Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 22 de Septiembre de 2011

Suben las presentes actuaciones relacionadas con el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado E.A.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 30.084, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, Ciudadana M.C.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.084.482, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 26 de enero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

Dichas actuaciones fueron recibidas en éste despacho en fecha 06 de abril de 2011, contentivas de una (01) pieza Principal, constante de trescientos setenta (370) folios útiles tal como se evidencia de la nota estampada por la secretaria cursante al folio trescientos setenta y uno (371). Posteriormente, mediante auto de fecha 12 de abril de 2011, se fijó la oportunidad para que las partes presenten sus Informes al vigésimo (20) día de despacho, e igualmente se fijó la oportunidad para dictar la decisión respectiva conforme a lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil dentro de los sesenta (60) días consecutivos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 521 ejusdem. (Folio 372)

2. DE LA SENTENCIA RECURRIDA

   En fecha 26 de enero de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Folio 326 al 366), dictó decisión que declaró lo siguiente:

   …Aunado lo anteriormente expresado, debe tenerse en cuenta, que conteste a los principios establecidos en el Código Civil, los contratos bilaterales se forman cuando concurre el consentimiento de las partes manifestado por el concurso de la oferta y la aceptación, más no con el cumplimiento de las obligaciones que le da origen a la convención.

   Considera este Tribunal, que en el caso de marras nos encontramos frente a un contrato de compraventa en el cual el comprador, tenía la gravosa carga de cumplir con TODAS las obligaciones antes señaladas y posteriormente, debió cumplir con cada una de ellas para que se efectuara la tradición legal, razón por la cual, estima esta juzgadora, que los anteriores razonamientos resultan suficientes para declarar sin lugar la demanda y así se hará en la parte dispositiva de la presente decisión.

   V

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

   PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por resolución de contrato intentó la ciudadana M.C.V., antes identificada, contra el ciudadano R.A.C.M., antes identificado.

   SEGUNDO: De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas de la demanda a la parte actora por haber resultado totalmente vencida en el juicio de resolución de contrato de compraventa por ella incoado. …

   (sic)

3. DE LA APELACIÓN

   Cursa al folio trescientos sesenta y siete (367) de las presentes actuaciones, diligencia presentada el abogado el abogado E.A.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 30.084, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, Ciudadana M.C.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.084.482, recurso de apelación, el cual se expresa en los siguientes términos:

   …APELO de la decisión de fecha 26 de enero de 2011…

   (Sic).

4. DEL ESCRITO DE INFORMES PRESENTADO

   POR LA PARTE DEMANDADA

   Consta al folio trescientos setenta y cuatro (374) al trescientos noventa y cuatro (394) de las presentes actuaciones, escrito de informes presentado en fecha 03 de junio de 2011 por la parte actora, el cual expresa lo siguiente:

   …por todas las razones anteriormente expuestas es por lo que solicito a este Honorable Tribunal Superior, en representación de la ciudadana M.C.V., supra identificada, declare CON LUGAR la presente apelación ejercida contra el acto decisorio que expidió el 26 de enero de 2011… (…) con motivo del juicio que por resolución de contrato de compra-venta, (…) y proceda a revocarla y emita nueva sentencia que lo condene a pagar cantidades demandadas, tomando en consideración que mi representada pagó el 60% del valor del inmueble para la fecha en que se inicio este juicio y el valor actual del mismo, los cambios que se efectuaron en nuestra unidad monetaria, la indexación y corrección monetaria producto de los índices inflacionarios y los daños y perjuicios causados, debidamente estimados por este d.T.. Por los años transcurridos en el presente juicio y por los cambios abruptos de nuestra unidad monetaria, igualmente solicito una experticia complementaria del fallo que determine el valor real que debe recibir mi representada, por todos los años de angustia y daños ocasionados…

   (Sic)

5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   El específico objeto de la apelación es provocar el nuevo estudio de la relación controvertida, sobre el cual emitió su pronunciamiento el Tribunal de primer grado de jurisdicción a los fines de que se repare el agravio sufrido por la sentencia, es decir, este Tribunal Superior, tiene potestad cognoscitiva por virtud del recurso ordinario de apelación a declarar con o sin lugar las mismas pretensiones y defensas aducidas ante el Tribunal que conoció de la causa o incidencia respectiva en el primer grado de jurisdicción.

   El presente juicio se inició mediante demanda de fecha 12 de noviembre de 2001, por la ciudadana M.C.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.084.482, asistida por el abogado E.A.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 30.084, por resolución de contrato de compra venta, contra el ciudadano R.A.C.M., venezolano, mayor de dad, titular de la cédula de identidad N° V-3.658.241. (Folio 1 al 22).

   En fecha 13 de noviembre de 2001, este Juzgado admitió la presente demanda y comisionó al Juzgado Cuarto del Municipio Libertador de la ciudad de Caracas del Distrito Metropolitano, para que practicara la respectiva citación. (Folio 23).

   Asimismo, consta en autos que en fecha 6 de junio del 2002, el ciudadano R.A.C.M., antes identificado, se dio por citado. (Folio 52).

   Posteriormente, la parte demandada mediante escrito de fecha 18 de junio de 2002 opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 5 del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil. (Folio 53 al 54).

   Luego, la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda en fecha 20 de octubre de 2003. (Folios 95 al 97).

   El abogado E.T., antes identificado, consignó ante el Tribunal A Quo, escrito de promoción de pruebas con sus respectivos anexos en fecha 25 de noviembre de 2003, por otra parte la abogada Y.C., antes identificada consignó escrito de promoción de pruebas; las cuales fueron agregadas a los autos, previo cómputo en fecha 27 de noviembre de 2003. (Folios 114 al 140).

   En fecha 26 de enero de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la demanda por resolución de contrato de opción de compra venta (folios 326 al 366).

   En razón de lo anterior, la parte actora mediante diligencia de fecha 02 de febrero de 2011 apelo de la sentencia dictada en fecha 26 de enero de 2011 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folio 367).

   Descrito cada uno de los hechos acaecidos en el Tribunal de la causa, ésta Juzgadora considera necesario hacer mención a los motivos por los cuales la parte recurrente interpuso el presente recurso de apelación, los cuales se encuentran contenidos en el escrito de informes presentado en ésta Alzada en fecha 03 de junio de 2011 (folios 374 al 394): “(…) solicito a este Honorable Tribunal Superior, en representación de la ciudadana M.C.V., supra identificada, declare CON LUGAR la presente apelación ejercida contra el acto decisorio que expidió el 26 de enero de 2011… (…) con motivo del juicio que por resolución de contrato de compra-venta, (…) y proceda a revocarla y emita nueva sentencia que lo condene a pagar cantidades demandadas, tomando en consideración que mi representada pagó el 60% del valor del inmueble para la fecha en que se inicio este juicio y el valor actual del mismo, los cambios que se efectuaron en nuestra unidad monetaria, la indexación y corrección monetaria producto de los índices inflacionarios y los daños y perjuicios causados, debidamente estimados por este d.T.. Por los años transcurridos en el presente juicio y por los cambios abruptos de nuestra unidad monetaria, igualmente solicito una experticia complementaria del fallo que determine el valor real que debe recibir mi representada, por todos los años de angustia y daños ocasionados…” (Sic) . (Subrayado y negrillas de esta Alzada).

   De lo anterior, se evidencia que el núcleo de la presente apelación se circunscribe en verificar la procedencia o no de la demanda por resolución de contrato de opción de compra venta, en consecuencia, determinar cual de las partes incumplió con sus obligaciones contractuales.

   Ahora bien, expuesto lo anterior y verificado el núcleo de la presente apelación, ésta Alzada entrará a revisar la legalidad del fallo recurrido.

   DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

   En este sentido, la parte actora en su libelo de demanda alegó:

   . Que en fecha 9 de noviembre de 2000, celebró un contrato de opción a compra venta, por ante la Notaria Pública Quinta de la ciudad de Maracay del Estado Aragua, quedando anotado bajo el No.14, Tomo 302, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, con el ciudadano R.A.C.M., parte demandada en el presente caso.

   . Que el objeto de la precitada opción a compra venta, se pactó de acuerdo a la cláusula primera del contrato, sobre un inmueble ubicado en el Edificio “Abitare 2002”, piso 10, Apto 103 y el puesto de estacionamiento que le pertenece signado con el No. 103, ubicado en la Urbanización Coromoto, Calle Colón cruce con Calle en proyecto y Calle 102, jurisdicción del Municipio Páez (hoy Girardot) de la ciudad de Maracay del Estado Aragua.

   . Que en la cláusula segunda del precitado contrato se pacto por las partes un precio de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.12.500.000,00) y el tiempo de duración de la opción se pactó en cinco (5) meses, contados a partir del primero (1) de diciembre del año 2000 hasta el (1) de mayo del 2001.

   . Que en el precitado contrato de opción a compra venta, el ciudadano R.A.C. declaró en la cláusula tercera recibir la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 7.500.000,00) en ese acto por concepto de arras, quedando un remanente de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00), los cuales serian cancelados en el prenombrado plazo de cinco (5) meses, dicho saldo, podría ser cancelado mediante depósitos o abonos a la cuenta corriente del opcionante en el Banco del Caribe signada con el No. 168-0008600, los cuales serian descontados del remate de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00) previa presentación del boucher respectivo.

   . Que en el precitado contrato de opción a compra venta en la cláusula quinta se estableció “…la opcionada se reserva el derecho de realizar el documento definitivo de venta…”.

   . Que por acuerdo de las partes era la compradora quien asumiría la elaboración del contrato de compra venta, y en consecuencia, todos los gastos referentes a los derechos de registro, así como los honorarios profesional del abogado que realizaría dicho documento, situación que en todo momento acepto.

   . Que encontrándose la actora dentro del lapso de 5 meses para hacer el depósito del saldo del precio fijado y después de reiteradas llamadas telefónicas al opcionante, este le manifestó a su representada, en reiteradas ocasiones que no se preocupara que el apartamento en referencia era de la actora.

   . Que observando la actora como trascurrían los días sin tener por parte del opcionante una respuesta satisfactoria, en el sentido de señalar un día para la firma definitiva, ante esa situación y en virtud de que acercaban los días para que venciera el lapso de la opción de compra venta, acudió ante la Oficina Subalterna del Registro Publico del Segundo Circuito de esta ciudad de Maracay, a los fines de verificar los datos de registro tales como: linderos, porcentaje de condominio, tradición legal del inmueble objeto de esta operación.

   . Que estando en la precitada oficina su representada pudo constatar que el inmueble en cuestión no le pertenecía en un 100% al opcionante, sino que el mismo era copropietario en virtud de una comunidad de gananciales producto del matrimonio que mantuvo con la Señora L.J.G. y que hasta la fecha en que fue su representada a mediados del mes de abril del año 2001, no existía documento donde constara la partición de la comunidad conyugal.

   . Que consta en nota marginal en el libro respectivo llevado por ese Registro, que sobre el inmueble en referencia pesaba una medida cautelar de enajenar y gravar, motivo por el cual decidió sacar copia simple del documento de propiedad del inmueble, donde se evidenció según la referida nota marginal, que para la fecha en que vencía la opción existía la precitada medida de prohibición de enajenar y grabar la cual fue decretada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 8 de mayo de 1993, según oficio 287 y levantada la precitada medida, por el mismo Tribunal en fecha 18 de mayo del año 2001.

   . Que para la fecha que vencía el lapso de los cinco (5) meses, el opcionante no hubiera podido cumplir con el requisito de la finalidad del otorgamiento del documento definitivo.

   .Que ante este impedimento por parte de la opcionante claramente se dejó reflejado el incumplimiento del opcionante para con la persona de su mandante.

   . Que la ciudadana M.C.V. se dirigió a la Alcaldía del Municipio Girardot de esta ciudad, y consiguió la desagradable sorpresa que el inmueble en cuestión se encontraba insolvente desde la fecha de adquisición del mismo, hasta el 14 de mayo del año 2001, fecha está última en que canceló los impuestos, lo que demuestra que también incumplió con tal obligación, motivo por el cual, tampoco podía cumplir la obligación adquirida en el contrato de opción de compra venta como seria con la firma definitiva del documento.

   Fundamento su demanda en los artículos 1.159, 1.160, 1.161, 1.167 del Código Civil.

   .Que por todo lo antes expuesto es que demanda al ciudadano R.A.C.M., antes identificado, mediante la acción de resolución del contrato de opción a compra venta, para que convenga o en su defecto sea condenado a ello por este Tribunal a lo siguiente: PRIMERO: A) a pagar la cantidad de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.10.750.000,00) cantidad dada en arras y recibida por el opcionante de conformidad con la cláusula segunda del precitado contrato de opción de compra venta, y B) la cantidad de TRES MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES por concepto de indemnización por daños y perjuicios, de acuerdo a la cláusula sexta del tantas veces nombrado contrato de opción a compra venta que establece: “…si por el contrario no llegase a protocolizarse el documento de venta por causas imputables a el opcionante, este deberá reintegrar la cantidad dada en arras mas el 50% de las arras recibidas…” SEGUNDO: los daños emergentes y futuros que se puedan producirse hasta la fecha en que se verifique el cumplimiento de las obligaciones aquí demandadas, los cuales alega, serán especificados y demostrados durantes las secuelas del procedimiento y entre otros, tuvo su razón o motivo por la estadía o permanencia en el país Venezuela durante aproximadamente dos (2) meses en la que ocasionó gastos a su representada, es por lo que pidió sea determinada en su oportunidad por este Tribunal mediante una experticia complementaria de fallo. TERCERA: los intereses que se han causado desde la fecha del incumplimiento por parte del opcionante, desde el día 1 de mayo del año 2001, a razón de un 3% anual y los que se causen hasta la sentencia definitivamente firme. CUARTA: el pago de las costas y costos del presente juicio. QUINTO: pidió que para el momento del pago de las sumas demandadas, o en su defecto al monto que condenen a este Tribunal se le aplique a la corrección monetaria a fin de que la demanda reconozca y pague el ajuste o corrección conforme a los índices informativos mensuales emanados del Banco Central de Venezuela, en relación al mayor valor que pueda tener el pago de la suma de dinero demandada a la fecha de producirse la sentencia definitiva en este juicio.

   Siendo la oportunidad para la contestación de la demanda la parte demandada alegó:

   . Niega y rechaza que la parte demandante ciudadana M.C.V., estando dentro del lapso de los cinco (5) meses, establecidos en la cláusula tercera del precitado contrato, le haya hecho reiteradas llamadas telefónicas al opcionante y mucho menos que este le dijera que no se preocupara que el apartamento en referencia era de ella, porque como bien lo afirma y reconoce la parte demandante en el libelo de la demanda, era dentro del lapso de estos cinco (5) meses consecutivos a partir de la firma de la opción a compra que “la opcionada tenia para hacer el deposito del saldo restante del precio fijado” que era la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00), y cuyo deposito nunca se hizo, y mucho menos hizo contacto con su representado para finiquitar dicho pago.

   . Niega y rechaza que a su representado le correspondiera señalar el día para la firma definitiva del documento de venta, ya que en cláusula quinta del precitado documento y como consecuencia de esta situación “era la persona de la opcionada quien asumiría la elaboración del precitado documento y todos los gastos referentes a los derechos de registro así como los honorarios profesionales del abogado que realizaría dicho documento, situación que en todo momento acepto”, entonces es contradictorio que la demandante afirme que era su representado señalar el día de la firma del documento de venta.

   . Niega y rechaza que su mandante dejara transcurrir el lapso de los cinco (5) meses para que a propósito feneciera el precitado lapso de la opción de compra venta, por cuanto fue la opcionada que no fue diligente e incumplió con su deber de hacer los tramites respectivos, asumiendo la misma actitud de silencio en todo ese tiempo, ya que era su representado el que la llamaba en todos esos cinco (5) meses y como nunca obtuvo una respuesta de esta, viajó el día 18 de mayo del año 2001 hasta la ciudadana de Maracay para entrevistarse con la misma sin poder hacerlo por cuanto no la localizó y es cuando decide dirigirse a las oficinas de Ipostel y enviarle un telegrama donde le notificó que según la cláusula sexta del contrato firmado entre las partes, el mismo quedó sin efecto y que de igual manera comenzó a regir la cláusula séptima desde la fecha de vencimiento de la opción.

   . Que ese telegrama fue recibido por la opcionada el día 21 de mayo de 2001.

   . Niega y rechaza que la opcionada acudiera a la Oficina Subalterna del Registro Publico del Segundo Circuito de la ciudad de Maracay, a los fines de verificar los datos del inmueble antes de vencerse la opción a compra.

   . Niega y rechaza que la opcionada para el mes de abril del año 2001, contestara en la Oficina del Registro Subalterno que el inmueble en cuestión no le pertenecía en un 100% a su representado por cuanto era un bien común de una supuesta comunidad de gananciales producto del matrimonio que mantuvo con la señora L.J.G., ya que si bien es cierto que su representado estuvo casado con esta persona, no es menos cierto que en el año 1988 ese vínculo conyugal quedó disuelto, a través de sentencia emanada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua en el año antes mencionado, en fecha 27 de abril.

   . Niega y rechaza que para el mes de abril del año 2001, no existiese documento donde constara la partición de la comunidad conyugal.

   Niega y rechaza que para el mes de abril del año 2001, pesara sobre el inmueble una medida de prohibición de enajenar y gravar, emanado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

   . Niega y rechaza que para la fecha en que venció la referida opción, existiera la precitada medida de prohibición de enajenar y gravar y que la misma fuese decretada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua en fecha 8 de mayo de 1993, según oficio 287.

   . Niega y rechaza que la precitada medida de prohibición de enajenar y gravar alegada por la demandante fuese levantada por el mismo Tribunal en fecha 18 de mayo de 2001, ya que esta medida no existía para la fecha 18 de mayo de 2001.

   . Niega y rechaza que su representado se encontrara insolvente con respecto al inmueble desde la fecha de adquisición del mismo hasta el 14 de mayo del año 2001, ya que este pago le correspondía hacerlo a la opcionada según la cláusula cuarta del precitado contrato de opción a compra donde la misma se obliga a cancelar “todas las solvencias municipales a partir del 12 de marzo del 2000 hasta de la firma del documento definitivo de venta” y lo cual no lo hizo la opcionada, incumpliendo con dicho compromiso y que ahora quiere hacer ver que fue su representado que incumplió en el pago de dicho impuesto que le correspondía solo hacerlo ella.

   . Que como bien lo afirma la demandante en el libelo de la demanda fue su representado quien canceló dichos impuestos hasta el mes de junio de 2001, el día 14 de mayo de 2001.

   . Niega y rechaza que la demandante se haya trasladado a la ciudad de Caracas para hablar con su representado, y mucho menos que este le haya dicho que esta no tenía ningún derecho sobre el inmueble objeto de la prenombrada negociación de opción a compra.

   . Niega y rechaza todo el petitorio solicitado por la demandante en el libelo de la demanda.

   Seguidamente y siendo la oportunidad procesal para presentar pruebas, ambas partes hicieron uso de su derecho.

   De esta forma, los hechos controvertidos quedaron limitados a demostrar la procedencia o no de la acción por resolución de contrato de opción de compra venta. Y así se decide.

   FONDO DE LA CONTROVERSIA

   En este sentido, ésta Superioridad considera oportuno realizar una exhaustiva revisión de todas las actuaciones que contemplan el presente juicio de reivindicación, y valorar todas las documentales y pruebas promovidas por ambas partes.

   PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

   La accionante, promovió los siguientes medios probatorios:

   • Poder conferido por la ciudadana M.C.V., antes identificada, a los abogados en ejercicio E.T. y F.J.C.M., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos.30.084 y 75.008, autenticado ante la Notaria Publica Tercera de Maracay Estado Aragua en fecha 11 de junio de 2001, bajo el No.1° y 42° (folios 04 al 06). Al respecto, observa esta Superioridad que el referido instrumento constituye un documento público el cual no fue impugnado ni tachado en la oportunidad legal correspondiente, razón por la cual, esta Alzada le otorga pleno probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrada la representación que ostenta el abogado E.T.. Así se decide.

   • Copia Simple de los asientos del Libro llevado por la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Girardot del Estado Aragua, en la cual se observa la negociación de compraventa, mediante la cual en fecha 29 de septiembre de 1980, el ciudadano R.A.C.M., antes identificado, adquiere el inmueble de marras (folios 07 al 14). En este sentido, observa esta Juzgadora que la anterior documental n fue objeto de tacha o impugnación en la oportunidad legal correspondiente razón por la cual, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que el demandado adquirió el inmueble objeto de la presente litis en el año 1980. Y así se decide.

   • Copia simple de cesión de derechos relacionados con el inmueble de autos, en copia simple, en la cual la ciudadana L.J.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.3.722.191, le vende sus derechos al ciudadano R.A.C.M., autenticado ante la Notaria Publica Sexta de Caracas en fecha 5 de diciembre de 1990, bajo los Nos.60, Tomo 94 (folios 15-17 y 129-130).

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida documental no fue tachada en la oportunidad legal correspondiente, por lo que, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado, si bien es cierto que dicho inmueble pertenecía a una comunidad conyugal, no es menos cierto que después de divorciados y por lo tanto extinta la comunidad conyugal, la referida ciudadana le vendió su porcentaje del inmueble a la parte demandada del presente procedimiento, por lo que, el referido inmueble pertenecía únicamente al ciudadano R.A.C.M.. Así se decide.

   • Copia certificada de contrato de opción de compraventa en el cual el ciudadano R.C.M., antes identificado, le da en opción de compraventa a la ciudadana M.C.V., antes identificada, el inmueble objeto de litigio, autenticado ante la Notaria Publica Quinta de Maracay Estado Aragua, en fecha 9 de noviembre de 2000, bajo el No. 14, tomo 302 (folios 18 al 20), el cual al no haber sido objeto de tacha o impugnación esta Superioridad le otorga pleno probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrados los hechos que del referido documento se desprenden. Y así se establece.

   • Factura en original de CANTV a nombre de la ciudadana G.A.d. fecha 4 de mayo de 2001 (folio 123 y 124). Al respecto observa esta Alzada que la referida documental es un documento emanado de terceros, el cual debió este ser ratificado en juicio de conformidad con lo establecido en los artículos 431 y 433 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se desecha del proceso. Y así se establece.

   • Factura en copia simple de ingresos emanada de la Alcaldía del Municipio Girardot de fecha octubre-diciembre de 2001, a nombre del ciudadano R.A.C.M. (folio 125), al respecto, se evidencia que la referida documental no contiene firma ni sello húmedo del ente emisor, por lo que, forzosamente esta Alzada debe desecharla del proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Sellos. Así se decide.

   • Estado de cuenta en copia simple de fecha 7 de noviembre de 2001 (folios 126 y 127), al respecto, se evidencia que la referida documental no contiene firma ni sello húmedo del ente emisor, por lo que, forzosamente esta Alzada debe desecharla del proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Sellos. Así se decide.

   • Copia simple de asiento Registral (folio 130), donde se observa que en fecha 18 de mayo de 2001 fue Registrada sentencia de divorcio, sin embargo, esta Alzada no observa que la documental este acompañada con la copia del instrumento que allí se describe, razón por la cual, resulta inconducente y se desecha del proceso. Y así se decide.

   • Oficio No.1560-674 en copia simple emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua de fecha 10 de mayo de 2001, dirigido al Registrador Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua (folio 131), el cual al no haber sido objeto de tacha o impugnación esta Sentenciadora le otorga pleno probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que efectivamente fue suspendida la medida que prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto del presente litigio. Y así se decide.

   • Contrato de opción a compra en copia simple, autenticado ante la Notaria Publica Primera de Maracay Estado Aragua en fecha 12 de marzo de 1998, bajo el No. 1, tomo 52, en el cual el ciudadano R.C.M., antes identificado, le da una opción a compra sobre el inmueble de autos, a la ciudadana G.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.481.778 (folio 133 al 137). Al respecto, observa esta Superioridad que el referido documento resulta inconducente a los fines de verificar el hecho controvertido en la presente causa, el cual es la procedencia o no de la acción por resolución de contrato de opción a compra, aunado al hecho que, la ciudadana G.V. no es parte en el presente juicio, razón por la cual, se desecha del proceso. Y así se decide.

   • Declaración del testigo, ciudadano L.R.G.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V-14.691.037, en fecha 20 de febrero de 2004, cursante al folio 165, en la cual se dejó sentado lo siguiente:

   “…En horas de despacho del día de hoy VEINTE (20) de febrero de 2004, siendo las 9:30 a.m., oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar el acto de declaración del testigo L.R.G.M.. Se hizo presente el Abogado: E.A.T. C., Inpreabogado N° 30.084, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora y presenta a una persona que se identifica como: L.R.G.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V-14.691.037, soltero y domiciliado en: Urbanización A.E.B., Calle A.E.B., casa N°10, Maracay Estado Aragua. Presente igualmente la abogado: Y.D.V.C.T., inpreabogado N°52.129, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada. Impuesto del motivo de su comparecencia y de las generales de Ley con relación a la declaración de testigos, manifestó no tener impedimento alguno y prestó el juramento de Ley. Acto seguido pasa a ejercer su derecho a preguntar la parte promovente de la siguiente manera: PRIMERA: Diga el testigo si conoce suficientemente de vista, trato y comunicación desde hace mucho tiempo a la ciudadana M.C.?. CONTESTO: “solamente la conozco de vista”. SEGUNDA: Diga el testigo si en fecha 18 de abril del año 2001, la señora MDELIN CHAN solicitó en carácter de préstamo el teléfono CANTV de su habitación para realizar unas llamadas a la ciudad de Caracas? CONTESTO: “Si la misma solicito el prestamos del servicio telefónico de mi residencia”. En este estado solicita el derecho a la palabra la abogado: Y.D.V.C.T., en su carácter expresado, y concedídole expone: “Que el cuestionario no se esta formulando en este acto como esta planteado textualmente por la parte contraria la cual promovió en su debida oportunidad de promoción de pruebas, y debería hacerlo tal y como lo planteo en su escrito y en el orden debido. Es todo”. Acto seguido continua preguntando el promovente así: TERCERA: Diga el testigo, si igualmente después que la señora M.C. utilizó su teléfono CANTV de habitación, tuvo usted que acompañarla a realizar otras llamadas en un teléfono público, debido a su estado de nervios? CONTESTO: “Si la acompañe debido a que quedo afectada emocionalmente”. CUARTA: Diga el testigo, si el motivo tal y como usted lo manifiesta, que la ciudadana M.C. quedo afectada emocionalmente, fue producto de las llamadas realizadas desde su teléfono CANTV y si la misma le manifestó con quien había hablado? CONTESTO: “Ella si quedo afectada porque tuvo un cruce de palabras con la persona que hablaba en la llamada y en el momento no me comunicó el nombre y apellido de la persona con quien estaba comunicándose. QUINTA: Diga el testigo, cual es el número de su habitación CANTV, del cual la señora M.C. realizó la llamada en fecha 18 de abril de 2001? CONTESTO: “El numero telefónico de mi residencia es 0243-2345131… Igualmente en fecha se le concede el derecho a interrogar al testigo, a la abogado: YOSAMR DEL VALLE C.T., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, quien lo hace de la siguiente manera: