Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 30 de Abril de 2009
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2009 |
| Emisor | Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Domingo Efrén Zerpa Naranjo |
| Procedimiento | Recurso Contencioso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA.
Expediente CA-7849
Juicio: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad
Demandante: M.d.C.G.
Demandada: Inspectoria del Trabajo del Estado Aragua.
En fecha 16 de mayo de 2006, la ciudadana M.d.C.G., mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 7.180.326, debidamente asistido, por el abogado en ejercicio Á.T.M., inscrito en el inpreabogado bajo el Nro 116.733, interpuso Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conjuntamente interpuesto con A.C. y suspensión de los efectos del acto Administrativo, contra el Acto Administrativo de fecha 28 de noviembre de 2005, dictada por la Inspectora del Trabajo del Estado Aragua.
En fecha 18 de mayo 2006, este Tribunal Superior, ordenó darle entrada al Recurso interpuesto y registrar su ingreso en los libros respectivos, con las anotaciones correspondientes, avocándose al conocimiento de la causa.
En fecha 23 de mayo 2006, se declaró competente y admitió el Recurso interpuesto, ordenando la notificación de la Inspectoria del Trabajo del Estado Aragua, a los fines de que remitieran los antecedentes Administrativos, asimismo ordenó las notificaciones del Procurador General de la República y del ciudadano A.H., en su carácter de Presidente de Industrias Venezolanas de Papel Invepal y Cooperativa Venezolana de la Industria del Papel Covinpal, a los fines de pronunciarse sobre la ratificación del Recurso, librándose en esa misma fecha las notificaciones ordenadas. Asimismo declaró improcedente la medida cautelar solicitada
En fecha 28 de febrero del 2007, el Tribunal da por recibido el acuse de aviso de recibo de citaciones y notificaciones Judiciales proveniente del Instituto Postal telegráficos de Venezuela, referente a la notificación del Procurado General de la Republica, conforme consta de la diligencia estampada por el Alguacil Temporal designado en este despacho, en fecha 21 de marzo de 2007. (ver folio 35).
Ahora bien, del examen efectuado a las actas procésales en cuestión, verifica quien aquí decide, que desde el día: 21 de marzo de 2007, fecha ésta en que el Alguacil Temporal designado en este Despacho, dejó constancia de las diligencia practicadas a los efectos de la notificación ordenada a la Procuradora General de la Republica, hasta la presente fecha (30/04/2009), ha transcurrido más de un (1) año sin haberse ejecutado algún acto en el Procedimiento por la Parte recurrente, tendente a lograr las notificaciones ordenadas por este Tribunal, en el auto de fecha 23 de mayo de 2006, específicamente la notificación de la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua, y del ciudadano A.H., en su carácter de Presidente de Industrias Venezolanas de Papel Invepal y Cooperativa Venezolana de la Industria del Papel Covinpal, actos procesales esenciales para que pueda dársele continuidad al procedimiento, siendo esta actividad una carga de la parte actora, por ende, la causa (desde esa fecha) se encuentra paralizada, permitiendo dicha circunstancia presumir que la Parte recurrente ha perdido el “interés procesal” por la falta de impulso del actual Procedimiento y, consecuencialmente, que se protejan sus derechos pretendidos a través de esta vía judicial, produciéndose lo que la Doctrina desarrollada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo denomina: DECAIMIENTO DEL INTERÉS PROCESAL” en que se administre la justicia acelerada y preferente (Sentencia dictada en fecha 06/06/2001 con ponencia del Magistrado Pedro Rondón a.C. Expediente N° 00-0562); señala esta doctrina “puede ocurrir que el interés decaiga por inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciado en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil, señala expresamente los supuestos que figuran la inacción prolongada y que dan lugar a la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el Artículo 269. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia, (...)”.
Asimismo, el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera en sentencia Nº 363, de fecha 16 de Mayo de 2000, expediente Nº 00-0376, en su carácter de ponente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asentó: “Tal inactividad, además, hace presumir que la parte no tiene interés en que se administre justicia, por lo que existía un decaimiento de la acción, y ante tal razón, que no sólo es atinente al P.C., sino al Proceso en general, y al ataque a la majestad de la justicia que significa la inactividad, patentizado por la existencia de una petición para que se administre justicia, que no se hace concreta, por lo que el servicio público de justicia se ve comprometido con un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural, el Legislador ha ordenado que se castigue a las partes que así actúan, con la perención de la instancia (...), por presunción omitís, el Juez ante esos supuestos, debe pensar que el interés en la acción decayó o pereció y que la inactividad no debe premiarse manteniendo la potencia del proceso, en el cual las partes no tienen interés (... )”.
En abono de lo anteriormente explanado, la Doctrina Patria, en lo que respecta al Derecho Procesal Contemporáneo, ha definido la falta de impulso procesal como la “pérdida del interés procesal” (equiparado al Decaimiento del Interés Procesal) generando así la figura jurídica de la PERENCIÓN o EXTINCIÓN DEL PROCESO, entendiéndose la misma como una sanción para la Parte (o las Partes) por la inactividad procesal o por la falta de impulso a la Causa iniciada. En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara la Perención de la Instancia en razón del DECAIMIENTO O LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL de la presente Causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del Artículo 267 del vigente Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se ordena el archivo del presente expediente y su remisión al archivo judicial anexo a oficio, una vez que conste en autos la notificación de la parte recurrente, la cual se ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo.
Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA, a los 30 días del mes de abril de dos mil nueve (2009). Años: 199° de la independencia y 150° de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR TITULAR,
DR. D.E.Z.N..
LA SECRETARIA,
ABG. G.D.L.R..
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las 2:30 p.m., librándose la boleta de notificación ordenada.
LA SECRETARIA,
DEZN/GDR/Vds.
Exp. CA-7849
