Decisión nº PJ0122014000954 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución. Sede Cabimas de Zulia (Extensión Cabimas), de 15 de Julio de 2014
| Fecha de Resolución | 15 de Julio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución. Sede Cabimas |
| Ponente | Omaira Jiménez Arias |
| Procedimiento | Medida De Embargo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Cabimas, 15 de Julio de 2014
204º y 155º
ASUNTO: VI21-X-2014-000076
Sent. Int. N°: PJ0122014000954.
MOTIVO: FIJACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.-
DEMANDANTE: MELENDEZ GARCIA, M.D.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10081878.
DEMANDANDO: ADAMES ZAMORA, A.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12466340.
NIÑA: (cuyo(s) nombre(s) se omite(n) de conformidad con lo establecido en el articulo 65 LOPNNA)
PARTE MOTIVA
Consta en los autos juicio de FIJACION DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, seguido por la ciudadana MELENDEZ GARCIA, M.D.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10081878, a favor de la niña de actas, contra el ciudadano ADAMES ZAMORA, A.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12466340.
En fecha once (11) de abril de dos mil catorce (2014), se admitió la presente demanda de FIJACION DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, cuanto ha lugar en derecho.
En fecha once (11) de julio de dos mil catorce (2014), la parte actora solicita al Tribunal Medidas Preventivas de Embargo en contra del demandado, como trabajador de la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA S.A (PDVSA); sobre los siguientes conceptos: sueldo, bono vacacional, utilidades, primas por hijos, útiles escolares, prestaciones sociales y fideicomiso.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
ÚNICO
Examinadas las actas procesales, observa esta Juzgadora que en el juicio de FIJACION DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, la parte demandante solicitó Medidas Precautelativas de Embargo, sobre los haberes que le corresponda o pueda corresponder al demandado ADAMES ZAMORA, A.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12466340, quien es trabajador de la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA S.A (PDVSA), y resuelve en relación a las medidas de embargo solicitadas, que se cumple con los extremos legales que exige el Artículo 466-B de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por cuanto el mismo establece que:
El Juez o jueza al admitir la demanda de Obligación de Manutención, puede ordenar las medidas provisionales que juzgue más convenientes al interés del niño, niña o adolescente, previa apreciación de la gravedad y urgencia de la situación…
, en consecuencia a lo expuesto, procede el pedimento solicitado.
Las medidas preventivas, según ha señalado la doctrina, son disposiciones de precaución adoptadas por el Juez, a instancia o solicitud de parte, con la finalidad de asegurar la OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, y están establecidas en los artículos 381 y 466-B de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La aspiración de las partes en un proceso consiste en la realización material del Derecho, sobre todo cuando se busca una sentencia de condena.
Estas medidas corresponden al tipo de procedimiento cautelares, siendo su características.
• Jurisdiccionalidad. Vale decir, que solo tiene competencia para acordar el mismo órgano ordinario a quien corresponde el conocimiento del proceso principal, del cual es conexo.
• Periculum in mora. Esto es, que precisamente debe alegarse el temor de un daño jurídico posible, inminente o inmediato, o evitar notorios perjuicios que una demandado de mala fe pueda causar, con consecuencias directas en el proceso principal.
• Provisoriedad. Que la medida cautelar sólo pueda durar mientras subsista el peligro y se pone en resguardo del riesgo invocado y que se trata de impedir, de aquí se tiene que deberá alzarse la medida decretada, en cualquier estado del juicio, si el demandado prestare caución o garantía suficiente.
• Sumariedad. Lo que vale tanto como que la prueba que debe producirse a tales efectos no debe ser precisamente tanto como plena bastado un examen superficial de los presupuestos procesales, dentro de su índole general de urgente, sin prejuzgar en absoluto del fondo del proceso principal.
• Instrumentalidad. O subordinación al proceso principal.
• Se tramitarán y deciden por cuaderno separado
Estas Constituyen una incidencia dentro del proceso, esto quiere decir que al instaurarse una demanda se da inicio al proceso el cual por medio del procedimiento respectivo dará lugar a la solución del conflicto de intereses, a través de una sentencia; sin embargo, en dicho proceso pueden surgir incidencias para cuya solución se requiera dentro del proceso principal, un procedimiento especifico y determinado. Tal es el caso de las medidas preventivas que al surgir como una incidencia se desarrollan con un procedimiento específico determinado de la Ley.
Las Medidas Preventivas constituyen decisiones judiciales, siendo del criterio de esta Juzgadora que el decreto donde se acuerda la medida preventiva decretada de conformidad con lo previsto en la legislación venezolana, constituye una sentencia Interlocutoria, y la decisión que resuelve la oposición, constituye una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, siendo esta última apelable.
Sobre este criterio, la Sala de Casación Social del m.T.d.J., se ha pronunciado, en sentencia de fecha 29 de marzo de 2000, donde se estableció el siguiente criterio:
Las sentencias sobre medidas preventivas son decisiones interlocutorias que tiene claramente fuerza de sentencia definitivas en cuanto al fundamento que resuelven, como la evidencia la circunstancia que las incidencias deben ser tramitadas en cuadernos separados y con cierta autonomía, pues las decisiones que allí se dictan no influyen en la cuestión de fondo y la definitiva no está en capacidad de reparar el gravamen causado con estas incidencias; por tanto es procedente la admisibilidad inmediata del recurso de casación para la sentencias que decidan en forma definitiva las medidas preventivas, acordándolas revocándolas o suspendiéndolas y pongan fin a la incidencia cautelar
.
En este sentido, el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su único aparte.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlo cuando aquél o aquella no pueda hacerlo por sí mismos. La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría
.
El artículo 5 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece:
La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto reciproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus deberes y garantías. El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas.
(Subrayado del juzgador).
El artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece:
Derecho a un nivel de vida adecuado: Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: a) alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; b) vestido apropiado al clima y que proteja la salud; c) vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales. Parágrafo primero: Los padres, representantes o responsables tienen la obligación principal de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho
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Por todo lo antes expuesto, esta Jueza Segunda de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, para garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho a un nivel de vida adecuado a favor de la niña de actas, declara procedente la Medida Preventiva de Embargo sobre un VEINTE POR CIENTO (20%) del concepto de SUELDO, BONO VACACIONAL, UTILIDADES, PRESTACIONES SOCIALES Y FIDEICOMISO, asimismo sobre el CIEN POR CIENTO (100%) de los conceptos PRIMA POR HIJO Y UTILES ESCOLARES que le puedan corresponder al demandado, ciudadano ADAMES ZAMORA, A.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12466340, como trabajador de la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA). Así se establece.
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con competencia en Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Decreta:
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Sobre un VEINTE POR CIENTO (20%) de las cantidades de dinero que por concepto de SUELDO O SALARIO, BONO VACACIONAL, UTILIDADES, PRESTACIONES SOCIALES Y FICEICOMISO, le puedan corresponder al demandado ciudadano ADAMES ZAMORA, A.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12466340, como trabajador de la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA).
B.- Sobre un CIEN POR CIENTO (100%) de la cantidad de dinero que por concepto de P.P.H. y ÚTILES ESCOLARES le pudiere corresponder a la niña de autos como beneficiaria del demandado, trabajador de la empresa PDVSA.
C.- Las cantidades de dinero a retener por dichos conceptos deberán ser entregadas a la demandante, ciudadana MELENDEZ GARCIA, M.D.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10081878, directamente por ante la Oficina Administrativa de dicha empresa, una vez se vayan causando; exceptuando las cantidades correspondientes a PRESTACIONES SOCIALES Y FIDEICOMISO, las cuales deberán ser remitidas en CHEQUE DE GERENCIA, A LA ORDEN DE ESTE TRIBUNAL, causadas como hayan sido las mismas o en caso de adelanto que se le hiciere al demandado por dichos conceptos.
D.- Para la ejecución de las medidas antes mencionadas se ordena oficiar bajo N° 0757-14 a la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA (PDVSA), a los fines de participarle lo acordado. Ofíciese.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1385 del Código Civil, y los numerales 3 y 9 del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN, en la ciudad de Cabimas, a los QUINCE (15) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). Años 204° de la Independencia y 155º de la Federación.
Abg. O.J.A.
Jueza Segunda de Primera Instancia de
Mediación, Sustanciación y Ejecución
Abg. Y.J.C.M.
Secretaria
En la misma fecha, se publicó el fallo anterior y quedó registrado bajo el N°¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ PJ0122014000954, en el libro de sentencias Interlocutorias llevado por este Tribunal.-
Abg. Y.J.C.M.
Secretaria
