Sentencia nº 35 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 21 de Febrero de 2002

MAGISTRADO PONENTE: R.A.H. UZCÁTEGUI

AA70-E-2002-000014

Mediante escrito presentado en fecha 12 de noviembre de 2001 las ciudadanas O.B. y L.G.D.H., titulares de las cédulas de identidad Nos. 4.051.295 y 3.605.917, actuando en su condición de jubiladas de la Universidad de Oriente y de socias activas de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), asistidas por el abogado M.B., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 27.525, interpusieron por ante el Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, acción de amparo constitucional contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° CEP-053 de fecha 23 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Electoral Principal de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), mediante el cual rechazó la postulación de las accionantes para participar en el proceso electoral de la Directiva de la referida Caja de Ahorros, programado para el 20 de noviembre de 2001.

El 13 de noviembre de 2001, el referido Juzgado remitió el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, a quien correspondió el conocimiento de acuerdo al sistema de distribución.

Mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 2001, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional y ordenó remitir el expediente a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

En fecha 6 de febrero de 2002 se recibió el expediente, en esa misma fecha se dio cuenta a esta Sala y por auto del 7 de febrero del mismo año se designó ponente al Magistrado Rafael Hernández Uzcátegui, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

Realizada como ha sido la lectura individual de las actas que conforman el expediente, pasa la Sala a pronunciarse respecto a la presente acción, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Alegaron las accionantes, que son empleadas jubiladas de la Universidad de Oriente y socias activas de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la referida Universidad. Que en su condición de jubiladas de la Universidad de Oriente son diferentes a los trabajadores activos, pero que tienen iguales derechos y obligaciones a los demás socios en la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente.

Aducen que en su condición de socias, decidieron participar en el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades de la virtud de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente, por lo que se postularon como Presidente del C. deV. y Secretaria de Actas del C. deV., respectivamente, “(...) pero el día 23 de Octubre la Comisión Electoral Central le remitió una comunicación al ciudadano E.R. en su carácter de ‘Presidente del C.D.A. De la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente. CAUDO’, (...) en la que dicha Comisión literalmente expresa que ‘...Los miembros de los órganos Directivos, no podrán ser: JUBILADO O PENSIONADO...’, y basada en esa premisa rechazaron nuestras postulaciones”.

Por otra parte indicaron las accionantes, que la Comisión Electoral Central al no permitir su participación en el referido proceso electoral por su condición de empleadas jubiladas de la Universidad de Oriente, les violó el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “(...) y que aunque esta razón se le ha expresado por distintas vías y en innumerables oportunidades, la nombrada Comisión Electoral de manea pertinaz y flagrante persiste en anteponer a este precepto constitucional normas de rango sublegal como el ‘Reglamento Electoral vigente’, los ‘Estatutos CAUDO vigentes’ y un viciado acto administrativo de la ‘SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO”.

Finalmente, solicitaron el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida por la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente, al estado de que se suspenda el proceso electoral y se reponga al inicio del lapso de Inscripción de candidatos y se les permita en su condición de socias, postularse a cualquier cargo Directivo.

II

DECLINATORIA DE COMPETENCIA

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, mediante decisión de fecha 14 de noviembre de 2001, declinó la competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional en esta Sala, fundamentándose en los argumentos que a continuación se señalan:

Que los hechos en que se sustenta la pretensión de amparo constitucional se originan como consecuencia del proceso eleccionario de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente, por lo que consideró que el conocimiento de la presente causa corresponde a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en la “(...) sentencia de fecha 10 de Febrero de 2000, en la que estableció como ámbito de su competencia, entre otros, ‘los recursos que se interpongan, por razones de insconstitucionalidad (sic) o ilegalidad, contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales, y de otras organizaciones de la sociedad civil’”.

Que “en acatamiento a la sentencia antes citada, y visto que los hechos expuestos son de naturaleza electoral, por cuanto lo pretendido por las quejosas está referido a la participación en el proceso eleccionario de la CAJA DE AHORROS Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, este Tribunal se declara INCOMPETENTE para conocer del presente recurso de A.C. y ordena la remisión del expediente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.”.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia formulada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, y a tal efecto observa que la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional viene determinada en principio, por una suerte de paralelismo competencial, es decir, por la aplicación de un criterio material o sustantivo y por un criterio orgánico, orientado el primero, por la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucional que se considera vulnerado (criterio de afinidad) y, el segundo, por la persona a quien se le imputa la conducta lesiva, es decir, se trata de un elemento de carácter subjetivo que en definitiva determina el Tribunal competente específico para conocer de la acción de amparo, cuando la materia le es afín a una o más jurisdicciones. Ello al entender que la Ley de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, quiso establecer que será competente en vía de amparo el mismo Tribunal que lo sería en el caso concreto si el interesado hubiese utilizado las vías jurisdiccionales ordinarias.

En este sentido, es oportuno destacar que en materia de amparo constitucional, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 20 de enero de 2000, aseguró el monopolio que posee dicha Sala para el conocimiento de las acciones autónomas de amparo cuando las mismas son interpuestas contra la actuación de los titulares de los órganos mencionados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, que estatuye la competencia de este Alto Tribunal para el conocimiento de este tipo de acciones en atención a la jerarquía del funcionario del que proviene la supuesta lesión. Asimismo declaró, que en cambio corresponde a esta Sala Electoral el conocimiento de aquellos amparos constitucionales ejercidos conjuntamente con recurso de nulidad en materia electoral.

Sin embargo, esta Sala en sentencia del 10 de febrero de 2000, configuró su marco competencial, estableciendo que le corresponde conocer en forma exclusiva y excluyente el control de la legalidad y la constitucionalidad de los actos sustancialmente electorales, emanados de los órganos del Poder Electoral, así como de los órganos competentes de los entes enumerados en el artículo 293, numeral 6 de la Constitución, dejando entendido que en el caso de amparo constitucional, conoce del mismo cuando fuese ejercido conjuntamente con el recurso contencioso electoral (amparo cautelar).

Ahora bien, consciente de la situación derivada del monopolio que ejercen tanto la Sala Constitucional como esta Sala en los ámbitos competenciales referidos, determinada por el hecho de que los actos, actuaciones y omisiones de algunos órganos electorales pertenecientes al Poder Electoral, distintos al C.N.E., como de los entes mencionados en el artículo 293, numeral 6 constitucional, no eran susceptibles de ser accionados mediante el amparo autónomo, al no encuadrar dentro de los órganos tipificados -o equivalentes constitucionales- enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, y que la jurisdicción contencioso electoral está conformada únicamente por esta Sala Electoral, la misma en resguardo del derecho previsto en el artículo 27 de la Constitución, dictó sentencia en fecha 26 de julio de 2000, estableciendo que:

...hasta tanto se dicte la correspondiente ley y la Sala Electoral sea el único órgano integrante de la jurisdicción contencioso electoral, le corresponderá conocer las acciones de amparo autónomo contra los actos, actuaciones u omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, que lógicamente detenten competencia en materia electoral, e igualmente le corresponde conocer las solicitudes de amparo cautelar que en su ámbito de competencia material sean interpuestas conjuntamente con recursos contencioso electorales. Así se decide

.

De lo antes expuesto se colige entonces, que aquellas acciones de amparo constitucional ejercidas de manera autónoma contra actuaciones que se reputen violatorias de los derechos y garantías consagradas en la Constitución, y que tengan relación con el ejercicio del Poder Electoral conceptuadas dentro de los nuevos postulados constitucionales que garantizan el respeto al sufragio activo y pasivo, a la participación y al protagonismo de la ciudadanía y a la asociación de los ciudadanos en organizaciones políticas no provenientes del C.N.E. como órgano rector de ese Poder, deben ser conocidas y tramitadas por esta Sala Electoral; órgano jurisdiccional que detenta el monopolio del conocimiento de los recursos contencioso electorales, según se desprende del artículo 297 del Texto Fundamental.

Así las cosas, considerando que la competencia entendida como el alcance de la facultad de administrar justicia, está distribuida entre los distintos tribunales de la República atendiendo entre otros criterios al de la materia (ratione materiae), referido a la apreciación de la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia. En casos como el presente, en que la controversia gira en torno a la acción de amparo constitucional interpuesta contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° CEP-053 de fecha 23 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Electoral Principal de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), mediante el cual rechazó la postulación de las accionantes para participar en el proceso electoral de la Directiva de la referida Caja de Ahorros, programadas para el 20 de noviembre de 2001, el criterio in commento se subdivide en material, propiamente dicho, y orgánico, dependiendo de que el acento en la relación jurídica se dé en la esencia del acto impugnado, o en el órgano del cual emanó el mismo, respectivamente.

En este sentido, para la determinación de la competencia de los tribunales de la jurisdicción contencioso electoral -diferenciada de la jurisdicción contencioso administrativa por la Constitución de 1999 (Arts. 259 y 297)-, según la precitada sentencia de esta Sala, N° 2 de fecha 10 de febrero de 2000, se conjugan razones materiales en el caso de que se trate de un “acto sustancialmente electoral” o de “naturaleza electoral” y orgánicas en el supuesto de que el acto haya sido dictado por órganos del Poder Electoral u órganos de los referidos en el artículo 293, numeral 6 de la Constitución.

Así pues, por “acto de naturaleza electoral” o “acto sustancialmente electoral” (véase al respecto sentencia de esta Sala, N° 90 de fecha 26 de julio de 2000), puede entenderse el acto jurídico individual o colectivo en el que a través de una manifestación de soberanía en lo político, social o económico, se realiza una selección de preferencia y bastará entonces que emane de alguno de los referidos órganos para que su conocimiento corresponda a esta Sala.

Como se analizó en sentencia de esta Sala N° 30 del 28 de marzo de 2001, la referida noción de “acto de naturaleza electoral”, se explica como el acto de soberanía que no admite: 1) Una voluntad igual o superior; 2) Un tiempo de validez; 3) Limitaciones de objeto, poder o autoridad; y adicionalmente, necesita de un procedimiento legal o medio regular para su emisión. En el presente caso de la elección de los miembros de la Directiva de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), se evidencia que: 1) Es exclusiva de los miembros de la mencionada Caja de Ahorro y excluyente de cualquier otro sujeto; 2) La posibilidad de elegir, mientras sean parte de la asociación, no se pierde por el transcurso del tiempo, y 3) Puede ser vista como una libertad o prerrogativa de sus miembros; asimismo, está encausada por reglas, procedimientos o medios regulares para su realización, de lo cual se concluye que reúne todas las características de un acto de soberanía y por tanto, electoral.

Por otra parte, dado que la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), coincide con lo que en sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 656 del 30 de junio de 2000 y N° 1395 del 30 de junio de 2000, se ha llamado sociedad civil, esto es, la organización democrática de la sociedad, no estatal, política, religiosa o militar, que busca fines públicos coincidentes con los del Estado, pues tiene por finalidad, mejorar la economía popular por medio del fomento del hábito del ahorro entre los trabajadores asociados a la misma. En consecuencia, resulta claro que se trata de un acto de naturaleza electoral emanado de una organización de la sociedad civil, motivo por el cual es esta la Sala competente para conocer en única instancia del presente proceso. Así se declara.

Determinada la competencia de la Sala para conocer de la presente causa, y en virtud de que no se configura ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, se admite la acción de amparo interpuesta y, en respeto a los principios constitucionales que deben regir la administración de justicia, como el derecho a la defensa y el debido proceso, esta Sala, a fin de determinar la violación de los derechos constitucionales alegados, acuerda tramitar la presente acción de amparo constitucional por el procedimiento instituido por este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1º de febrero de 2000, conforme a la cual se procedió a adaptar la tramitación del amparo establecido en la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, a las prescripciones del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia:

1. - Se ordena la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al Tribunal a conocer el día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual se llevará a cabo dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada.

2. - En la oportunidad en que tenga lugar la audiencia pública de las partes, éstas, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala, la cual decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá promover las que considere legales y pertinentes. Efectuado dicho acto, se levantará un acta contentiva del mismo.

3. - En la misma audiencia, la Sala decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias, y ordenará su evacuación en ese mismo día o al día inmediato posterior.

4. - Una vez concluido el debate oral o las pruebas, la Sala en el mismo día deliberará respecto a la materia bajo su examen y podrá:

   a.- Decidir inmediatamente; en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo, el cual, deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia donde se dictó la decisión correspondiente.

   b.- Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público.

   IV

   DECISIÓN

   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. - ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por las ciudadanas O.B. y L.G.D.H., actuando en su condición de jubiladas de la Universidad de Oriente y de socias activas de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), asistida por el abogado M.B., contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° CEP-053 de fecha 23 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Electoral Principal de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Oriente (CAUDO), mediante el cual rechazó la postulación de las accionantes para participar en el proceso electoral de la Directiva de la referida Caja de Ahorros, programado para el 20 de noviembre de 2001, declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 2001.

2. - ADMITE la acción de amparo incoada.

3. - ACUERDA tramitar la solicitud de amparo constitucional conforme al procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1° de febrero de 2000.

4. - ORDENA la notificación del Ministerio Público y la citación del presunto agraviante.

   Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil dos (2002). Años 191º de la Independencia y 143º de la Federación.

   El Presidente,

   ALBERTO MARTINI URDANETA

   El Vicepresidente,

   L.M.H.

   R.A.H. UZCÁTEGUI

   Magistrado Ponente

   El Secretario,

   A.D.S.

   AA70-E-2002-000014

   RHU/JCD.

   En veintiuno (21) de febrero del año dos mil dos, siendo las once y cincuenta y cinco de la mañana (11:55 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 35.

   El Secretario,