Sentencia nº 1053 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2008 |
| Emisor | Sala Constitucional |
| Ponente | Francisco Antonio Carrasquero López |
| Procedimiento | Recurso de Nulidad |
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: F.A.C.L.
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional el 30 de abril de 2008, la ciudadana M.T.R.D.E., identificada con la cédula de identidad número 3.882.269, asistida por el abogado M.E., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 12.734, interpuso acción de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como contra la Resolución dictada por el Contralor General de la República el 8 de enero de 2007, signada con el N° 01-00-000002, a través de la cual se impuso la sanción de inhabilitación de la accionante para el ejercicio de cargos públicos, durante un periodo de tres años.
El 6 de mayo de 2008, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor F.A.C.L., quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
La accionante fundamentó sus pretensiones anulatorias en los siguientes argumentos:
Que la norma impugnada resulta lesiva de los derechos a la defensa y al debido proceso, que resultan aplicables a toda actuación judicial o administrativa.
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sólo limita el desempeño de cargos públicos a los condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.
Que la sanción de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, constituye una extralimitación de atribuciones, pues el Contralor debe limitarse a pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa.
Que la disposición atacada viola el principio de tipicidad sancionatorio, al permitir aplicar una sanción sin procedimiento previo y apreciar la entidad del ilícito sin control por parte del sancionado.
Que la sanción establecida en la norma atacada tiene carácter discrecional y por tanto, violenta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Que al mismo tiempo se lesiona el principio de proporcionalidad, al establecer una sanción accesoria, que resulta más lesiva que la principal.
Que la aplicación del artículo impugnado contraría la norma contenida en el artículo 42 del Texto Fundamental, en tanto implica una pérdida de ciudadanía y una suspensión de derechos políticos.
Respecto a la pretensión cautelar, la accionante argumentó que la sanción impuesta le ha producido graves perjuicios económicos y sociales, pues terminó con el empleo que mantenía desde hace 27 años con el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo.
II
DE LA COMPETENCIA
Los artículos 334 y 336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela rezan:
“Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”.
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución
.
Por su parte, el artículo 5.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone:
Artículo 5
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República./ (...)
6. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, determinando expresamente sus efectos en el tiempo
.
El objeto de la demanda de autos es una ley nacional, concretamente, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en consecuencia, con fundamento en las disposiciones que se transcribieron, se declara la competencia de esta Sala para el conocimiento y resolución de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la referida norma, y así se declara.
Ahora bien, la parte actora solicitó, además de la nulidad de ese precepto legal, la nulidad de la Resolución dictada por el Contralor General de la República el 8 de enero de 2007, signada con el N° 01-00-0000023, mediante la cual impuso a la demandante sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años.
La posibilidad de plantear, en un mismo proceso, la acumulación de pretensiones de nulidad de normas legales conjuntamente con la nulidad de actos de rango sub-legal resultó posible, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 132 de esa ley, y lo es ahora, desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en el artículo 5, numeral 50, de ésta, que dispone, como competencia genérica de todas las Salas según la afinidad con la materia debatida, “Conocer de los juicios en que se ventilen varias acciones conexas, siempre que al tribunal esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas”.
Así lo ha establecido esta Sala en sentencias Nos. 2794 y 2795 del 27 y 28 de septiembre de 2005, 1452 del 3 de agosto de 2004 y 723 del 5 de abril de 2006. En tales casos, la Sala ha invocado los precedentes dictados durante la vigencia del artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para dejar en claro que la acumulación de pretensiones procede siempre que el acto sublegal se haya dictado en ejecución directa de la norma legal cuya nulidad también se planteó, es decir, siempre que la ley que se impugnó sea la base legal del acto sub-legal cuya nulidad se acumula con aquélla.
En el caso de autos, el acto administrativo sancionatorio fue, ciertamente, dictado con fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y los vicios de nulidad que se le imputan al acto sublegal derivan, precisamente, de que aplicó una norma legal supuestamente inconstitucional. En consecuencia, por cuanto se cumple con los supuestos de procedencia para la acumulación de pretensiones, la Sala asume, también, la competencia para conocer de la pretensión de nulidad de la Resolución dictada por el Contralor General de la República el 8 de enero de 2007, signada con el N° 01-00-0000023. Así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
A partir del fallo Nº 1795/2005, toda demanda de nulidad por inconstitucionalidad acompañada de solicitud de pronunciamiento previo es admitida directamente por la Sala, a fin de dar celeridad al proceso. Como en el presente caso se ha solicitado una medida cautelar de amparo, esta Sala pasa a proveer al respecto, para lo cual observa lo siguiente:
La pretensión de nulidad sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se encuentra incursa, prima facie, en las tales causales, la pretensión es admisible. En consecuencia, se admite esta demanda de nulidad, sin perjuicio de la potestad que asiste a este Tribunal de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.
Por lo que respecta al procedimiento, se advierte que la causa se tramitará del modo que quedó establecido en la sentencia N° 1645 del 19 de agosto de 2004, en concordancia con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
IV
DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR
La parte actora solicitó amparo cautelar a fin de que se suspendan temporalmente los efectos del acto administrativo sancionador que se dictó en su contra y que tiene como fundamento el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En este sentido, fundamentó su pretensión en la necesidad de evitar lesiones de carácter económico y social.
Al respecto, esta Sala observa, que no resulta procedente el otorgamiento de la pretensión cautelar, pues la misma no se fundamenta en la eventual lesión de los derechos fundamentales de la accionante, sino en los supuestos perjuicios económicos y sociales derivados de la actuación denunciada y ello, es susceptible de reparación por la sentencia definitiva, en el caso de que sea procedente la nulidad. Así se declara.
V
DE LA ACUMULACIÓN
Por notoriedad judicial, esta Sala observa que cursa bajo el expediente n° 06-0494, demanda de nulidad por inconstitucionalidad que ejerció la ciudadana N.G. deA., contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Al respecto, la Sala observa:
La figura de la acumulación procesal consiste en la unificación, dentro de un mismo expediente, de causas que revisten algún tipo de conexión para que, mediante una sola sentencia éstas sean decididas y, con ello, se eviten decisiones contradictorias que puedan versar sobre un mismo asunto, así como garantizar los principios de celeridad y economía procesal.
Para que proceda la acumulación procesal es necesario que se dé la presencia de dos o más procesos y que exista entre ellos una relación de accesoriedad, conexión o continencia. Se requiere, además, que no se den ninguno de los presupuestos que enumera el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, que prohíben la acumulación de autos o de procesos, a saber: cuando éstos no estuvieren en una misma instancia, cuando se trate de procesos que cursen en tribunales distintos, cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles, cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviere vencido el lapso de promoción de pruebas y cuando no estuvieren citadas las partes para la contestación de la demanda en ambos procesos.
En acatamiento de las normas procesales que rigen la acumulación, la Sala observa que el objeto de la pretensión de nulidad en el expediente n° 06-0494 coincide con el de la causa de autos. Asimismo, la Sala observa que ninguna de estas dos demandas ha sido todavía sustanciada en su totalidad. De manera que, por cuanto ambas causas fueron impulsadas por un medio procesal común (la demanda de nulidad por inconstitucionalidad), cuyo objeto de impugnación es la misma norma legal (el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal), esta Sala, sobre la consideración de que las decisiones que recaigan sobre tales procesos podrían coincidir en la estimación o desestimación de la pretensión de nulidad de dicha norma, y por cuanto se cumplen dos de los supuestos de conexidad a los que se refiere la norma procesal, considera necesaria la acumulación para su tramitación y decisión conjuntas. Así se decide.
En relación con el pronunciamiento sobre cuál será el expediente que abarcará el conocimiento conjunto de las causas que se acumulan, la Sala Constitucional establece que, en los juicios de nulidad, a diferencia de los procesos que se llevan en la jurisdicción ordinaria, no es la citación sino la admisión de la demanda, aquello que determina cuál de ellas absorberá a la otra. Así, en este caso, se acumula esta causa en el expediente que cursa en esta Sala con el N° 06-0494, ya que ésta se admitió con anterioridad, en sentencia N° 1283 del 28 de junio de 2006. Así se declara.
En consecuencia, esta Sala estima innecesario ordenar la publicación del cartel y practicar las notificaciones de la Asamblea Nacional, del Fiscal General de la República y de la Procuradora General de la República, por cuanto las mismas fueron ordenadas en la causa Nº 06-0494, y ordena notificar de la presente decisión al recurrente. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
-
Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad incoada por la ciudadana M.T.R.D.E., contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como contra la Resolución dictada por el Contralor General de la República el 8 de enero de 2007, signada con el N° 01-00-000002.
-
ADMITE la demanda de nulidad.
-
NIEGA el amparo cautelar solicitado.
-
ACUMULA la causa a la que cursa en el expediente N° 06-0494, con el fin de que se dicte una sola decisión que comprenda ambos procesos. En consecuencia, se suspende el curso de la causa n° 06-0494 hasta que la de autos se encuentre en el mismo estado.
-
- REMÍTASE el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que practique la notificación de la recurrente, así como la subsiguiente continuación del procedimiento.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de julio dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación
La Presidenta,
L.E.M. LAMUÑO
El Vicepresidente,
F.A. CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
J.E. CABRERA ROMERO
P.R. RONDÓN HAAZ
M.T. DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
A.D.J. DELGADO ROSALES
El Secretario,
J.L. REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n ° 08-0518
El Magistrado que suscribe disiente de la mayoría respecto del fallo que antecede, por las siguientes razones:
La sentencia de la que se discrepa negó la procedencia del amparo cautelar que se solicitó en el marco de la demanda de nulidad que se intentó contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y contra la Resolución n.° 01-00-000002 de 8 de enero de 2007, que dictó el Contralor General de la República y mediante la cual se impuso, a la demandante, sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período de tres años.
La motivación de la Sala, para la desestimación de esa pretensión cautelar, fue que la demandante no alegó presunción de injuria a derechos fundamentales, sino sólo perjuicios económicos y sociales. No obstante, de la narrativa de la decisión se desprende que la quejosa alegó, como fundamento de su pretensión de nulidad, la violación a sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la tipicidad de las sanciones y al ejercicio de cargos públicos. En consecuencia, sí alegó la presunción de agravio a derechos fundamentales, y el señalamiento a los “graves perjuicios económicos y sociales” se refiere al peligro en la mora, requisito indispensable para la procedencia de toda medida cautelar, incluso de amparos cautelares, según ha exigido esta Sala.
En consecuencia, el salvante considera que debió acordarse la medida de amparo cautelar que se peticionó en este proceso de nulidad, con afincamiento en los mismos argumentos que se mantuvieron en la sentencia n.° 1420/04, en la que se acordó amparo cautelar contra actos de la misma naturaleza.
Queda así expresado el criterio de quien rinde este voto salvado.
Fecha retro.
La Presidenta,
L.E.M. LAMUÑO
El Vicepresidente, F.A.C.L.
Los Magistrados,
J.E. CABRERA ROMERO
P.R. RONDÓN HAAZ
Disidente
M.T. DUGARTE PADRÓN
…/
…
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
A.D.J. DELGADO ROSALES
El Secretario,
J.L. REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar
Exp. 08-0518
