Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 10 de Abril de 2008

Valor y mérito jurídico de la aclaratoria del estado civil del demandado.

Valor y merito jurídico del documento original de vivienda que corre a los folios 43 al 44.

Valor y merito jurídico del acta de matrimonio.

Valor y merito jurídico de las partidas de nacimientos de los hijos V.V. y E.J.V..

Valor y merito jurídico de documentos de compraventa de vehículos, en donde el demandado simuló su estado civil.

Valor y merito jurídico del documento inserto en los folios 75, 76 y 77.

Valor y merito jurídico de contrato de arrendamiento.

Valor y merito jurídico de contratos de obra.

Valor y merito jurídico de avalúo del terreno propiedad del matrimonio.

Valor y merito jurídico del documento de compraventa de una parcela que corre agregado a los folios 89 al 90.

Valor y merito del poder conferido a J.I.M..

Valor y merito jurídico de fotos.

Posiciones juradas del demandado L.E.V..

Juramento deferido para los ciudadanos R.B., Wilmary Rujano, B.M. y E.O..

Inspección Judicial en la carrera 4ta. Nº 4 – 56 de la población de Zea, Estado Mérida.

De la parte demandada - reconviniente:

En escrito de fecha 16 de abril de 2007 (folio 103 y 104), el ciudadano L.E.V. promovió las siguientes pruebas.

Documental:

1. Documento de mejoras de una casa para habitación agregado al expediente marcado con la letra “A”, junto al escrito de contestación a la demanda, que comprueba que ese bien fue adquirido durante la sociedad conyugal.

2. Constancia de trabajo expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de su cónyuge Mabelle C.R.d.V..

3. Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 18 de noviembre de 2006, contentiva de la cuenta individual de prestaciones sociales que se debe a su cónyuge.

4. Las actas procesales: Acta de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos y títulos de propiedad de los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal.

Informes:

1. Solicita requerir de la Dirección General de Recursos Humanos de Administración de Personal del Seguro Social, informe sobre la existencia de la relación de trabajo de su cónyuge con ese Instituto.

2. Solicita requerir del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Afiliación y prestaciones en dinero del Seguro Social, informe sobre la cuenta individual, de prestaciones sociales que adeuda ese Instituto a su esposa.

Testimonial de los ciudadanos C.D.R., F.T.B.N. y F.E.S.B., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Tovar y Zea del Estado Mérida y hábiles.

ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS

Por autos de fecha 07 de mayo de 2007 (folio 111 y 112), el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte demandada y demandante, respectivamente, cuanto ha lugar en derecho.

El Tribunal observa que el abogado E.J.V. en representación de la ciudadana Mabelle C.R.d.V., demanda por divorcio, alegando las causales de abandono voluntario y sevicia, excesos e injurias graves previstas en los ordinales segundo y tercero del artículo 185 del Código Civil, al ciudadano L.E.V.M.. Por su parte, éste en la oportunidad de la contestación de la demanda luego de realizarla, reconviene a su cónyuge por la misma causal de abandono voluntario, señalando que viviendo en la población de Zea, la cónyuge se separó de la residencia común, incumpliendo con la obligación de vivir juntos y socorrerse mutuamente. En virtud de ello, la controversia se centra en que ambos cónyuges alegan que el otro abandonó el hogar común, además que la accionante alega también la causal de sevicia, excesos e injuria grave contra su esposo y por lo tanto las pruebas promovidas deben tener como fin último, demostrar que ocurrió por parte del otro cónyuge el abandono voluntario alegado y la causal tercera en el caso de la demandante.

A tal efecto el Tribunal pasa a valorar los medios de prueba promovidos.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

De la parte demandante - reconvenida:

Valor y mérito jurídico de la aclaratoria del estado civil del demandado.

A los folios 09 al 11 corre agregado documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios Tovar y Zea del Estado Mérida, de fecha 16 de junio de 2006, Nº 843, tomo 17, mediante el cual la demandante aclara que en el documento de compra que realizó L.E.V.M. a la ciudadana A.J.M.d.V., de fecha 22 de febrero de 1994, Nº 26, tomo tercero y en el documento de adquisición que hizo L.E.V. a los ciudadanos A.V.d.F. y J.R.F., de fecha 26 de julio de 2001, Nº 54 tomo 02, ambos registrados, el demandado L.E.V.M. es de estado civil casado y no soltero como erróneamente aparece en tales instrumentos públicos.

El documento de aclaratoria, por haberlo realizado su cónyuge, es demostración de que el demandado L.E.V., no obstante aparecer en los documentos aludidos como de estado civil soltero, es de estado civil casado. Así se decide.

Valor y merito jurídico del documento original de vivienda que corre a los folios 43 al 44.

En el folio 43 riela documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios Tovar y Zea del Estado Mérida de fecha 13 de septiembre de 1995, Nº 42 tomo 06, mediante el cual M.O.D.C. vende a la ciudadana Mabelle C.R.d.V., una casa para habitación ubicada en la población de Zea, Estado Mérida, por la suma de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo).

Dicho instrumento público es prueba de que la propiedad sobre el inmueble señalado pertenecen a la sociedad conyugal de los ciudadanos L.E.V. y Mabelle C.R.d.V., y tiene validez jurídica tanto entre las partes como frente a terceros, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. No obstante el citado documento no constituye prueba alguna de abandono voluntario ni de sevicia, excesos o injuria grave en contra del demandado. Así se decide.

Valor y merito jurídico del acta de matrimonio.

Riela a los folios 45 y 46 copia certificada del acta de matrimonio emanada de la Prefectura del Municipio Libertador Jefatura Civil de El Valle de fecha 18 de diciembre de 1973, Nº 403, correspondiente a los ciudadanos L.E.V.M. y Mabelle C.R.d.V., la cual por haber sido expedida por la autoridad competente con facultades para su otorgamiento merece fe pública y constituye plena prueba del matrimonio celebrado entre dichos ciudadanos. Así se decide.

Valor y merito jurídico de las partidas de nacimientos de los hijos V.V. y E.J.V..

Al folio 48 corre agregada partida de nacimiento de V.V.V.R., expedida por la primera autoridad civil de la Parroquia El Valle, departamento Libertador del Distrito Federal de fecha 15 de octubre de 1987, bajo el Nº 1859, según la cual la indicada ciudadana nació el día 18 de septiembre de 1987 y es hija de L.E.V. y Mabelle C.R.d.V..

Al folio 50 aparece partida de nacimiento del ciudadano E.J.V.R., expedida en la misma Jefatura Civil de fecha 06 de marzo de 1978, siendo sus padres L.E.V. y Mabelle C.R.d.V.. Las partidas de nacimiento descritas constituyen documentos públicos emanados del funcionario legalmente autorizado para su otorgamiento y demuestran que V.V. y E.J.V.R. son hijos de L.E.V. y de Mabelle C.R.d.V.. Así se decide.

Valor y merito jurídico de documentos de compraventa de vehículos, en donde el demandado simuló su estado civil.

A los folios 67 y 68 riela copia certificada del documento autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio S.D.M.d.E.T. de fecha 14 de agosto de 2006, Nº 07 tomo 25, según el cual L.E.V.M. diciéndose soltero, vende a J.d.C.V.M., un vehículo marca toyota, modelo Land cruiser, año 1977 color azul y placas KCH – 729 por la cantidad de seis millones de bolívares (6.000.000,oo Bs.).

A los folios 72 y 73, corre documento autenticado por ante la misma Notaría, de fecha 14 de agosto de 2006, Nº 08 tomo 25, conforme al cual el demandado – reconviniente, señalándose como soltero, da en venta a J.d.C.V.M. un vehículo marca: ford, modelo: fairlane año 1976 color azul de transporte público placas DP9 – 59T por la cantidad de cinco millones de bolívares.

Los descritos documentos notariados son plena prueba de las operaciones de compraventa efectuadas sobre los vehículos indicados entre sus otorgantes y de ellos se desprende la declaración del vendedor respecto a su estado civil, anunciándose como soltero ante un funcionario público. No obstante lo anterior, dichos instrumentos públicos de compraventa nada aportan al presente juicio de divorcio respecto a las causales alegadas por la demandante reconvenida, que se relacionan con el abandono voluntario y la sevicia, excesos e injuria grave. Este Juzgador considera que la cónyuge puede proceder por las vías judiciales expeditas y conforme a nuestro ordenamiento jurídico venezolano, para hacer valer sus derechos respecto a esas negociaciones que indudablemente se realizan en su contra y a sus espaldas. Así se decide

Valor y merito jurídico del documento inserto en los folios 75, 76 y 77.

Aparece en los folios 75 y 76 documento autenticado por ante la Notaria Pública Cuadragésima Quinta de Caracas de fecha 12 de marzo de 2007, Nº 29, tomo 20, mediante el cual el ciudadano L.E.V., su cónyuge y la ciudadana J.R.R.R. se comprometen como inquilinos a desocupar un inmueble ubicado en la ciudad de Caracas y como contraprestación reciben de los ciudadanos C.J.N. y D.T., una indemnización por treinta y cinco millones de bolívares (35.000.000,oo Bs.) recibiendo en el acto quince millones de bolívares y el saldo de veinte millones de bolívares cuando hagan efectiva la entrega del inmueble.

Se trata de un documento público que hace plena fe entre las partes así como frente a los terceros del contenido y condiciones que en él se expresan, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, pero el mismo nada aporta a la investigación que se realiza en este juicio de divorcio en el que se debe demostrar los hechos que configuran el abandono voluntario y la sevicia, excesos e injuria grave cometidas por el demandado reconviniente, en virtud de lo cual dicha prueba carece de validez jurídica a los fines de demostrar lo alegado en este proceso. Así se decide.

Valor y merito jurídico de contrato de arrendamiento.

Contrato de arrendamiento de carácter privado (folios 78 y 79) suscrito entre la ciudadana L.U. de Márquez como administradora y las ciudadanas J.R. y Mabelle C.R. como arrendatarias, referente a una quinta denominada Nueva York, ubicada en la calle Sanz de la urbanización los Chaguaramos de Caracas.

No constituye prueba alguna de abandono voluntario ni de sevicia, excesos e injuria grave alegados por la demandante contra su cónyuge el documento anteriormente mencionado.

Valor y merito jurídico de contratos de obra.

Corren agregados a los folios 80 y 81 dos contratos de obra suscritos por el ciudadano L.E.V. por ante la Prefectura del Municipio Zea, uno sin fecha y el otro de fecha 19 de marzo de 2007, con los ciudadanos G.J.R. y A.J.M. respectivamente, en los que se alude a dos trabajos de construcción a realizar en dos casas ubicadas en la calle 4, Nº 4 – 52 y en la carrera 4, Nº 4 – 56 de la población de Zea, Estado Mérida, los cuales en modo alguno demuestran las causales de divorcio alegadas por la demandante en su libelo y en tal virtud los aludidos contratos son desechados como prueba a favor de la demandante. Así se decide.

Valor y merito jurídico de avalúo del terreno propiedad del matrimonio.

Corre agregado a los folios 82 al 87 informe del avalúo de propiedad de L.E.V., referente a un inmueble ubicado en San Pedro, vía Cuchilla del Niño, Zea, Municipio Zea del Estado Mérida, suscrito por la Ingeniero M.F.B., inscrita en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el Nº 109930, según el cual el valor de dicho inmueble de ochenta y nueve millones de bolívares (89.000.000,oo Bs.) el avalúo promovido como prueba por la demandante demuestra el valor que tiene el inmueble citado, pero no constituye prueba alguna del abandono voluntario o de la sevicia, excesos e injuria grave, alegadas en el libelo contra su cónyuge, en virtud de lo cual es desechado por este Juzgador como prueba demostrativa de causal de divorcio. Así se decide.

Valor y merito jurídico del documento de compraventa de una parcela que corre agregado a los folios 89 al 90.

Documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios Tovar y Zea del Estado Mérida de fecha 30 de abril de 2004, Nº 102, tomo 3º, mediante el cual L.E.V. da en venta a C.D.R., un lote de terreno ubicado en San Pedro, Municipio Zea del Estado Mérida, por el precio de cuatrocientos mil bolívares. El instrumento en mención constituye documento público que ha sido otorgado ante el funcionario competente para ello y es prueba de la negociación realizada entre quienes lo suscribieron y ante los terceros, conforme lo dispone los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, no obstante lo anterior la referida venta no comporta prueba alguna a favor de la demandante que demuestre el abandono voluntario o los excesos, sevicias e injuria grave cometidos por el demandado. Así se decide.

Valor y merito del poder conferido a J.I.M..

A los folios 91 y 92 riela poder conferido por L.E.V. a J.I.M., por ante la Notaria Pública de Tovar en fecha 15 de septiembre de 2005, para que en su nombre y representación venda un lote de cinco motos.

El mencionado documento público es prueba fehaciente de las facultades conferidas por el demandado a su apoderado, pero en ningún caso demostración de las causales de divorcio alegadas por la accionante en su libelo de demanda. Así se decide.

Valor y merito jurídico de fotos.

Tres fotos de una casa de colores azul, marrón y blanco son promovidas por la demandante como pruebas de las causales de divorcio alegadas en el libelo. Las mismas no guardan relación alguna con los hechos que deben ser demostrados por ante el Tribunal para que prospere la acción de divorcio incoada con fundamento en las causales segunda y tercera del artículo 185 del Código Civil y en consecuencia, carecen de valor probatorio alguno. Así se decide.

Posiciones juradas del demandado L.E.V..

El día 05 de junio de 2007 (folio 123 y 124) a las once de la mañana se celebró el acto de posiciones juradas a absolver por el demandado L.E.V.M. quien luego de ser legalmente juramentado contestó las posiciones de la parte contraria así:

1) Diga el absolvente ser cierto que durante los últimos dos años de matrimonio 1999 – 2000 sólo maltrato verbal y psicológicamente a su cónyuge. Contestó: Negativo falso de toda falsedad.

2) Diga el absolvente ser cierto que amenazó constantemente a su cónyuge con despojarla de todos sus bienes. Contestó: Falso de toda falsedad.

3) Diga el absolvente ser cierto que en el año 2004 y 2006 traspasó ficticiamente simulando su estado civil bienes de la comunidad de gananciales adquiridos entre los dos. Luego de solicitar el absolvente que lo relevara de contestar la posición el Tribunal lo acordó de conformidad.

4) Diga el absolvente ser cierto que usted no sólo abandono también profanó palabras obscenas y amenazas por lo que en la Fiscalía Octava de este Municipio esta imputado por maltrato psicológico y verbal hacia su esposa e hija. Luego de pedir el absolvente que se le relevara de contestar la posición, el Tribunal le ordenó responderla. Éste contestó falso de toda falsedad.

El demandado reconviniente L.E.V.M. al dar respuesta a las posiciones juradas que le fueron absueltas por la demandante reconvenida, negó todos y cada uno de los hechos que se le imputan respecto a su trato y relación con su cónyuge, demostrando seguridad en sus respuestas sin aceptar o reconocer los hechos que la demandante alega en su libelo como cometidos por él. De tal interrogatorio no se obtuvo confesión alguna en contra del demandado reconviniente. Así se decide.

Juramento deferido para los ciudadanos R.B., Wilmary Rujano, B.M. y E.O..

Esta prueba no fue admitida por el Tribunal en la oportunidad legal correspondiente en virtud de considerar que la fórmula del juramento no es clara y precisa.

Inspección Judicial en la carrera 4ta. Nº 4 – 56 de la población de Zea, Estado Mérida.

La inspección judicial promovida fue declarada inadmisible por el Tribunal, en virtud de que su promovente no señala en forma precisa los hechos que pretenden inspeccionar.

De la parte demandada - reconviniente:

Documental:

1. Documento de mejoras de una casa para habitación agregado al expediente marcado con la letra “A”, junto al escrito de contestación a la demanda, que comprueba que ese bien fue adquirido durante la sociedad conyugal.

   Al folio 54 está agregada copia fotostática del documento protocolizado por ante el Registro Público del Distrito Tovar de fecha 13 de septiembre de 1995 Nº 42 tomo 06, según el cual la ciudadana M.O.D.C. vende a Mabelle C.R.d.V. unas mejoras consistentes en casa para habitación, ubicadas en el Municipio Zea del Estado Mérida.

   Este documento por haber sido otorgado por ante el funcionario público competente para ello, tiene fuerza de ley entre las partes como frente a terceros conforme a lo dispuesto en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil y es prueba de que el inmueble descrito es propiedad de la demandante y por consecuencia, pertenece a la sociedad conyugal de los esposos L.E.V. y Mabelle C.R.d.V., pero no prueba ni demuestra nada en cuanto al abandono voluntario, alegado por el demandado reconviniente en su reconvención. Así se decide.

2. Constancia de trabajo expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de su cónyuge Mabelle C.R.d.V..

   No aparece en las actas ninguna constancia expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales No figura en las actas procesales.

3. Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 18 de noviembre de 2006, contentiva de la cuenta individual de prestaciones sociales que se debe a su cónyuge.

   Al folio 55 aparece una cuenta individual expedida por el Ministerio de Trabajo, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 18 de noviembre de 2006, según la cual la ciudadana Mabelle C.R.d.V. figura como asegurada al servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esta constancia demuestra que para la fecha indicada la demandante laboraba en el Seguro Social, sin embargo no comporta prueba alguna del abandono voluntario alegado por el demandado en su reconvención. Así se decide.

4. Las actas procesales: Acta de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos y títulos de propiedad de los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal.

   Los citados instrumentos públicos, es decir acta de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos y los títulos de propiedad de los bienes, ya fueron suficientemente valorados por el Tribunal al realizarse el análisis de las pruebas promovidas por la parte demandante. Así se decide.

Informes:

1. Solicita requerir de la Dirección General de Recursos Humanos de Administración de Personal del Seguro Social, informe sobre la existencia de la relación de trabajo de su cónyuge con ese Instituto.

   Al folio 142 riela informe recibido del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección General de Recursos Humanos y Administración de Personal, de fecha 18 de octubre de 2007 suscrito por el ciudadano Soc. Dubis Pilano, según el cual la ciudadana Mabelle C.R.d.V., cédula de identidad Nº 2.962.187, trabaja en el ambulatorio “Dr. J.Y.”como médico general ingresando el día 01 de agosto de 1990.

   Dicho informe es prueba fehaciente del cargo desempeñado por la demandante en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero es nada contribuye con la investigación relacionada con los hechos que podrían configurar el abandono voluntario por parte de la accionante. Así se decide.

2. Solicita requerir del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Afiliación y prestaciones en dinero del Seguro Social, informe sobre la cuenta individual, de prestaciones sociales que adeuda ese Instituto a su esposa.

   Al folio 144 aparece comprobante de pago emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a nombre de la demandante, de fecha 01/10 al 31/10/07 en el que consta que su sueldo mensual es de 1.041.017 Bs.

   El citado comprobante de pago de sueldo que percibe la demandante, nada tiene que ver con los hechos investigados, ya que el demandado alegó abandono voluntario por parte de su esposa, el cual no es jurídico demostrar con una constancia sobre la actividad profesional que realiza su cónyuge, en tal virtud el informe presentado como prueba de abandono voluntario cometido por la demandante es improcedente. Así se decide.

Testimonial de los ciudadanos C.D.R., F.T.B.N. y F.E.S.B., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Tovar y Zea del Estado Mérida y hábiles.

Los testigos C.D.R., F.T.B.N. y F.E.S.B., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Tovar y Zea del Estado Mérida y hábiles, promovidos para demostrar los hechos controvertidos expuestos en el libelo, según el demandado, no se presentaron al Juzgado comisionado para recibirles su declaración, resultando desiertos dichos actos, tal como consta a los folios 133 y 134, 137 al 139.

POSICIONES JURADAS DE LA DEMANDANTE – RECONVENIDA

El día 06 de junio de 2007 (Folio 125 al 126), a las once de la mañana se llevó a efecto el acto de posiciones juradas de la ciudadana Mabelle C.R.d.V., quien luego de ser legalmente juramentada respondió a las posiciones que le absolvió su contraparte:

1) Diga la absolvente que es cierto que después de contraído el matrimonio con E.V.M., fijaron su domicilio conyugal en la ciudad de Caracas, contestó: Cierto allí vivimos más de 19 años, en la calle San Q.N.Y.L.C..

2) Diga la absolvente que después de vivir en la ciudad de Caracas por mutuo acuerdo decidieron constituir su domicilio conyugal en la población de Zea del Estado Mérida. Contestó: Cierto yo hice el rural en el Hospital de El Vigía

3) Diga la absolvente que es cierto que ella trabaja en el Instituto de los Seguros Sociales en Caracas. Contestó: Cierto yo nunca lo abandone, él siempre fue el obrero desempleado y yo la trabajadora, venía los fines de semana cuando e.f.d. semana largos o en vacaciones los cuarenta y seis día que me daban de vacaciones.

4) Diga la absolvente como es cierta la fecha ininterrumpida que usted tiene trabajando en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Luego de intervenir su apoderado solicitando la relevara de contestar, el Tribunal oída la petición, relevó a la absolvente de responder la pregunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil.

5) Diga la absolvente como es cierto que usted no recibió autorización judicial para trasladarse a Caracas y seguir laborando como médico en el Seguro Social, abandonando el domicilio conyugal. Luego de que el apoderado pidiera se relevara de contestar la pregunta y de intervenir el absolvente insistiendo en que fuera contestada, el Tribunal ordenó a la absolvente responder la pregunta. Contestó: Mi esposo está creyendo que yo empecé en el Seguro Social en el año 1974 y no es así yo me case en el año 76 y quede fija en el Seguro en 1990, vivimos más de 19 años en la calle Sanz de los Chaguaramos, la casa fue objeto de una venta, la vendieron los verdaderos dueños, el derecho de arrendamiento lo teníamos mi hermana y yo y este señor L.E. se cogió el cheque por 35.000.000 Bs. que nos correspondía a mi hermana y a mi que éramos las verdaderas arrendatarias, entonces se vino para acá por la carrera 4, se trajo todos los corotos de la casa porque no teníamos a donde ir, se vino con su cheque para Mérida y creíamos que nos iba a comprar un apartamento con ese cheque, se vino a Mérida a la casa de la carrera 4, se trajo todo, la nevera, los corotos porque no teníamos a donde ir, el único sitio donde mi mamá, al llegar aquí el señor en Zea le cambio el candado a la casa y metió su concubina que la tiene viviendo allí y yo no pude entrar a la casa porque le cambió el candado.

6) Diga la absolvente como es cierto que usted tiene conocimiento a través de su tiempo de casada con L.E.V.M. que su esposo siempre ha hecho negocios jurídicos identificándose como soltero por así convenirlo y evitar el traslado para su consentimiento. Contestó: Falso.

7) Diga la absolvente que usted con el dinero producto del trabajo le ha comprado a su hijo E.J.V. cuatro vehículos, un Ford conquistador, un Ford LTD, un Lada, un Fiat Tempra, un Camaro y un Chevrolet Impala. Contestó: Falso yo me estoy divorciando, con mi hijo no tengo nada que ver lo que él compre es asunto de él.

Del análisis realizado a las posiciones juradas absueltas por la demandante reconvenida, se obtiene como conclusión que ésta respondió en forma completa a las preguntas formuladas, sin reconocer o admitir cualquier hecho en su contra, negando que haya incurrido en la causal de abandono voluntario.

Conforme a la doctrina venezolana se debe admitir por confesa a la parte absolvente en los siguientes casos: 1) Cuando emite los hechos; 2) Cuando no comparece al acto, no obstante haber sido citada personalmente; 3) Cuando se niegue a contestar las preguntas pertinentes que se le hicieron; 4) Si incurre en perjurio, esto es en falsedades con respecto a los hechos a que éste se refiere y 5) Cuando la respuesta no sea terminante.

En el caso de autos la absolvente en ningún momento incurrió en los presupuestos antes mencionados ni tampoco de su declaración rendida se desprende confesión alguna en su contra. Así se decide.

Habiéndose realizado de manera minuciosa el examen y valoración de las pruebas promovidas y evacuadas por ambas partes, se evidencia del mismo que la demandante en ningún momento probó o demostró el abandono voluntario y la sevicia, excesos e injuria grave alegados en su libelo de demanda como causales de divorcio en contra de su legítimo cónyuge L.E.V.. Del cúmulo de pruebas promovidas por ésta examinadas y valoradas suficientemente, se observa que la demandante se propuso demostrar el estado civil de su esposo, la adquisición de una vivienda propiedad de la sociedad conyugal, la celebración de su matrimonio, el nacimiento de sus dos hijos, la negociación de compraventa de dos vehículos automotores, realizada por su cónyuge, el convenimiento efectuado con respecto a la desocupación de un inmueble ubicado en la ciudad de Caracas, según el cual recibió junto con su esposo la cantidad de treinta y cinco millones de bolívares como indemnización; una relación arrendaticia respecto a una casa para habitación ubicada en la ciudad de Caracas entre una agencia administradora y ella conjuntamente con su hermana; la realización de dos contratos de obra en dos inmuebles ubicados en la población de Zea Estado Mérida; el valor de un terreno de su propiedad; la venta de una parcela vendida por su esposo sin el consentimiento de ella; un poder conferido a J.I.M. para realizar una negociación; unas fotos que reflejan o captan un inmueble de colores azul, blanco y marrón. Además de lo anterior el demandado en la absolución de posiciones juradas, en ningún caso confeso los hechos alegados en su contra.

Por su parte el demandado – reconviniente en sus pruebas promovidas demostró la existencia de una casa propiedad de la sociedad conyugal, adquirida por la demandante Marbelle C.R.d.V., ubicada en el Municipio Zea del Estado Mérida; que su esposa trabaja como médico al servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la ciudad de Caracas en el Hospital J.Y., así como también el sueldo mensual devengado por ésta.

De lo anteriormente expuesto se desprende que ni la demandante – reconvenida ni el demandado reconviniente, a través de los medios probatorios empleados en fundamentar los hechos alegados, en ningún momento demostraron, por parte de la demandante el abandono voluntario y la sevicia, excesos o injuria grave cometidos por el ciudadano L.E.V.M. y por su lado, éste tampoco demostró con sus pruebas promovidas que su cónyuge incurrió en abandono voluntario, ya que en ambos casos los intervinientes en el presente proceso se dedicaron a comprobar otro hechos, actos jurídicos y demás situaciones que nada tenían que ver con el fundamento principal de sus acciones reciprocas, lo cual consistía en demostrar las causales de abandono voluntario y sevicia, excesos e injuria grave alegadas.