Decisión nº 059-09 de Corte Superior Sección Adolescentes de Zulia, de 12 de Agosto de 2009

Arguye que los apelantes presentaron como motivo del recurso, que el Juzgador no procedió al internamiento del sancionado, a un centro penitenciario para adultos pero separados de éstos, además señala que “si bien es cierto que mi defendido ya ha cumplido la mayoría de edad; y que el mismo según infórmenes (sic) evolutivos no son los mas adecuados para la convivencia en el Centro de Formación (sic)”.

Continúa en su contestación, transcribiendo el literal “e” del artículo 608 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, alegando al respecto, que en el caso en análisis, sólo se realizó una audiencia, en la cual el Juez de Ejecución decidió mantener al sancionado en el centro de internamiento de adolescentes, por estimar que la sanción a cumplir era relativamente corta.

Igualmente la defensa trascribe, un extracto del artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, indicando sobre ello, que es potestativo del juez decidir sobre la permanencia del adolescente en el centro. También refiere, la Sentencia N° 2339, dictada en fecha 01-08-05, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual versa sobre las solicitudes presentadas a los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Concluye en este motivo, aduciendo que el escrito de apelación se encuentra infundado en cuanto a su pretensión, por exigirle al tribunal de Ejecución, el traslado del sancionado a un centro para adultos.

Expresa que a tenor de lo preceptuado en el artículo 2 de la Carta Magna, se propugna como valores superiores, la vida, libertad, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, ética, pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos, siendo la garantía y respeto de los mismos, obligación irrenunciable de todo los órganos que integran el Poder Público. Por lo cual, estima que el diseño establecido en la Constitución de la República, debe ser el punto de partida de la humanización de la justicia.

PETITORIO: Finalmente, solicita que se declare inadmisible el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, y en base a dicha norma legal, peticiona además que se declare “SIN LUGAR” el recurso, se “CONFIRME” la decisión y se “mantenga” al sancionado en el Centro de Formación Integral “Cañada I”.

3. DE LA DECISIÓN RECURRIDA

   La decisión accionada corresponde a la dictada en fecha 03-07-09, por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, mediante la cual, en acto oral decidió:

   - Imponer al sancionado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 09-06-09, relativa a la imposición del cómputo de la sanción de privación de libertad decretada al mencionado joven, por el lapso de tres (03) años y cuatro (04) meses, en la causa seguida por la comisión de los delitos de Robo Agravado cometido por medio de Amenazas a la vida, en calidad de coautor, previsto en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con el artículo 83 ejusdem y Actos Lascivos Violentos, previsto en el artículo 376 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Á.E.d.A. y M.A.; descontándose el tiempo de cinco (05) meses y cinco (05) días que estuvo privado de libertad, faltándole por cumplir dos (02) años y once (11) días, estableciendo como fecha cierta de culminación de la misma, el día 05-05-2012.

   - Ordenar su traslado desde el Centro de Formación Integral “Sabaneta” a la Casa de Formación Integral “Cañada I”.

   - Declarar sin lugar de la solicitud interpuesta por la Representación Fiscal del Ministerio Público, sobre el ingreso del sancionado a la Cárcel Nacional de Maracaibo, por considerar el a quo, que la sanción impuesta es relativamente corta, además de hacerse necesario que sea abordado el sancionado inicialmente a los fines de la elaboración de su plan individual.

4. PUNTO PREVIO

   Respecto al argumento de inadmisibilidad, resaltado por la defensa en el primer aparte de su escrito de contestación al recurso de apelación interpuesto, considera esta Sala reiterar, que al momento de decretarse la admisibilidad del presente recurso, en fecha veintiocho (28) de julio de 2009, según resolución N° 055-09, se dejó claramente establecido, que no le asiste la razón en el argumento de inadmisibilidad alegado, por cuanto conforme a los principios generales referidos a la impugnabilidad objetiva, que obliga a este Superior Tribunal a entrar a conocer de las decisiones recurribles, la sentencia impugnada está referida a “los fallos que decidan alguna incidencia en fase de ejecución, que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta. Por lo que esta Sala observa, que si bien la decisión apelada impuso al sancionado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 09-06-09, relativa a la imposición del cómputo de la sanción de privación de libertad; así como su reclusión en la Casa de Formación Integral “Cañada I”; es un fallo emanado de un Tribunal de Ejecución, que por su importancia fue debatido en acto oral, cuyo contradictorio conlleva la modificación o sustitución de la sanción”.

   Por lo que, aclarado este aspecto, entra esta Sala a dar decisión expresa, positiva y precisa respecto a los puntos de la decisión que han sido impugnados. ASÍ SE DECLARA.

5. MOTIVACIÓN DE LA SALA PARA DECIDIR

   Analizados como han sido los fundamentos de derecho explanados por la parte accionante en su escrito de apelación, así como los argumentos de la contraparte, contenidos en el escrito de contestación al recurso ejercido, y la decisión apelada, esta Corte Superior pasa a resolver sobre el fondo del recurso propuesto, de la siguiente forma:

   Los recurrentes esgrimen como aspecto fundamental de su recurso, la violación del precepto normativo del artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al no haberse aplicado al sancionado la regla general de traslado a una institución de adultos cuando, durante su internamiento, cumple la mayoridad tal y como dicha norma lo establece. Aunado a ese aspecto de violación de ley, argumentan la incongruencia en la motivación del fallo apelado por ser contraria a las reglas de excepcionalidad que dicha norma determina. Ante lo cual, esta Sala considera necesario realizar un resumen de las actuaciones que rielan a los autos, a objeto de determinar aquellos aspectos de hecho valorados por la recurrida en su decisión y a los fines de sustentar el razonamiento que el dispositivo del presente fallo contiene.

   1. - En ese sentido, esta Sala verifica de los autos que, en fecha ocho (08) de mayo de 2009, en el acto de audiencia preliminar, el joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) se acogió al procedimiento de admisión de los hechos a que se contrae el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y mediante sentencia N° 017-09, dictada por el Juzgado Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, publicada en fecha trece (13) de mayo de 2009 fue condenado como co autor en la comisión de los delitos de Robo Agravado cometido por medio de Amenazas a la vida, previsto en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con el artículo 83 ejusdem y Actos Lascivos Violentos, previsto en el artículo 376 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Á.E.d.A. y M.A.. Imponiéndose como condena la sanción de Privación de Libertad prevista, en el artículo 628.a de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por un plazo de cumplimiento de TRES AÑOS Y CUATRO MESES, manteniéndose detenido en el Centro de Formación Integral Sabaneta, lugar de cumplimiento de medidas privativas de libertad con carácter preventivo, hasta tanto el juez de ejecución determinara el lugar de cumplimiento de la sanción definitiva aplicada.

   2. - Riela al folio 110 de la causa principal, copia certificada del acta de nacimiento del joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), emanada de la Jefatura Civil de la Parroquia General M.M., en la que se expresa que el sancionado nació el día dieciséis (16) de marzo de 1991, es decir, que para la fecha de la recurrida (03-07-2009) su edad superaba los dieciocho años de edad.

   3. - No obstante haber sido procesado en detención, y que la misma se cumplió en el Centro de Formación Integral Sabaneta, no se verifica de los autos informe alguno que recoja el abordaje del equipo multidisciplinario adscrito a dicho centro de detenciones preventivas, referido al encausado. Ello se resalta en esta oportunidad, en virtud de que, tal y como se desprende del cómputo de la sanción realizado, el joven adulto estuvo detenido preventivamente en dicho centro especializado para adolescentes procesados, por espacio de cinco meses y cinco días, desde el día cuatro (04) de enero de 2009, hasta el día nueve de junio de 2009, fecha de la resolución de cómputo N° 139-2009 dictada por el Juez de Ejecución.

   4. - Luego, se verifica que al momento de asumir la causa, el tribunal de ejecución, en fecha nueve (09) de junio de 2009, bajo resolución N° 139-09, que antes se ha hecho referencia, procede a dictar pronunciamiento sobre el tiempo de cumplimiento de la sanción, estableciendo que la misma debe ser cumplida hasta el día cinco (05) de mayo de 2012, así como otros pronunciamientos entre los cuales se estableció como sitio de reclusión la Casa de Formación Integral Cañada I, en la ciudad de Maracaibo, centro de detención para cumplimiento de sanciones impuestas a adolescentes. A la vez, se ordenó notificar a las partes de la resolución dictada; empero se verifica de las boletas expedidas que el contenido de la notificación sólo enuncia un emplazamiento para el acto oral de notificación del cómputo pautado en dicha resolución.

   5. - En fecha dieciocho (18) de junio de 2009, se dejó constancia del diferimiento del acto oral pautado, y en fecha tres (03) de julio de 2009, se celebró el acto oral de imposición de cómputo, en el cual el Ministerio Público se opuso a la asignación como sitio de reclusión para cumplir la sanción del centro de internamiento de adolescentes, Casa de Formación Integral “Cañada I”, ante lo cual, luego de oír a las partes, el tribunal de ejecución ratificó como lugar de reclusión, el señalado sitio de internamiento para adolescentes, de lo cual la representación fiscal recurre.

   Es así como este Tribunal de Alzada verifica que, en fecha nueve (09) de junio de 2009, mediante resolución N° 139-2009, el Tribunal ad quo resolvió que, una vez impuesto del cómputo, el joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) debería ser trasladado desde el Centro de Formación Integral Sabaneta, “a la institución donde deben permanecer los sancionados, vale decir, CASA DE FORMACIÓN INTEGRAL CAÑADA I” sin ningún tipo de razonamiento que acompañe a dicha resolución. Sin embargo, la recurrida, contenida en el acta levantada en fecha tres (03) de julio de 2009, y de cuyo contenido se impusieron las partes el día de la celebración de la audiencia, una vez oídas éstas en el acto oral de cómputo, dentro del cual el Ministerio Público solicitó que el sitio de reclusión fuese el centro de internamiento para adultos, conforme a lo que determina el artículo 641 de la ley especial, a los fines de resguardar el derecho de los adolescentes sancionados a estar separado de los adultos, precisa como fundamento lo siguiente:

   Vista la solicitud hecha por el Representante del Ministerio Publico (sic), este Tribunal en Funciones de Ejecución, Sección Adolescente (s) Extensión Cabimas DECLARA SIN LUGAR la solicitud de Ingreso a La Cárcel Nacional de Maracaibo, realizada por el Ministerio Publico (sic), por cuanto si bien es cierto que en actas consta su mayoría de edad no es menos cierto que se trata de una sanción relativamente corta, y se hace necesario que sea abordado inicialmente a los fines de la elaboración de su Plan Individual, y en base a ello se acuerda que el centro de reclusión para el cumplimiento de la sanción sea el Centro de Formación Integral Cañada I

   .

   Con base a ese razonamiento, el Tribunal de Ejecución de la Sección de Adolescentes, extensión Cabimas, perteneciente a este Circuito Judicial Penal, niega el pedimento fiscal y asigna como lugar de reclusión el centro de cumplimiento de sanciones de adolescentes denominado Centro de Formación Integral Cañada I, en esta ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, ordenándose en esa misma oportunidad su ingreso conforme la decisión adoptada en el acto oral celebrado.

   Realizado este resumen, que recoge las actuaciones que constan en la causa, así como lo esgrimido por la recurrida como fundamento de lo decidido, que previamente ha quedado transcrito, así como aquellas actuaciones procesales que se han resaltado en el cuerpo de la presente decisión, entre lo que se determina la mayoridad del sancionado, se precisa que en el caso de autos, el Ministerio Público ataca el fallo de la instancia, sobre la base de afirmar que se ha vulnerado la regla general que consagra el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que según su afirmación, con lo decidido además se vulnera la garantía de separación de los adolescentes, que viola el tribunal de instancia con la recurrida.

   En cuanto a la garantía que dicha norma establece, es menester señalar que la esencia de su previsión dentro del procedimiento penal juvenil, deviene de la aplicación del Interés Superior del Adolescente a que se contrae el artículo 8 de la Ley Especial, a los fines de resolver un conflicto, generado entre los adolescentes que se encuentran sometidos a un régimen de internamiento y aquellos sujetos procesados y/o sancionados que alcanzaron la mayoridad en el curso o desarrollo de su causa penal; y la regla conforme a la cual ha de resolverse el caso concreto frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, conforme lo que dispone el parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual textualmente dispone:

   Artículo 8°. Interés Superior del Niño, Niña y Adolescentes. El Interés Superior del Niño, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

   Parágrafo Primero: Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta se debe apreciar:

   (Omissis)

   Parágrafo Segundo: En aplicación del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. (Subrayado nuestro).

   En ese mismo sentido, vale acotar que la doctrina especializada, en el caso que nos ocupa, referido a ese incidente que el ministerio público planteó ante el tribunal de ejecución, como fundamento de su petición de traslado del joven adulto a otro centro de reclusión, distinto al Centro de Adolescentes sancionados, con la finalidad de preservar la garantía de separación de adultos de aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal allí recluidos, nos enseña el siguiente criterio:

   (Omissis)

   El efecto esencial del alcance de la mayoridad es que una persona deja de ser adolescente para transformarse en un adulto. Efectivamente, esto es lo que se desprende del artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA): Artículo 2°.- Definición de Niño y de Adolescente: Se entiende por niño toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad (destacado nuestro). La letra de la Ley es clara y no cabe otra interpretación: al cumplir dieciocho años el adolescente pierde su condición de tal y pasa a ser un adulto, joven adulto, pero adulto al fin.

   (Omissis)

   La separación entre adolescentes y adultos en conflicto con la ley penal es un mandato imperativo de la LOPNA, que recoge las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Venezuela, y por ende, leyes de la república. De hecho, tanto la Convención Americana sobre derechos Humanos como el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyen dicha separación entre las garantías del derecho a un trato humanitario y digno.

   (Omissis)

   Dicho traslado debe darse, precisamente para proteger el derecho de los demás adolescentes, que aún no cumplieron 18 años, de estar separados de aquel que fuera adolescente, pero que acaba de entrar a la mayoría de edad. Los jueces de control, juicio y ejecución, según la fase procesal en la que se encuentra el joven, son competentes y deben garantizar este derecho, el cual violarían, si no ordenan el traslado.

   (Omissis)

   Pero no hay dudas, el mandato, es imperativo, pues la Ley no dice que el joven mayor de edad “podrá” ser trasladado a una institución de adultos, sino que “deberá” ser trasladado, aún cuando contemple la posibilidad de que excepcionalmente el Juez pueda autorizar su permanencia en el establecimiento para adolescentes hasta los veintiún años. Entonces, entiéndase bien, la regla es el traslado y la permanencia la excepción. El traslado opera de pleno derecho, es ordenado de oficio por el Juez o por solicitud del Ministerio Público” (Morais María. VII Jornadas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Caracas. UCAB. 2006. pp. 289, 290, 291 y 293). (Resaltado nuestro)

   Entonces, valorando la prueba traída a los autos por los recurrentes, referida al fallo dictado por esta Superioridad en fecha diez (10) de junio de 2009, bajo el No. 050-09, así como lo que ha sido criterio antes establecido reiteradamente por este Tribunal Superior, en fecha 02.08.2002, en la causa, N° 1Aa-097-02, es oportuno precisar que las Reglas de Beijing establecen como un principio fundamental, que la privación de libertad existe como ultima ratio, y que cuando la misma deba ser aplicada, se garantice que los adolescentes en conflicto con la ley penal se mantengan separados de los adultos procesados o penados. Es así como, conforme a la Regla No. 13.4 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, referida ésta al cumplimiento de medidas preventivas de privación de libertad, cuyo principio también es aplicable al cumplimiento de las medidas sancionatorias privativas de libertad, esta Sala concibe que tales principios y garantías deben ser efectivizados no sólo para aquellos casos donde ya existe una sanción aplicada; sino también para los parámetros de reclusión de los procesados, en el entendido que el órgano jurisdiccional ha de preservar esa garantía de separación de los adolescentes, de los adultos procesados, sin distinguir si esos adultos se encuentran siendo juzgados por hechos cometidos cuando aún no habían alcanzado la mayoría de edad, por cuanto, tal distinción no está contemplada en dichos principios. Tal razonamiento lógico descansa en una circunstancia fáctica e inexorable, a saber, alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades evolutivas, que la ley presume a partir de esa mayoridad. De otra parte, tal regla comporta excepciones, claro está; pero dichas excepciones se encuentran regladas en la norma interna y especial, que en caso de pretender su aplicación, deben ser debatidas en forma tal como se determinará más adelante.

   En efecto, el procedimiento penal de responsabilidad del adolescente, establece un tratamiento diferenciado para ese grupo etário en el cual transita el sancionado de autos, a los fines de determinar las subsiguientes consecuencias, al cumplimiento de su mayoría de edad en el momento que es sancionado y su causa pasa al conocimiento del juez de ejecución, oportunidad en la cual debe dilucidar los términos y condiciones para el cumplimiento de la sanción privativa de libertad. En tal virtud, es necesario precisar en el caso en estudio que el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, norma denunciada como vulnerada por la recurrida, establece lo siguiente:

   Artículo 641. Internamiento de Adolescentes que cumplan Dieciocho Años. Si el adolescente cumple dieciocho años durante su internamiento, será trasladado a una institución de adultos, de los cuales estará siempre físicamente separado. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar su permanencia en la institución de internamiento para adolescentes, hasta los veintiún años, tomando en cuenta las recomendaciones del equipo técnico del establecimiento, así como el tipo de infracción cometida y las circunstancias del hecho y del autor

   (Subrayado de la Sala).

   En ese sentido, vale la pena destacar que el principio general a que se contrae la norma antes citada, está referido a la garantía de separación de adultos, prevista en el artículo 549 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya finalidad persigue el deber de mantener físicamente separados de los adultos, a aquellos jóvenes que cumplen la mayoría de edad, bien cuando se hallen bajo una medida de prisión preventiva, o bien cuando se encuentren cumpliendo una sanción privativa de libertad, impuestas por un Tribunal de Control o de Juicio de la Sección de Adolescentes, como una de las Garantías Fundamentales establecidas en la Sección Tercera del Capitulo I (Disposiciones Generales), del Título V de la ley especial, titulo referido al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Ello como regla general, que a su vez consagra -de forma excepcional- la posibilidad de autorizar o mantener en la institución de internamiento para adolescentes y hasta los 21 años, a aquellos jóvenes que alcanzan su mayoría de edad, tomando en cuenta determinadas circunstancias que la misma norma estipula y que como veremos de seguidas, no fueron razonablemente valoradas por el ad quo.

   Sobre ello, la doctrina acota que:

   En lo referente al trato humanitario y digno, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, después de decir expresamente que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, formulan garantías concretas a este derecho, las cuales se refieren a la detención preventiva (los procesados estarán separados de los condenados y recibirán trato distinto, adecuado a su condición de persona no condenadas) a la finalidad del Régimen Penitenciario (que será la rehabilitación del penado) y sobre la detención de menores de edad. Al respecto afirma el Pacto:

   10.3. “Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”.

   En el mismo sentido se pronuncia la Convención Americana de Derechos Humanos:

   5. “Cuando los menores puedan ser procesados deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.

   Es así como, la separación de los adolescentes de los adultos y la finalidad resocializadora de la sanción, forman parte del contenido del derecho a un trato humanitario y digno. Dichas garantías, se encuentran establecidas respectivamente en los artículos 549, 631 d), 641, 621 y 629 de la LOPNA.

   La ley es enfática y hasta repetitiva en cuanto a la exigencia de la separación de los adolescentes y adultos condenados. En efecto, entre las garantías fundamentales de los adolescentes sometidos al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente se encuentra la establecida en el

   Artículo 549. Separación de Adultos: Los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad.

   Las oficinas de la policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del Fiscal del Ministerio Público para su presentación al juez, debiendo remitirlos cuanto antes a los centros especializados.

   Tanto la prisión preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en establecimientos adscritos al sistema previsto en esta Ley.

   En el mismo sentido se expresa el artículo 631 literal d) cuando incluye entre los derechos del adolescente sometido a la medida de privación de libertad el que “se mantenga, en cualquier caso separado de los adultos condenados por la legislación penal”

   Es precisamente para garantizar este derecho que el artículo 641 ordena el traslado del adolescente que cumpla 18 años a una institución de adultos. Este traslado se realiza para proteger el derecho de los demás adolescentes, que aún no cumplieron 18 años, de estar separados de aquél que fuera adolescente, pero que acaba de cumplir la mayoría de edad. El artículo 641 es claro cuando dice (…omissis…)

   (Morais, M.I. Jornadas sobre la LOPNA. Caracas. Universidad Católica A.B.. 2003. p.p: 194 y 195).

   Visto lo anterior, esta Sala advierte, que según lo dispuesto en los artículos previamente transcritos, y reiterando el criterio que esta Superioridad ha acogido conforme a la doctrina y jurisprudencia patrias, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece como competencia del Juez Ejecutor, velar por el respeto de los derechos de los adolescentes durante el cumplimiento de una sanción, de modo que las medidas preventivas y sanciones definitivas no sólo estén acordes con los límites fijados en las sentencias respectivas, sino con las pautas para su determinación, conforme el artículo 622 parágrafo primero eiusdem, además de velar porque se decrete la cesación de las medidas luego de su cumplimiento y, en el caso de las privativas de libertad, ordenar la libertad; procurando que las sanciones aplicadas se mantengan en consonancia con los objetivos previstos en dicha Ley y las garantías que ella consagra.

   Por lo que, ante el vicio de violación de ley alegado por la parte recurrente, esta Sala precisa que, en efecto, al momento de establecer el juez de ejecución, que a pesar de la mayoridad del sancionado evidenciada en actas, ordenaba su reclusión en el centro de internamiento para adolescentes, resolvió contra legem, al apartarse de aquellas razones o circunstancias que, por vía de excepción, autorizan ese internamiento a un joven adulto en el centro de internamiento de adolescentes, a saber, las recomendaciones del equipo técnico del establecimiento del cual provenía, los tipos de infracción cometidas y las circunstancias del hecho y del autor. Ninguno de estos aspectos que la ley expresamente establece, como circunstancias a ser consideradas y debatidas entre las partes, para luego ser analizadas y subsiguientemente razonadas por el juzgador, fueron estimadas como fundamento de lo decidido. Todo lo contrario, el tribunal ad quo se apartó de tales regulaciones legales para resolver un internamiento contrario a lo que determina la norma que el ministerio público le invocó en el acto oral.

   Esta Sala determina que, al haber prescindido de las circunstancias que constituyen la excepción que la ley precisa en el mencionado artículo 641, la recurrida infringió la correcta aplicación de la norma, y los principios y garantías que su contenido preserva como fin último, a saber, esa garantía de separación de los adolescentes que en dichos centros de reclusión se encuentran, de los adultos igualmente sancionados por hechos que cometieron antes de alcanzar esa mayoridad. Y es que, de haber tomado en cuenta el ad quo, esos elementos que autorizan la excepcionalidad de permanencia, lo decidido hubiese desembocado en una resolución absolutamente distinta. Ello es así por cuanto, no se precisa en los autos que exista un informe o recomendaciones del equipo técnico del establecimiento en el cual se encontraba detenido el sancionado, mientras estuvo procesado, no obstante ser un centro de detenciones de adolescentes, por una parte; y por la otra, no se consideró el hecho cometido, con el cual se vulneraron varios bienes jurídicos, con los tipos de ilícitos cometidos, las circunstancias de hecho admitidas por el sancionado, contenidas en la acusación fiscal, y además, las circunstancias del autor. En este último caso, lo único valorado fue su mayoridad; pero antes de obedecer la norma y la regla general que expresamente ordena su asignación a un centro de reclusión distinto al de los adolescentes; se aparta de todos estos parámetros que la ley prevé, incurriendo entonces en esa errónea aplicación respecto a la excepcionalidad reglada por la propia norma.

   Luego, lo decidido atiende a unas circunstancias que la parte recurrente alega como fundamentos ilógicos para resaltar también el vicio de incongruencia contenido en la recurrida y que la parte apelante denuncia; dado que establecer que se trata de “una sanción relativamente corta” y la “necesidad de un abordaje inicial para la elaboración de su Plan Individual” no constituyen aspectos excluyentes de la regla general aplicable a los sujetos que alcanzan la mayoridad durante el cumplimiento de su sanción.

   En ese sentido, debe esta Sala de Alzada afirmar, que le asiste la razón al Ministerio Público, cuando precisa el vicio de incongruencia, por cuanto, se aprecia como un razonamiento subjetivo por parte del ad quo, considerar como una “sanción relativamente corta”, el cumplimiento de dos (02) años y once (11) días de privación de libertad; puesto que ese parámetro individualmente considerado escapa de la objetividad que la ley determina, con mayor firmeza en la fase de ejecución, y mas aún en la aplicación de la sanción privativa de libertad, en la que la ausencia de creatividad constituye una garantía para el justiciable, ya que el legislador no dejó nada a la imaginación del intérprete para su cumplimiento. De otro lado, cuando la resolución apelada establece “la necesidad de un abordaje inicial para la elaboración de su Plan Individual”, se está basando en un aspecto que no va a ser obviado en el centro de reclusión de adultos, toda vez que en la Cárcel Nacional de Maracaibo, que es la que existe en el Estado Zulia, los jóvenes adultos sancionados, internados en el área especialmente dispuesta para ellos, separados físicamente de los adultos, también cuentan con el abordaje del equipo multidisciplinario adscrito a dicho centro penitenciario, para disponer su Plan Individual que estudie los factores y carencias que incidieron en su conducta reprochable, estableciendo metas concretas, estrategias idóneas y lapsos de cumplimiento, a tenor de lo establecido en el artículo 633 de la ley especial. Ello es así, por cuanto en el centro de internamiento de adultos, existe un equipo multidisciplinario que cumple con iguales funciones en la ejecución de la sanción privativa de libertad aunado al hecho que el Juez de Ejecución de Adolescentes debe velar por su cabal cumplimiento.

   Por lo que, le asiste la razón a la representación fiscal apelante cuando esgrime como uno de sus argumentos recursivos que resulta incoherente el fundamento de la decisión de la instancia para obviar el cumplimiento de lo que la regla general contenida en el artículo 641 de la ley especial consagra. ASÍ SE DECIDE.

   En el caso de autos, la Sala verifica que al recibir la causa y asignar como centro de internamiento a un joven adulto, aquél destinado para adolescentes, la Instancia lo hace apartándose de aquellos aspectos que la ley determina, y razonando su decisión en otros hechos apreciados en forma subjetiva y deslindados del deber ser. Al momento de valorar el centro de internamiento que corresponde al sancionado, en virtud de la mayoría de edad que posee, la instancia no toma en cuenta en su decisión, esos aspectos que la propia norma establece, como circunstancias que obligatoriamente deben ser requeridas para aplicar la excepción, a saber, las recomendaciones del equipo técnico del establecimiento de detenciones preventivas de adolescentes del cual proviene, que en el caso de autos no fueron solicitadas por el tribunal, ni alegadas por la defensa, ni constan en autos; pero que además, tampoco toma en cuenta el tipo de infracción cometida y las circunstancias del hecho y del autor, salvo su mayoridad, aspectos estos que la norma establece como de necesaria apreciación, a objeto de inclinarse el juez en su decisión por la aplicación de una excepción que a todas luces resulta -en el caso de autos-, absolutamente errada y apartada de la regla de separación que la propia norma especial determina.

   Entonces, esta Corte Superior insiste en que, de haberse sujetado el Juez a los aspectos que la ley ordena, a fin de precisar si en el caso de autos procedía aplicar o no la excepción que contienen la norma del artículo 641, lo decidido hubiera sido determinado no por la aplicación de la excepcionalidad decidida; sino por la procedencia de la regla general que dicha norma dispone, a saber, el traslado del joven adulto a un centro distinto al establecimiento de adolescentes, preservando en todo caso la separación del joven adulto del resto de la población penitenciaria penada por la jurisdicción ordinaria. ASÍ SE DECLARA.

   Es por ello que, a juicio de esta Alzada, resulta acertada la fundamentación de los apelantes, cuando afirman que lejos de constituir una medida positiva, la de mantener al sancionado en el lugar de internamiento de los adolescentes, la misma no sólo es contraria a la aplicación de la ley respecto al sancionado, sino además violatoria de los derechos de los adolescentes, que se encuentran cumpliendo su sanción en el Centro de Formación diseñado para adolescentes, toda vez que, las circunstancias que autorizarían al sancionado dentro del centro de reclusión de adolescentes, no se cumplen en el caso concreto.

   Al haber sido valorado por el Juez de Ejecución, la mayoridad del joven adulto, al momento de realizar el cómputo de la sanción y resolver la asignación del sitio de cumplimiento de la medida privativa de libertad; a la par debió evidenciar que frente a esa circunstancia de mayoridad del sancionado; los argumentos alegados en el incidente planteado por la representación fiscal, respecto a la improcedencia de la asignación del sitio de reclusión para adolescentes, así como aquellos elementos que la norma establece en caso de haber razonado la pretendida aplicabilidad de la excepción que la norma contempla, a saber la recomendación del equipo multidisciplinario, (inexistente en actas), el tipo de infracción cometida (varios hechos punibles), las circunstancias de los distintos hechos por los cuales fue acusado y juzgado y las circunstancias del autor (mayor de 18 años), a objeto de acoger la regla general, o apartarse de la misma, obligaban al juez de ejecución a asignar como sitio de cumplimiento de la sanción privativa de libertad, una institución de adultos, físicamente separado de la población adulta, al joven sancionado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Así se Declara.

   Con todo este análisis, tenemos que, la denuncia de la parte recurrente en efecto se encuentra ajustada a derecho, al estimar quienes aquí deciden que la aplicación de la excepción a la regla general, contenidas en el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, resulta contraria a la correcta interpretación y aplicación de la norma. Y es que tal forma de interpretar y aplicar la norma citada, constituye una vulneración de la tutela judicial efectiva, como garantía del debido proceso, no sólo a quien recurre, por cuanto la instancia yerra en las razones por las que se aparta de la regla de traslado al cumplir la mayoridad el sancionado, pedida en el acto oral por la Vindicta Pública; amén de que tampoco cumple con el deber de asumir una discrecionalidad reglada en la propia norma, al considerar desacertadamente y con una motivación errática, que era viable aplicar la excepción. Aunado a que, al realizar el análisis que la norma exige, el resultado atendía la procedencia de la regla de traslado a la institución de adultos que allí se consagra dado que el tiempo de la sanción y la elaboración de un Plan Individual no son aspectos que justifiquen soslayar la asignación del sitio de reclusión de adultos en el caso concreto. Así se Declara.

   Ahora bien, si lo comprobado en autos está referido a que el joven sancionado posee la mayoría de edad al momento de ser sancionado, tal y como lo contempla la instancia en el fallo apelado; las razones por las que el juzgador ordenó asignarle el sitio de reclusión especializado para adolescentes, no obstante su mayoridad, aparecen impropias ya que el tiempo de cumplimiento de la sanción y el abordaje terapéutico también deben ser acatados con las mismas garantías en el centro de internamiento de adultos, siendo que además es deber de la instancia, en su decisiones, preservar la garantía de separación a que se contrae el artículo 549 de la ley especial, norma que a la vez se ha soslayado con la recurrida.

   En ese sentido, esta Sala reitera el criterio que antes se ha precisado, respecto al cumplimiento de las sanciones en el proceso penal juvenil, de la siguiente manera:

   (Omissis)

   Asumir esa premisa improcedente e ilógica en el caso de autos, equivale a establecer que el desarrollo del Plan Individual, sus estrategias, sería limitado en el centro de internamiento para adultos, toda vez que en dicho Centro Penitenciario, el Estado también se encuentra en la obligación de realizar esa atención pericial, científica, a través del equipo técnico, que en el centro de internamiento realiza sus funciones y donde además, el Juez de Ejecución también está facultado para controlar y vigilar su pleno desarrollo.

   (OMissis)

   Esta Corte Superior disiente de la opinión de la defensa de autos, cuando advierte que es potestativo del juez de ejecución establecer el centro de internamiento del joven adulto sancionado, en el sentido que dicha facultad no puede apartarse del razonamiento lógico necesario, para estimar dicho pronunciamiento como ajustado a derecho, ya que la función jurisdiccional no puede prescindir o aparecer desvinculada de una debida motivación (fallo de esta Sala de fecha 10.06.2009, causa 1Aa-366-09).

   Cónsono con el criterio que de manera unánime esta Sala de Alzada se ha formado, sustentado en aspectos jurisprudenciales y doctrinales que razonadamente son adoptados para resolver este punto de apelación, se resalta el siguiente criterio doctrinal que recoge lo que en esencia ha de ser valorado al momento de ponderar la aplicación de los principios y garantías que informan el proceso penal juvenil

   La solución ideal para los conflictos que genera la reubicación del joven que alcanza la mayoridad sería que el Ministerio del Interior y Justicia cumpliera lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Régimen Penitenciario, que reza:

   Los penados cuya edad esté comprendida entre los dieciocho y veintiún años, así como los primarios menores de veinticinco años, cuyo diagnostico criminológico así lo aconseje serán destinados a establecimientos especiales para jóvenes.

   Mientras se organizan y se crean dichos establecimientos los jóvenes serán alojados en pabellones o secciones independientes en los establecimientos para adultos

   La primera parte de la norma prevé la creación de establecimientos de cumplimiento de pena para los jóvenes, que se supone serían construidos y funcionarían de acuerdo a los requerimientos y características de una población específica, que exige una intervención intensiva y técnica. La segunda parte específica del artículo viene al encuentro de lo establecido en al LOPNA, en el sentido de garantizar que el joven trasladado debe estar separado de la población penal.

   Es conveniente llamar la atención para el hecho de que no se trata sólo de garantizar los “espacios” para que los jóvenes adultos estén separados, no estamos hablando de ciudadanos depositados en un establecimiento penal. Se trata de garantizar la posibilidad de que los jóvenes trasladados puedan recibir asistencia, atención y realizar también separados las actividades necesarias para dar cumplimiento a su plan individual, a fin de que, a la brevedad posible, el juez de ejecución pueda sustituirle la medida y acortar así su permanencia en la cárcel de adultos.

   Obsérvese, finalmente que el traslado del joven adulto o implica su migración plena hacia el sistema penal de adultos, sino que continua perteneciendo al Sistema penal de Responsabilidad de Adolescente, por cuanto es el juez de ejecución especializado quien sigue teniendo la competencia par ejercer el control del cumplimiento de su sanción, aplicándole las disposiciones contenidas en la LOPNA para la fase de ejecución” (MORAIS, M.G.. Efectos de la Mayoridad en la Ubicación Física de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. VII Jornadas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, UCAB 2006, pág. 296 y 297). (Subrayado y resaltado nuestro)

   Es así como al ser trasladado a un ambiente, donde interactuará con el grupo etário que realmente le corresponde, esos niveles de integración serán los apropiados para crear condiciones favorables, en el cumplimiento de las estrategias que conforman el plan individual y un abordaje terapéutico.

   De todo lo anterior las integrantes de este Tribunal de Alzada concluyen que le asiste la razón al Ministerio Público en su escrito de apelación por lo que debe ser declarado con lugar, apoyadas además en el criterio jurisprudencial que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha precisado, de la siguiente manera:

   (Omissis)

   También alegó la defensa –hoy accionante- que la Corte de Apelaciones no apreció que el Juez de Ejecución debió ordenar una incidencia previa de conformidad con el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Ahora bien, el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente señala lo siguiente:

   Artículo 641.- Internamiento de adolescentes que cumplan dieciocho años.

   Si el adolescente cumple dieciocho años durante su internamiento, será trasladado a una institución de adultos, de los cuales estará siempre físicamente separado. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar su permanencia en la institución de internamiento para adolescentes, hasta los veintiún años, tomando en cuenta las recomendaciones del equipo técnico del establecimiento, así como el tipo de infracción cometida y las circunstancias del hecho y del autor

   .

   Tomando en cuenta lo previsto en esta norma concluye la Sala que el juez de la causa mal ha podido ordenar la apertura de la incidencia pretendida por el accionante cuando simplemente debía verificar el cumplimiento de los dieciocho (18) años del adolescente para ordenar su traslado” (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fallo de fecha 04-12-03, N° 3397, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta), (el resaltado es nuestro).

   En consecuencia, de haber sido valorada por la recurrida, la mayoridad del joven sancionado, desde el mismo momento que la advirtió, en su resolución No. 139-09, de fecha nueve (09) de junio de 2009, en la que le identifica en su encabezamiento, tal y como se desprende de los folios 204 al 209, evidenciada además en el acto oral, donde los aspectos que razonaron la asignación del centro de cumplimiento de la sanción por parte del ad quo, no se refieren a aquellos que el artículo 641 de la Ley Orgánica precisa, a objeto de hacer viable la excepcionalidad en su asignación al centro de adolescentes, esta Sala juzga que en el caso concreto opera de pleno derecho la regla de traslado a una institución de adultos, por no verificarse los presupuestos legales, que autorizan su asignación en el lugar de internamiento de adolescentes; razón por la que el jurisdicente erró al apartarse de forma desacertada de la regla que dispone su traslado como garantía dentro de un debido proceso, lo cual debe ser corregido por esta Alzada, son estos los motivos por los que resulta desacertado el alegato de la defensa, cuando aduce que el recurso ejercido aparece infundado, toda vez que la correcta interpretación de la norma infringida, constituye una premisa o motivo de apelación, válido para corregir dicha falta. Así se Declara.

   Todos los derechos y garantías que nuestra legislación interna y especializada consagran, no se consideran abandonados cuando el sancionado, en razón de su mayoridad, deba ser trasladado al Centro de Internamiento de Adultos, por no haber sido actualmente creados por el Estado, los centros de internamiento para jóvenes adultos sancionados; todo lo contrario, el Juez de Ejecución de Adolescentes debe velar por su correcta aplicación en aras de una sana y correcta administración de justicia, como antes ya se ha recalcado con apoyo de la doctrina patria mencionada.

   Por lo que al detectar este Tribunal de Alzada, el vicio que afecta el fallo impugnado, y de acuerdo a lo pedido por quienes recurren, en el sentido de subsanar la violación de ley alegada, se evidencia que debe ser revocada la orden de asignar al joven adulto sancionado como sitio de reclusión el centro especializado de adolescentes, aplicando la correcta interpretación de la norma, sobre la base de la regla contenida en el artículo 641 de la ley especial, ello a los fines de garantizar su correcta aplicación como aspecto o consecuencia del cómputo de la sanción contenida en el fallo apelado. Por lo que, esta Sala juzga que le asiste la razón a la Fiscalía recurrente, debiendo asignar como sitio de cumplimiento de la sanción privativa de libertad el centro de internamiento de adultos, donde el joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), deberá estar físicamente separado de la población adulta en una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo 641 de la ley especial.

   Todo lo cual constituye la fórmula procesal idónea, para subsanar la errónea interpretación detectada en la recurrida, restituyendo la tutela judicial efectiva, la garantía del debido proceso, por virtud de la cual las partes tienen derecho a que un fallo sea dictado de forma lógica, coherente y ajustada a la ley, siendo este vicio un defecto reparable con la interpretación que aquí se ha realizado para considerar procedente la aplicación de la regla general a que se contrae el precepto legal tantas veces citado, y con la orden de traslado del joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) a la Cárcel Nacional de Maracaibo, donde deberá permanecer físicamente separado de los adultos, conforme a lo previsto en el artículo 641 de la ley especial, traslado que deberá materializar el Tribunal de Ejecución al recibo de los autos, lo cual resulta cónsono con el fin educativo de las sanciones que persigue la ley. ASI SE DECLARA.

   Como corolario de lo antes expuesto, lo procedente en derecho es declarar Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados M.T.A.R. y D.E.A.V., en su carácter de Fiscala Principal y Fiscal Auxiliar Trigésimo Octavo del Ministerio Público con Competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas, en consecuencia se REVOCA la decisión dictada en fecha 03-07-09, por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, y la resolución No. 139.09, dictada en fecha nueve (09) de junio de 2009, sólo en lo que respecta al sitio de cumplimiento de la sanción asignado; manteniendo la sanción de privación de libertad por el tiempo computado, pero modificando lo que respecta únicamente a la determinación del régimen de internamiento del sitio de reclusión. Y a tal efecto, se ordena que el joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), sea trasladado a la Cárcel Nacional de Maracaibo, en el área asignada para jóvenes adultos, donde deberá permanecer físicamente separado de la población penada por la jurisdicción ordinaria, a la orden del Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, con un abordaje terapéutico que debe ser ejecutado por el Equipo Multidisciplinario destacado en dicho centro de internamiento, valorando el Plan Individual que deberá ser diseñado para su cumplimiento, conforme a lo que determina el artículo 633 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para el caso que no se encuentre ya elaborado, y acatando todas las normas que en materia de cumplimiento de sanciones determina la ley especial, todo ello en cumplimiento de la regla general a que se contrae el artículo 641 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.

   Debe observar esta Alzada que si bien en fecha nueve (09) de junio de 2009, el tribunal de ejecución dictó resolución en la que, entre otros aspectos resolvió el cómputo de la sanción, el tiempo de cumplimiento de la misma, la asignación del sitio de reclusión, y la realización de una audiencia oral para la lectura de dicho cómputo, ordenando igualmente notificar el contenido de dicha resolución a las partes, al momento de librar las respectivas boletas, no cumple con el deber de dar a conocer lo decidido sino que únicamente les emplaza al acto oral pautado. Tal proceder pudiera conducir a situaciones de incertidumbre procesal, toda vez que la orden de notificación que el propio tribunal acuerda, no se materializa íntegramente respecto de aspectos esenciales contenidos en el fallo, no comunicados en la notificación librada. Esa práctica debe ser corregida por la instancia, a los fines de que las partes tengan la certeza procesal para la tramitación del proceso.

   DECISIÓN

   Por los fundamentos expuestos, esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados M.T.A.R. y D.E.A.V., en su carácter de Fiscala Principal y Fiscal Auxiliar Trigésimo Octavo del Ministerio Público con Competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas.

REVOCA la decisión dictada en fecha 03-07-09, por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas. Asimismo, REVOCA el contenido del dispositivo SEXTO de la resolución N° 139 dictada por el Tribunal de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, en fecha nueve (09) de junio de 2009. En consecuencia, se ordena cumplir la SANCIÓN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD decretada al joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) en el centro de internamientos para mayores de edad, donde deberá estar físicamente separado de ellos. En consecuencia, se ordena su traslado y reclusión en la Cárcel Nacional de Maracaibo, en el área asignada para jóvenes adultos, donde deberá permanecer físicamente separado de la población penada por la jurisdicción ordinaria, a la orden del Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, con un abordaje terapéutico que debe ser ejecutado por el Equipo Multidisciplinario destacado en dicho centro de internamiento, valorando el Plan Individual diseñado para su cumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 633 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y acatando todas las normas que en materia de cumplimiento de sanciones determina la ley especial, todo ello en cumplimiento de la regla general a que se contrae el artículo 641 ejusdem.

ORDENA al Tribunal de Ejecución de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, girar las instrucciones pertinentes para el inmediato cumplimiento y ejecución de la decisión aquí dictada, en los términos arriba señalados.

Regístrese, diarícese, publíquese y déjese copia certificada en archivo.

LA JUEZA PRESIDENTA,

DRA. M.G.D.G.

LAS JUEZAS PROFESIONALES,

DRA. LEANY ARAUJO RUBIO DRA. LEANY BELLERA SANCHEZ

Ponente

LA SECRETARIA,

ABOG. MARIA GONZALEZ

En esta misma fecha, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 059-09, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por esta Corte.

LA SECRETARIA,

ABOG. M.G.

Causa N° 1Aa-378-09