Decisión de Juzgado Segundo de Municipio de Caracas, de 16 de Octubre de 2012
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Municipio |
| Ponente | Richard Rodriguez Blaise |
| Procedimiento | Extinción De Hipoteca |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012)
202º y 153º
Parte actora: “J.L.Á.O.”, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.401.955; con domicilio procesal en: Avenida La Estancia, Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), Torre C, piso 9, oficina 905-C, Municipio Chacao, estado Miranda.
Representación judicial
de la parte actora: “Ingrid Fajardo Pinto y A.E.M.”, inscritos en el Inpreabogado con las matriculas números 85.478 y 47.188, respectivamente.
Parte demandada: “Mercantil de Colocaciones C.A.” inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, en fecha 22 de septiembre de 1960, bajo el N° 213, tomo 4-B, ahora Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital; sin domicilio procesal acreditado en autos.
Representación judicial
de la parte demandada: “L.L.L.F.”; defensor judicial ad litem, inscrito en el Inpreabogado con la matricula Nº 84.846.
Motivo: Pretensión Merodeclarativa (Extinción de Hipoteca).
Sentencia: Definitiva.
Caso: AP31-V-2011-000995.
I
Desarrollo del Juicio
El día 11 de abril de 2011, la abogada en ejercicio de su profesión A.E.M., inscrita en el Inpreabogado con la matricula Nº 47.188, en su condición de mandataria judicial del ciudadano J.L.Á.O., presentó ante esta sede judicial formal libelo de demanda contra la sociedad de comercio Mercantil de Colocaciones, C.A., ambas partes identificadas ut supra, pretendiendo la declaratoria de extinción y consecuente liberación del gravamen hipotecario de primer grado que pesa sobre un lote de terreno señalado con el número y letra seiscientos treinta y ocho (638) del plano general de la Urbanización La Lagunita Country Club, jurisdicción del Municipio El Hatillo del estado Miranda.
Por auto de fecha 18 de abril de 2011, el Tribunal admitió la demanda conforme lo previsto en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Mediante diligencia suscrita el día 13 de mayo de 2011, el ciudadano Alguacil G.P.L.M. dejó constancia en autos de la imposibilidad de citar a la parte demandada.
En vista de esta actuación, por auto de fecha 24 del mismo mes y año, el Tribunal ordenó requerir información del SENIAT y del CNE respecto a la dirección del domicilio o residencia de la parte demandada.
Mediante auto de fecha 2 de agosto de 2011, se ordenó desglosar la compulsa librada a la parte accionada a fin de practicar el emplazamiento en la dirección suministrada por el CNE.
El día 30 de septiembre de 2011, el ciudadano Alguacil O.H. informó al Tribunal que no logró citar a la parte demandada, en la oportunidad que se trasladó a tales fines.
Así las cosas, en vista de haberse agotado infructuosamente los trámites de la citación personal de la parte demandada, el mandatario judicial de la parte actora el día 5 de octubre de 2011, solicitó la citación por carteles conforme lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto del día 17 de octubre de 2011, se libró el cartel de citación.
Posteriormente, el día 8 de diciembre de 2011, la representación judicial de la parte actora consignó sendos ejemplares de la publicación por la prensa del cartel de citación, en la forma ordenada.
Cumplidas las formalidades del artículo 223 de la Ley de Tramites Civiles, sin que la parte demandada compareciese a darse por citada, el Tribunal previa solicitud de parte designó defensor ad litem al abogado L.L.L., inscrito en el Inpreabogado con la matricula Nº 84.846; quien en fecha 7 de mayo de 2012, aceptó el cargo y prestó el juramento de Ley.
En fecha 17 de septiembre de 2012, se hizo constar en autos la citación del defensor judicial ad litem de la parte demandada.
El día 19 del mismo mes y año, se recibió escrito de contestación a la demanda.
Durante la fase probatoria, en fecha 20 de septiembre de 2012, la representación judicial de la parte actora promovió medios de prueba.
Por lo tanto, vistas las actas que conforman el presente expediente, el Tribunal procede a dictar sentencia definitiva sobre la base de las siguientes consideraciones.
II
Síntesis de la Controversia
La representación judicial de la parte actora, dentro del elenco de afirmaciones de hecho en que basó su pretensión, alegó en el escrito libelar lo siguiente:
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Adujo, que según consta en documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del entonces Distrito Sucre del estado Miranda, hoy Municipio Sucre del estado Miranda, en fecha 4 de noviembre de 1968, bajo el Nº 35, tomo 25, protocolo primero, la sociedad de comercio Mercantil de Colocaciones, C.A., dio en venta al ciudadano J.L.Á.O., un lote de terreno señalado con el número y letra seiscientos treinta y ocho (638) del plano general de la Urbanización La Lagunita Country Club, jurisdicción del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con una superficie de 1.817,70 M2 y cuyos linderos y demás datos identificatorios constan en el referido instrumento.
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Expuso, que el precio de venta fue pactado en la suma de Bs. 131.789,05, hoy día equivalente por efecto de la reconversión monetaria a la suma de Bs. 131,78, de los cuales el comprador pagó una inicial de Bs. 64.000,00, que equivale en la actualidad a la cantidad de Bs. 64,00; y el saldo deudor, por la cantidad de Bs. 67.789,05, que equivale a Bs. 67,78, se comprometió a pagarlo dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la compra del inmueble, plazo que venció el día 4 de mayo de 1969, habiéndose pactado los intereses para la época a la tasa del 6% anual.
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Alegó, que con el fin de garantizar la acreencia a favor de la sociedad de comercio Mercantil de Colocaciones, C.A., se constituyó para ella garantía hipotecaria de primer grado sobre la pormenorizada parcela de terreno, hasta por la cantidad de Bs. 77.789,05, hoy día equivalente por efecto de la reconversión monetaria a la suma de Bs. 77,78, según consta en el mismo documento de compra venta.
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Afirmó, que su representado efectuó el pago respectivo, quedando por lo tanto a cuenta de la mencionada sociedad de comercio, emitir el respectivo documento liberatorio del gravamen hipotecario; y aunado a ello, ha transcurrido cuarenta y dos (42) años, por lo que la señalada hipoteca de primer grado que pesa sobre el terreno propiedad de su representado se encuentra prescrita, y sin que la sociedad de comercio Mercantil de Colocaciones, C.A., haya otorgado el respectivo documento de cancelación de hipoteca; razón por la cual, procede a demandar a dicha compañía pretendiendo la declaratoria de extinción del referido gravamen hipotecario.
A los fines de enervar los hechos libelados, el abogado L.L.L.F., con el carácter de defensor judicial ad litem de la parte demandada, sostuvo en el escrito de contestación a la demanda lo siguiente:
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Negó, rechazó y contradijo en todas sus partes, tanto en los hechos libelados como en el Derecho que de ellos se pretende deducir, la demanda incoada en contra de su patrocinado.
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Solicitó que se declare sin lugar la demanda con todos los pronunciamientos de Ley.
De acuerdo con lo antes expuesto, resulta evidente que la representación judicial de la parte actora formula la pretensión con el objeto de declararse la extinción del gravamen hipotecario de primer grado que pesa sobre el terreno propiedad de su representado, alegando como hecho fundamental de la demanda –causa petendi- que dicho gravamen se encuentra prescrito, por haber transcurrido cuarenta y dos (42) años desde la fecha en que debió pagarse el saldo deudor generado de esa compra, esto es desde el día 4 de mayo de 1969; aunado a ello, el gravamen hipotecario in comento tenía un plazo para su cumplimiento y vigencia de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de protocolización del documento de compra venta.
Así, cabe considerar que ante la negativa del defensor judicial ad litem de la parte demandada a reconocer los hechos libelados, el thema decidendum queda circunscrito a decidir si se cumplen los presupuestos materiales para la procedencia en Derecho de la pretensión que hace valer la parte accionante.
A tales efectos, destaca que es deber ineludible de los jueces realizar el examen de todo el material probatorio que cursa a los autos, a fin de que la verdad procesal surja del análisis y concatenación del conjunto de las pruebas ofrecidas por los litigantes.
Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.354 del Código Civil, en concordancia con el artículo 506 del Texto Adjetivo Civil, este juzgador pasa a valorar el material probatorio ofrecido por las partes.
Al respecto observa:
III
Valoración de las Pruebas
Pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora:
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Promovió junto al libelo de demanda, a) copia certificada del documento inscrito en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del entonces Distrito Sucre, hoy Municipio Sucre, del estado Miranda, el día 4 de noviembre de 1968, bajo el Nº 35, tomo 25, protocolo primero; b) copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista de la sociedad de comercio Mercantil de Colocaciones, S.A., celebrada de fecha 1 de diciembre de 2004; c) copia certificada de certificación de gravamen, expedido por el Registrador Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del estado Miranda, en fecha 15 de abril de 2009; que se admiten conforme lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, reputándose idóneos y pertinentes para demostrar los actos jurídicos allí contenidos, en particular aquél en cuya virtud el ciudadano J.L.Á.O. compró a la sociedad de comercio Mercantil de Colocaciones, C.A., el lote de terreno ut supra identificado, y con el fin de garantizar la acreencia de la compañía, se constituyó hipoteca de primer grado, cuya liberación solicita en juicio la parte actora; así se decide.-
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Durante la etapa probatoria, reprodujo el merito de los autos.
Pruebas promovidas por el defensor judicial ad litem de la parte demandada:
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No tuvo actividad probatoria alguna
IV
Motivaciones para Decidir
En la misión que tiene este operador jurídico de administrar justicia, le corresponde resolver sí los hechos alegados y probados por la representación judicial de la parte accionante, se subsumen en el supuesto de hecho de las normas jurídico-positivas que invoca en sustento de la pretensión que hace valer; teniendo en cuenta que probar es esencial al resultado de la litis, y en esta actividad es necesario el empleo de todos los medios que dispone la ley, para llevar al ánimo del juzgador la certeza o veracidad de la existencia del hecho alegado, es decir, la carga procesal que tienen las partes para llevar al proceso, por los medios y procedimientos permitidos por la ley, las razones que convenzan al juzgador de la certeza o veracidad de los hechos cuestionados.
Así, aun cuando la carga de la prueba puede corresponder tanto a la parte actora como a la parte demandada en juicio, y ello dependerá de la obligación que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda o excepción alguna puede prosperar si no se demuestra; es evidente que, ante la conducta procesal asumida por el defensor judicial ad litem, quien se limitó a negar de manera concreta los hechos constitutivos de la pretensión contenida en el escrito libelar, correspondía a la parte actora la carga de probar los presupuestos necesarios para considerar prescrita la hipoteca.
En esta perspectiva, de acuerdo con el análisis del material probatorio, quedó demostrado la existencia del acto jurídico de compra venta realizado entre Mercantil de Colocaciones, C.A., y J.L.Á.O., conforme al cual se constituyó a favor de dicha compañía el gravamen hipotecario de primer grado que pesa sobre un lote de terreno señalado con el número y letra seiscientos treinta y ocho (638) del plano general de la Urbanización La Lagunita Country Club, jurisdicción del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con una superficie de 1.817,70 M2, y cuyos linderos y demás datos identificatorios constan en documento debidamente protocolizado.
Ahora bien, cabe considerar que la hipoteca al igual que todos los contratos accesorios se extingue por vía de consecuencia y por vía principal; en el primer caso, por ser un derecho accesorio, se extingue -en principio- al extinguirse la obligación principal que ella garantiza. Es decir, toda causa legítima que produzca la extinción del crédito, extingue la hipoteca que le servía de garantía, por vía de consecuencia. En el segundo caso, se extingue, entre otras razones, por el pago del precio de la cosa hipotecada, y también por la expiración del término a que se la haya limitado.
Desde éste punto de vista, a los fines de determinar la alegada prescripción del gravamen hipotecario sub examine, es preciso traer a colación el criterio sostenido por el eximio Dr. E.M.L., quien en su obra Curso de Obligaciones, Tomo I, expresa lo siguiente:
La prescripción extintiva o liberatoria es un medio o recurso mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación o de un derecho real (salvo el derecho de propiedad), recuperando el deudor su libertad natural por el transcurso de un determinado tiempo y bajo las demás circunstancias señaladas por la ley; no supone la posesión de una cosa, sino la inercia, negligencia, inacción o abandono del acreedor en hacer efectivo su crédito durante determinado tiempo.
En este mismo orden de ideas, el Código Civil establece respecto de la prescripción bajo estudio, lo siguiente:
Artículo 1.908.- La hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, la cual se verificará por la prescripción del crédito respecto de los bienes poseídos por el deudor pero si el inmueble hipotecado estuviere en poder de tercero, la hipoteca prescribirá por veinte años.
Artículo 1.952.- La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones; determinadas por la Ley.
Artículo 1.977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.
La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años.
Por otra parte, la mejor doctrina exige tres requisitos fundamentales para que se produzca la procedencia de la prescripción in comento; cuales son:
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La inercia del acreedor.
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Transcurso del tiempo fijado por la ley.
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Invocación por parte del interesado.
Respecto del primero de los requisitos, debe precisarse antes que nada, que la lectura del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del entonces Distrito Sucre, hoy Municipio Sucre, del estado Miranda, el día 4 de noviembre de 1968, bajo el Nº 35, tomo 25, protocolo primero, pone de manifiesto que la única persona legitimada como acreedora para exigir el pago de la señalada obligación pecuniaria garantizada con hipoteca, es Mercantil de Colocaciones, S.A., o la junta de liquidadores, de ser el caso; sin embargo, no está acreditado en el expediente prueba alguna que demuestre o haga presumir verosímilmente la actuación de persona alguna, tendiente al cobro del derecho de crédito garantizado con la hipoteca sub examine; por lo tanto, se detecta la inercia del acreedor.
En cuanto al segundo de los requisitos, se desprende de la interpretación del artículo 1.908 del Código Civil, que la hipoteca se extingue por prescripción y que ésta se verifica por la prescripción del crédito, respecto de los bienes poseídos por el deudor.
Entonces, visto que el término para la prescripción sigue la misma suerte que la acción que origina la acreencia, produciéndose así la aplicación del principio de que lo accesorio sigue a lo principal, colige el Tribunal del análisis del material probatorio ofrecido por la parte accionante, que ha prescrito el crédito por el transcurso del tiempo y por vía de consecuencia, lo está igualmente la hipoteca convencional de primer grado que lo garantiza; pues en efecto, se ha verificado el cumplimiento del término exigido por la ley para la prescripción, es decir el transcurso de más de 10 años pues ha de presumirse que el actual propietario del lote de terreno, J.L.Á.O. (deudor hipotecario), se encuentra en posesión del inmueble objeto de la demanda; y en todo caso, dicho lapso debe computarse a partir del 4 de mayo de 1969, fecha en que se hizo exigible el saldo deudor generado de la compra; así se establece.-
Por último, con relación al tercer requisito mencionado, debe concluirse que efectivamente fue cumplido dicho requisito, al evidenciarse que la parte actora reclamó judicialmente la extinción de la obligación pecuniaria garantizada con hipoteca, conducta procesal que este operador jurídico con apoyo en el principio iura novit curia subsume en lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Adjetivo Civil, por considerar que no existe otra vía procesal para la satisfacción de su pretensión.
Como corolario de lo antes expuesto y del resultado de la tarea probatoria cumplida por la parte actora, así como de los requisitos exigidos por la ley conllevan a este sentenciador a concluir, que cumplió con su correspondiente carga de demostrar los hechos constitutivos de su pretensión, con estricta sujeción a la máxima de que cada parte tiene la carga procesal de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, conforme lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectiva afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
Los hechos notorios no son objeto de prueba.
Así como también lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil que establece lo siguiente:
Artículo 1354.- Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.
Considerándose al respecto que “si me considero acreedor, es absolutamente preciso que demuestre la obligación de mi pretendido deudor, o de lo contrario, no puedo obligarle al pago”. En consecuencia de los documentos acompañados como títulos fundamentales de la pretensión actora, se deduce que son conducentes para probar tanto la cualidad activa y pasiva que detentan las partes de la relación jurídica procesal; así como también el transcurso del tiempo de diez (10) años, exigido por la ley para que se produjera la prescripción de la hipoteca.
Siendo así, concluye este juzgador que la parte actora logró demostrar el hecho afirmado que produce la extinción por prescripción de la hipoteca de primer grado sub examine, por lo tanto, debe necesariamente declararse procedente en derecho la pretensión de mera certeza propuesta por el ciudadano J.L.Á.O., en virtud de que cumplió con su carga procesal ex artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.-
V
Dispositiva
En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
Con lugar la pretensión merodeclarativa contenida en la demanda incoada por el ciudadano J.L.Á.O. contra la sociedad de comercio Mercantil de colocaciones, C.A., ambas partes plenamente identificadas en el presente fallo.
Se declara extinguida por prescripción, la hipoteca convencional de primer grado que pesa sobre el lote de terreno señalado con el número y letra seiscientos treinta y ocho (638) del plano general de la Urbanización La Lagunita Country Club, jurisdicción del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con una superficie de 1.817,70 M2, y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Noroeste: con zona verde de la Urbanización, calle de servicio en medio en línea curva entrante con cuerda de veintisiete metros con veinticinco centímetros (27,25 mts); Noreste: con la parcela 533 en línea recta de cuarenta y nueve metros con treinta y seis metros (49,36 mts); Sureste: con la calle V6-C6 en única mixta compuesta por una curva saliente con cuerda de treinta y tres metros con cincuenta y un centímetros (33,51 mts) y un tramo recto de seis metros con un centímetro (6,01 mts); y Suroeste: con la parcela 631 en línea recta de cincuenta y cinco metros con noventa y tres centímetros (55,93). El gravamen hipotecario declarado aquí extinguido, consta en el documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del entonces Distrito Sucre, hoy Municipio Sucre, del estado Miranda, el día 4 de noviembre de 1968, bajo el Nº 35, tomo 25, protocolo primero.
Se ordena al ciudadano Registrador competente estampar las notas marginales correspondientes, acompañándosele copia certificada de la presente decisión, una vez quede definitivamente firme.
Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Regístrese y publíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
El Juez,
Abg. R.R.B.
La Secretaria,
Abg. D.I.G.
En esta misma fecha, siendo las 3:06 P.M., se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,
Abg. D.I.G.
RRB/DIG.
