuanto el mismo no guarda relación alguna con el controvertido del presente juicio intimatorio, no le otorga valor probatorio alguno. Y Así se Decide.

CAPITULO IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteados los términos como ha quedado la litis y debidamente analizado el acervo probatorio aportado por las partes, pasa este Sentenciador al estudio del caso subjudice, teniendo como paradigma ineludible el mandato Constitucional de Administrar Justicia, teniendo como norte que el Proceso constituye el instrumento fundamental para la consecución de la misma y debe impartirse conforme a lo alegado y probado en autos, cuyo análisis, interpretación y valoración se enmarca dentro de los parámetros del ordenamiento legal vigente y los conocimientos de hecho, comprendidos en la experiencia común, sin que ello cercene o menoscabe el derecho conferido por la Ley para la aplicación del Principio IURA NOVIT CURIA ni tampoco los Derechos y Garantías Constitucionales de las partes, todo ello en cumplimiento del deber Jurisdiccional. Asimismo, acoge y se ampara, quien la presente causa conoce, en los principios y valores consagrados en nuestra Carta Magna, en especial los preceptuados en sus Artículos 2, 26, 49 y 257, de los cuales deviene el compromiso del Estado a Impartir Justicia dentro del ámbito del derecho con miras a lograr la Justicia Social, garantizando de esta manera la P.S..

Antes de resolver el fondo del presente litigio, se hace pertinente para quien la presente causa resuelve y, visto el alegato formulado por la representación judicial de la parte demandada, en la contestación a la demanda, acerca de la validez de las letras de cambio, por no llenar los requisitos, ya que a su decir, “existe disparidad entre la persona obligada y el aceptante”, por cuanto las mismas fueron aceptadas por el ciudadano TOMASSO MANTARRO colocando su cédula de identidad y no el número del Rif de la persona jurídica;

Al respecto este Tribunal observa,

Según nos enseña el Profesor H.M.M., “Los Títulos Valores son los documentos cuya tenencia legitima es necesaria y suficiente para el ejercicio y transmisión de los derechos que incorporen y que se describen de manera literal en el mismo”. Asimismo Asquini, citado por A.M., en su Curso de Derecho Mercantil, define el título de crédito como: “el documento de un derecho literal destinado a la circulación e idóneo para conferir de modo autónomo la titularidad del derecho al propietario del documento y la legitimación para el ejercicio de ese derecho”, de lo antes dicho devienen los elementos resaltantes del título valor: la incorporación, la literalidad, la autonomía y la legitimación; es decir, en el titulo valor existe un derecho incorporado, destacando la literalidad que caracteriza la expresión de tal derecho, además abstracto; que su utilización no causa novación; que las obligaciones que por él se adquieren son autónomas entre sí y su regulación tiene como objetivo la negociabilidad.

Conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, los requisitos que debe reunir la letra de cambio son:

Artículo 410° La letra de cambio contiene:

1. La denominación de letra de cambio inserta en el mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento.

2. La orden pura y simple de pagar una suma determinada.

3. El nombre del que debe pagar (librado).

4. Indicación de la fecha del vencimiento.

5. El Lugar donde el pago debe efectuarse.

6. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago.

7. La fecha y lugar donde la letra fue emitida.

La firma del que gira la letra (librador)

A los fines de resolver el punto relativo a la aceptación de las cambiarias accionadas, es pertinente señalar que fue aportado a los autos documentales de las cuales se evidencia palmariamente y sin ningún lugar a dudas que el ciudadano TOMASSO MANTARRO, era el representante, con el carácter de Administrador de la obligada, la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2.000 PROALCA, C.A., aceptó las letras de cambio, además de ello del antes transcrito artículo se evidencia que en el mismo no se exige como requisito de validez de las mismas ni es imprescindible que al ser aceptada por quien a la persona jurídica representa utilice número de Rif de la Sociedad Mercantil o el sello de la misma, por tanto y, por cuanto se encuentra debidamente probado en autos que la persona natural que en nombre de su representada (sociedad mercantil) acepta la letra es quien estatutariamente la representada, se desecha y declara la improcedencia de la defensa esgrimida por la representación legal de la intimada, en su contestación a la demanda de, que las letras de cambio carecen de validez, en consecuencia las letras cambiarias acompañadas al libelo de demanda mantiene su plena validez y eficacia jurídica. Y Así se Decide.

En cuanto a la defensa esgrimida, que “la deuda a favor de la intimante no existe, que los hechos son falso y son producto de una simulación y una combinación fraudulenta y que dichas letras son causadas por el Juicio de Ejecución de Hipoteca”, de una revisión minuciosa de las actas del presente proceso se evidencia que la representación de la parte intimada no trajo a los autos elementos probatorios convincentes de los cuales se evidencie, ni siquiera por vía indiciaria, que las letras demandadas se encuentran causadas, así mismo de la misma característica de literalidad de las cambiarias se evidencia que en ellas se dice valor “Entendido”; a los fines de dejar claramente establecido tal característica en cuanto a la literalidad nuestra Doctrinaria ha dejado sentado:

(…) Se dice que el título de crédito es literal, para indicar que el contenido, la extensión y la modalidad del derecho se determina en función del texto del documento y sólo en función de éste. Como consecuencia de este principio, contra lo expresado en el documento no se admite prueba en contrario, aunque ésta provenga de otros documentos (salvo que exista una relación necesaria como ocurre en el caso de los títulos causados (…)

(Confróntese Curso de Derecho Mercantil, Títulos Valores, A.M.)

Igualmente y, visto los argumentos esgrimidos por la representación de la intimada, referidos a que “(…) al depender dichas letras de cambio del juicio de ejecución de hipoteca existe novación de la deuda y en consecuencia al extinguirse la obligación principal quedan extinguidas las referidas letras de cambio”, sobre el punto de novación de la obligación, el mismo texto referido, expresa:

(…) La ausencia de novación produce una situación de simultaneidad en la vida de relaciones jurídicas paralelas, cuyos efectos han sido resumidos así por Mármol:

1. (…)

2. El previo pago de la obligación fundamental, ciertamente no libera al deudor de la obligación de pagar el título que no le haya sido reintegrado. Pero por el contrario, el pago del válido del título si libera totalmente de la obligación fundamental. La dicotomía, aparentemente anómala, se explica con facilidad cuando se advierte que, si bien el título-valor es abstracto y por tanto, el deudor no puede oponer en contra una excepción de pago de una deuda que le ha pasado a ser extraña, la obligación fundamental es causada y su pago puede ser demostrado con todos los medios de prueba permitidos por la ley.(…)

Asimismo, se ha dejado claramente establecido que en las letras de cambio causadas, la causa está deliberadamente expresada en el documento y no se separa de él para ningún propósito, es decir, en el mismo texto de la letra debe señalarse que las mismas se emiten con ocasión de una obligación contenida en otro documento.

Por tanto, se reitera que, visto los conceptos anteriores y de una revisión minuciosa y detallada de los alegatos explanados por la representación de la intimada y, el material probatorio aportado a los autos, quien la presente causa resuelve observa que no existe elemento probatorio alguno que las letras de cambio intimadas sean causadas o guarden relación alguna con el Juicio de Ejecución de Hipoteca, antes señalado, ni con la Transacción celebrada a los fines de dar por terminado el mismo ni tampoco con el finiquito celebrado a los fines de dar cumplimiento a la transacción; así como tampoco existen elementos de convicción que las mismas provengan de simulación o combinación fraudulenta alguna. Y Así se decide.

En lo referente al alegato esgrimido por la representación judicial de la accionada que, en la emisión de las letras hubo amenaza o coacción Dolo y en el cobro de las mismas hay dolo y fraude por parte de la accionante, reitera quien esta causa decide, que la parte demandada, contrariando el principio contenido en el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, no aporta elemento probatorio alguno que sustente sus dichos, por tanto dicho argumentos carecen de valor alguno para desvirtuar la intimación intentada por la actora. Y Así se Decide.

Como consecuencia de lo antes dicho, se tienen dichas letras de cambio válidas y eficaces para ejercer la acción para el cumplimiento de la obligación que se intima. Y Así se decide.

Aduce igualmente, la representación de la parte demandada la Cosa Juzgada, por cuanto: “(…)la Transacción es una fórmula de Auto Composición Procesal, (…) siendo las letras de cambio producto del JUICIO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA, antes señalado, el cual concluyó con una TRANSACCIÓN, por los razonamientos antes explanados las mismas se extinguieron desde ese mismo momento en que se efectúo el finiquito correspondiente, circunstancias por las cuales resulta ajustado a derecho interponer la cosa juzgada.(…)”

La cosa juzgada es una institución jurídica que tiene por objeto garantizar el estado de derecho y la p.s., y su autoridad es una manifestación evidente del poder del Estado cuando se concreta en ella la jurisdicción.

Nuestro más alto Tribunal, sobre tal institución ha dejado sentado que:

(…) En el derecho venezolano, la exceptio rei judicatae o excepción de > tiene como función garantizar aquella cualidad de la sentencia cada vez que una nueva demanda se refiera a una misma cosa u objeto, esté fundada sobre la misma causa petendi, entre las mismas partes con el mismo carácter que tenían en el asunto ya decidido por sentencia definitivamente firme, elementos exigidos expresamente para considerar revestida de la inmutabilidad de la > a una decisión por mandato del artículo 1395 del Código Civil

.

En el mismo orden de ideas, la doctrina venezolana ha establecido que la > es la autoridad y eficacia que adquiere una sentencia por haber precluido, sea por consumación o falta de actividad oportuna de los recursos que contra ella concede la Ley. La autoridad de la > dimana del ius imperiun del órgano jurisdiccional legítimo que ha dictado el fallo “en nombre de la República y por autoridad de la ley” (Ricardo Henriquez La Roche. Código de Procedimiento Civil.

De modo pues, que la > es un efecto de la sentencia, la cual presenta un aspecto material y uno formal, siendo el primero de éstos el que trasciende al exterior y cuyo fin es prohibir a las partes el ejercicio de una nueva acción sobre lo ya decidido, y segundo se presenta dentro del proceso al hacer inimpugnable la sentencia, lo cual conjuntamente con la inmutabilidad y la coercibilidad constituyen los aspectos para la eficacia de la autoridad de la > …”. (Confróntese Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil nueve.

Sustenta la accionada su defensa de Cosa Juzgada, en el hecho que, a su decir, las letras por medio de la presente acción intimada son causadas por el juicio de ejecución de hipoteca terminado con una transacción, más como antes se ha explanado no ha quedado probado en autos el dicho de la demandada, por tanto esta defensa corre la misma suerte de la premisa principal de la accionada y, en consecuencia se desecha por improcedente. Y Así se decide.

En cuanto al fondo de la controversia, tenemos que, la presente causa inicia con motivo de Acción que por Cobro de Bolívares por Vía de Intimación incoare la representación judicial de la ciudadana L.R.F., fundamentando su procedencia en dos (02) Títulos Valores, cuyo obligado cambiario es la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2.000, PROALCA, C.A.; siendo el juicio admitido por el procedimiento intimatorio, se intimó a la parte demandada a los fines de su comparecencia para que: PAGARE, ACREDITARE HABER PAGADO o FORMULARE OPOSICIÓN A LA INTIMACIÓN, consta en autos que la representación de la parte demandada, compareció y, en tiempo oportuno formuló oposición a la intimación, por lo cual el procedimiento pasó a tramitarse por el del juicio ordinario, siendo la oportunidad de la contestación a la demanda, la representación legal de la intimada, arguye como defensa principal que dichas letras derivan de un juicio de Ejecución de Hipoteca que cursó por ante el Juzgado Decimo Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas seguido por la ciudadana M.L.F.D.R. contra la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2.000, PROALCA, C.A.; en cuanto a dicha defensa esgrimida la misma ha sido previamente analizada y resuelta en el presente dispositivo, por lo cual se debe dilucidar de seguidas la procedencia o no de la intimación realizada.

A saber,

Planteada como quedó la controversia, debe este juzgador primeramente hacer referencia acerca de los requisitos de procedencia del Cobro de Bolívares por vía de Intimación, al respecto establece el Código de Procedimiento Civil, en el Capitulo referente al Procedimiento de Intimación, lo siguiente:

Artículo 640.- Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.

Artículo 643.- El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:

1º Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.

2º Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.

3º Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.

Artículo 644.- Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas, admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables.

De los antes transcritos artículos se evidencia que mediante el procedimiento monitorio son exigibles aquellas obligaciones que sean liquidas y exigibles, vale decir, que consistan en la entrega de una cantidad de dinero o cosas fungibles o cosas muebles, todas apreciables en dinero, y cuyo cumplimiento no esté sometido a ninguna condición o plazo pendiente ni de las cuales dependa una contraprestación, igualmente las referidas normas exigen como requisito de admisibilidad de la acción que la obligación este contenida en instrumentos públicos, privados, cartas, misivas, facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques o cualquier otro documento negociable. Para que proceda la vía ejecutiva, es impretermitible que la obligación consista en el pago de una cantidad liquida, la cual debe estar especificada en el titulo o documento de modo cierto, la obligación de pagar tal como lo exige el citado Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil debe ser evidente e indudablemente contenida en la redacción del mismo, la cantidad por la cual se solicita la ejecución debe aparecer cuantificada y determinada o cuando menos determinable fácilmente.

Nuestro más alto Tribunal, ha conceptualizado el procedimiento intimatorio de la siguiente manera:

(…) El procedimiento de intimación es un procedimiento especial, mediante el cual se trata de buscar en forma rápida un título ejecutivo invirtiendo la situación del contradictorio, el cual sólo llega a presentarse si el demandado lo plantea. Presentada la demanda con los títulos que demuestren la existencia de la obligación, el juez debe decretar la intimación de la parte demanda, quedando la posibilidad del contradictorio a cargo del demandado. La falta de oposición formal y oportuna, hace que el decreto de intimación adquiera fuerza ejecutiva y de cosa juzgada, con lo cual puede procederse de inmediato a la ejecución de lo demandado. (…)

(Confróntese: Sentencia Nº 01280 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 15752 de fecha 27/06/2001)

El procedimiento de intimación es un procedimiento de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos creditorios que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede ésta dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el juez, inaudita altera a la otra parte (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces, o el deudor hace oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario, o el deudor no hace oposición dentro del término, y entonces el decreto pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. De modo que, de lo anterior se concluye que el procedimiento intimatorio, por ser de cognición reducida y de carácter sumario, requiere, necesariamente la pre-existencia de una obligación asumida por el deudor, para que entonces pueda el Juez, de conformidad con lo establecido en el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, realizar el decreto intimatorio respectivo y continuar la causa por el trámite previsto en el Capítulo II, del Título II, del Libro Cuarto, Parte Primera, del Código de Procedimiento Civil, relativo al Procedimiento por Intimación.(…)” (Confróntese Sentencia Expediente Nº 430 de fecha 11/07/2006 del Juzgado Superior Sexto Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.)

Del libelo de demanda que encabeza el presente expediente y de las demás actas del mismo, se desprende indudablemente, que la representación de la parte actora acciona el cobro de dos (02) letras de cambio a la orden de la ciudadana L.R., cada una por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES, con vencimiento una, en fecha 10 de noviembre de 2005 y la otra el 10 de diciembre de 2005, en ambas la parte demandada la Sociedad Mercantil PROMOCIONES ALBA 2.000, PROALCA, C.A., las acepta y se obliga a pagar las mismas sin Aviso y Sin Protesto, ahora bien, de un examen de los instrumentos que acompañó la parte accionante, se colige que los mismos cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 410 del Código de Comercio, antes transcrito, por lo que dichas instrumentales cumplen con las exigencias de la norma como medios válidos para accionar el cobro de bolívares por vía de intimación, por tanto vista la exigencia del cobro, correspondía a la intimada, con vista igualmente a lo dispuesto en el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, traer a los elementos de convicción de los cuales dimane indubitablemente el cumplimiento de la obligación o el hecho eximente del mismo, de las pruebas aportadas a los autos no se evidencia que la parte demandada hubiere pagado las cantidades de dinero adeudadas, así como tampoco aportó al proceso prueba alguna de los alegatos esgrimidos, vale decir, nada probó a favor de sus argumentos de defensa y, como consecuencia de ello la acción de cobro de bolívares es procedente conforme a derecho. Y Así se Decide.

CONCLUSIÓN.-

De lo anterior se colige, que siendo las letras de cambio los instrumentos fundamentales de la pretensión del accionante y al habérsele atribuido pleno valor probatorio, y no habiendo probado nada que le favorezca la parte demandada en la oportunidad correspondiente, es forzoso para este Juzgado declarar procedente la acción de cobro de bolívares por vía de intimación interpuesta por la demandante. Así se establece.

Respecto a la solicitud de que se aplique la indexación sobre las cantidades de dinero reclamadas, se observa que es reconocido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente que la inflación constituye un hecho notorio consistente en la tendencia persistente al incremento del nivel general de precios o, como el proceso continuo en la caída del valor del dinero. Consecuencia de ello, es que la parte que la alega esté libre de probarlo y sólo tiene que solicitarla, ya sea en el libelo de demanda o en el de reconvención. En sede jurisdiccional se reconoce que cuando el deudor entra en mora debe compensar al acreedor más allá de los simples intereses moratorios por el perjuicio adicional que éste sufra a consecuencia de la inflación. Así se ha señalado que en el caso de mora del deudor, los daños y riesgos sufridos por el acreedor como consecuencia del retardo, corren por cuenta del deudor.

En el presente caso se solicitó la indexación de las cantidades reclamadas y habiendo determinado previamente que la parte demandada incumplió con su obligación de pagar los montos reflejados en los instrumentos cambiarios, indudablemente estamos en presencia de una obligación morosa. En consecuencia, por tratarse de una obligación válida, cierta, líquida y exigible, se declara procedente la pretensión de indexación judicial sobre el monto de capital de cada una de las accionarias intimadas.

En cuanto al período que se ordena indexar, resulta aplicable la decisión de fecha 05 de diciembre de 2007, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. C.O.V., Exp. No. 2007-000446, que sostuvo lo siguiente:

“…Aprecia la Sala de lo trascrito, que en ninguna parte del fallo recurrido pueda deducirse que el ad quem haya explanado fundamento alguno que apuntale su declaratoria de procedencia de la indexación y mucho menos fundamenta el por qué toma como data de inicio del computo destinado al cálculo de la corrección monetaria en comentario, la de la ocurrencia del accidente, pues tal y como lo ha venido sosteniendo la doctrina de la Sala de Casación Civil, esa forma de cómputo constituye un enriquecimiento sin causa por parte del demandante y, por vía de consecuencia, un empobrecimiento para el demandado. Así se evidencia de sentencia N° 227 de fecha 29/3/07 expediente N°06-000960 en el juicio de Amenaida Bustillos Zabaleta, contra R.E.S.T., con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, se estableció:

…De lo dispuesto en lo anteriores criterios jurisprudenciales, se colige que para aquellos casos en que la indexación judicial, correctivo del retardo procesal, se considere aplicable y que en modo alguno pueda resultar desvirtuada, la misma deberá tener como parámetro inicial de referencia la admisión de la demanda o una fecha posterior a ésta, pues podría ocurrir que el demandante pretenda “...engordar su acreencia...”, pero en ningún caso podrá ser anterior a la preindicada oportunidad de la admisión.

Cabe resaltar también, que el juez podrá excluir del ajuste monetario determinados lapsos en que por caso fortuito o fuerza mayor la causa estuviere en suspenso o si así se encontrare porque lo decidieren de mutuo acuerdo los intervinientes de la controversia (artículo 202 del Código de Procedimiento Civil).

Luego, el parámetro final –igualmente indispensable- para dicho cálculo vendrá dado por la oportunidad en que la sentencia quede definitivamente firme…

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Con sustento en el criterio Jurisprudencial transcrito, que rige para la aplicación de la corrección monetaria, la indexación judicial debe concederse por el lapso de duración del juicio. En base a ello, en el presente caso se considera procedente la aplicación de la corrección monetaria desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva.

A los fines de calcular el monto a pagar por concepto de la corrección monetaria acordada, se ordena realizar una experticia complementaria del fallo, de conformidad a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, tomando en consideración la tasa de inflación acaecida en el Área Metropolitana de Caracas durante el período establecido, señalada por el Banco Central de Venezuela.

CAPITULO V

Con fundamento a las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 243 del Código Civil, declara: