Decisión nº 1423 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Mayo de 2012

En fecha 01 de agosto de 2001, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, emitió Resolución (Imposición de Sanción) N° RCA-DFL-2001-5325-01826, como consecuencia de la investigación fiscal practicada a la contribuyente LUNCHERÍA Y HELADERÍA LA BRIOCHE S.R.L, en virtud de la cual se constató que eliminó anexo de Restaurant, alterando las características originales del Registro y Autorización de Licores y no presentó el Libro de Registro de Especies Alcohólicas en la primera visita fiscal, contraviniendo lo establecido en los artículos 69 y 47 de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas en concordancia con los artículos 209 y 221 de su reglamento, lo cual constituye incumplimiento de los deberes formales conforme lo establecen los Artículos 103 y 126 numeral 1 literales a y b del Código Orgánico Tributario sancionado en los artículos 105 y 108 ejusdem.

Así mismo, la actuación Fiscal observó la existencia de concurrencia de infracciones y procedió a la aplicación de la sanción mas grave de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del Código Orgánico Tributario de 1994, aumentada con la mitad de las otras penas, tal como se demuestra a continuación:

Sanciones de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas y su Reglamento/Concurrencia Artículo 74 del COT

Incumplimientos Artículo 105 C.O.T Artículo 108 C.O.T Total UT

Eliminar anexo de restaurant y no tener el Libro de Registro de Especies Alcohólicas en el establecimiento 100 UT 15 UT 115 UT

Razón por la cual, se procedió a imponer multa determinada la primera en su termino medio y la segunda en su termino medio rebajada a la mitad a la citada contribuyente por la cantidad de ciento quince unidades tributarias (115 ut), de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal por remisión del artículo 71 del Código Orgánico Tributario.

En consecuencia, emitió Planilla de Liquidación Nº 01-1-2-47-000058, por la cantidad de un millón quinientos dieciocho mil bolívares exactos (Bs. 1.518.000,00), en vista que para el momento que se comete la infracción el valor de la Unidad Tributaria era de trece mil doscientos bolívares (Bs. 13.200,00).

En fecha 03 de septiembre de 2002, la accionante interpuso recurso jerárquico contra el acto administrativo supra identificado.

El 26 de agosto de 2005, la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT dictó Resolución N° GGSJ/GR/DRAAT/2005/2010, a través de la cual declaró Inadmisible por Falta de Asistencia.

Así ante la disconformidad de la Resolución antes mencionada, en fecha 02 de noviembre de 2005, la contribuyente de autos interpuso recurso contencioso tributario.

III

ALEGATOS DE LA ACCIONANTE

La accionante señala en su escrito recursorio el siguiente argumento:

Que “en visita realizada por su despacho a el establecimiento constató que se eliminó el anexo de Restaurant a el Registro y Autorización de Licores y no presentó el Libro de Registro de Especies Alcohólicas, pues bien, mi representada en esa fecha no recibió ninguna visita fiscal, de hacerlo nunca la fiscal encargada habló con los encargados del local, debió supuestamente haber hablado con algún empleado, lo cual no es lo correcto, a el local en ningún momento se le eliminó ningún anexo de Restaurant, solo que en la actualidad no se preparan las pizzas que tradicionalmente se hacían, y el libro de licores se encuentra siempre en el local, inclusive el Contador de la empresa lo actualiza y revisa dentro de las instalaciones de el local, por esta razón no entendemos de donde surge esta multa, si en esa fecha los encargados del negocio no recibieron la visita de el SENIAT, les pido que revisen el Acta de Requerimiento No LIC-5325, para que verifiquen quien atendió a el Fiscal ese día, ya que esa Acta nunca la recibió ninguno de los encargados de el negocio, por todo lo explicado anteriormente les pido que analicen la situación u procedan a las revisiones pertinentes, ya que no incurrimos en ninguna falta de las contempladas en la mencionada Resolución y por lo cual creemos que no nos corresponde la multa que se nos están imponiendo”.

IV

ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN DEL FISCO NACIONAL

En primer término alega como punto previo, en relación a la inadmisibilidad del recurso que “(…) en el supuesto negado de que no sean tomados en cuenta los alegatos referidos a la Inadmisibilidad del recurso por Falta de Asistencia Legal, esta representación Fiscal ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido de la Resolución Nº GGSJ/GR/DRAAT/2005/2010, de fecha 26 de agosto de 2005, emanada de la Gerencia general de Servicios Jurídicos del Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y la Resolución de Sanción Nº RCA-DFL-2001-5325-01826 de fecha01-08-2001, que conforman el fundamento y razón de la litis planteada y rechazada los alegatos contenidos en el escrito recursorio, y para desvirtuar los alegatos de nulidad, pasa a exponer los fundamentos de su defensa con relación a las cuestiones planteadas por la recurrente.”

Que “(…)Al respecto esta representación fiscal, observa que el contenido del Acta de Requerimiento GRTI-RC-DF-1052-LIC-2001-5325, se puede evidenciar que la misma si fue suscrita por un encargado de la empresa, en este caso por el ciudadano Onofrio Catapano, quien fungía como Gerente de la Misma. En tal sentido, mal podría decirse que, dicha acta nunca fue recibida por ningún encargado del negocio, tal como lo afirma la recurrente.”.

Que “Por su parte del Artículo 145, numeral 1, literal a consagrada el deber formal de llevar los libros relacionados con el expendio de espacies alcohólicas que no solamente consagra la obligación de que los mismos estén sellados y foliados por la oficina de rentas respectivas, sino que además los mismos deben cumplir con el deber de mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente, mantenerlos al día, sin atraso, so pena de incurrir en un ilícito tributario tipificado y sancionado en el Código Orgánico Tributario y en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia.”

Que “por lo tanto las sanciones impuestas al contribuyente por no llevar los Libros de Registro de Especies Alcohólicas y por la eliminación del anexo de Restaurant surten plenos efectos legales, en virtud de la presunción de legitimidad y veracidad de que gozan los actos administrativos”.

Que “(…) En este sentido cuando la contribuyente no consigna en el expediente prueba alguna que sirva para refutar en contenido del acto, la presunción de legitimidad y veracidad que ampara el acto administrativo impugnado permanece incolume y por consiguiente se tiene como valido y veraz, y así solicito sea declarado por este digno tribunal.”

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Este Tribunal deduce de la lectura del acto administrativo impugnado y de los argumentos expuestos por la accionante y por la representación del Fisco Nacional, que la presente controversia se centra en dilucidar en los siguientes aspectos:

i) Si ciertamente tal y como aduce la contribuyente recurrente que los encargados de la contribuyente de autos no recibieron el Acta de Requerimiento Nro LIC-5325, de fecha 24 de mayo de 2001,

ii) Si la multa impuesta por la Administración Tributaria resulta procedente, en virtud de que la misma constató que elimino anexo de Restaurant, alterando las características originales del Registro y Autorización de Licores y no presentó el Libro de Registro de Especies Alcohólicas en la primera visita fiscal, contraviniendo lo establecido en los artículos 69 y 47 de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas en concordancia con los artículos 209 y 221 de su reglamento, lo cual constituye incumplimiento de los deberes formales conforme lo establecen los Artículos 103 y 126 numeral 1 literales a y b del Código Orgánico Tributario sancionado en los artículos 105 y 108 ejusdem.

Así, para aclarar el primer aspecto controvertido en la presente causa, resulta necesario –a juicio de quien decide– realizar ciertas consideraciones en torno al vicio que afecta la causa del acto administrativo como lo es el falso supuesto.

Los actos administrativos deben cumplir con una serie de requisitos de fondo y de forma, para que se considere que son válidos. Como requisitos de fondo, encontramos: la competencia, la base legal, el objeto, la causa o motivos y la finalidad del acto, como requisitos de forma, se debe mencionar: la motivación, las formalidades procedimentales y la exteriorización del acto.

En cuanto al tercer requisito de fondo cuyo incumplimiento afecta la validez del acto administrativo, llamado causa o motivo del acto, la doctrina patria ha señalado:

(…), es quizás, uno de los más importantes que se prevén para el control de la legalidad de los actos administrativos. La Administración, insistimos, para dictar un acto administrativo tiene que partir de la existencia de unos supuestos o circunstancias de hecho que justifiquen su actuación, pero a los efectos de que no se convierta en arbitraria la actuación del funcionario, la Administración está obligada, en primer lugar, a comprobar adecuadamente los hechos, y en segundo lugar, a calificarlos adecuadamente para subsumirlos en el presupuesto de derecho, que autoriza la actuación. Esto obliga, por tanto, a la Administración, a realizar, no sólo una labor de constatar la existencia de los presupuestos de hecho sino de probarlos y calificarlos adecuadamente. No puede la Administración presumir los hechos ni, por tanto, dictar actos fundados en hechos que no ha comprobado, porque podría suceder allí que el hecho no exista o que esté inadecuadamente configurado, y podría el acto estar viciado por falso supuesto

.(BREWER-CARÍAS, A. R. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Colección Estudios Jurídicos N° 16, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003, p. 153).

Se debe advertir que, no solamente incurre la Administración en falso supuesto cuando dice haber constatado unos hechos que en verdad no ocurrieron, o habiéndose verificado éstos yerra en su calificación, sino también cuando habiéndose comprobado los hechos realmente ocurridos y calificándolos correctamente, se equivoca en la aplicación de la norma jurídica. De allí la distinción por parte de la doctrina y de la jurisprudencia de falso supuesto de hecho, falso supuesto de derecho o de la existencia en el acto de ambos.

La causa así viciada perturba la legalidad del acto administrativo, haciéndolo, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, anulable o relativamente nulo.

Así, nuestro M.T.d.J. ha señalado las dos (2) maneras en que se patentiza el falso supuesto de la Administración:

El falso supuesto invocado por la actora se configuraría en la errada fundamentación jurídica otorgada por la Administración a los actos de remoción y retiro. A juicio de esta Sala, el falso supuesto, se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto (Sentencia N° 474 de la Sala Político Administrativa del 2 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: L.G.Y., Exp. N° 15.446).

Ahora bien, aclarado en qué consiste el vicio de falso supuesto, estima este Tribunal pertinente realizar las siguientes consideraciones en relación a lo argumentado por la representación judicial de la contribuyente LUNCHERIA Y HELADERIA LA BRIOCHE, S.R.L, respecto al vicio en cuestión.

De la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, se observa que, el representante judicial de la recurrente señala en su escrito recursivo que “…mi representada en esa fecha no recibió ninguna visita fiscal, de hacerlo nunca la fiscal encargada habló con los encargados del local, debió supuestamente haber hablado con algún empleado, lo cual no es lo correcto, a el local en ningún momento se le eliminó ningún anexo de Restaurant, solo que en la actualidad no se preparan las pizzas que tradicionalmente se hacían, y el libro de licores se encuentra siempre en el local, inclusive el Contador de la empresa lo actualiza y revisa dentro de las instalaciones de el local, por esta razón no entendemos de donde surge esta multa, si en esa fecha los encargados del negocio no recibieron la visita de el SENIAT, les pido que revisen el Acta de Requerimiento No LIC-5325, para que verifiquen quien atendió a el Fiscal ese día, ya que esa Acta nunca la recibió ninguno de los encargados de el negocio, por todo lo explicado anteriormente les pido que analicen la situación u procedan a las revisiones pertinentes, ya que no incurrimos en ninguna falta de las contempladas en la mencionada Resolución y por lo cual creemos que no nos corresponde la multa que se nos están imponiendo …”.

Por su parte, la representación del Fisco Nacional, en su escrito de informe, sostiene que “…el contenido del Acta de Requerimiento GRTI-RC-DF-1052-LIC-2001-5325, se puede evidenciar que la misma si fue suscrita por un encargado de la empresa, en este caso por el ciudadano Onofrio Catapano, quien fungía como Gerente de la misma. En tal sentido, mal podría decirse que, dicha acta nunca fue recibida por ningún encargado del negocio, tal como lo afirma la recurrente.

Ahora bien, este Tribunal puede evidenciar que el Acta de Requerimiento Nro. GRTI-RC-DF-1052-LIC-2001-5325, de fecha 24 de mayo de 2001, fue recibida y firmada por el Gerente de dicha empresa el ciudadano Onofrio Catapano, tal y como consta en el folio 52 del expediente judicial, razón por la cual se declara improcedente el alegato esgrimido por el apoderado judiciales de la contribuyente recurrente. Así se decide.

Referente al segundo y último aspecto controvertido en la presente causa, este Tribunal advierte que, la contribuyente recurrente no presentó prueba alguna, que permitiera desvirtuar de forma alguna la multa impuesta por la Administración Tributaria, en virtud de que la misma constató que eliminó un anexo de Restaurant, alterando las características originales del Registro y Autorización de Licores y no presentó el Libro de Registro de Especies Alcohólicas en la primera visita fiscal, contraviniendo lo establecido en los artículos 69 y 47 de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas en concordancia con los artículos 209 y 221 de su reglamento, lo cual constituye incumplimiento de los deberes formales conforme lo establecen los Artículos 103 y 126 numeral 1 literales a y b del Código Orgánico Tributario sancionado en los artículos 105 y 108 ejusdem.

Así tenemos que el artículo 144 del Código Orgánico Tributario de 1994, vigente para la fecha de emisión del acto, establecía en la parte final de su encabezamiento, lo siguiente:

"(...) El Acta hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario

.

En relación a este principio, el autor H.M.E., señala lo siguiente:

La presunción de validez del acto administrativo (legitimidad y legalidad), formidable prerrogativa del sujeto administrativo respecto de los sujetos de Derecho Privado, descarta la posibilidad de aplicar la teoría del acto inexistente, a esta suerte o categoría de acto jurídico.

El acto administrativo, por el solo hecho de su autoría, por provenir de una Administración Pública, se presume válido, (conforme a derecho), y quien pretenda desconocer esa presunción, tiene la carga de accionar los recursos correspondientes (administrativos y el contencioso de anulación) para destruirla, demostrando que el acto de especie no válido. Presunción (iuris tantum), cuyo origen radica en el principio de la autotutela declarativa.

(Henrique MEIER E. Teoría de las Nulidades en el Derecho Administrativo. Editorial Jurídica Alba, S.R.L. 1.991, págs. 135 y 136).

Y en este mismo sentido, el autor A.B.-Carías sostiene:

La consecuencia más importante de la eficacia de los actos administrativos, es que los actos adquieren una presunción de legitimidad, veracidad y legalidad. Es decir, el acto administrativo, al dictarse y ser eficaz, es decir, al notificarse, según los casos, se presume que es válido y legítimo. La eficacia del acto, por tanto hace presumir la validez, tratándose esto de un privilegio de la Administración. Ahora bien, si el acto se presume legítimo y válido, puede ser ejecutado de inmediato. Por eso es que el artículo 8 de la Ley Orgánica establece expresamente que el acto administrativo, una vez que es eficaz, puede ser ejecutado de inmediato y produce sus efectos mientras no sea revocado o anulado, es decir, mientras no sea extinguido formalmente por la Administración o por un Tribunal. En esta forma, el acto al dictarse y notificarse, se presume válido y produce sus efectos de inmediato y sigue produciéndolos hasta que sea anulado y revocado.

La presunción de legalidad y de legitimidad trae como consecuencia, que quien pretenda desconocer la legitimidad y legalidad del acto, tiene que probarlo y por tanto, se invierte la carga de la prueba. Por ello, para desvirtuar esta presunción, que es iuris tantum, el interesado, debe intentar un recurso para impugnar el acto ante la Administración o ante los Tribunales, según el caso, y no sólo debe atacarlo, sino probar su acertó de que el acto es ilegal.

(BREWER-CARÍAS, Allan. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Editorial Jurídica Venezolana, 1.992, págs. 203 y 204.). (Subrayado del Tribunal).

Es jurisprudencia reiterada de nuestro M.T.d.J., que:

Las actas fiscales, en las cuales se formulan reparos a las declaraciones de rentas de los contribuyentes cuando han sido levantadas por los funcionarios competentes y con las formalidades legales y reglamentarias gozan de una presunción de legitimidad, en cuanto a los hechos consignados en ellas, de modo que corresponde al contribuyente, para enervar los efectos probatorios de dichas actas, producir la prueba en contrario adecuada

(Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 05 de abril de 1994, con ponencia de la magistrada Ilse van ser Velde Hedderich, caso: La Cocina, C.A., Exp. N° 6.348).

Aunado a lo anteriormente expuesto y con relación a las pruebas, el artículo 193 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable rationae temporis, consagra la libertad probatoria en materia tributaria, en los siguientes términos:

Artículo 193.- Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del auto de admisión del Recurso o de la devolución del expediente del Tribunal de Alzada que lo admitió, el Tribunal declarará la causa abierta a pruebas con un término de diez (10) días de despacho para promoverlas y veinte (20) para evacuarlas. (…)

Serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos, cuando ella implique prueba confesional de la Administración.

(omissis…).

En efecto, se evidencia en autos la inactividad probatoria por parte de la recurrente, a pesar de regir en materia tributaria, al igual que en proceso ordinario, el principio o sistema de libertad probatoria, consagrado en el artículo 193 del Código Orgánico Tributario de 1994. Al respecto, nuestro más Alto Tribunal ha dejado establecido lo siguiente:

(...) En el procedimiento contencioso, este principio de libertad de prueba ha sido consagrado en el primer aparte del artículo 193 del Código Orgánico Tributario, aunque, con algunas limitaciones establecidas expresamente en la aludida norma, que prescribe: ‘(...) Serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos, cuando ella implique prueba confesional de la Administración. (...)’. En razón de lo expuesto, las pruebas no aceptadas en nuestro sistema probatorio serán las expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico y aquellas que sean consideradas inconducentes por el juez de la causa para probar los alegatos de las partes.(...)

. (Sentencia Nº 02132 de la Sala Político-Administrativa del 9 de octubre de 2001, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, en el juicio de Taller Friuli, C.A., bajo el expediente Nº 0239).

En este mismo sentido, el m.T.d.J. nuevamente sostiene:

(...); siendo dicho principio recogido en el Código Orgánico Tributario de 1994, en el primer aparte de su artículo 193, pero atenuado por las excepciones del juramento y de la confesión de empleados públicos, el cual reza: ‘(...) Serán admisibles todos los medios de pruebas, con excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos, cuando ella implique prueba confesional de la Administración. (...)’ En el contexto de la materia debatida, así fue reconocido el alcance de dicho principio por la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa-Especial Tributaria, sobre cuya base decidió que: ‘...resulta contrario a toda lógica jurídica, pretender limitar las pruebas del cumplimiento de una obligación a un único instrumento (...), más aún, cuando el propio Código Orgánico Tributario permite, con las excepciones ya mencionadas, la admisión en los procedimientos tributarios de cualquier medio probatorio, ello en concordancia con el citado principio de libertad de medios probatorios consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil’ (Sentencia del 18-07-96, caso: R.S., C.A.). Cabe observar que en términos similares permanece consagrado el dispositivo supra citado en el novísimo Código Orgánico Tributario promulgado el 17 de octubre de 2001, cuyo artículo 269, con referencia a su primer aparte, establece: (...)

. (Sentencia Nº 00968 de la Sala Político-Administrativa del 16 de julio de 2002, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en el juicio de Inteplanconsult, S.A., expediente Nº 01-0299).

Criterio este ratificado en sentencia Nº 00670 de la Sala Político-Administrativa del 8 de mayo de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, expediente Nº 1999-15993, caso: Banco Mercantil, C.A., S.A.C.A.

Por lo tanto la falta de prueba perjudica a quién teniendo la carga de probar no lo hizo. Criterio este sostenido por P.V., cuando expresa:

(…) con respecto a las pruebas, las partes no tienen la misma posición en juicio, ya que la falta de prueba no perjudica por igual a ambos litigantes, sino que perjudica a la parte que teniendo la carga de probar no lo hizo. En otras palabras, si bien las pruebas son un derecho de las partes, su no ejercicio no produce los mismos efectos a cada una de éstas. Por todo esto, para el proceso resulta de suma importancia determinar sobre quien recaen los efectos negativos de la inactividad probatoria, y a esto atiende el llamado principio de la distribución de la carga de la prueba, calificado por un autor como ‘la espina dorsal del proceso’

. (P.V., Rafael. Tratado de las Pruebas Civiles. Op. Cit.,p. 83. Citado por DUQUE CORREDOR, R.J.A. sobre el Procedimiento Civil Ordinario. Tomo I. Ediciones Fundación Projusticia. Colección Manuales de Derecho- Caracas. 2000.p. 244).

A su vez, el autor H.B.L., afirma lo siguiente:

A nuestro entender, la carga de la prueba es una facultad esencialmente potestativa referida al interés del litigante, y redundará la gestión en su propio beneficio o utilidad y de conformidad a los lineamientos de la más avanzada doctrina, debe de atenderse a la condición jurídica deducida en juicio por quien invoca el hecho enumerado y no a la cualidad del que se ha de probar

. (BELLO LOZANO, Humberto. La Prueba y su Técnica. Mobil Libros. 4ta. Edición. Caracas. 1989. p. 100).

Es así como en el presente caso, la carga probatoria recae sobre la contribuyente, quien habiendo alegado que la multa determinada por la Administración Tributaria mediante la Resolución aquí impugnada es improcedente, debió demostrar tal hecho, para de esta manera lograr desvirtuar la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos. Las normas y la jurisprudencia antes citadas, sirven para sustentar que en el caso sub examine, corresponde a la recurrente la prueba de sus dichos y afirmaciones, y no existiendo en el expediente elementos probatorios, la presunción que ampara al acto administrativo recurrido, permanece incólume, y así el mismo se tiene como válido y veraz, en consecuencia dicho acto surte plenos efectos legales, en virtud de la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos. Así se establece.

En este sentido, en cuanto al alegato a dirimir en el presente fallo, relativo a la improcedencia de la multa impuesta por el incumplimiento de los deberes formales antes mencionados, este Tribunal deja constancia que dicha sanción se impuso como consecuencia del incumplimiento del deber formal verificado por la Administración Tributaria, aplicándose la misma dentro de los límites que contempla los artículos 105 y 108 del Código Orgánico Tributario para tal fin. Se observa también, tal como se expuso precedentemente, que la contribuyente no desvirtuó de manera alguna dichas sanciónes, por lo tanto este órgano jurisdiccional desestima dicho alegato. Así se decide.

Finalmente pasa este Tribunal a a.l.p.d. la figura de la condenatoria en costas procesales de la parte perdidosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario de 2001, lo cual hace de seguidas previo a las siguientes consideraciones:

El vigente Código Orgánico Tributario regula el régimen de la condenatoria en costas. En efecto, dispone el artículo 327 del mencionado texto legal:

Artículo 327. Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el tribunal procederá en la respectiva sentencia a condenar al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá del diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que dé lugar al juicio ejecutivo, según corresponda. Cuando el asunto no tenga una cuantía determinada, el tribunal fijará prudencialmente las costas.

Cuando a su vez la Administración Tributaria resultare totalmente vencida por sentencia definitivamente firme, será condenada en costas en los términos previstos en este artículo. Asimismo, dichas sentencias indicarán la reparación por los daños que sufran los interesados, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Tributaria.

Los intereses son independientes de las costas, pero ellos no correrán durante el tiempo en que el juicio esté paralizado.

PARAGRAFO UNICO: El tribunal podrá eximir del pago de costas, cuando a su juicio la parte perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará declaración expresa de estos motivos en la sentencia

.

Dentro de los sistemas de regulación de la condenatoria en costas, se han estudiado dos sistemas que a lo largo del tiempo han regido la imposición de las costas en el proceso. El primero sostiene que los litigantes deben asumir el pago de las costas, por lo que más que una condena judicial, el legislador lo que hace es distribuir entre los contrincantes el pago de las mismas, debiendo cada una de ellas sufragar las costas causadas en la defensa de sus derechos. El segundo sistema comprende dos modalidades las cuales definen su orientación según se condene o no a una de las partes al pago de las costas, bajo determinadas condiciones, a saber; el sistema objetivo o de vencimiento absoluto y el sistema subjetivo. Mientras que conforme el primero las costas se deben imponer al perdidoso por el hecho objetivo, puro y simple de haber sido vencido totalmente en juicio, el segundo plantea la exoneración del pago de las costas al vencido cuando éste ha tenido motivos racionales para litigar, excluyendo así la temeridad sobre la base de la buena fe de su actuación (Cfr. GUILLERMO IZQUIERDO, M., La condena en costas procesales contra los entes públicos, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos Autores N° 6, Caracas, 2004, p.18).

En materia contencioso-tributaria, la jurisprudencia era pacífica al reconocer el sistema subjetivo del régimen de imposición de costas, en armonía con lo dispuesto en el texto del artículo 327 del Código Orgánico Tributario. No obstante, la Sala Político-Administrativa en reciente fallo señala que, en el proceso tributario en materia de condenatoria en costas gobierna un sistema mixto, por cuanto coexisten tanto el sistema objetivo como el sistema subjetivo. En efecto, sostiene actualmente el M.T.:

De la normativa precedentemente transcrita, se observa que el legislador tributario acogió respecto de las costas procesales un sistema mixto, que da cabida tanto al denominado sistema objetivo admitido en forma general por nuestra regulación adjetiva y que prescribe la condenatoria inexorable de la parte vencida en juicio, como al sistema subjetivo de costas, en el cual contrariamente al anterior, se permite al juzgador eximir del pago de las costas procesales a la parte perdidosa, cuando le asistan motivos suficientes y racionales para litigar o sostener un juicio.

Asimismo, dispone la norma supra citada que la condenatoria en costas procede cuando haya sido declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso tributario, vale decir, cuando se produjere el vencimiento total del recurrente al ser declarado sin lugar su recurso contencioso. De igual manera, cuando la parte que resultare totalmente vencida en juicio fuese la Administración Tributaria, procederá su condenatoria en costas por sentencia definitivamente firme.

A mayor abundamiento, resulta oportuno acotar que desde la promulgación del primer Código Orgánico Tributario en 1982, hasta el vigente de 2001, se ha mantenido la norma que establece la condenatoria en costas a la Administración Tributaria, siendo del mismo tenor a la contenida en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, esto es, de carácter imperativo en el primero, ‘Declarado totalmente sin lugar el Recurso, (...) o cuando, a su vez, el sujeto activo del respectivo tributo resulte totalmente vencido (...) procederá en la respectiva sentencia la condenatoria en costas…’, y en el segundo, ‘A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso (...) se la condenará al pago de las costas…’. Ambas expresiones constituyen una orden cuyo destinatario es el Juez y, por tanto la condenatoria debe ser objeto de expreso pronunciamiento en la sentencia. Esta declaratoria no está sometida a la solicitud de la parte, porque verificado el vencimiento total, el Juez estaría en la obligación de condenar a la parte vencida al pago de las costas respectivas.

El supuesto necesario para que la sentencia declare la condenatoria en costas es el vencimiento total de la parte. En el caso de autos, el a quo estimó el vencimiento total de la Administración Tributaria al declarar totalmente con lugar el recurso contencioso tributario, y en tal virtud la condenó en costas

(Sentencia N° 1290 de la Sala Político-Administrativa de fecha 18 de mayo de 2006, con ponencia del magistrado Emiro García Rosas, caso: Orinoco de Navegación Orinveca, C.A., Exp. N° 2001-0483).

En el caso sub examine se observa, que fue vencida totalmente la contribuyente LUNCHERIA Y HELADERIA LA BRIOCHE, S.R.L, razón por la cual este Tribunal, acogiéndose al criterio reiterado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, condena en costas procesales a la mencionada contribuyente. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente LUNCHERIA Y HELADERIA LA BRIOCHE, S.R.L. En consecuencia:

1. Se CONFIRMA la Planilla de Liquidación N° 01-1-2-47-000058, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.518.000,00) por concepto de multa en materia de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.

2. Se condena en costas procesales a la contribuyente LUNCHERIA Y HELADERIA LA BRIOCHE, S.R.L., por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la deuda tributaria.

Publíquese, regístrese y notifíquese la presente sentencia a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma, con fundamento en lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario, notifíquese al Fiscal General de la República y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente LUNCHERIA Y HELADERIA LA BRIOCHE, S.R.L.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro M.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

El Juez Temporal,

J.L.G.R.

La Secretaria Temporal

Y.M.B.A.

En el día de despacho de hoy nueve (09) días del mes de mayo de dos mil doce (2012), siendo las doce y quince minutos de la mañana (12:15p.m.), se publicó la anterior sentencia.

La Secretaria Suplente,

Y.M.B.A.

Asunto Nuevo: AP41-U-2006-000045

JLGR/YMBA/RIJS.