Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Julio de 2015

Que en fecha 12 de abril de 2012, el Director Presidente del C.D., Profesor M.R.B., declaro mediante Resolución Nº S-N-2012-5-271 Acta Nº 408, lo siguiente:

EL C.D.

En uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento General de la Universidad Pedagógica Libertador, analizada la solicitud formulada por el Director-Decano en cuanto al recurso jerárquico interpuesto por la Licenciada M.Z..

CONSIDERANDO

1. Que la Vicerrectora de Investigación y Postgrado y la Secretaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador solicitaron al Director Decano estudiar nuevamente el caso de la Licenciada M.Z. respecto al recurso jerárquico interpuesto por ésta con relación a la reprobación de su trabajo de grado titulado: Estrategias Instruccionales para Promover la Interacción Comunicativa Oral en los Alumnos de la II Etapa de Educación Básica de la Escuela Básica Estadal “Rómulo Betancourt”

   CONSIDERANDO

2. Que el C.D. en Sesión Ordinaria No. 406 de fecha 06-02-20 12 solicitó la opinión al C.T.A.d.P..

   CONSIDERANDO

3. Que este cuerpo colegiado leyó y a.l.o.e. por el C.T.A.d.P. (CTAP).

   RESUELVE

1. Acoger la opinión emitida por el C.T.A.d.P. (CTAP) la cual se desprende de su conclusión: no se produjo omisión de trámites esenciales que incidieran en los resultados de su evaluación del trabajo de grado, considerando que de acuerdo a los previsto en el Reglamento de Estudios de Postgrado, la estudiante al entregar su versión corregida asume las observaciones de 15 de julio del 2010 y cualquier pronunciamiento relativo al veredicto definitivo se realizó una vez concluida su presentación oral, ajustándose al Artículo 136, en el cual el veredicto del jurado se considera “inapelable e irrevocable”

2. Notificar a la Licenciada M.Z., a la Vicerrectora de Investigación y Postgrado y a la Secretaría de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la presente decisión .

   Que mediante Acta de Evaluación de Trabajo de Grado de fecha 15 de julio de 2010, emitido por la Subdirección de Investigación y Postgrado, realizó observaciones generales (…) se observa debilidades en cuanto al uso de las normas de ortografía, el uso de los signos de puntuación y el Manual de la UPEL (2010). (…) se evidencia copia o apropiación indebida de información (PLAGIO) que no es de la autora del trabajo (…) (…) en el Planteamiento del Problema se presentan tantas ideas que al final no está claro lo que se quiere lograr con la investigación ni cual es el problema (…) (…) las interrogantes que se formulan no deben responder solo a un SÍ o a un NO (…) las ideas desarrolladas presentan un tema diferente de la investigación (…) la mayoría de los antecedentes no corresponden con los objetivos del trabajo(…) solo se presentan las ideas con una relación directa con el trabajo (…) en su mayoría no corresponden con los objetivos de la investigación (…) Las Bases Legales están desactualizadas. No se hace referencia a la nueva Ley de Educación del año 2009 (…) la autora asume y describe posturas, clasificaciones y definiciones sin el apoyo teórico, los cuales en su mayoría se encuentra en distintas páginas de interne, esto evidencia de manera irrefutable de plagio del derecho de autor, falta penalizada por la academia mundial y las leyes venezolanas las cuales hacen considerar inviable la aprobación de la investigación (…) (ver folios 2 al 5 del expediente administrativo)

En fecha 29 de abril de 2011, mediante acta de reunión el jurado examinador del trabajo de grado de la ciudadana M.Z., titular de la cédula de identidad Nº V-6.007.673, en presencia de la Lic. Yolibet Ollarve, Coordinadora General de postgrado, quien siguiendo instrucciones del Dr. José peña, Subdirector de Investigaciones y Postgrado, estuvo velando por el cumplimiento de lo previsto en el acta 399 de la Resolución S-N 2011-5-197, de fecha 4 de abril del año en curso, el cual ordenó al Jurado examinador del trabajo de grado reponer el procedimiento a partir de las observaciones formuladas.(…) estableciendo los siguientes acuerdos: 1. Dejar constancia por medio de la presente que la ciudadana Prof. M.Z. recibió las observaciones formuladas por el jurado el pasado 15 de julio de 2010. “. 2. (…) asumió la responsabilidad de consignar a la Coordinación de Postgrado, los ejemplares correspondientes a fin de que se verifique la incorporación de las observaciones formuladas. 3. Fijar la fecha para la presentación oral del Trabajo de Grado, para el día martes 03 de mayo del año en curso a las 2:00 pm. 4. Publicar durante el día, dos afiches (…) a fin de invitar a la comunidad universitaria a la presentación oral del Trabajo de Grado.

En fecha 3 de mayo de 2011, se efectuó acta de evaluación de trabajo de grado por los miembros del jurado designado por el C.D. de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÍGICO DE MIRANDA “JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ” dejando constancia de lo siguiente: (…) El mismo se considera REPROBADO, de acuerdo con los siguientes criterios a. No fueron considerados las observaciones que fueron recomendadas por el jurado examinador, según lo ordenado por el C.D. en el artículo 1 de la resolución emanada en su sesión Nº. 2011-S-197(…).

Finalmente se produce en fecha 12 de abril de 2012, Resolución Nº S-N-2012-5-271 Acta Nº 408, que estableció lo siguiente:

(...)Acoger la opinión emitida por el C.T.A.d.P. (CTAP) la cual se desprende de su conclusión: no se produjo omisión de trámites esenciales que incidieran en los resultados de su evaluación del trabajo de grado, considerando que de acuerdo a los previsto en el Reglamento de Estudios de Postgrado, la estudiante al entregar su versión corregida asume las observaciones de 15 de julio del 2010 y cualquier pronunciamiento relativo al veredicto definitivo se realizó una vez concluida su presentación oral, ajustándose al Artículo 136, en el cual el veredicto del jurado se considera “inapelable e irrevocable”(...)

El control a ejercer de cara a las exigencias del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede limitarse al acto recurrido, sino que debe versar sobre las actuaciones que le dieron origen ya que al fondo la pretensión es que se restablezca la situación procesal denunciada como vulnerada, de allí que sea necesario determinar cual es el procedimiento que debió llevarse en la presente causa para otorgar la titulación a la que aspira la hoy recurrente, el cual aparece normado en el Reglamento Interno de Investigación y Postgrado.

Artículo 115. El proyecto del Trabajo de Grado de Especialista, Maestría y de Tesis Doctoral, debe ser presentado por el estudiante de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento y las establecidas en la Normativa para la Elaboración y Presentación de los Trabajos de Grado de Especialización, de Maestría y de Tesis Doctorales de la Universidad.

Artículo 116. El estudiante consignará ante el Coordinador del Subprograma respectivo tres (3) ejemplares del Proyecto de Trabajo de Grado de Especialización, Maestría o de Tesis Doctoral en físico y una (1) versión digitalizada.

Artículo 117. El Coordinador del Subprograma respectivo entregará las copias de los proyectos recibidos, a los miembros de la Comisión de Trabajo de Grado, en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de su consignación.

Articulo 118. Parágrafo

Las Comisiones de Trabajo de Grado de Especialización, Maestría o de Tesis Doctoral, según sea el caso, pueden designar comités ad-hoc integrados por dos o más miembros para la revisión de proyectos específicos a los fines de su aprobación.

Artículo 125. Los jurados examinadores son designados por el C.D.d.I. a proposición del C.T.A.d.P., previa consulta a la Comisión de Trabajo de Grado de Especialización, de Maestría o de Tesis Doctoral, según corresponda. La designación deberá efectuarse en un plazo no mayor de veinte (20) días después de la entrega del Trabajo de Grado o de la Tesis Doctoral, a la Coordinación del Subprograma.

Artículo 130. El jurado examinador deberá realizar por lo menos una reunión previa, a la presentación oral del Trabajo de Grado o Tesis Doctoral, para consensuar las observaciones o recomendaciones del Trabajo de Grado o Tesis Doctoral. La primera reunión deberá realizarse en los próximos treinta (30) días, a partir de haber sido notificada la designación del jurado.

Artículo 131. El Coordinador del Subprograma de Postgrado conjuntamente con el coordinador del jurado examinador fijará la fecha para la presentación oral del trabajo de grado o de la tesis doctoral por el aspirante, en un lapso no mayor de quince (15) días hábiles siguientes a su aprobación.

Artículo 132. La presentación del Trabajo de Grado de Especialización, de Maestría y Tesis Doctorales se hará en acto público.

Parágrafo Único. Dicho acto consistirá en una exposición oral de los aspectos fundamentales del Trabajo de Grado o de la Tesis Doctoral, no mayor de 45 minutos, cuando se trate de Trabajo de Grado de Especialización o de Maestría, y de 60 minutos en el caso de Tesis Doctoral. En ambos casos, luego de la presentación, el jurado realizará las preguntas que considere pertinentes.

Artículo 133. El jurado reunido en pleno emitirá su veredicto final, por decisión de la mayoría, en forma escrita y razonada. El veredicto se dará a conocer inmediatamente después del acto de presentación del Trabajo de Grado o de la Tesis Doctoral.

Lo que deja claro la existencia de un divorcio en el procedimiento ya que hubo reiteración en la falta, aunado a las denuncias y a las situaciones que afectaron la imparcialidad del jurado evaluador.

En atención a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en diferentes decisiones, respecto al derecho a la defensa y al debido proceso, siendo una de ellas, en fecha 24 de enero de 2001, del siguiente tenor:

Articulo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. (...)

En razón del precitado dispositivo normativo constitucional, toda actuación de la Administración que esté dirigida a aplicar una sanción contra algún presunto infractor, debe estar indefectiblemente precedida por un procedimiento administrativo que le garantice al particular encausado la posibilidad de ejercer a plenitud su derecho a la defensa y al debido proceso.

De esta manera, se observa que el artículo 49 de la Constitución, establece que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, disposición esta que tiene esta fundamentada en el principio de igualdad ante la ley, toda vez que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo, deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas acreditar su pretensión. Así, la jurisprudencia ha establecido que “El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.”, mientras que, el derecho a la defensa, conforme a lo establecido por la Jurisprudencia, debe entenderse como la oportunidad para el presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas.

Visto lo anterior, observa este Juzgado, que la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, lleva consigo, entre otros aspectos, el derecho que tienen los administrados a ser notificados de los cargos por los cuales se les investiga en la oportunidad procesal legalmente establecida, el derecho a tener acceso al expediente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; y el derecho a ser informados de los recursos, así como también involucra la oportunidad para que a las partes se les oigan y analicen oportunamente sus alegatos y medios de defensa que proceden frente a la decisión dictada.

Así mismo, vale destacar que al observarse el cúmulo probatorio cursante en el expediente, así como el procedimiento contenido en los artículos antes citados del Reglamento de Estudios de Postgrado, considera este sentenciador que es evidente la configuración de la violación al derecho a la defensa y al debido proceso en el presente caso, ya que no se cumplieron los lapsos establecidos para que la hoy recurrente ejerciera su derecho a realizar las respectivas correcciones y defensa del trabajo de grado para obtener el grado de Magíster. Y así se declara.

Sobre lo alegado por la parte recurrente, en relación a que se declare la responsabilidad personal de los funcionarios y directivos de dicha institución, es importante destacar, lo dictado por nuestro M.T. de la República en sus diferentes salas, tales como en el análisis del retardo de la Administración en producir decisiones, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nº 00054 publicada en fecha 21 de enero de 2009, estableció mediante criterio reiterado, lo siguiente:

Asimismo, en cuanto a la violación al artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala en ocasiones anteriores ha establecido que:

‘esta actuación que se imputa a la Administración no constituye por sí sola, en principio, un vicio que afecte directamente la validez del acto administrativo y por tanto no implica la nulidad del mismo.

El retardo de la Administración en producir decisiones acarrea, en todo caso, la responsabilidad del funcionario llamado a resolver el asunto en cuestión, pues el mismo, ciertamente, transgrede el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme al cual las autoridades y funcionarios competentes deben observar los términos y plazos legalmente establecidos, para el despacho de los asuntos sometidos a su consideración. Esta responsabilidad, tanto de los funcionarios como de las demás personas que presten servicios en la Administración Pública, se encuentra expresamente consagrada en los artículos 3 y 100 eiusdem.

Una denuncia que aquí se examina prosperara ya que el retardo constituye un menoscabo a los derechos e intereses del particular, cuestión esgrimida en el caso de autos, resultando por tanto fundado el presente alegato. En consecuencia se exhorta a las autoridades administrativas pertinentes establecer las sanciones respectivas a los funcionarios responsables por el retardo y mal aplicación del procedimiento administrativo correspondiente al caso concreto, objeto del presente recurso de nulidad. Y así se declara.

Conforme a los criterios y decisiones parcialmente transcrita, este Juzgador considera oportuno recordar que si bien la actuación de los órganos administrativos en todo momento debe sujetarse a las normas jurídicas aplicables, no menos cierto es que además debe orientarse a cumplir una serie de principios que constituyen una pieza fundamental dentro del procedimiento que se trate, por cuanto existen fundamentos de base para analizar lo alegado, previa revisión de los autos, en consecuencia se acuerda la solicitud de responsabilidad personal de los funcionarios y directivos de dicha institución. Y así se decide.

Por las razones antes expuestas y en armonía al artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, declara la NULIDAD de la Resolución S. Nº 2012-5-271, Acta Nº 408 de fecha 12 de abril de 2012, emanado de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÍGICO DE MIRANDA “JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ”. Y así se decide.

Finalmente, con respecto al resto de las peticiones contenidas en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, relacionadas con la designación de una comisión AD HOC, la reposición del procedimiento al estado de designar un nuevo jurado examinador y la aplicación de las sanciones previstas en el articulo 100 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dada la naturaleza de la decisión proferida, este Tribunal las acuerda. Y así se declara.

En consecuencia, por todos los motivos anteriormente expuestos, el presente recurso de nulidad debe ser declarado CON LUGAR. Así se decide.

II

DECISIÓN

Por todas las consideraciones tanto de hecho como derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por M.Z.D., venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-6.007.673, asistida por la abogada N.Z., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.979, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÍGICO DE MIRANDA “JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ” Y en consecuencia:

PRIMERO: Se DECLARA la NULIDAD de la Resolución S. Nº 2012-5-271, Acta Nº 408 de fecha 12 de abril de 2012, emanado de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÍGICO DE MIRANDA “JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ”.

Se ORDENA a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÍGICO DE MIRANDA “JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ” reordenar el procedimiento al estado en que se nombre un nuevo jurado evaluador cumpliéndose el procedimiento estipulado en el Reglamento de Estudios de Postgrado a los fines de designar como jurado evaluador al Rector académico o al Director de postgrado con el propósito de sustanciar el respectivo procedimiento con el fin ulterior de restablecer la situación jurídica infringida.

Se ACUERDA la solicitud de declaratoria de responsabilidad a los funcionarios.

Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

E.L.M.P.,

EL JUEZ

G.J.R.P.,

EL SECRETARIO

En esta misma fecha de hoy, siendo las dos horas exactas de la tarde (02:00 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión en el asiento número ___ dando cumplimiento a lo ordenado en el dispositivo del presente fallo.

G.J.R.P.,

EL SECRETARIO

Expediente Nº. 07122

E.L.M.P/G.J.R.P/m.m.p.g