Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 11 de Julio de 2011

Subsanadas tácitamente las cuestiones previas relativas al defecto de forma de la demanda a que se contrae el artículo 346, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil, alegada por la parte demandada; alegando el A quo que en la presente causa no se cumplieron estas incidencias en el orden procesal;

Improcedente la interposición de la tacha propuesta por la parte actora;

Sin Lugar la impugnación interpuesta por la parte actora de los sellos que aparecen en el documento de venta;

Comprobada la legitimidad de la parte actora para ejercer la presente acción;

Sin Lugar la demanda incoada por la ciudadana M.R.S. contra la ciudadana M.E.G.D.S.;

Condenó en costas a la parte demandada, conforme a lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas quien aquí juzga pasa de seguidas a decidir la presente causa de la siguiente manera:

CAPITULO II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR.-

El Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la decisión recurrida hace las siguientes consideraciones:

El Juez al entrar al conocimiento de la causa, hace suyo el mandato Constitucional de administrar Justicia, teniendo como base que el proceso es el instrumento fundamental para su realización, donde se materializa lo alegado y probado, cuyo análisis, interpretación y valoración se sustenta en el marco legal vigente y los conocimientos de hecho, comprendidos en la experiencia común, sin que esto cercene el derecho conferido por la Ley para la aplicación del principio IURA NOVIT CURIA, en cumplimiento del deber jurisdiccional. Asimismo, acoge los valores y principios consagrados en nuestra Carta Magna, especialmente los contenidos en los artículos 2, 26, 49 y 257, lo cual compromete al Estado a impartir Justicia dentro del ámbito del derecho.

En este orden de ideas y explanado el proceder ajustado a derecho de quien sentencia, este órgano jurisdiccional pasa de seguidas a realizar un análisis de la pretensión de la demanda, de las defensas esgrimidas por los demandados y del acervo probatorio de los intervinientes en el proceso, lo cual pasa de seguidas a realizar de la siguiente manera:

PUNTO PREVIO

Establecido lo anterior, y siendo el Juez director del proceso, considera este órgano jurisdiccional realizar las siguientes consideraciones previas:

Aduce la representación judicial de la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, lo siguiente:

...En fecha dos (2) de m.d.m.n.n. y ocho (1998), a las 9:15 a.m., siendo la oportunidad legal establecida en el auto de admisión promoví la cuestión previa contenida en el ordinal 6to del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que se establecen en el Artículo 340 ejusdem del Código mencionado, según consta en el folio 38 y su vto., pero es el caso, que en fecha cuatro (4) de M.d.M.N.N. y Ocho (1998), a las 11:55 a.m., el apoderado judicial de la demandada, según consta en el folio 39 presenta escrito donde dice que procede a subsanar la cuestión previa pero en realidad ciudadano Juez, lo único que subsana es el error que comete cuando fundamenta la demanda en su Artículo 11. 157 (Sic) del Código Civil Vigente, que NO EXISTE ya que nuestro Código Civil Vigente llega en su articulado hasta el Artículo 1.995; el apoderado no subsanó las demás cuestiones previas opuestas, por lo que considero que la cuestión previa opuesta no ha sido subsanada...

El Tribunal sobre tal alegato observa:

Establece el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Artículo 346: “Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes gestiones previas:

1º La falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste, o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia;

2º La ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio;

3º La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no éste otorgado en forma legal o sea insuficiente;

4º La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá proponerla tanto la persona citada como el demandado mismo, o su apoderado;

5º La falta de caución o fianza para proceder al juicio;

6º El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que índica el artículo 340, o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78.;

7º La existencia de una condición o plazo pendientes;

8º La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto;

9º La cosa juzgada;

10º La caducidad de la acción establecida en la Ley;

11º La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda...

Por su parte establecen asimismo los artículos 350, 352 y 354 del mismo Código, lo siguiente:

Artículo 350: Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 346, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados, dentro del plazo de cinco días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, en la forma siguiente:

(omissis)

El del ordinal 6º, mediante la corrección de los defectos señalados al libelo, por diligencia o escrito ante el Tribunal (...)”.

Artículo 352: “Si la parte demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo indicado en el artículo 350, o si contradice las cuestiones a que se refiere el artículo 351, se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o p.d.J., y el Tribunal decidirá en el décimo día siguiente al último de aquella articulación, con vista de las conclusiones escritas que pueden presentar las partes (...)”

Artículo 354: “Declaradas con lugar las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 346, el proceso se suspende hasta que el demandante subsane dichos defectos u omisiones como se indica en el artículo 350, en el término de cinco días, a contar del pronunciamiento del Juez. Si el demandante no subsana debidamente los defectos u omisiones en el plazo indicado, el proceso se extingue, produciéndose el efecto señalado en el artículo 271 de este Código”.

Así pues de la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente procedimiento, quien aquí suscribe observa:

Que en fecha dos (02) de marzo de 1998, la representación judicial de la parte demandada, abogado J.R.S.V., mediante escrito opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el ordinal 5º del artículo 340 eiusdem, relativa a “La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión con las pertinentes conclusiones”; asimismo alegó el error que la parte actora fundamentó su demanda en el artículo 11.157 el Código Civil, acotando que el referido Código llega hasta el artículo 1.995..-

Que en fecha 04 de marzo de 1998, el abogado J.G.S.B., en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, mediante escrito subsanó el error cometido en lo que respecta a la transcripción del artículo 1.157 del Código Civil;

Que en fecha 04 de marzo de 1998, el Tribunal A quo, dictó auto mediante el cual dejó constancia que resolvería sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada en fecha 09 de marzo de 1998;

En fecha 09 de marzo de 1998, el Tribunal de la causa dictó sentencia mediante la cual dejó constancia que el demandante corrigió el artículo mal citado; ordenando la contestación de la demanda.

Que en fecha 10 de marzo de 1998, la representación judicial de la parte demandada, abogado J.R.S.V., consignó escrito de contestación a la demanda;

Que abierta la acusa a pruebas por i.d.L., ambas partes hicieron uso de tal derecho;

Que en fecha 13 de enero de 2003, el Tribunal A quo, dictó sentencia definitiva; la cual fue apelada en su oportunidad legal correspondiente. Así se establece.

Así pues, visto que el presente procedimiento de NULIDAD DE DOCUMENTO constituye un juicio ordinario de los establecidos en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, el cual debió sustanciarse tal y como lo prevén las normas antes transcritas, mal podìa el Tribunal A quo, subvertir el proceso, en el sentido de señalar en la sentencia de fondo que la cuestión previa opuesta por la parte demandada, dicho esto la establecida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el numeral 5º del artículo 340 eiusdem, relativa a: “La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión con las pertinentes conclusiones”, se encontraba subsanada tácitamente, sin tomar en cuenta el procedimiento y los lapsos previsto para ello. Así se establece.

Nos encontramos que con la presentación de la demanda, se ejercita el derecho de acción y se provoca la actividad de los órganos jurisdiccionales. Es entonces cuando se requiere de un medio que permita, en primer lugar, ejercer de manera eficaz el derecho de acción que la ley otorga a las partes; y en segundo lugar, que le permita al Estado proporcionar una tutela judicial efectiva.

Según el procedimiento establecido por la ley, una vez que el demandante, en ejercicio del derecho de acción, a través de la demanda, ha insertado una pretensión contra el demandado, le corresponde a éste ejercer su derecho a la defensa. Concretamente, frente al derecho de acción del demandante, está el derecho de contradicción del demandado; de manera que, se puede afirmar que las excepciones son algunos de los medios de contradicción que la ley otorga al demandado para resistirse a la pretensión del demandante.

La oportunidad procesal para que el demandado oponga estos medios de contradicción (excepciones) y para que el órgano jurisdiccional dicte decisión, ordinariamente puede ocurrir en dos momentos del proceso: a) que sean opuestas y decididas antes de la contestación al fondo de la demanda, es decir in limini litis; y b) que sean opuestas en el acto de la contestación de la demanda, para ser decididas en la sentencias definitiva.

En el primer caso, cuando las excepciones deben ser resueltas in limini litis, en nuestro Derecho Procesal se denominan Cuestiones Previas y son el producto de una lenta y progresiva evolución.

Como puede apreciarse, estas Cuestiones Previas (excepciones) debe oponerlas el demandado en la parte inicial del proceso, es decir, antes de contestar la demanda o conjuntamente con ellas, según las expresas disposiciones de los artículos 346 y 361 del Código de Procedimiento Civil.

La fijación de esta oportunidad procesal, obedece a la necesidad de asegurar, desde el inicio del proceso judicial, la regularidad de la relación jurídico procesal, depurándolo de los defectos procesales que impidan posteriormente una sentencia de fondo, o extinguiéndolo en caso que no sea posible dictar la misma.

En este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 2821, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, en el Expediente Nro. 03-1152, estableció lo siguiente:

...En este sentido estricto el desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio en un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales.

Stricto sensu, uno de los tipos de desorden procesal no se refiere a la subversión de actos procesales, sino a la forma como ellos se documenten. Los actos no son nulos, cumplen todas las exigencias de ley, pero su documentación en el expediente o su interconexión con la infraestructura del proceso, es contradictoria, ambigua, inexacta cronológicamente, lo que atenta contra la transparencia que debe regir la administración de justicia, y perjudica el derecho de defensa de las partes, al permitir que al menos a uno de ellos se le sorprenda (artículos 26 y 49 constitucionales).

En otras palabras, la confianza legitima que genere la documentación del proceso y la publicidad que ofrece la organización tribunalicia, queda menoscabada en detrimento del Estado Social de derecho y de justicia.

Ejemplos del “desorden”, sin agotar con ello los casos, pueden ser: la mala compaginación en el expediente de la celebración de los actos, trastocando el orden cronológico de los mismos; la falta o errónea identificación de las piezas del expediente o del expediente mismo; la contradicción entre los asientos en el libro diario del Tribunal y lo intercalado en el expediente; la contradicción entre los días laborales del almanaque tribunalicio y los actos efectuados en días que no aparecen como de despacho en dicho almanaque; la dispersión de varias piezas de un proceso, en diferentes tribunales; la ausencia en el archivo del Tribunal de piezas del expediente, en determinados juicios; el cambio de las horas o días de despacho, sin los avisos previos previstos en el Código de Procedimiento Civil (artículo 192); y la consignación en el cuaderno separado de actuaciones del cuaderno principal, y viceversa; la actividad en la audiencia que impide su correcto desarrollo (manifestaciones, anarquía, huelga, etc).

Se trata de situaciones casuísticas donde el juez, conforme a lo probado en autos, pondera su peso sobre la transparencia que debe imperar siempre en la administración de justicia y sobre la disminución del derecho de defensa de los litigantes y hasta de los terceros interesados, y corrige la situación en base a esos valores, saneando en lo posible las situaciones anulando lo perjudicial, si ello fuere lo correcto.

Otro tipo de desorden procesal, ocurre cuando sobre un mismo tema decidendum, existen varios procesos inacumulables, sustanciándose por separado varias causas conexas que en cierta forma incide la una sobre la otra, instruidas por procedimientos distintos, que puedan provenir de acciones diversas (ordinarias, especiales, amparo, etc).

Esta profusión de causas, con sentencias contradictorias, y por ello inejecutables provenientes de los diversos juicios, conlleva a la justicia ineficaz; y ante tal situación- igualmente casuística- un Tribunal Superior capaz de resolver un conflicto de competencia entre los jueces involucrados que conocen los distintos procesos, debe ordenar y establecer los procesos, señalando un orden de prelación de las causas en cuanto a su decisión y efectos, pudiendo decretar la suspensión de alguna de ellas, así como la liberación de bienes objeto de varias medidas preventivas surgidas dentro de las diversas causas. Se trata de un orden judicial saneadora, que atiende al mantenimiento del orden público constitucional, ya que la situación narrada atenta contra la finalidad del proceso y la eficacia de la justicia.

Dentro de esta categoría de desorden procesal, puede incluirse el caso en que las apelaciones sobre varias decisiones que se dictan en un proceso y que tienen entre sí relación, al ser oídas se envíen a diferentes jueces de alzada, surgiendo la posibilidad de fallos contradictorios, o de lapsos que puedan correr ante tribunales distintos, haciendo que coincidan en el mismo día y hora, actos a realizarse en la alzada.

Los dos tipos reseñados requieren que el proceso sea ordenado, sea saneado en sus vicios constitucionales que conducen a la justicia ineficaz, opaca y perjudicial al derecho de defensa.

Ahora bien, los correctivos del desorden procesal, solo pueden utilizarse – tanto de oficio como a petición de parte – cuando objetivamente conste en autos o en la audiencia tal situación, hasta el punto que ella pueda fijarse válidamente como fundamento de la nulidad o de la orden saneadora

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La sentencia parcialmente transcrita, define el desorden procesal como la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, situación ésta que atenta contra la transparencia que debe regir en la administración de justicia, y perjudica el derecho a la defensa de las partes.

Por otra parte, indica que de existir en el proceso alguno de los tipos de desorden procesal allí reseñados, se requiere que el proceso sea ordenado, sea saneado en sus vicios constitucionales, estableciendo que dichos correctivos, solo pueden utilizarse tanto de oficio como a petición de parte, ya que el desorden también perjudica al sentenciador.

Por su parte, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su encabezamiento y en su numeral 1, lo siguiente:

Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley (...)” (Subrayado del Tribunal).

La referida normas constitucional, recoge a lo largo de su articulado, la concepción que respecto al contenido y alcance del derecho al debido proceso ha precisado la doctrina más calificada, y según la cual el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre loas cuales se mencionan las de ser oído, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la de un proceso sin dilaciones indebidas y por supuesto, la de ejecución de las sentencias que se dicten en tales procesos. Ya la jurisprudencia y la doctrina habían entendido, que el derecho al debido proceso debía aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la causa, sea esta judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del principio de igualdad frente a la ley, y que en materia procedimental representa igualdad de oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se trate, a objeto de realizar- en igualdad de condiciones y dentro de los lapsos legalmente establecidos- todas aquellas actuaciones tendientes a la defensa de sus derechos e intereses.

La doctrina ha señalado que el derecho al debido proceso- y dentro de éste el derecho a la defensa- tiene un carácter operativo e instrumental que nos permite poner en practica los denominados derechos de goce, es decir su función ultima es garantizar el ejercicio de otros derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva, por ello, su ejercicio implica la concesión para ambas partes en conflicto, de la misma oportunidad de formular pedimentos ante el órgano jurisdiccional. De manera que la violación del debido proceso podrá manifestarse: 1) cuando se prive o coarte alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; 2) cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones que les afecte. Bajo esta óptica la violación al debido proceso y la consecuente indefensión operará, en principio, dentro de un proceso ya instaurado, y su existencia será imputable al juez que con su conducta impida a alguna de las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos.

Así pues, es preciso entender entonces que el proceso como un conjunto sucesivo de actos procesales tendientes a la declaratoria final del juez para dilucidar una controversia, amerita un ámbito espacial y de un ámbito temporal para su funcionamiento, a fin de asegurar la participación de los sujetos procesales, a objeto de preservar la certeza jurídica, la igualdad de tratamiento y la lealtad del contradictorio. Así, las leyes procesales distinguen el tiempo útil para la realización de los actos procedimentales, en general, del tiempo hábil para ello.

En consecuencia por todos lo razonamientos antes expuestos, este Tribunal a los fines de garantizar el derecho a la defensa de las partes, el debido proceso y en búsqueda de una tutela judicial efectiva, decreta la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la decisión de fecha nueve (09) de m.d.m.n.n. y ocho(1998) y como consecuencia de ello repone la presente causa al estado de que el Juzgado A quo se pronuncie sobre la incidencia surgida en el presente proceso; es decir, sobre la cuestión previa opuesta por la parte demandada en escrito de fecha dos (02) de m.d.m.n.n. y ocho (1998)(F. 38 de la I pieza) y así se decide.

CAPITULO III

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la decisión de fecha nueve (09) de m.d.m.n.n. y ocho(1998) y como consecuencia de ello repone la presente causa al estado de que el Juzgado A quo se pronuncie sobre la incidencia surgida en el presente proceso; es decir, sobre la cuestión previa opuesta por la parte demandada en escrito de fecha dos (02) de m.d.m.n.n. y ocho (1998).-

Dada la naturaleza del fallo no hay especial condenatoria en costas.

Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 eiusdem.

Por cuanto que la presente decisión fue dictada fuera del lapso previsto para ello, se ordena la notificación de las partes.

Regístrese, Publíquese, Notifíquese a las partes y Remítase el expediente en su oportunidad legal.-

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, a los once (11) días del mes de julio de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

EL JUEZ PROVISORIO

DR. H.D.V. CENTENO G.

EL SECRETARIO TITULAR,

Abg. F.B.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, previo el anuncio de Ley, siendo las dos y media de la tarde (2:30 p.m).

EL SECRETARIO TITULAR,

Exp Nº 13.393

HdVCG/Jenny.-