Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 29 de Octubre de 2009

Se solicita el desalojo del inmueble en referencia, previsto en el articulo 34, literal “b” de la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en razón a que la parte demandante ciudadano J.M.A. , tiene un hijo de nombre F.C.A.T., mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 14.400.782, domiciliado en la ciudad de Mérida, quien actualmente se encuentra sin trabajo, y tiene el proyecto de establecer un fondo de comercio destinado a la compra y venta de artefactos eléctricos de línea blanca, y para llevar a efecto tal proyecto tiene urgente necesidad de ocupar el local comercial objeto del contrato de arrendamiento celebrado originalmente entre el demandante J.M.A. y el ciudadano R.D.L.M..

Se solicita la entrega del inmueble en las mismas condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento totalmente solvente.

El pago de las costas y costos del presente juicio.

Igualmente estima la demanda en la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,00), actualmente según la reconvención monetaria es la cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00).

LA PARTE DEMANDADA EN SU OPORTUNIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE DIÓ CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

La abogado A.M.L.C., defensora ad-litem de los ciudadanos E.J.D.L.M., M.A.D.L.G. y A.D.L.M., afirma no haber ubicado a sus defendidos, ni saber sobre las residencias o domicilios de los mismos, en virtud a ello, y en pro de la defensa de los demandados y acatando el deber para el cual fue encomendada, es por lo que rechaza, niega y contradice, tanto en los hechos como en el derecho, en todas y cada una de sus partes el contenido del libelo de demanda incoada en contra de sus representados, así como también rechaza, niega y contradice en todas y cada una de sus partes las actas y documentos que acompañan los demandantes con su escrito liberal. Por último la abogada solicita a este Juzgado se sirva declarar sin lugar la demanda incoada en contra de sus representados, y pide que el escrito de contestación sea admitido y sustanciado conforme a la ley por estar fundamentado en derecho y sea agregado al expediente N° 6199 a los fines de que surta su efecto legal correspondiente.

LA PARTE ACTORA PROMUEVE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

Promueve el valor y mérito jurídico del contrato de arrendamiento suscrito por las partes en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil tres (2003), el cual fuera agregado junto con el libelo de demanda.

Vista y analizada la prueba promovida, es por lo que esta Juzgadora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil Venezolano, en concordancia con lo regido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y le otorga valor probatorio, por cuanto de la misma se desprende la relación contractual arrendaticia a Tiempo Indeterminado existente entre los justiciables, aunado al hecho que el instrumento promovido no fue impugnado o tachado de falsedad por la parta accionada. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico probatorio del documento de propiedad del inmueble arrendado.

A los efectos, esta Juzgadora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil Venezolano, en concordancia con lo regido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y le otorga valor probatorio, por cuanto del instrumento promovido se evidencia fehacientemente la propiedad que ostenta el ciudadano J.M.A.Z., sobre el bien inmueble arrendado, aunado al hecho que el mismo no fue impugnado ni tachado de falsedad por la parte accionada. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la partida de nacimiento del ciudadano F.C.A.T., con el objeto de demostrar que el referido ciudadano es hijo legítimo del aquí demandante, ciudadano J.M.A.Z.. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil Venezolano, en concordancia con lo regido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y le otorga valor probatorio, por cuanto del instrumento promovido se evidencia fehacientemente que el ciudadano F.C.A.T., es hijo legítimo del ciudadano J.M.A.Z., parte accionante en la presente causa y propietario del inmueble en cuestión, aunado al hecho que la misma no fue impugnada ni tachada de falsedad por la parte accionada. Y ASÍ SE DECLARA.

TESTIMONIALES:

• Promueve el testimonio del ciudadano T.E.P.A., identificado en autos. En la oportunidad fijada por este Juzgado para la evacuación de su testimonio, el mencionado testigo declara, entre otros particulares, que conoce al ciudadano J.M.A.Z. y a su hijo F.C.A.T., desde hace veintidós años, puesto que vive frente a la casa de dichos ciudadanos; así mismo dice saber que el local ubicado en la avenida 2 Lora con calle 30, donde se encuentra establecido el negocio denominado Rancho Center, es propiedad del ciudadano J.M.A.Z., local éste que necesita su hijo F.C.A.T., para establecer allí su propio negocio de mueblería. Esta Juzgadora, en atención al presente testimonio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, lo aprecia y le otorga valor probatorio por estar conteste con las demás actuaciones que guardan relación con el presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.

• Promueve el testimonio del ciudadano L.A.A.U., identificado en autos. En la oportunidad fijada por este Juzgado para la evacuación de su testimonio, el mencionado testigo declara, entre otros particulares, que conoce al ciudadano J.M.A.Z. y parte de su familia desde mas o menos cuarenta años; así mismo dice saber que el local ubicado en la avenida 2 Lora con calle 30, donde se encuentra establecido el negocio denominado Rancho Center, es propiedad del ciudadano J.M.A.Z., local éste que necesita su hijo F.C.A.T., para establecer allí su propio negocio de mueblería. Esta Juzgadora, en atención al presente testimonio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, lo aprecia y le otorga valor probatorio por estar conteste con las demás actuaciones que guardan relación con el presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.

• Promueve el testimonio del ciudadano J.M.R.D., identificado en autos. En la oportunidad fijada por este Juzgado para la evacuación de su testimonio, el mencionado testigo declara, entre otros particulares, que conoce al ciudadano J.M.A.Z. y a su hijo F.C.A.T., éste último quien actualmente se encuentra desempleado; así mismo dice saber que el local ubicado en la avenida 2 Lora con calle 30, es propiedad del ciudadano J.M.A.Z., local éste que necesita su hijo F.C.A.T., para establecer allí su propio negocio de mueblería junto con el ciudadano WHISTON P.R.. Esta Juzgadora, en atención al presente testimonio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, lo aprecia y le otorga valor probatorio por estar conteste con las demás actuaciones que guardan relación con el presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.

• Promueve el testimonio del ciudadano WHISTON P.R., identificado en autos. En la oportunidad fijada por este Juzgado para la evacuación de su testimonio, el mencionado testigo declara, entre otros particulares, que conoce al ciudadano J.M.A.Z. y a su hijo F.C.A.T., desde hace mas de diez años, éste último quien se encuentra desempleado y necesita el local ubicado en la avenida 2 Lora con calle 30, propiedad del ciudadano J.M.A.Z., para establecer junto con el aquí deponente su propio negocio de mueblería. Esta Juzgadora, en atención al presente testimonio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, lo aprecia y le otorga valor probatorio por estar conteste con las demás actuaciones que guardan relación con el presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.

LA PARTE CODEMANDADA, compuesta por los ciudadanos A.D.L.M., E.J.D.L.M. y M.A.D.L.G., representados por la Defensora Ad Litem Abogada A.M.L.C., PROMUEVE LA SIGUIENTE PRUEBA:

UNICA: Promueve el valor y mérito jurídico de todas y cada una de las partes de las actas procesales, siempre y cuando favorezcan a sus representados. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora hace del conocimiento del promovente que, en atención a Jurisprudencia reciente y p.d.m.T. de la República, los promoventes deben acatar fielmente el cumplimiento de la forma procesal relacionada con la indicación del objeto de la prueba, con el propósito de permitir que la parte no promovente conozca que hechos pretende probar su contraria, para determinar así su pertinencia con aquellos que forman parte de la controversia, aunado al hecho que el sólo indicar la prueba sin manifestar su objeto es un señalamiento efectuado de manera tan genérica que mal podría este sentenciadora indagar que elementos o circunstancias le son favorables a la parte promovente; por lo expuesto, esta Juzgadora no aprecia ni le otorga valor probatorio a la prueba en referencia. Y ASÍ SE DECLARA.

EL RESTO DE CODEMANDADOS NO PROMOVIÓ PRUEBA ALGUNA DENTRO DEL LAPSO PROCESAL CORRESPONDIENTE.

LLEGADA LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA DICTAR SENTENCIA, ESTE TRIBUNAL LO HACE EN LO SIGUIENTES TÉRMINOS:

Luego del respectivo análisis de las actas procesales, se evidencia que los justiciables sostienen una relación contractual arrendaticia de carácter indeterminado sobre un bien inmueble, suficientemente identificado en autos y por el cual se encuentran obligados entre sí de conformidad con lo establecido en los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.585 y 1.592 del Código Civil Venezolano vigente. Y ASÍ SE DECLARA.

Así mismo, se evidencia que el actor funda su demanda de DESALOJO en atención a la imperiosa necesidad que tiene su legítimo hijo, ciudadano F.C.A.T., de ocupar el inmueble arrendado, esto de conformidad con lo previsto en el literal “b” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Esta causal de desalojo tiene su fundamento en la necesidad de ocupación del inmueble dado en arrendamiento, de acuerdo con tres clases de necesitados: el propietario, alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo.

En este caso, para la procedencia del desalojo en beneficio del sujeto necesitado y de conformidad con lo regido en el artículo 506 de la N.C.A., que señala:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

Los hechos notorios no son objeto de prueba

.

Deben probarse entonces tres (3) requisitos esenciales:

1. - La existencia de la relación arrendaticia por tiempo indefinido o indeterminado (verbal o por escrito), pues de no ser así, sino a plazo fijo, el desalojo es improcedente, pues priva la necesidad de cumplimiento del contrato durante el tiempo prefijado más el agotamiento de la prórroga legal correspondiente y sólo podrá ponérsele término por motivos diferentes con fundamento en el incumplimiento y no en la necesidad de ocupación; ahora, si el vínculo jurídico entre el propietario y el ocupante del inmueble no es arrendaticio, sino de otra naturaleza, o simplemente no existe ninguno entre los mismos, tampoco procederá tal acción, sino otra de acuerdo con las circunstancias que han dado lugar u origen a la ocupación del inmueble de que se trata.

2. - La cualidad de propietario del inmueble dado en arrendamiento como requisito de procedencia del desalojo, pues de no ser tal no tendrá esa legitimidad necesaria para que sólo así pueda comprobar la necesidad que pudiere caracterizarle como motivo que justifica el desalojo en beneficio del dueño, o del pariente consanguíneo. Asimismo,

3. - La necesidad del propietario para ocupar el inmueble, sin cuya prueba tampoco procederá la mencionada acción, que debe aparecer justificada por la necesidad de ocupación con preferencia al ocupante actual.

La necesidad de ocupación tanto del propietario, como del pariente consanguíneo dentro del segundo grado, viene dada por una especial circunstancia que obliga, de manera terminante, a ocupar el inmueble dado en arrendamiento, que de no actuar así causaría un perjuicio al necesitado, no sólo en el orden económico, sino social o familiar, o de cualquier otra categoría, es decir, cualquier circunstancia capaz de obligar al necesitado a tener que ocupar ese inmueble para satisfacer tal exigencia, que de otra forma podría resultar afectado de alguna manera. Específicamente la necesidad no viene dada sólo por razones económicas, sino de cualquier naturaleza que, en un momento dado, justifican de forma justa la procedencia del desalojo. Se trata del hecho o circunstancia que en determinado momento se traduce por justo motivo, que se demuestra indirectamente en el interés indudable del necesitado para ocupar ese inmueble y no otro en particular. No sólo la persona natural que aparezca como propietario, sino el pariente consanguíneo en comento, o la persona jurídica dueña del inmueble, pues como ha admitido la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo, en decisión del 22 de octubre de 1991, la necesidad del propietario de ocupar el inmueble se materializa cuando el mismo demuestre que dicha necesidad de ocupación está en relación con el uso que haría a través de una sociedad mercantil en la cual el propietario y su cónyuge son los únicos accionistas. Y ASÍ SE DECLARA.

Por todo lo anteriormente expuesto y por cuanto de las actas procesales ciertamente se desprende la necesidad que tiene el ciudadano F.C.A.T., identificado en autos, hijo legítimo del aquí demandante, de ocupar el bien inmueble en cuestión, para de esta manera establecer en él un fondo de comercio destinado a la compra – venta de artefactos eléctricos y línea blanca, esto en atención a lo establecido en el literal “b” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos inmobiliarios, hecho éste probado de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la N.C.A., es por lo que, en el caso de marras, vista la reclamación efectuada por el actor y visto igualmente el conglomerado de actuaciones de las cuales se deriva la imperiosa necesidad que tiene la parte arrendadora – propietaria de ocupar el bien arrendado, es por lo que resulta forzoso declarar CON LUGAR la petición del accionante, tal y como se decretará en la parte dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO III

DE LA DISPOSITIVA

En atención y consideración a las razones ya expuestas, es por lo que este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano J.M.A.Z., venezolano, casado, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad número V-679.383, domiciliado en esta Ciudad de Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil, en su carácter de parte arrendadora – demandante, debidamente representado por los Abogados en ejercicio C.A.G.T. y G.A.M.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad número V-4.983.719 y V-3.499.829, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo el número 25.439 48.060, en su orden, domiciliados en esta Ciudad de Mérida, Estado Mérida y jurídicamente hábiles, contra los ciudadanos, R.F.D.L.M., C.C.D.L.M., I.V.D.L.G., A.D.L.M., E.J.D.L.M., M.A.D.L.G., todos identificados en autos, en su carácter de herederos del arrendatario (fallecido) R.D.L.M., titular de la cédula de identidad número V-2.450.089, debidamente representados los tres últimos nombrados por la Defensora Ad Litem Abogada en ejercicio A.M.L.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-8.992.893, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 65.886, domiciliada en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y jurídicamente hábil, y el primero de los nombrados debidamente representado por el Abogado en ejercicio P.I.G., venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 5.299, domiciliado en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y jurídicamente hábil, por DESALOJO. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal “b” y Parágrafo Primero del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se le concede a la parte arrendataria – demandada, un plazo improrrogable de seis (6) meses para que efectúe la entrega material del bien inmueble en cuestión, a saber un local comercial ubicado en la avenida 2 Lora con calle 30, número 30-2, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Mérida, libre de personas, muebles, animales y/o cosas, lapso éste que comenzará a correr a partir de la fecha en que la presente decisión quede definitivamente firme.

De conformidad con el artículo 274 de la N.C.A., se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente perdidosa. Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso establecido en el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, es por lo que se ordena la notificación de las partes intervinientes o a sus Apoderados Judiciales con el objeto de ponerlos en conocimiento de la presente Sentencia, haciéndoles saber que una vez que conste en autos la última de las notificaciones, comenzará a transcurrir el lapso para interponer los recursos que consideren convenientes.

DADO, SELLADO Y FIRMADO EN LA SALA DE DESPACHO DE ESTE JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. En la Ciudad de Mérida, a los Veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL

ABG. M.E.M.O.

LA SECRETARIA TITULAR

ABG. E.C. UZCÁTEGUI B.

Se libraron boletas de notificación.

En la misma fecha se copió y publicó, siendo las 09:00 de la mañana.

Quedando su asiento en el libro diario bajo el Nº 01.

SRIA TIT.