Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 19 de Octubre de 2011

Motivación para decidir

La defensa denunció la violación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26 Constitucional), por parte del juez de control que celebró la audiencia preliminar, al declarar inadmisible la excepción opuesta, referida a que el hecho no reviste carácter penal, omitió el debido pronunciamiento judicial, según afirmó el solicitante.

De la revisión de lo resuelto en la audiencia preliminar destaca que, el Juzgado de control en los pronunciamientos dictados al término de la audiencia preliminar, declaró: “…inadmisible por extemporánea la excepción opuesta por la defensa mediante escrito presentado por la defensa (sic) (folios 123 al 130), ya que no se cumplió con el lapso establecido en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal…” (f. 143-146)

Alegó la defensa, como fundamento de la nulidad solicitada respecto de la audiencia preliminar, la falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 de la mencionada Ley; es decir, el error de derecho en la escogencia y aplicación de la norma procesal acerca del lapso para interponer excepciones en el procedimiento penal regido en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; con lo cual, a su decir, el hecho denunciado como lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva, derivó de la decisión jurisdiccional que inadmitió la excepción opuesta con base en el mencionado dispositivo legal.

El Tribunal aprecia que, el pronunciamiento del tribunal de control, objeto de la pretensión de nulidad (que declaró inadmisible la excepción opuesta), tal como expresa la decisión dictada por el Juzgado de control en la predicha oportunidad, se fundamentó en la consideración de que tal excepción había sido planteada fuera del lapso previsto en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal; razón por la cual fue inadmitida la misma.

De los términos de la solicitud planteada y su cotejo con el acto de juzgamiento objetado en vía de nulidad, se desprende que la controversia surgida con ocasión del mencionado fallo, gravita en torno a un asunto de mera legalidad ordinaria (pretendido error in procedendo del juez de control, al inadmitir la excepción opuesta, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 328 del Código Orgánico procesal Penal y no admitirla conforme al artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.), susceptible de impugnación, a través del ejercicio del recurso de apelación de autos, conforme al artículo 447.2 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que: “Son recurribles ante la corte de apelaciones (…) 2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez de control en la audiencia preliminar; sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio”.

No obstante, la defensa hizo uso del mecanismo de la nulidad que acá se resuelve, para solicitar del órgano jurisdiccional que conoce en la actualidad, la invalidación de la audiencia preliminar celebrada el 27-01-2011, sobre la base de que el pronunciamiento judicial cuestionado dejó sin respuesta precisa el planteamiento que bajo la forma de excepción, hizo la defensa al redargüir la calificación jurídica invocada por la parte acusadora en el respectivo escrito de acusación, y por tanto, lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, y en orden a la resolución del asunto planteado, conviene recordar que las violaciones a los derechos fundamentales de las partes en y durante la celebración de los actos procesales que integran el proceso penal venezolano, admite como mecanismo de corrección y solución, la implementación del instituto de la nulidad, a pedimento de parte o de oficio; como tiene establecido la doctrina vigente al respecto en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Ver por todas, la n° 1228, de fecha 16-06-2005, ratificada por la Sala Constitucional en fallo vinculante emitido el 04-03-2011, expediente 11-0098); mecanismo de solución que para el caso de nulidad absoluta de actuaciones debe cumplir ciertos elementos o requisitos para su viabilidad procesal.

En el ámbito específico de las nulidades en el del proceso penal, se requiere precisar que, el vicio de nulidad es “el estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido” (Maurino, citado por Monagas O., en Jornadas de la Universidad Católica “Andrés Bello”. 2003:100). El mismo autor, apoyándose en criterios expuesto por Alsina y Maurino, expresa que las nulidades procesales tienen como norte la garantía de la defensa, lo que explica el aserto según el cual “donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad (op cit., p. 104); tópico que requiere su adecuada comprensión (interpretación) y matización.

La materia de las nulidades de los actos procesales según el Código Orgánico Procesal se encuentra regida por una serie de principios y requisitos de actividad, entre los cuales destaca el principio de trascendencia que se bifurca en la existencia del perjuicio y el interés jurídico en su declaración. Según este principio -y siguiendo a Monagas (2003:107)- no es admisible la nulidad por la nulidad misma, o como bien expresó Couture: “las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de al desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción a las garantías a que tienen derecho los litigantes”. Conforme a esta explicación, se descartan las nulidades declaradas en exclusivo beneficio de la Ley, por considerar que ello entraña una excesiva formalidad.

De lo anterior se sigue que, la actividad procesal defectuosa susceptible de nulidad, debe generar una indudable y evidente lesión a los derechos constitucionales del afectado; cuya ocurrencia sea real y efectiva dentro del proceso. Ello implica afirmar que no basta el disenso de la parte respecto a la actuación del órgano jurisdiccional, sino que se requiere -tal como refiere la doctrina y la jurisprudencia- la efectiva aflicción del derecho a la defensa del nulidicente. Así se desprende de lo dispuesto específicamente en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, que incardina el principio antes señalado en los siguientes términos: “Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a…, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República…”

En el caso que ocupa la atención del juzgador, se tiene que al margen del asunto referido a la procedencia de aplicar lo dispuesto en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal ó lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., asunto que por ser de estricta legalidad ordinaria, es materia discutible ante la alzada mediante la interposición del recurso de apelación (no ejercido); resulta claro que, el tribunal de control al concluir la audiencia preliminar, emitió pronunciamiento que declaró inadmisible la excepción opuesta por la defensa (relativa a que el hecho no reviste carácter penal, como se indicó supra) por considerar que la misma había sido planteada en forma extemporánea; fuera del lapso de cinco días que ordena el mencionado artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal.

Bajo estos parámetros, conviene examinar atentamente (con la debida atención y concentración) el fallo de control, cuestionado por la defensa, así como las actuaciones precedentes al mismo, a fin de verificar si de tal pronunciamiento judicial se desprende la efectiva aflicción al derecho a la tutela judicial eficaz que por mandato del artículo 26 Constitucional, asiste al imputado.

Constata este juzgador de juicio, que presentada como fue la acusación penal por parte de la representante fiscal en fecha 03-11-2010 (f. 78), el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, procedió mediante auto expedido el 12-11-2010 (f. 103) a convocar la audiencia preliminar para el día 26-11-2010; acto que se celebró efectivamente el 27-01-2011 (f. 143-146). De otra parte, aprecia quien decide que el defensor actuante presentó escrito contentivo de excepción y solicitud de nulidad el día 26-11-2010 (f. 123-130), es decir, el mismo día en que estaba fijada la audiencia preliminar en el presente asunto penal, es decir, no se dio cumplimiento al mandato legal que establece la oportunidad para oponer excepciones y realizar otras actuaciones “antes del vencimiento de dicho plazo (dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la acusación)”, tal como establece el invocado artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

…OMISSIS...

La decisión objeto de nulidad, si bien declaró inadmisible la excepción como ha sido dicho con reiteración; no es menos cierto que, calificó jurídicamente el hecho bajo los tipos penales de acto carnal con víctima especialmente vulnerable y suministro de sustancias nocivas, contemplados en los artículos 44.3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. y 263 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, expresando las razones que condujeron a lo resuelto, como era su deber conforme al penúltimo aparte del artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.. Cabe indicar así, que el juzgador de control, en el acto decisorio cuestionado, no lesionó el derecho a la tutela judicial eficaz, puesto que al dar a los hechos la calificación mencionada, se apartó y desestimó implícitamente el alegato al que se contraía la excepción deducida, a pesar de que el fallo, no dijera expresamente esto último. La motivación de la referida decisión suministra bases suficientes para colegir que, de acuerdo al criterio judicial del órgano judicial el hecho objeto de acusación si reviste carácter penal; razonamiento que por argumento a contrario conduce a tener por desestimado en el fondo, el alegato expuesto por la defensa a este respecto. A este respecto es oportuno acotar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que hay violación del derecho a la tutela judicial efectiva:

…OMISSIS…

Pudo constatar el juzgador en la revisión de las actuaciones que el Juzgado de control a pesar de inadmitir la excepción referida a que los hechos no revisten carácter penal, al admitir la acusación asignó a los hechos la calificación jurídica que en su criterio merecían los hechos imputados, con lo cual afirmó su convicción acerca del carácter penal que revestían los hechos imputados. Siendo ello así, no se puede afirmar sin faltar a la verdad, que el fallo del juez de control al término de la audiencia preliminar dejó sin respuesta el contenido de la excepción, relacionada con la contradicción y refutación del carácter penal del hecho imputado, puesto que la declaratoria de inadmisión dio respuesta expresa a la excepción planteada, quizá no en los términos esperados por la defensa. En todo caso, puede afirmarse que el aludido fallo, desestimó el contenido específico de tal excepción en forma coetánea, al admitir la acusación bajo la calificación jurídica dada a los hechos por el juzgador de control. Ergo, al no haber carencia absoluta de pronunciamiento respecto al punto controvertido, no hubo efectiva violación o injuria al derecho a la tutela judicial efectiva del imputado.

Es pertinente en este punto señalar que, la tutela judicial efectiva, tal como ha sido entendida en su alcance por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia no comprende el acierto del fallo; y se satisface con la decisión de fondo, así como con las decisiones interlocutorias que resuelven con lugar/sin lugar ó admisible ó inadmisible la pretensión determinada de una de las partes, tal como se desprende del fallo n° 708, emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10-05-2001, en el que señaló:

Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado.

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Al hilo de los razonamientos expuestos, considera el tribunal, que la situación antes descrita no objetiva una lesión al derecho de intervención y defensa del imputado, quien goza del derecho a reiterar la excepción que considere pertinente en la audiencia de juicio y obtener respuesta en esa etapa del proceso. De manera tal que, la solicitud de nulidad del proceso y la pretendida reposición de la causa al estado de que se celebre nuevamente la audiencia preliminar resulta improcedente por todo cuanto ha sido expresado, pero además, por una razón adicional y es que ello retardaría aún más el proceso, resultando nugatorios los principios de celeridad procesal y justicia pronta que en general reconoce la Constitución, y en particular, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; aparte de contradecir la prohibición de retrotraer el proceso a etapas ya superadas, establecida en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

Decisión

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: Único: Declara sin lugar la nulidad absoluta de la audiencia preliminar celebrada el día 27 de enero de 2011 ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida en la presente causa. La presente decisión tiene fundamentos en los artículos 1, 2, 26, 49 y 334 Constitucional; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 64, 191, 196 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese lo resuelto a las partes. Cúmplase (…)”

MOTIVACIÓN

Analizado como ha sido el contenido del escrito de apelación, la contestación presentada por el Ministerio Público, así como la decisión objeto de impugnación, esta Corte de Apelaciones, para resolver hace las siguientes consideraciones:

Señala el recurrente, que la decisión objeto de impugnación viola flagrantemente la tutela judicial efectiva, ante este señalamiento esta Corte de Apelaciones, debe hacer los siguientes señalamientos:

En principio debemos indicar que el derecho a la tutela judicial efectiva, comprende no sólo el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (ver artículo 257 del referido texto Constitucional). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura

Hecha la aclaratoria anterior, se evidencia de las actuaciones, que la decisión que se impugna, deviene de la declaratoria sin lugar de la nulidad de la audiencia preliminar celebrada en fecha 27 de Enero del año que discurre, por cuanto en la referida Audiencia Preliminar, se declaro inadmisible la excepción propuesta por la Defensa Técnica del encausado de marras.

Ante esta situación, resulta prudente señalar, que al Juez en la fase de Control, le fue atribuido el ejercicio de control judicial, teniendo las facultades de supervisión y control de la fase preparatoria dirigida por el Ministerio Público, y de Director y Decidor en la fase intermedia, el cual no es otra cosa, que ajustar las actuaciones de las partes, al cumplimiento de los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales.

Es durante la fase intermedia de proceso, donde se materializa por parte del Juez de Control, la depuración del procedimiento, para lo cual y en el caso de haberse presentado acusación, el Juez de Control, deberá ejercer el examen de la referido acto conclusivo, desde un aspecto formal y del aspecto sustancial o material. El primero dirigido a examinar los requisitos formales de la acusación, tales como la identificación plena y suficiente del o los acusados, el domicilio o residencia del defensor, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al acusado, y la calificación jurídica del mismo; el segundo, es decir, el control sustancial o material, es aquel mediante el cual el Juez de Control, en audiencia preliminar, examina los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público y los acusadores particulares, para presentar sus acusaciones, cuyos basamentos deben ser suficientes para que se vislumbre un pronóstico de sentencia condenatoria, o alta probabilidad de que en el juicio oral y público se determine la comisión del hecho punible imputado y la responsabilidad penal del acusado.

En esa audiencia preliminar como fue denominada por los legisladores, el juez de Control debe analizar si existen o no, motivos para admitir las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y por los aspirantes a querellantes, si fuere el caso, debiendo verificar la procedencia, pertinencia y necesidad de los medios probatorios ofrecidos por las partes, así mismo se evidencia que el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una v.l.d.v., señala: “…antes del vencimiento de dicho plazo, las partes procederán a ofrecer las pruebas …y oponer las excepciones que estimen procedentes…”

De la lectura de la decisión objeto de la impugnación, se observa, que en la misma no se evidencia ningún signo de violación a la tutela judicial efectiva, toda vez que el Juez de la Recurrida, señaló claramente las razones por las cuales declaró sin lugar la solicitud incoada por la Defensa. Se verifica en la decisión recurrida, que el Juez en funciones de Juicio, realizó un estudio pormenorizado del contenido del escrito de solicitud de nulidad, y de las razones por las cuales se declara sin lugar las misma, alegando que las excepciones, podían ser interpuestas nuevamente con ocasión a la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Público, y que retrotraer la causa a etapas ya precluidas, máxime cuando no se evidencia violaciones al debido proceso, ni a la tutela judicial efectiva, generaría un retardo judicial injustificado, que en nada beneficiaria a ninguna de las partes.

Así mismo, esta Corte de Apelaciones, debe indicar, que las partes, al no estar de acuerdo con el contenido de la decisión dictada con ocasión a la celebración de la Audiencia preliminar, debieron en ejercicio del Derecho a la Defensa, apelar de la decisión, por cuanto si bien es cierto, el Auto de Apertura a Juicio no es recurrible, no es menos cierto que existen otros pronunciamientos que se realizan con ocasión a la celebración de la Audiencia Prelimnar y que pueden ser objeto de apelación, tal y como lo señala la sentencia Nº 176 de fecha 24/03/2010, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual copiado textualmente señala:

…Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem…...

En este mismo orden de ideas, este Tribunal Colegiado, debe reforzar el objetivo de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., y el hecho de que se debe procurar evitar dilaciones que retarden la eficaz administración de justicia, mediante la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a la víctima y el rechazo de incidencias que obstaculicen el normal desarrollo del proceso penal. Maxime, cuando el Juez de Juicio en su decisión, manifestó que las excepciones que fueron declaradas inadmisible por el Tribunal de Control, podían ser nuevamente interpuestas en la fase de Juicio.

En merito de los razonamiento antes señalados, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, considera que lo procedente y ajustado a derecho en el caso bajo estudios es declarar sin lugar el presente recurso de apelación de auto. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, hace los siguientes pronunciamientos:

declara SIN LUGAR la Apelación interpuesta por la Abogado L.M.R.S., en su carácter de Defensor Técnico Privado y como tal del encausado A.E.B.G., en contra de la decisión dictada por el Tribunal de primera Instancia en funciones de Juicio N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que en fecha 21 de Junio de 2011, declaró sin lugar la nulidad absoluta de la audiencia preliminar, celebrada el 27 de Enero de 2011, ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 02 de esta sede judicial.

Confirma la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 04 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en fecha 21 de Junio de 2011, en el asunto penal LP01-P-2010-005011, por encontrarse la misma ajustada a derecho.

Cópiese, publíquese y notifíquese, remítase la causa en su oportunidad legal. Cúmplase.

LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES

DR. E.J.C.S.

PRESIDENTE - PONENTE

DR. GENARINO BUITRIAGO ALVARADO

DR. ALFREDO TREJO GUERRERO

LA SECRETARIA

ABG. YEGNIN TORRES ROSARIO

En fecha ______se libraron Boletas Números ___________________________________

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