Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Sucre, de 28 de Abril de 2010

Una vez oídos los alegatos de las partes en la audiencia oral y publica y de la revisión de las actas que integran el presente expediente se observa que la presente controversia ha quedado circunscrita a determinar la procedencia de las denuncias delatadas por la parte demandante en cuanto a la procedencia o no de las indemnizaciones reclamadas, ante la decisión del Tribunal A quo, quien ante la incomparecencia de la parte demandada, a la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, y su apreciación de los hechos expuestos por las partes, manifestó que quedó demostrada la relación laboral, la ocurrencia del accidente y la calificación del mismo como accidente de trabajo, circunstancias estas que han quedado firme pues no constituyen un punto controvertido ante esta Alzada.

Sobre el caso en particular se advierte que, como ya se ha venido sosteniendo de forma pacífica y reiterada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de infortunios laborales, el trabajador tiene diversas opciones a su favor al momento de reclamar las indemnizaciones por daños materiales y morales derivados de una enfermedad o accidente ocupacional, pudiendo concurrir tres pretensiones, con fundamentos legales diversos, a saber: a) reclamo de las indemnizaciones previstas en el artículo 560 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, derivadas de la responsabilidad objetiva del patrono, tanto por daños materiales, como daño moral; b) el reclamo de las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, cuya procedencia se deriva de la responsabilidad subjetiva del empleador, y; c) las indemnizaciones derivadas del hecho ilícito del patrono, previstas en el Código Civil.

INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

En cuanto a la procedencia de la responsabilidad objetiva, precisa esta alzada que nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha determinado que la Teoría de la Responsabilidad Objetiva o teoría del riesgo profesional es aplicable al patrono por los accidentes o enfermedades profesionales que sufran sus empleados, lo hace responder objetivamente, es decir, independientemente de la culpa, tanto por el daño material como por el daño moral, siempre que el hecho generador (accidente o enfermedad profesional) de daños materiales pueda ocasionar, además, repercusiones psíquicas o de índole afectiva al ente moral de la víctima. De acuerdo a la teoría de la responsabilidad objetiva, la reparación del daño no depende de un elemento psíquico, de un elemento subjetivo, de la culpa, sino que depende de un hecho objetivo: del daño. Para esta teoría, por el simple hecho de haberse causado un daño, debe repararse, aunque no exista culpa, le da absoluta preferencia al principio que dice: todo aquel que sufre un daño debe ser reparado, y sostiene sobre la repartición de las cargas, que no es la víctima quien debe sufrir las consecuencias del daño al tener que repararlo, las consecuencias las ha de sufrir el agente que causó el daño.

Por su parte el Artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), establece: “Los patronos, cuando no estén en los casos exceptuados por el artículo 563, estarán obligados a pagar a los trabajadores y aprendices ocupados por ellos, las indemnizaciones previstas en este Titulo por los accidentes y por las enfermedades profesionales, ya provengan del servicio mismo o con ocasión directa de él, exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por parte de los trabajadores aprendices”.

Demostrado que existe una responsabilidad objetiva por parte de la empresa demandada, a criterio de esta sentenciadora resulta procedente el reclamo de la indemnización prevista en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto, dicha disposición legal, contenida en el Título VIII de la citada ley especial, resulta aplicable para la resolución del caso porque no se evidencia a las autos del presente expediente que la víctima se encontrara inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya que ante la reclamación por parte de la demandante correspondería a la parte demandada probar que cumplió con su obligación legal de inscribir a la víctima en la referida institución de acuerdo a lo dispuesto en la Ley especial que rige la materia y ante la ausencia de medio probatorio alguno que demuestre lo contrario, es por que salvo mejor criterio estima esta sentenciadora, como ya se dijo, que el mismo resulta procedente, por lo que de acuerdo a lo contemplado en los Artículo 567 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece: “En caso de accidente o enfermedad profesional que ocasione la muerte, los parientes del difunto a los que se refiere el artículo siguiente, tendrán derecho a una indemnización igual al salario de dos (2) años. Esta indemnización no excederá de la cantidad equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos, sea cual fuere la cuantía del salario”. Y el artículo Artículo 575. “Para calcular las indemnizaciones que deben pagarse conforme a los artículos anteriores se aplicará el salario normal que hubiere tenido derecho a cobrar la víctima el día que ocurrió el accidente o la enfermedad profesional.

Los lapsos establecidos en dichos artículos se contarán por días continuos, sin exclusión alguna.”

Ahora bien, de acuerdo a los artículos precedentes, considerando que el salario del trabajador para el momento de la ocurrencia del accidente era de Bs. 2.400,00 mensuales, y si bien el artículo 567 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que la indemnización debe ser igual al salario de dos (02) años, considerando esto le corresponderían a la accionante la cantidad de Bs. 2.400,00 x 24 meses = Bs. 57.600,00, mas sin embargo en este artículo existe una prohibición de Ley el cual establece que la indemnización no excederá de la cantidad equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos, sea cual fuere la cuantía del salario, tomando ello en consideración se advierte que el salario mínimo nacional para el momento del accidente era de Bs. 512,53, los cuales al ser multiplicado por 25 arroja la cantidad de Bs. 12.813,25, por lo que ordena a la demandada a cancelar a la parte demandante la cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 12.813,25). Con relación a este monto, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resultare competente, deberá ordenar en caso de que no se cumpliere voluntariamente con la sentencia, la corrección monetaria de dicha cantidad, ello, desde el decreto de ejecución hasta la oportunidad de pago efectivo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se resuelve.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MATERIALES (LUCRO CESANTE)

Sobre el presente particular se observa que la Juez de la recurrida consideró improcedente la presente reclamación, de acuerdo al siguiente razonamiento: “Con relación a la indemnización por daño material (lucro cesante) (…) las indemnizaciones a que se refiere la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, derivan de una responsabilidad por daños de naturaleza subjetiva, es decir, que la obligación de reparación que la norma dispone encuentra su fundamento en la idea de falta (culpa en sentido amplio), lo que impone la carga de probar esta circunstancia fáctica a quien alegue la existencia de la obligación indemnizatoria. En el caso de autos, luego de una exhaustiva revisión de los elementos probatorios aportados al proceso, se puede constatar que no fue probado el elemento subjetivo del tipo normativo y que por el contrario, la demanda aportó elementos probatorios que evidencian que el accidente se produjo en la carretera y según el croquis realizado por el Instituto Nacional de transito terrestre (I.N.T.T), el vehiculo camión conducido por el hoy causante, impacto con otro camión por la parte trasera, de lo que se puede inferir ninguna culpa para la demandada…”

Se advierte que la parte demandante en el escrito libelar, en la oportunidad de establecer su pretensión en cuanto a esta indemnización, no hace referencia alguna a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, mas sin embargo ante la denuncia de incongruencia de la sentencia proferida por el A quo sobre este particular se observa de la transcripción parcial del texto de la sentencia que la Juez de la recurrida motivó su decisión sobre el particular cuando señaló lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, para referirse a los elementos que consideró necesarios para la declaratoria de la improcedencia del Lucro cesante reclamado, es lo que puede inferir esta Alzada de la revisión de la misma, pues en la parte final de su motivación estableció: “…En consecuencia esta reclamación de LUCRO CESANTE, realizada por la beneficiaria es improcedente, en razón a que corresponde al accionante la carga de acreditar la responsabilidad patronal subjetiva y visto que no fue acreditado en autos la responsabilidad sujetiva del empleador, y en tal sentido el acaecimiento de un hecho ilícito, es imperativo concluir la improcedencia de la Indemnización por daño material (lucro cesante) reclamado. Y así se establece…”, por lo que considera quien sentencia que no existe incongruencia por parte de la recurrida sobre el particular, ya que peticionado la indemnización del Lucro cesante, la Juez A quo estableció su criterio sobre la referida indemnización motivando su decisión y así se establece.

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Ahora bien, a los fines de resolver el punto y para una mejor comprensión del asunto y considerando que el apelante tiene dudas sobre la declaratoria de improcedencia del mismo por parte del Juzgado A quo, resulta necesario señalar que ha sostenido nuestra doctrina patria en cuanto al LUCRO CESANTE, que es deber de los órganos jurisdiccionales ajustar su decisión conforme a los extremos que exige el derecho común, en materia de hecho ilícito, y en tal sentido resulta necesario verificar dentro de la secuela del juicio que el accidente o enfermedad profesional, según sea el caso, se produzca por intención, negligencia o imprudencia del patrono, una vez demostrado el daño sufrido y la relación de causalidad existente entre ellos.

Dicho en otras palabras, quien pretenda ser indemnizado por concepto de lucro cesante, debe demostrar que la existencia de una enfermedad o accidente (el daño) sea consecuencia de la conducta imprudente, negligente, inobservante, imperita del patrono (hecho ilícito), es decir, que además de demostrar el daño sufrido y el hecho ilícito generador, debe comprobar que la primera es producto de un efecto consecuencial de la otra, siendo imperativo para los operadores de justicia justificar, con base a ello, su procedencia a los efectos de establecer la condena. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 07-07-2005, caso: J.C.C. contra Operaciones al Sur del Orinoco).

Así las cosas, esta Alzada considera que no existen elementos de convicción que lleven el ánimo de esta sentenciadora a comprobar que el accidente sufrido por el ciudadano F.S. se produjo por intención, negligencia o imprudencia del patrono, es decir que existiera relación de causalidad entre el accidente en el cual perdió la vida el referido ciudadano y alguna de las conductas señaladas como realizadas u omitidas por parte del patrono, ya que del informe realizado por el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T), el cual corre inserto en los folios 126 al 139 del presente expediente, este es explicito al señalar que el vehículo en el cual se trasladaba el ciudadano colisionó con otro por la parte trasera y se produjo lamentablemente la muerte de F.S., aunado al hecho no existen pruebas que determinen la culpa en el patrono, que pudiera dadas las circunstancias desencadenar el accidente con las consecuencias ya referidas. Por lo que en tal sentido, no habiendo probado la parte reclamante tales extremos, es decir, que el ente empleador haya tenido una conducta imprudente, negligente, inobservante o imperita, se declara sin lugar la procedencia del lucro cesante y así se decide.

INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL

En cuanto a lo denunciado por el apelante sobre la estimación realizada por la Jueza de la Recurrida sobre la cantidad acordada por la INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL:

Establecido como ha sido la ocurrencia del accidente en el presente caso, es decir determinada la responsabilidad objetiva del patrono, resulta procedente entrar a analizar la estimación de la cantidad condenada por el Tribunal A quo, por este concepto, establecido como ha quedado la procedencia de la indemnización por daño moral, si se tiene en cuenta la naturaleza de los derechos lesionados, este ha sido definido así: “consiste en el desmedro sufrido en los bienes extra patrimoniales, que cuentan con protección jurídica, y si se atiende a los efectos de la acción antijurídica, el agravio moral es el daño no patrimonial que se inflige a la persona en sus intereses morales tutelados por la Ley”.

Ahora bien, de la indemnización por daño moral peticionada por la parte actora, se observa que, su pago se deriva de la responsabilidad objetiva que tiene el patrono frente a un trabajador víctima de un accidente laboral, o como en el presente caso, frente a sus familiares, y si bien es cierto que, pertenece a la discreción y prudencia del Juez la calificación, extensión y cuantía del mismo, no es menos cierto que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, con relación a los hechos objetivos que el Juez debe analizar en cada caso concreto para determinar la procedencia del pago de la indemnización del daño moral, así como de su cuantificación, ha establecido ciertos parámetros a seguir. Por ello, ante la reclamación de indemnización por daño moral, se hace necesario hacer referencia a la sentencia Nº 116 de fecha 17 de mayo del 2000, dictada por la Sala de Casación Social donde queda establecida la doctrina de la misma, que en los términos siguientes señala: en materia de infortunios de trabajo, demostrado el accidente o enfermedad profesional se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva también denominada del riesgo profesional, según la cual procede el pago de una indemnización por daño moral a favor del trabajador accidentado, independientemente de la culpa o negligencia del patrono.

Se ha establecido, que al decidirse una reclamación por concepto de daño moral el sentenciador necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y llegar a través de este examen a la aplicación de la ley y la equidad, aplicando para ello ciertos parámetros, pues debe expresamente señalar en su decisión el análisis que realizó de los aspectos objetivos que se señalan a continuación, exponiendo las razones que justifican su estimación, las cuales lo llevaron a una indemnización razonable, que permita, controlar la legalidad del quantum del daño moral fijado, (Sentencia 144, de fecha 07/03/2002, José Yánez contra Hilados Flexilon, S.A.). los cuales subsume esta sentenciadora al presente caso:

1. La entidad (importancia) del daño tanto físico como psíquico, (la llamada escala de los sufrimientos morales); Admitida la ocurrencia del accidente de trabajo se advierte que el daño sufrido por el trabajador fue la muerte, por fractura de cráneo, mientras que para su esposa e hijos el daño sufrido es la pérdida irreparable de un ser querido lo que definitivamente acarreó repercusiones emocionales y también económicas para ellos.

2. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva y subjetiva): Como se advirtió precedentemente, la muerte del trabajador fue consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el cumplimiento de sus labores, cuya ocurrencia no guarda relación con ningún hecho doloso, culpable, negligente o imprudente de la parte accionada.

3. la conducta de la víctima; sobre el particular quedó sentado a las actas que en el momento que la víctima conducía el vehiculo propiedad de la empresa, en el cual transportaba sardinas picadas, impactó violentamente contra un camión por la parte trasera, produciéndose el accidente donde lamentablemente pierde la vida el ciudadano F.R.S., no evidenciándose de la investigación del accidente realizada por las autoridades de tránsito que la víctima haya tenido culpa de la ocurrencia del mismo.

4. Grado de educación y cultura del reclamante: Del escrito libelar se desprende que la hace referencia a que se desempeña como ama de casa, lo que constituye para esta sentenciadora un indicio que su nivel de instrucción es básico.

5. Posición social y económica del reclamante: Siendo la viuda de ocupación ama de casa como se desprende de las actas, y su concubino, hoy occiso se desempeñaba como chofer de camión se infiere que dependía económicamente de éste, que el hogar, era sostenido por los ingresos obtenidos por el ciudadano F.R.S., del examen del libelo de demanda se evidencia que éste tenia un salario de Bs. 2.400,00 mensuales, por lo que puede concluirse que tenia una posición social y económico regular; debiendo señalarse por su parte que los hijos de la víctima era todos mayores de edad para el momento de la ocurrencia del accidente.

6. Capacidad económica de la parte accionada; De las actas procesales no se evidencia la capacidad económica de la demandada, mas sin embargo visto que se trata de una Empresa según se alegó en el libelo y no fue contradicho, ni desvirtuado en el proceso, se dedica a la comercialización y transporte de pescado fresco, por lo que pudiera estimarse que la misma tiene ingresos considerables; es por ello que esta sentenciadora deduce que la misma ante la actividad que desarrolla cuenta con el capital social suficiente para cubrir la indemnización por tal concepto.

7. Las posibles atenuantes a favor del responsable; Se observa de las pruebas aportadas, que la demandada soportó los gastos ocasionados por la muerte de la víctima, así mismo se observa la cancelación de las prestaciones sociales como se evidencia al folio 169.

8. El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior a la enfermedad; Considera esta sentenciadora que es equitativo indemnizarlo con una cantidad que le permita pagar la operación que le fue sugerida por el medico neurocirujano, así como la subsiguiente recuperación.

Por las razones antes expuestas esta Alzada considera conveniente estimar el monto para resarcir el daño moral causado al accionante, obteniendo así una indemnización justa y equitativa la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (BS. 50.000,00), por lo que en atención a las razones precedentes se modifica el fallo recurrido en cuanto a la estimación del monto condenado por concepto de daño moral. ASI SE DECIDE. Con relación a este monto, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resultare competente, deberá ordenar en caso de que no se cumpliere voluntariamente con la sentencia, la corrección monetaria de dicha cantidad, ello, desde el decreto de ejecución hasta la oportunidad de pago efectivo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se resuelve.

DECISIÓN

Este Tribunal Primero Superior del Trabajo, de conformidad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en fecha 20 de octubre de 2010. SEGUNDO: SE MODIFICA la decisión del A QUO de fecha 20 de octubre de 2010 TERCERO: NO HAY ESPECIAL CONDENATORIA EN COSTAS. CUARTO: REMÍTASE la presente causa en su oportunidad legal al Juzgado de origen.

PUBLÍQUESE - REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. En la ciudad de Cumaná, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año Dos Mil once (2011). AÑOS 201º DE LA INDEPENDENCIA Y 152º DE LA FEDERACIÓN.

LA JUEZ SUPERIOR

DRA. ANA DUBRASKA GARCÍA

LA SECRETARIA

Abg. Yulianni Seijas.

NOTA: En esta misma fecha, previas las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia.

LA SECRETARIA

Abg. Yulianni Seijas