Decisión nº 663 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Junio de 2007

Se inició el presente procedimiento mediante demanda por INTERDICTO RESTITUTORIO, intentada por el Abogado en ejercicio L.D.J.L., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 9.705.493, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, actuando según se evidencia de instrumento poder que le fuera otorgado en fecha primero (1) de septiembre del año dos mil tres (2003), por ante la Notaría Pública Tercera de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, anotado bajo el N° 12, tomo 97, de los correspondientes libros de autenticaciones llevados por dicha oficina notarial, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana M.E.B.M., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 5.166.932, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; en contra del ciudadano J.L.C.D., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 7.978.562, domiciliado en esta ciudad yy Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

I

RELACIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES

Ahora bien, el Tribunal, luego de una exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente signado con el N° 50.808, observa lo siguiente:

Proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, órgano receptor y distribuidor de documentos del Poder Judicial para la fecha, este Tribunal recibió el escrito de demanda el día diecinueve (19) de septiembre del año dos mil tres (2003), siendo la una y veinticinco minutos de la tarde (1:25 PM).

En fecha ocho (8) de octubre del año dos mil tres (2003), este Juzgado recibió el escrito de demanda, mediante auto ordenó formar expediente y numerarlo. A los fines de resolver sobre su admisión, instó a la parte actora a consignar recibos de pago de servicios públicos u otros instrumentos probatorios a fin de colorear la posesión alegada en el referido escrito.

En fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil tres (2003), el Abogado en ejercicio L.D.J.L., plenamente identificado en actas, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte accionante, acompañados de diligencia suscrita a las puertas de la Sala de Despacho de este Juzgado, consignó según su consideración los medios probatorios necesarios a los fines de colorear su posesión.

En fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil tres (2003), el Abogado en ejercicio L.D.J.L., plenamente identificado ut supra, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte accionante en esta causa, acompañados de diligencia suscrita a las puertas de la Sala de Despacho de este Juzgado, consignó determinados documentos considerados también por él, probatorios de su posesión.

En fecha treinta (30) de octubre del año dos mil tres (2003), este Juzgado mediante auto, de conformidad con la norma contenida en los artículos 783 y 699 del vigente Código de Procedimiento Civil, decretó el secuestro preventivo del inmueble objeto de esta querella interdictal restitutoria, comisionando en el mismo acto y a tales fines al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, J.E.L., San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En fecha doce (12) de noviembre del año dos mil tres (2003), este Juzgado libró el correspondiente despacho de comisión, acompañado de oficio N° 1589-03.

En fecha once (11) de marzo del año dos mil cuatro (2004), el Abogado en ejercicio C.G.G., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 5.843.812, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 37.841, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, acompañado de diligencia suscrita a las puertas de la Sala de Despacho de este Juzgado, consignó instrumento poder que le fuera otorgado por la ciudadana M.E.B.M., parte accionante, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil cuatro (2004), por ante la Notaría Pública Tercera de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, anotado bajo el N° 23, tomo 28 de los correspondientes libros de autenticaciones llevados por dicha oficina notarial.

En fecha doce (12) de enero del año dos mil cuatro (2004), este Juzgado recibió las resultas de la comisión conferida al Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, J.E.L., San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En fecha once (11) de marzo del año dos mil cuatro (2004), el Abogado en ejercicio C.G.B.M., actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte accionante, mediante diligencia suscrita a las puertas de la Sala de Despacho de este Juzgado, solicitó se ordenase la citación personal del ciudadano J.L.C.D., parte demandada en la presente causa.

En fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil cuatro (2004), vista la diligencia suscrita por la representación judicial de la parte querellante, este Juzgado mediante auto, proveyó de conformidad lo solicitado, ordenando en consecuencia, practicar la citación del ciudadano J.L.C.D., parte demandada, plenamente identificado ab initio, a fin de que compareciese por ante la Sala de este Juzgado en el segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en actas de haberse perfeccionado su citación, a dar contestación a la demanda incoada en su contra.

En la misma fecha anterior, este Juzgado libró la correspondiente boleta de citación.

En fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil cuatro (2004), la Abogada en ejercicio E.C.P.B., plenamente identificada en actas, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandante en esta causa, presentó escrito contentivo de reforma de la demanda.

En fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil cuatro (2004), el Alguacil Natural de este Despacho, ciudadano H.J.K., informó a este Juzgado que el día dos (2) de abril del mismo año, en un inmueble ubicado en la avenida 2 El Milagro, calle 97, en jurisdicción de la Parroquia B.d.M.A.M.d.E.Z., siendo las tres y cero minutos de la tarde (3:00 PM), citó al ciudadano J.L.C.D., quien se negó a firmar la correspondiente boleta de citación.

En la misma fecha anterior, la Secretaria Natural de este Despacho hizo constar que le fue devuelta la referida boleta de citación, ordenando en consecuencia se agregase al expediente de la causa.

En fecha siete (7) de octubre del año dos mil cuatro (2004), este Juzgado mediante auto, admitió cuanto ha lugar en Derecho, salvo su apreciación en la Sentencia Definitiva, la reforma de la demanda. En el mismo auto, se ordenó practicar la citación del ciudadano RICHSON J.C.D., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 7.978.562, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a fin de que compareciese por ante la Sala de este Juzgado, en el segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en actas de haberse perfeccionado su citación, a dar contestación a la demanda incoada en su contra.

En fecha primero (1°) de noviembre del año dos mil cuatro (2004), este Juzgado libró la correspondiente boleta de citación.

En fecha catorce (14) de febrero del año dos mil cinco (2005), el Alguacil Natural de este Despacho, ciudadano H.J.K., informó a este Juzgado que en la misma fecha, en un inmueble ubicado en la avenida 3F, entre calles 76 y 77, en jurisdicción de la Parroquia O.V.d.M.A.M.d.E.Z., siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos de la mañana (8:45 AM), citó al ciudadano RICHSON J.C.D., quien se negó a firmar la correspondiente boleta de citación.

En la misma fecha anterior, la Secretaria de este Juzgado hizo constar que le fue devuelta la referida boleta de citación, ordenando en consecuencia se agregase al expediente de la causa.

En fecha trece (13) de junio del año dos mil cinco (2005), la Abogada en ejercicio E.C.P.B., actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte accionante en esta causa, mediante diligencia suscrita a las puertas de la Sala de Despacho de este Juzgado, solicitó se librase la correspondiente boleta de notificación a fin de perfeccionar la citación de la parte demandada, ciudadano RICHSON J.C.D..

En fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil cinco (2005), vista la diligencia suscrita por la representación judicial de la parte accionante en esta causa, Abogada en ejercicio E.C.P.B., este Juzgado mediante auto proveyó conforme a la norma contenida en el artículo 218 del vigente Código de Procedimiento Civil, lo solicitado, ordenando en consecuencia se librase la correspondiente boleta de notificación a la parte demandada.

En la misma fecha anterior, este Juzgado libró la respectiva boleta de notificación.

En fecha cinco (5) de junio del año dos mil siete (2007), la ciudadana M.E.B.M., parte accionante en esta causa, plenamente identificada en actas, judicialmente asistida por la Abogada en ejercicio D.B.B., debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.544, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, mediante diligencia suscrita a la puertas de la Sala de Despacho de este Juzgado, solicitó se decretase la perención en la presente instancia.

Finalmente, estudiadas individualmente y en su conjunto las actas procesales que conforman el expediente de esta causa, se observa que las partes en litigio no realizaron otras actuaciones.

II

CONSIDERACIONES

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, se pronuncia al consagrar en su artículo 26 lo siguiente:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebida, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Asimismo, el más alto órgano jurisdiccional de esta República en Sala Constitucional ha manifestado mediante Sentencia N° 72, proferida en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil uno (2001), lo siguiente:

"Al respecto, reitera esta Sala que, ciertamente todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos."

Es atribución inherente al ejercicio de las funciones que desempeña este Juzgador, ser el director del proceso y dirimir los conflictos que sean sometidos a su conocimiento, por cuanto así lo establece la normativa contenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, y las reiteradas Sentencias de las Salas del más alto Tribunal de esta República, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional, atender al criterio jurisprudencial expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, en Sentencia N° 341 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil (2000), que reza:

(…) .la labor de un Juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesarios para ello, es decir, es deber irrenunciable de las partes suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en los cuales estén esos elementos de juicio que el juez necesita para producir su decisión (…).

En ese sentido, este Juzgador para resolver observa:

La Perención de la Instancia, término propio del latín perimire, es una figura legal establecida como fórmula de castigo al desinterés de las partes en el proceso, encontrándose regulada por la normativa contenida en el artículo 267 del vigente Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...”

Han sido numerosos los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia referidos a la institución de la Perención. En los siguientes términos el más alto Tribunal de esta República, ha expresado:

En Sala de Casación Civil, mediante Sentencia N° 208, de fecha el veintiuno (21) de junio del año dos mil (2000):

"La perención es un acontecimiento que se produce en el proceso por la falta de impulso procesal por un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por tal motivo no es cualquier acto el que puede producir su interrupción."

Y en Sala Político Administrativa, mediante Sentencia N° 01855, proferida en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil uno (2001), indicó:

"…el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber un año, lo cual comporta la extinción del proceso.”

Señala el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Instituciones del Derecho Procesal, que el fundamento del instituto de la Perención de la Instancia reside en dos distintos motivos: de un lado la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, constituyendo de esta manera un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida esta como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y que cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.

Por su parte, el reconocido maestro A.R.R., expone:

…la perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales; una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año.

Y el procesalista M.A.F., en su obra Modos Anormales de Terminación del Proceso, Tomo III, ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1991, con respecto a la caducidad de la instancia, expresa:

… es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley. (…) La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tienen la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público. Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos, no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia.

Al respecto, ratifica la Sala de Casación Civil del Supremo Tribunal de esta República, en Sentencia N° 217, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil uno (2001):

"…Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso del proceso dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada porque el Juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del Juzgador.( ...) En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado actos de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio, porque si es menester que el Juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es imputable al Juez. En consecuencia, la Sala deja establecido que la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria de cuestiones previas y a cualquiera otra que sea menester que el Juez dicte para la prosecución del juicio. De esta manera, la Sala abandona expresamente el criterio plasmado en su sentencia de 24 de abril de 1998, dictada en el juicio de E.M.T.d.S. contra C.N.A. de Seguros La Previsora, y cualesquiera otras que se opongan a la doctrina sentada en este fallo.”

Igualmente, es de hacer notar que es un deber del actor impulsar los procesos para que no se paralicen; deber que se encuentra expresado, entre otras disposiciones, en el artículo 173 del Código Procesal Civil cuando establece lo siguiente: “El apoderado o el sustituto estarán obligados a seguir el juicio en todas las instancias...” y que se corresponde con el propósito del artículo 10 ejusdem, que dispone: "La justicia se administrará lo más brevemente posible...".

Hechos los estudios y el cómputo pertinente a los fines de determinar el tiempo que ha trascurrido desde la fecha en la cual se libró la correspondiente boleta de notificación a los fines de perfeccionar la citación de la parte demandada en esta causa, se observa claramente que desde el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cinco (2005), hasta la presente, ha transcurrido más de un (1) año, sin que se verifique por parte del accionante impulso procesal tendiente a lograr la materialización de la citación del ciudadano RICHSON J.C.D., ni ningún otro acto subsiguiente para la prosecución del Juicio. ASÍ SE ESTABLECE.-

Seguidamente, se observa que en la misma Sentencia N° 01855, citada ut supra, la Sala Político Administrativa expresó:

Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución."

Y respecto a la declaratoria de oficio, en Sentencia N° 211 de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil (2000), ha establecido:

La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil

.

De esta manera, siendo evidente que se trata de una figura materia de orden público, que constituye una caducidad legal declarable aún de oficio, que no permite excepción de ningún tipo, por cuanto opera de derecho una vez configurada (artículo 269 del Código de Procedimiento Civil), considera este Tribunal que es necesario declarar concluido el Juicio por Perención. ASÍ SE DECIDE.-

III

DISPOSITIVO

Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

• PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente p.d.I.R., intentado por la ciudadana M.E.B.M., en contra del ciudadano RICHSON J.C.D., plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.-

• NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte actora.

Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1384 del Código Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los once (11) días del mes de junio del año dos mil siete (2007). Año: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

EL JUEZ,

Fdo.

ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA. LA SECRETARIA,

Fdo.

ABOG. M.P.D.A..

En la misma fecha anterior, previo anuncio de ley a las puertas de la Sala de este Despacho, se dictó y publicó la anterior Sentencia Interlocutoria en el Expediente N° 50.808, siendo las once y cincuenta y nueve minutos de la mañana (11:59 AM).-

LA SECRETARIA,

Fdo.

ABOG. M.P.D.A.