Sentencia nº 01435 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Julio de 2001
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2001 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Levis Ignacio Zerpa |
| Procedimiento | Demanda de nulidad |
MAGISTRADO PONENTE: L.I. ZERPA Exp. Nº 3609
El abogado R.L.I., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7.840, actuando en su carácter de representante judicial de la sociedad mercantil MANUFACTURAS GENERALES DE FERRETERÍA, S.A. (MAGEFESA), domiciliada en Derio-Bilbao (Vizcaya) España, interpuso ante la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia recurso de nulidad contra las Resoluciones Nos. 720 y 765, de fechas 18 y 19 de febrero de 1982, respectivamente, emanadas del entonces MINISTERIO DE FOMENTO, hoy Ministerio de la Producción y el Comercio, que ratificaron las Resoluciones Nos. 1.563 y 1.506 del Registrador de la Propiedad Industrial, del 17 de agosto de 1981, por las cuales se niega el registro de dos marcas comerciales solicitadas por la recurrente.
El 11 de enero de 1983, se dio cuenta en Sala y se ordenó el pase del expediente al Juzgado de Sustanciación, a reserva de solicitar el expediente administrativo.
El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 03 de febrero de 1983, admitió cuanto ha lugar en derecho el recurso interpuesto, ordenando las notificaciones de ley.
El 28 de febrero de 1983, el Juzgado de Sustanciación expidió el cartel de emplazamiento.
Por auto de fecha 13 de junio de 1983, el Juzgado de Sustanciación revocó el cartel librado y acordó el pase del expediente a la Sala, a fin de decidir sobre el pronunciamiento previo solicitado.
El 14 de junio de 1983, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Domingo Antonio Coronil, fijándose el quinto día de despacho para comenzar la relación.
El 28 de junio de 1983 comenzó la relación en el presente juicio y se fijó la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes.
En fecha 18 de julio de 1983, siendo la oportunidad fijada para que tuviese lugar el acto de informes, no comparecieron las partes y continuó la relación.
Mediante diligencia de fecha 06 de octubre de 1983, el apoderado de la parte actora desistió de la solicitud de pronunciamiento previo y pidió el pase del expediente al Juzgado de Sustanciación para la continuación del procedimiento.
Por auto de fecha 10 de octubre de 1983, se ordenó el pase del expediente al Juzgado de Sustanciación.
El 24 de octubre de 1983, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó oficiar al Ministro de Fomento para que remitiese el expediente administrativo.
El 08 de noviembre de 1983, se libró el cartel de emplazamiento.
Retirado, publicado y consignado el cartel, por auto de fecha 09 de febrero de 1984, en virtud de que se encontraba concluida la sustanciación de la causa; el Juzgado de Sustanciación acordó la remisión del expediente a la Sala.
El 16 de febrero de 1984, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Domingo Antonio Coronil, fijándose el quinto día de despacho para comenzar la relación.
El 28 de febrero de 1984, comenzó la relación en el presente juicio y se fijó la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes.
En fecha 19 de marzo de 1984, siendo la oportunidad fijada para que tuviese lugar el acto de informes, no comparecieron las partes y continuó la relación.
El 14 de mayo de 1984, terminó la relación y se dijo “Vistos”.
El 02 de agosto de 1984, la representación del Ministerio Público consignó sus conclusiones.
Por auto de fecha 03 de julio de 1989, se reasignó la ponencia al Magistrado Román José Duque Corredor.
Por auto de fecha 04 de abril de 2000, se reasignó la ponencia al Magistrado L.I. Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Y.J.G., y la ratificación del Magistrado L.I. Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político-Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, ordenándose la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.
Pasa la Sala a decidir, y a tal efecto observa:
I MOTIVACIONES PARA DECIDIR
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, “Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado la Corte sin más tramitaciones declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte”.(destacado de la Sala)
A partir del dispositivo transcrito, contenido en la referida ley orgánica en su Título V, que regula los procedimientos aplicables a las causas que cursan ante este M.T., puede la Sala deducir que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso.
Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento, entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.
Consecuente con este orden de ideas y de acuerdo a los dispositivos que integran nuestra legislación vigente, la Sala se pronunció en reciente fallo de fecha 08 de febrero del corriente año, respecto a la aplicabilidad y alcance del mencionado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia a los procedimientos que cursan ante este Supremo Tribunal que pudieren ser objeto de una declaratoria de perención en razón de su paralización, en los términos siguientes:
“ (...) De manera, pues, que a los efectos de declarar la perención en un procedimiento que se tramite ante el Tribunal Supremo, no puede tenerse el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como norma de preferente aplicación y por tanto ha de concluirse que adquieren su pleno valor las reglas sobre la materia estatuidas en el artículo 86; conforme a cuya lectura aparece como obligada conclusión, que basta para que opere la perención, independientemente del estado en que se encuentre, que la causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual, la Sala, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Tal criterio, además, es conclusión obligada del análisis de los efectos que el artículo 87 eiusdem atribuye al desistimiento de la apelación o a la perención de la instancia, negando firmeza a la sentencia o al acto recurrido, cuando se violen normas de orden público y por disposición de la Ley corresponda a la Sala, el control de la legalidad de la decisión o acto impugnado.
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem, que dispone: (...).
En efecto, cuando la norma transcrita establece que la ‘última actuación de las partes’ en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir conociendo en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aun después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.”
(Sentencia en ponencia conjunta de la Sala Político Administrativa Nº 095 de fecha 13 de febrero de 2001. Caso: Molinos San Cristóbal)
Ahora bien, circunscribiéndonos al caso de autos y examinadas como han sido las actas procesales que integran el presente expediente, se pudo constatar que la causa ha estado paralizada desde el 02 de agosto de 1984, oportunidad en la cual la representación del Ministerio Público consignó sus conclusiones, hasta la presente fecha; en tal sentido, observa la Sala que la causa bajo análisis ha permanecido paralizada por más de dieciséis (16) años, sin que se evidencie del expediente actuación alguna de desarrollo del proceso realizada con posterioridad, distinta a los autos de designación de ponentes y reconstitución de Sala; por tanto, cumplidos los extremos previstos en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y al no existir disposición especial aplicable a la materia debatida ni estar interesado el orden público en la presente causa, resulta forzoso para esta Sala declarar que ha operado ope legis la perención de la instancia en este proceso.
II DECISIÓN
Conforme a lo expuesto, resulta evidente que habiendo transcurrido indefectiblemente el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y, por tanto, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente proceso instaurado por la sociedad mercantil MANUFACTURAS GENERALES DE FERRETERÍA, S.A. (MAGEFESA), contra las Resoluciones Nos. 720 y 765, de fechas 18 y 19 de febrero de 1982, respectivamente, emanadas del entonces MINISTERIO DE FOMENTO, hoy Ministerio de la Producción y el Comercio, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los once (11) días del mes de julio de 2001. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente Ponente,
L.I. ZERPA El Vicepresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Y.J.G. Magistrada La Secretaria
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 3609
LIZ/meg.-
Sent. Nº 01435
En doce (12) de julio del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01435.
