Decisión nº 254 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 28 de Septiembre de 2011
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Gloria Urdaneta |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con sede en Maracaibo.
Expediente 13090
Mediante escrito presentado en fecha 30 de julio de 2009, por la ciudadana M.P.A., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 5.836.732, asistida por la abogada A.U.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 91.250; interpone “…Recurso contencioso-administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra la Resolución Nº 440 de fecha 05 de junio de 2.009 dictada por la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia representada por el ciudadano D.P.U., titular de la Cedula de Identidad Nº 4.763.934, en su condición de Alcalde encargado”.
Por sentencia registrada con el No. 373 de fecha 16 de octubre de 2009, se declaró “…PROCEDENTE la medida cautelar de amparo constitucional solicitada por la ciudadana M.P. Abreu”.
En fecha 09 de abril de 2010, la abogada D.S.R., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 117.332, procediendo con el carácter de apoderada judicial del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, presentó escrito de oposición a la medida decreta.
El día 15 de julio de 2010, la abogada D.S.R., con el carácter de apoderada judicial del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, presentó escrito de promoción de pruebas.
Por auto de fecha 28 de abril de 2010, se providenció el escrito de prueba presentado por la representación judicial del Municipio opositor.
I
DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA DECRETADA:
En fecha 09 de abril de 2010, la abogada D.S.R., actuando en su condición de apoderada judicial del Municipio Maracaibo, presentó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, escrito de oposición a la medida decretada en fecha 16 de octubre de 2009; fundamentando su oposición en los siguientes términos:
Que “…la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 141 establece los principios que rigen a la Administración Pública, y prevé que sus órganos deben actuar con sometimiento pleno a la ley, por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 4 prevé el principio de legalidad como base de actuación de todos los órganos que ejercen las ramas del Poder Público…”.
Que “…el artículo 156 numeral 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le atribuye la competencia exclusiva y excluyente al Poder Público Municipal para legislar en materia de seguridad social, y por tanto la materia de jubilación es considerada de reserva legal, por lo cual los extremos previstos por Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias al Servicio la(sic) Administración Pública Nacional, de los Estados y Los Municipios, no puede ser relajado, por leyes, decretos u ordenanzas por los sujetos incorporados en el ámbito subjetivo de aplicación de dicho instrumento normativo”.
Que “…el artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias al Servicio de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, consagran que es potestad exclusiva del Presidente o Presidenta de la República acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias de la admisnitración pública y que las mismas se otorgaran mediante resolución motivada y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela…”.
Que “…el Decreto 4.107, del 28 de noviembre de 2005, que dicta el INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LAS NORMAS QUE REGULAN LA TRAMITACIÓN DE LAS JUBILACIONES ESPECIALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, ESTADA, MUNICIPAL Y PARA LOS OBREROS DEPENDIENTES DEL PODER PUBLICO NACIONAL, establece que los órganos y entes que conforman la admisnitración pública fungen como órganos de recepción de solicitudes y de mera sustanciación de expedientes (mero trámite) de jubilaciones especiales, las cuales en todo caso, antes de aprobación por el ejecutivo nacional debe contar con el estudio previo y aprobación técnica por parte del Ministerio de Planificación y Desarrollo”.
Que la decisión dictada por este Tribunal en fecha 16 de octubre de 2009, constituye una providencia anticipativa de los efectos de una eventual e incierto fallo estimativo de la pretensión principal deducida, toda vez que la misma ordena la inclusión de la querellante en nomina de jubilados de la Alcaldía de Maracaibo, siendo que existe un informe emanado del órgano Contralor del Municipio Maracaibo, el cual es de carácter vinculante y por tanto de acatamiento obligatorio.
Que del artículo 5 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionario o Funcionarias o Empleados o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios, “…se desprende en primer quien es la autoridad competente para conceder las jubilaciones especiales, al igual que las razones que justifican su procedencia, y que en el caso en concreto vemos como ninguno de estos aspectos se cumplen, pues la jubilación del querellante no fue otorgada por el Presidente de la República, menos aún consta en el expediente administrativo de la misma y en la Resolución Nro 6146 que el Alcalde del Municipio Maracaibo hubiese actuado bajo delegación de atribuciones, omitiendo dicho acto administrativo las razones excepcionales que motivaron la jubilación especial de la hoy querellante”.
Que el artículo 136, numeral 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no establece facultad alguna a las Entidades Municipales para la gestión de las materias del trabajo, previsión y seguridad social, que si tiene el Poder Público Nacional, tal como lo prevé el artículo 156 numerales 22 y 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que se desprende de la sentencia No. 359, de fecha 11 de mayo de 2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “…que es facultad del Poder Público Nacional legislar sobre el régimen de jubilaciones, y efectivamente el instrumento legal vigente aplicable para acordar jubilaciones es la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios”.
Que en la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, se observa que el legislador le atribuyó al Presidente de la República, la potestad para establecer regimenes distintos para otorgar el beneficio de la jubilación especial a funcionarios o empleados que formen parte de la Administración Pública con más de quince (15) años de servicio, que sin reunir los requisitos de edad, se encuentren en circunstancias excepcionales.
Que “…el Alcalde saliente Gian C.D.M., al momento de otorgar la jubilación especial del hoy querellante no mencionó en la Resolución Nº 5720 contentiva de la jubilación especial, de la existencia de alguna Resolución o Decreto dictado por el Presidente de la República, para la procedencia de la jubilación especial concedida a la ciudadana M.P.A., afectando el acto administrativo impugnado no sólo de una grave contradicción, sino también un vicio de abuso de poder, pues la Autoridad Ejecutiva del Municipio solo esta facultada para otorgar jubilaciones de oficio, cuando la funcionaria tenga cincuenta y cinco (55) años de edad y veinticinco años (25) de servicio, o treinta y cinco (35) años de servicios independientemente de la edad, siendo obvio que en el caso de la recurrente no estaban dados los supuestos de hechos para su procedencia, por cuanto ésta no cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio (…) pues así como lo reconoce la propia Resolución Nro. 5720, la querellante contaba con cuarenta y cuatro (44) años de edad y veinticuatro (24) años de prestación de servicios…”.
Que la administración hizo uso de la potestad de autotutela, prevista en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual “…consagra la potestad revocatoria, fundamentada en vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos, según la cual se autoriza a la Administración para que, en cualquier momento, de oficio o solicitud de los particulares puedan reconocer la nulidad de los actos dictados por ella, cuando éstos incurran en cualquiera de las causales de nulidad absoluta prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que en el caso de autos se concreta en la carente competencia y atribución que tenía el ex Alcalde de Maracaibo para otorgar jubilaciones especiales, así como la ausencia del cumplimiento de las formalidades esenciales ni el procedimiento prescrito en las leyes e instructivos que rige la materia”.
Por los fundamentos antes expuestos solicita a este Juzgado “…sirva declarar Con Lugar la presente oposición, y en consecuencia Revoque la medida cautelar decretada en la presente causa en fecha 16 de Octubre de 2009”.
II
DE LAS PRUEBAS:
Verifica esta Juzgadora que en el lapso probatorio a que se refiere el segundo párrafo del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, solo la representación del Municipio recurrido promovió los siguientes medios probatorios:
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Copias fotostáticas simples del Decreto No. 4.107 del 28 de noviembre de 2005 dictado por el Presidente de la República, que establece el INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LAS NORMAS QUE REGULAN LA TRAMITACIÓN DE LAS JUBILACIONES ESPECIALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ESTADAL, MUNICIPAL Y PARA LOS OBREROS DEPENDIENTES DEL PODER PUBLICO NACIONAL (folio 53 - 54).
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Copias fotostáticas simples del INFORME DEFINITIVO SOBRE AUDITORIA A LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2006-2007- Y 2008, emitido por la Contraloría Municipal de Maracaibo en fecha 05 de marzo de 2009, signada con el No. DCAC-192-2009. (folio 65 – 75)
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Copias fotostáticas simples de la Gaceta Oficial No. 38.841 de fecha 02 de enero de 2009, contentiva del Decreto No. 5.749 de fecha 26 de diciembre de 2007 dictado por el Presidente de la República. (folio 76 - 77).
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Copia fotostáticas simples de formato impreso de sentencia registrada con el No. 38 de fecha 05 de mayo de 2008, dictada por este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el expediente signado con el No. 9748 contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana D.A.F. contra la Entidad Federal Estado Zulia. (folio 78 - 80)
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Copia fotostáticas simples de formato impreso de sentencia de fecha 05 de febrero de 2009, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en el expediente signado con el No. AP42-N-2008-000493 contentivo del recurso de nulidad de acto administrativo interpuesto por el ciudadano W.A.C. contra la Gobernación del Estado Zulia. (folio 81 - 85)
En relación a las documentales identificadas en los numerales 1, 2 y 3, este Juzgado les otorga valor probatorio y eficacia jurídica en esta incidencia de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fueron impugnadas.
En cuanto a las documentales discriminadas en los numerales 4 y 5; este Tribunal observa que las referidas pruebas, no se encuentran dirigidas a demostrar el acaecimiento de una circunstancia fáctica, si no que por el contrario se contrae a la ilustración del Juez sobre criterios propios y que otros Tribunales tienen; razón por la cual esta Juzgadora no le otorga valor probatorio alguno en la presente articulación por cuanto el derecho no es objeto de prueba, de conformidad con el principio de derecho iura novit curia o “el Juez conoce el derecho.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Vencida como se encuentra la articulación probatoria a que hace referencia el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la oposición formulada a la medida decreta por este Juzgado mediante sentencia No. 373 de fecha 16 de octubre de 2009. Al efecto, conociendo de los alegatos expuestos por la parte opositora, se observa:
Alega la representación de la parte querellada como fundamento de la oposición ejercida la incompetencia del Alcalde de Maracaibo para otorgar jubilaciones especiales, y la potestad de autotutela de la administración como medio de protección del interés público y del principio de legalidad que rige la actividad administrativa; al respecto considera esta Juzgadora que las referidas defensas no conducen al ánimo y convicción de esta Sentenciadora para suspender los efectos de la medida cautelar de amparo decretada, por cuanto los mismos no están dirigidos a desvirtuar la presunción de violación del derecho a la defensa y el debido proceso de la accionante; si no por el contrario están dirigidos a atacar la legalidad de la resolución No. 5720 de fecha 21 de mayo de 2008, mediante la cual se le otorgó el beneficio de pensión de jubilación especial a la ciudadana M.P.; resultando necesario para determinar la procedencia de las defensas opuestas por la representación del Municipio, entrar a examinar la legalidad de la referida Resolución No. 5720 de fecha 21 de mayo de 2008; y un profundo análisis de la normativa legal aplicable a la situación jurídica descrita en autos, lo cual le esta prohibido al Juez Constitucional; y comportaría emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido –pronunciamiento que no se corresponde con la presente oportunidad procesal- y con ello se estaría burlando el contradictorio que el recurso contencioso administrativo funcionarial comporta. Así se declara.
Con fundamento en los razonamientos antes expuestos, y por cuanto la parte oponente no presentó prueba alguna que desvirtúe la presunción de violación constitucional del derecho a la defensa y del debido proceso del querellante, este Juzgado, desecha la oposición realizada por la represtación del Municipio Maracaibo, y ratifica la medida de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 440 de fecha 05 de junio de 2009, otorgada mediante sentencia Nº 373, de fecha 16 de octubre de 2009. Así se decide.
IV
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
SIN LUGAR la oposición formulada por la abogada D.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 117.332, procediendo con el carácter de apoderada judicial del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la medida cautelar decretada mediante sentencia Nº 373 en fecha 16 de octubre de 2009, por éste Superior Órgano Jurisdiccional.
SE RATIFICA la medida de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 440 de fecha 05 de junio de 2009, por el Alcalde (E) del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y en consecuencia SE ORDENA la reincorporación inmediata de la ciudadana M.P.A., a la nómina de Jubilados de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, hasta tanto se decida el fondo del presente recurso contencioso administrativo funcionarial.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA; en Maracaibo, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. G.U.D.M.
LA SECRETARIA,
ABG. D.P.S.
En la misma fecha y siendo las nueve y dieciséis minutos de la mañana (09:16 a.m.) se publicó el anterior fallo y se registró en el Libro de Sentencias Interlocutorias llevadas por éste Tribunal bajo el Nº 254.
LA SECRETARIA,
ABG. D.P.S.
Exp. 13090
