Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 4 de Mayo de 2011

Que del acervo probatorio se demuestra claramente que el siniestro ocurrió por la negligencia de la firma mercantil VENGAS, S.A., quien llevara al hogar de la familia Barone, un cilindro o bombona que presentaba un desgaste en su base, desperfecto éste que permitió la fuga de gas altamente inflamable que al hacer contacto con el piloto a gas de la cocina causó el incendio que tanto perjuicio ha acarreado a la familia Barone, lo que quedó demostrado con el informe del Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, único órgano competente para efectuar el análisis de los hechos y determinar las causas y los orígenes de los incendios, informe que está revestido de autenticidad. Aunado a ello no existe en autos ningún medio de prueba capaz de desvirtuar el contenido del Informe de los Bomberos.

Alega que de los resultados de la prueba promovida por la parte demandada, esta empresa carece de los controles de calidad adecuados en el proceso de llenado y distribución de su producto, lo que no garantiza al público un alto nivel de seguridad en la prestación del servicio.

Igualmente quedó demostrado en autos, plenamente, el daño lucrocesante producido con ocasión al siniestro, toda vez que su representado dejó de percibir los cánones de arrendamiento del local comercial que forma parte del inmueble siniestrado, canon éste establecido en Bs. 250.000,oo, mensuales, instrumento que quedó ratificado por el arrendatario H.A.T.V., tal como consta al folio 270.

Que la familia Barone quedó prácticamente a la intemperie, ya que su hogar y su trabajo quedó vuelto cenizas, como consecuencia de la irresponsabilidad de una empresa que se jacta como lo señaló en la contestación de la demanda, de tener la preferencia del público consumidor y de ser infalible en cuanto a los riesgos de causar un accidente, lo cual desvirtuado en el presente proceso.

Para dimensionar el daño moral solamente hay que ponerse en el lugar de M.B., quien tiene una carga familiar constituida por su esposa y sus tres hijos, que de un momento a otro pierden no solo sus pertenencias y cosas de gran valor sentimental, y con la esperanza de que se haga justicia en este proceso para de alguna manera aliviar la terrible situación que produjo el incendio.

POR LA PARTE DEMANDADA:

La abogada O.M.M., co-apoderada judicial de la parte actora, presentó escrito en el lapso procesal fijado para los informes, en el que alegó:

1) De la Incompetencia Sobrevenida de ese Juzgado para conocer de la Presente Causa.

Solicitó que de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado se declare incompetente por la materia para conocer la presente causa, por cuanto la totalidad del capital accionario de su representada ha sido adquirido por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y en consecuencia, ha de considerarse como una empresa en la cual el Estado Venezolano ejerce un control decisivo y permanente sobre la misma.

Seguidamente, citó y copió parcialmente sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02/09/2004, ponencia del Magistrado Dr. L.I.Z., que establece la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa.

De noticias de prensa que acompañó marcadas “A” y “B”, con el presente escrito, se observa que su representada es considerada un activo estratégico para la soberanía petrolera del Estado Venezolano, al ser adquirida por PDVSA, por lo que la República ejerce en dicha sociedad mercantil un control decisivo y permanente.

Que se debe tomar en consideración que dada la cuantía del presente juicio, el mismo debe ser conocido por las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo, visto que no excede la suma de 70.000 Unidades Tributarias.

Solicitan que según lo dispuesto por el numeral 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en concordancia con la jurisprudencia citada, el Tribunal que resulta competente para conocer de la presente acción son las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo, se decline la competencia en el presente juicio, con base a dichos argumentos.

DE LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES.

En fecha 23/11/2007, este Superior dejó constancia de que solo la parte demandada consignó escrito de observaciones a los informes de la parte contraria, el cual agregó a los autos, por lo que en consecuencia, se acogió al lapso para dictar y publicar sentencia de conformidad a lo previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 28/11/2007 este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara se declaró incompetente por la materia declinando la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental (f.489 al 492). En fecha 23/01/2007 el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental se declaró del mismo modo incompetente en virtud de que la presente causa excede de las diez mil unidades tributarias (10.000 UT) (f. 494 al 497). En fecha 30/04/2008 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela dio cuenta del expediente y designó como ponente al Magistrado doctor L.A.S.C..

En fecha 13/12/2009 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estableció que corresponde a este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara conocer de la presente causa. En fecha 01/07/2009 se dio reingreso a la presente causa y se ordenó notificar a las partes para la continuación de la causa, así mismo se ordenó notificar al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, se advirtió que la causa se suspendería por un lapso de noventa (90) días continuos que comenzarían a transcurrir al momento de la consignación de la ultima boleta de notificación y que vencido dicho lapso se procedería a dictar sentencia dentro de los cincuenta y cinco días (55) continuos. En fecha 02/05/2011 siendo la oportunidad para dictar y publicar sentencia se difirió la misma para dentro de los dos (02) días siguientes de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

DE LA COMPETENCIA.

Son diferentes las facultades del Juez Superior en los casos de apelación de autos interlocutorios o de sentencias. En efecto, la apelación de la sentencia otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva sobre el litigio; en cambio, cuando se apela de un auto interlocutorio el superior no adquiere competencia sino sobre el punto incidental o especial que fuera materia del recurso, porque la instancia continúa ante el inferior, y por esto no puede ocuparse de los demás aspectos del proceso.

Uno de los efectos peculiares de la apelación, que también comparte la casación, es en materia civil, que el superior no puede agravar la situación del apelante único, porque se entiende que la interpuso solo en lo desfavorable de la providencia, lo que se conoce como “reformatio in peius” y significa una especie de limitación de la competencia del superior en la revisión de la providencia apelada. Cuando ambas partes apelan, el superior puede reformar la providencia en cualquier sentido. Si la sentencia es consultable de oficio y no ha habido apelación, como la consulta da competencia para reformar en cualquier sentido la decisión, el superior puede agravar la condena, que en primera instancia haya habido contra la parte en razón de la cual se establece tal consulta, pues para ésta no rige la reformatio in peius. Pero también puede el superior mejorar la situación del condenado, aunque éste no haya apelado, en virtud de las facultades que le otorga la consulta.

Cuando una parte apela y la otra se adhiere a la apelación, el superior tiene también facultad y competencia para revisar y modificar la providencia recurrida en cualquier sentido, favorable o desfavorablemente a cualquiera de las partes. Muy diferente es el caso cuando la providencia del a quo fue favorable totalmente a una parte, con base en alguna de las razones alegadas por ésta, y el superior encuentra que esa razón no es valedera; entonces, tiene el deber de examinar las demás razones expuestas por su parte aun cuando no haya apelado como era lo obvio, pues sería absurdo exigirle que apele, a pesar de serle totalmente favorable la providencia, sólo para que se tenga en cuenta las demás razones no consideradas por el inferior. Inclusive, el superior debe tener en cuenta cualquier razón no alegada ante el inferior, pero que puede sustentar lo resuelto por éste.

Establecidos los limites de la competencia del superior en la revisión de la providencia apelada, se observa que en la presente causa el sentenciador de segunda instancia dispone de competencia amplia para la revisión del fallo apelado, producto de la declaratoria Sin Lugar de la demanda interpuesta y de la circunstancia de que la única parte apelante fue precisamente la demandante. Y Así Se Declara. Para decidir observa este Juzgador lo siguiente:

MOTIVA

Corresponde a este Juzgador determinar si la decisión definitiva recurrida está o no conforme a derecho y para ello, esta alzada deberá establecer los límites de la controversia tal como lo prevee el ordinal 3° del articulo 243 del Código Adjetivo Civil y en base a ello, proceder a establecer los hechos a través de la valoración de las pruebas promovidas, admitidas y efectivamente evacuadas, para luego hacer la subsunción de éstos dentro de los supuestos de hecho de la normativa legal aplicable a la solución del caso sub examine; y la conclusión que arroje esta actividad lógica intelectual compararla con la del A quo, para ver si coinciden o no, y así poder pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido por las partes y sus efectos sobre la decisión recurrida, motivo por el cual, en criterio de quien emite el presente fallo, dado a que el actor pretende como propietario del bien inmueble, consistente en la casa en la cual ocurrió el siniestro y el terreno sobre el cual está construida ésta, ubicada en la carrera 6 entre calles 12 y 13 de la población de Duaca, Municipio Crespo del Estado Lara, la cual está alinderado así: NORTE: Solar de casa que es o fue del Dr. C.F.; SUR: La carrera 6, que es su frente; ESTE: Solar que es o fue de los hermanos Agüero Segura; OESTE: Casa y solar que es o fue de D.R.; que la accionada le pague los daños morales y materiales derivados del incendio ocurrido el siete (07) de Abril del año 2004, que destruyó casi totalmente la casa supra señalada en la cual vivía el actor y su familia, más dos locales comerciales que funcionaban en él, siniestro éste que según el accionante se produjo en virtud de que el cilindro de gas expedido por la accionada tenía alto grado de corrosión y un orificio entre el fondo de la base y el aro de sustentación del cilindro (parte inferior), que produjo fuga de gas el cual al tener contacto con una llama permanente del piloto de la cocina, originó la deflagración y luego explosión, atribuyéndole por ello conducta negligente de la accionada el haber expedido esa bombona con ese defecto y como consecuencia la responsabilidad por el hecho ilícito, y por ende, requiere la indemnización de: A) Daños Materiales por la cantidad de ciento cincuenta millones de bolívares (Bs. 150.000.000,00) por los daños ocasionados a la estructura de la casa B) Daños materiales por la cantidad de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00), derivados a la destrucción de los bienes muebles, camas, ventiladores, televisores, vhs, alfombras, vestidos, calzados, joyas y demás enseres, libros, diplomas, documentos de importancia sentimental, un equipo de computación. C) Por concepto de lucro cesante correspondiente en la suma de dinero que dejo de percibir por concepto de canon de arrendamiento del local que tenía arrendado al ciudadano H.A.T.V., titular de la cédula de identidad N° 11.689.466, en el cual para la fecha del siniestro (07 de Abril del 2004) le faltaban cuatro meses para fenecer, lo cual alcanzaba a la cantidad de Dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00) a razón de doscientos cincuenta mil bolívares mensuales (Bs. 250.000,00). D) Por concepto de daño moral sufrido por él y su familia, quienes habitaban dicho inmueble, el cual había sido de sus antecesores y había continuado en su propiedad y que se vieron privados de disfrutar y otros factores como el no tener cada uno de sus tres hijos un área de habitación y la posibilidad de adquirir otro bien de las mismas condiciones, pidiéndole al Juez que estimara el monto por éste concepto, pues la carga de la prueba del hecho ilícito, atribuido a la accionada y por ende los hechos constitutivos de los daños materiales pretendidos y sus respectivos montos, así como los constitutivos del daño moral y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños derivados, de acuerdo al articulo 506 del Código Adjetivo Civil y al criterio jurisprudencial reiterado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la tiene el actor excepto el evento del siniestro, que en virtud de no haber sido negado por la accionada en la contestación de la demanda, quien se limitó a negar los hechos imputados como conducta negligente al expedir la bombona con los defectos señalados por el accionante, y así se decide

DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN

El accionante en su escrito de promoción de pruebas específicamente en el Capitulo I, si bien planteo el valor y mérito de los autos, lo cual no constituye en sí un medio de prueba alguno, más sin embargo hizo valer como pruebas a las documentales que a continuación se describen y se valoran así:

1. Documento de propiedad del inmueble siniestrado debidamente registrado por ante la oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Crespo del Estado Lara, en fecha 25 de Abril del año 2002, anotado bajo el N° 18, folios 58 al 60, Tomo 1, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 2002, el cual fue consignado en copia fotostática junto con el libelo de la demanda y que al ser copia fotostática de documento público y no haber sido impugnada, de acuerdo al articulo 429 primer aparte del Código Adjetivo Civil, se da como fidedigna y como consecuencia de ello se determina, que el inmueble señalado en el libelo de la demanda y en virtud de estar protocolizado en el Registro Subalterno dicho documento, pues de acuerdo al artículo 1.920 ordinal 1° en concordancia con el artículo 1.924 ambos del Código Civil, se establece que el accionante es propietario de dicho inmueble y así se decide.

2. Respecto a la constancia expedida por el cronista del Municipio Crespo, cursante al folio 35, la misma se desestima por ilegal en virtud de que el medio idóneo de demostrar el carácter histórico de la zona en la cual está ubicado el inmueble siniestrado y por el cual se origina el presente proceso, es a través de la ordenanza municipal que lo haya declarado así por cuanto de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal literal A, es competencia del Municipio la ordenación territorial y urbanística al servicio de Catastro el patrimonio histórico y así se decide.

3. Respecto al Contrato de arrendamiento suscrito en fecha 15 de Noviembre del año 2003, entre el accionante y el ciudadano H.A.T.V., cursante a los folios 36 y 37 cuya documental fue ratificada por medio de la vía testifical, de éste último tal como consta al folio 270 de los autos, quien suscribe el presente fallo disiente del a quo quien no solo lo evacuo ilegalmente sino que también lo valoró y, en su lugar la desestima por ilegal, en virtud de que su evacuación fue realizada en contravención a lo postulado por el artículo 483 del Código Adjetivo Civil, el cual preceptúa “… omisis… Si en la oportunidad señalada no compareciere algún testigo, podrá la parte solicitar la fijación de nuevo día y hora para su declaración, siempre que el lapso no se haya agotado…sic”. Efectivamente, de la lectura de este artículo se observa que la oportunidad para pedir se fije nuevamente día y hora para el testigo inasistente es en el acto fijado para la evacuación. Supuesto de hecho este que no es el caso de autos, por cuanto el A quo admitió el 18 de Marzo del año 2005 dicha prueba, fijándole la oportunidad de evacuación para el tercer día de despacho siguiente a la de la admisión en referencia, tal como consta en auto cursante a los folios 241 y 242, y resulta que la oportunidad de la evacuación correspondió el 06 de Abril del 2005 fecha y acto al cual no concurrió el testigo y que inexplicablemente estando presente el abogado promovente L.C.L., no solicitó como era lo legal y procedente se fijará nueva oportunidad para la evacuación, sino que se quedó callado y el Tribunal declaró desierto el acto en vez de declarar desistida dicha prueba, tal como consta al folio 253; e inexplicablemente el supra referido abogado vuelve cinco días después a la fecha del acto supra sentado, es decir el once (11) de Abril a diligenciar solicitando que el A quo le fijara nueva oportunidad para la evacuación de este, la cual fue acordada el día doce (12) de Abril fijándole para el quinto día de despacho siguiente el cual correspondió el veinticinco (25) de Abril del mismo año, sin que concurriera el referido testigo por lo que el A quo volvió a declarar desierto el acto; y el veintisiete (27) de Abril diligencio nuevamente el Abogado L.C. solicitando se fijara nueva oportunidad para evacuar dicho testigo, el cual fue evacuado el ocho (08) de Junio de 2005 tal como consta al folio 270, por lo que al haber sido evacuada de esa manera la hace ilegal por contravenir a lo dispuesto por el artículo 243 del Código Adjetivo Civil y así se decide.

4. Respecto al oficio N° 163/2004 de fecha 21 de Abril de 2004, expedido por el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren del Estado Lara, en el cual recomendó no habitar las estructuras afectadas por el derrumbe del techo y los producidos por el fuego cursante al folio 85, quien suscribe el presente fallo disiente del A quo quien lo valoró como documento administrativo y en su lugar se desestima en virtud de que esa correspondencia fue dirigida a titulo personal al accionante a modo de información de otra actuación realizada por dicho organismo y así se decide.

5. Respecto a la inspección judicial practicada por el Juzgado del Municipio Crespo en el inmueble en el cual ocurrió el siniestro por el cual se originó el presente juicio cuyas resultas cursan del folio 87 al 106 de los autos; la cual fue impugnada por la accionada, este juzgador concuerda con el a quo en la desestimación de la misma por ilegal, ya que si bien es cierto que la inspección judicial extralitem fue fundamentada en el artículo 1.429 del Código Civil, no especificó en sí cuál era el motivo de la urgencia o perjuicio que se pudiera ocasionar si no se realizaba la evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que pudieran desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo, requisitos de procedencia estos que deben ser alegados ante el Juez a quien se le pide la practica de la misma, para que éste previo análisis breve de las circunstancias esgrimidas así lo acordara; tal como lo estableció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 03 de Mayo del 2001, invocada por la accionada en el escrito de oposición a la prueba; por lo que al no haberse dado esos supuestos de procedencia de dicha inspección hace ilegal las mismas y así se decide.

6. Respecto a la prueba de informes consistentes en el requerimiento al Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre si en los archivos de ese organismo reposa el informe signado con el N° 004-2004 (DIS) la cual fue admitida por el A quo y evacuada tal como consta al folio 255, se aprecia conforme al artículo 507 del Código Adjetivo Civil, por lo que se da por probado que, ante dicho organismo existe el referido informe, el cual fue hecho por él en fecha 13 de Abril del 2004, referido al incendio en estructura ocurrido a las 22:24 del día miércoles 07 de Abril del 2004 en el interior del inmueble identificado con el N° 12-21 ubicado en la carrera 6 entre calles 12 y 13 de la población de Duaca Municipio Crespo del Estado Lara propiedad de M.B.S., venezolano, titular de la cedula de identidad N° 3.876.864, y así se decide.

7. Respecto a la prueba de experticia sobre el inmueble siniestrado con el objeto de evaluar los daños materiales sufridos en el mismo cuyas resultas cursan del folio 315 al 339, en el cual consta que el costo de la construcción de las partes del inmueble afectado por el incendio era de ochenta millones quinientos noventa y cinco mil bolívares exactos (80.595.000,00), experticia que se aprecia conforme al artículo 507 del Código Adjetivo Civil, y en consecuencia se da por probado que ese es el monto a que ascienden los daños materiales sufridos por el inmueble propiedad del accionante en virtud del incendio y así se decide.

8. En cuanto al informe del Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren cursantes del folio 101 al 105, el cual si bien es cierto no fue promovido como prueba por el accionante en el escrito de prueba, al haber sido consignado con el libelo de demanda, obliga a hacer un pronunciamiento sobre el mismo y a tal efecto este jurisdicente manifiesta que disiente del A quo, quien lo valoró y de la Abogada actora, quien a los efectos de hacer valer el argumento de legalidad de esta prueba invocó la sentencia de fecha 29 de Julio del 2004 N° 00931 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de lo siguiente: El A quo en su sentencia al valorar esta prueba, específicamente en el particular segundo de la sentencia estableció:

   …omissis… este juzgador estima oportuno atender al informe levantado por el cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren del Estado Lara (f. 120 y sgtes.), que luego de establecer la relación de daños materiales que en el marco de sus funciones pudo tal cuerpo apreciar, establece en sus pasajes pertinentes “En este mismo día, en la sede de la Estación Central, se procedió a efectuarle una prueba de inyección de aire, por medio de un compresor a ambos cilindros (de gas licuado de petróleo), coincidiendo que el cilindro signado con el serial No. 589471 presentó fuga de aire (destacado añadido)” para luego concluir “… se determina que el fuego, tuvo su inicio en la parte lateral izquierda con relación a la entrada del área de la cocina comedor … específicamente en el interior de dicha cocina, debido al contacto directo del gas saliente proveniente del orificio que había entre el fondo de la base y el aro de sustentación del cilindro … serial 589471 con una llama permanente (piloto) de la cocina, ocasionándose una deflagración y luego una explosión dentro de la misma (negrillas del texto citado)”.

   Para este juzgador resulta prístino que tal instrumento constituye un documento público administrativo en obsequio a que, conforme al Decreto N° 1.533 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5554 del 13 de Noviembre de 2.001 que contiene la vigente Ley de los cuerpos de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil, indica que ellos “constituyen órganos de seguridad ciudadana, al exclusivo servicio de los intereses del Estado”, y por ello para su valoración se hace aplicable el criterio establecido en la decisión dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 08 de marzo de 2005… sic…Por lo que, conforme a la jurisprudencia y doctrina previamente asentada, debe este juzgador atinar que dicho informe constituye, en puridad, un documento público administrativo, pues es el único de los nombrados en los que a cuya formación desde su inicio participa enteramente un funcionario público investido de autoridad para su expedición, por lo que debe ser apreciado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del código Civil, y, atendiendo a las conclusiones dispuestas allí, se sigue que el incendio “tuvo su inicio al escaparse el gas licuado del petróleo por el orificio del cilindro No. 589471, que por ser mas pesado que el aire, se desplaza a nivel del piso y se acumula en el interior de la cocina a gas y al llegar a la parte superior entra en contacto con los piloto (sic.) de encendido de las hornillas, produciéndose una deflagración y enseguida una explosión, que a la vez genera una combustión violenta, propagándose a los alrededores con las consecuencias ya descritas”.

   Lo que, en modo alguno podría quedar desvirtuado por medio del baladí argumento explanado por la representación judicial de la demandada, respecto a que el cuerpo de bomberos de esta localidad actuó fuera del ámbito de su competencia territorial, lo que quedó controvertido a través de la respuesta al requerimiento que por medio de autos para mejor proveer se le hizo a por esa institución bomberil cuya resulta se halla al folio 411 de autos, y está en estricta consonancia con el artículo 63 de la ya citada Ley de los cuerpos de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil, cual es del tenor siguiente:

   Todo bombero y bombera tiene el deber de cumplir con la prestación del servicio al momento de ocurrir alguna emergencia y de calamidad, y atender al llamado que se le formule, aun cuando se presenten fuera de la jurisdicción de su competencia o no se encuentre en servicio.

   Por lo tanto, bajo ningún concepto podría considerarse que tal actuación fue proferida en forma ilegal o aún contraria a las funciones propias de su emisor. Así se establece.

   Ahora bien, comparte este jurisdicente el criterio de que los bomberos son funcionarios públicos, pero no de carácter nacional sino que lo son respecto al Municipio que los crea, ya que de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal ésta materia de bomberos es competencia del Municipio y dado a que conforme al artículo 2 ejusdem los Municipios gozan de personalidad jurídica y ejercen sus competencias de manera autónoma, por lo que de acuerdo a la normativa supra señalada se establece que, el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren del Estado Lara pertenece a este Municipio y no al Municipio Crespo por lo que el personal que labora como bombero en dicho cuerpo son funcionarios públicos del Municipio Iribarren y como tal sus actuaciones están sometidas al principio de legalidad contemplado en el artículo 137 de nuestra Carta Magna y por tanto al realizar actos fuera de su competencia sus actos son nulos de acuerdo al artículo 139 ejusdem, en concordancia con el artículo 19 ordinal 4° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual preceptúa “Los actos de administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos… 4° Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”. Por lo que en criterio de este Juzgador dicho informe a los efectos probatorios en el presente caso es nulo, por cuanto esta actuación no es la que corresponde de acuerdo a la Ley del Cuerpo de Bomberos y bomberas y Administración de emergencia Civil, ya que el mismo artículo 63 invocado por el A quo y transcrito en esa parte motiva, aunque no se refiere orgánicamente al Cuerpo de Bomberos, si se refriere al funcionario como tal. Le establece el deber de cumplir con la prestación del servicio al momento de ocurrir alguna emergencia y de calamidad y atender al llamado que se le formule, aun cuando se presenten fuera de la jurisdicción de su competencia… (Subrayado del Tribunal). Lo que implica, que se le exige que participe prestando el servicio para atenuar, combatir la emergencia, pero de ahí a que pueda emitir informes o actos administrativos en actuaciones en las cuales intervino pero en lugares fuera de su competencia, es inadmisible al tenor de la Constitución de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y de hacerlo, pues sus actos administrativos se han de considerar nulos, apreciación esta que es reforzada por el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 00931 de fecha 29 de Julio del 2004, invocada por la representación judicial de la parte actora para reforzar la motivación del A quo, por cuanto los supuestos de hecho del caso que produjo esa decisión, se refiere a supuestos de hecho distintos al caso de autos, por cuanto en ella se hace referencia a un informe que levanta el Cuerpo de Bomberos de Punto Fijo Estado Falcón en un incendio ocurrido en el local N° 83-100 del Edificio Damasco ubicado en la Avenida Bolívar entre calles Zamora y Garcés de la ciudad de Punto Fijo (véase http:www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00931-290704-2002-0130htm). Es decir que la actuación del Cuerpo de Bomberos era de la propia jurisdicción de él, Punto Fijo, por lo que obviamente su informe es válido y su valoración como tal es obligatoria, situación muy distinta al caso de autos en la cual el informe es emitido por el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren del Estado Lara, quien intervino en el incendio ocurrido en otro Municipio, como es el Municipio Crespo, motivo por el cual una cosa es que tengan obligación de actuar y combatir eventualidades ó emergencias y otra cosa es que puedan emitir actos administrativos respecto a hechos ocurridos fuera de la jurisdicción del Municipio que los crea, ya que en tal caso, esos informes o actos administrativos son nulos y así se decide.

9. Respecto a la experticia promovida por la accionada cuya sustanciación y resultas fueron hechas conforme a la normativa legal establecida en el Capitulo VI del Titulo II del Libro Segundo del Código Adjetivo Civil y cuyo dictamen, cumple con los requisitos exigidos por el artículo 467 ejusdem; tal como consta del folio 289 al 311, el cual se aprecia conforme al artículo 507 ejusdem y en consecuencia a través de el se determinan los siguientes hechos: Que se practicó experticia sobre una de las bombonas expedidas por la accionada a la accionante y que estaba en el inmueble siniestrado, la cual identificó con el serial N° 589471, con fecha de fabricación del 4-98 y de que en ésta se constató: 1) Que toda ella presentó oxidación en toda su superficie. 2) Que en el cilindro en el área rodeada por el aro de sustentación ó en otras palabras en su fondo, presenta una pequeña área que a simple vista revela un alto porcentaje de corrosión y que al practicarse la prueba neumática la cual consistió en suministrar aire comprimido a través de la válvula de cierre del cilindro o maneral, que por medio de un compresor portátil y luego colocación de agua jabonosa sobre la superficie de la misma, se verificó que dicho cilindro presenta fuga en pequeña proporción por el área de alto porcentaje de corrosión localizada en el fondo del aro de sustentación y también por otro orificio (que según los expertos no fue advertido por los bomberos que actuaron en la extinción del incendio); además también se comprobó que el cierre de la válvula de dicha bombona no cerraba herméticamente. 3) Que los expertos en referencia hicieron con ocasión de dicha experticia la inspección a la planta de llenado de la demandada ubicada en la zona industrial I de Barquisimeto y constataron entre otros hechos los siguientes: 3.1) Que los cilindros una vez trasladados desde la unidad repartidora hasta la plataforma de llenado, durante este proceso no se le realizaba ninguna prueba sino que eran colocadas en sus respectivas áreas de espera para su posterior llenado. 3.2) Que en el proceso de llenado de la bombona, la persona encargada de esta fase hace solo una ligera inspección visual general de la bombona, la coloca en la base de la plataforma de pesado y llenado observa la tasa o peso en vació y procede a la operación de llenado, confirmando los expertos que durante esta fase el operador de la estación no descartó bombonas por posibles defectos. 3.3) En cuanto al estado y funcionamiento de equipo que rechaza cualquier cilindro que no cumpla con los niveles de llenado referidos a su fecha de fabricación ó última reparación, estado del aro de protección y de la base de sustentación que presente signos de corrosión, picaduras, abolladuras, estrías, rasgaduras, pliegues entre otros, los expertos constataron durante el tiempo de realización de la experticia que ningún operador revisó y detalló en el aro de protección de cada una de las bombonas, su fecha de fabricación, ni llevaban datos de reparación de las bombonas, sino que los operadores constatan visualmente el estado del cilindro referido, aro de protección, signos de corrosión, picaduras, abolladuras, estrías, rasgaduras y pliegues así como la partes externa de la base de sustentación del cilindro y no se observó que hubiesen rechazado cilindros. 3.4) En cuanto al estado y funcionamiento de la fase de llenado del cilindro en sí, en cuanto a la conexión del pico de llenado al cilindro, así como la apertura de la válvula de cierre se constató que una vez colocado el cilindro de 18 Kg, en la cámara el operador conecta y enrosca el pico de llenado y el maneral inmediatamente abre la válvula de cierre rápida del pico de llenado y constatan la presencia de fugas de gas y en caso de que así ocurra se para el proceso de llenado del respectivo cilindro y el mismo se retira y se marca para su posterior retiro y revisión, lo cual fue corroborado al presenciar el retiro de la línea de llenado de un cilindro de 10 Kg. por presentar fallas en la válvula de cierre o maneral. 3.5) Que una vez llenado el cilindro el operador cierra la válvula de cierre del cilindro, como la de cierre rápido, desenrosca el pico de llenado y retira el cilindro de la bombona sin que se observara la aplicación de agua jabonosa que pudiera verificar luego del llenado si hay o no fuga de gas (subrayado del Tribunal) y que una vez llenado el cilindro este es retirado del sistema de llenado y trasladado hasta la unidad de reparto o área de almacenamiento del inventario de plataformas, de donde son recogidos por otros operadores quienes los trasladan en carritos transportadores al área de despacho, toda esta actividad fue llevada a cabo sin que se observara la presencia de personal que revisara y garantizara que los mismos están aptos para su almacenamiento y distribución (Subrayado del Tribunal). 4) Respecto a la conclusión sobre la determinación del espacio donde ocurrió el siniestro en la cual se determinó que, este es espacio abierto y que en vista de las características de los espacios en el área especifica de la cocina, la colocación de los cilindros, la ubicación de la cocina a gas, la supuesta existencia de muebles empotrados , y el área ventilada existente hacia el patio y estar-comedor, se puede concluir que en el supuesto de que el cilindro hubiere tenido orificio por donde existiera fuga de gas, la acumulación de gas necesario en el área para originar una combustión con llama de los pilotos de la cocina sería poco probable; por lo que en criterio de este juzgador a través de la presente prueba quedó evidenciado, que el cilindro de gas serial N° 589471, marca Ventane S.A fabricado el 4-98 expedido por la accionada al accionante, presentaba alto porcentaje de corrosión localizada en el fondo del aro de sustanciación, tal como consta en los folios 306, 307 y 309 emitidas por los expertos, más otro orifico que tenía, así como el defecto de no funcionamiento del cierre hermético de la válvula, aunado a la conducta de la accionada de no verificar las condiciones de alta corrosión que presentaba dicho cilindro en el fondo del aro de sustentación y la fuga de gas que podría presentar al momento del llenado o después de este, al ser distribuido, no cumplió con las normativas de seguridad de distribución de gas establecidas en el articulado del Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos gaseosos, que la obligaba a prestar el servicio de distribución de gas en condiciones de máxima eficiencia, calidad y seguridad, de lo cual se infiere una actitud negligente de la accionada al expender el cilindro de gas supra identificado al accionante con esos niveles de corrosión, con fuga de gas, la cual produjo la deflagración y posterior explosión, en virtud de la concentración del gas fugado y el contacto con la llama permanente del piloto de la cocina, y así lo permite concluir el propio dictamen de los expertos, quienes no descartaron que el evento se hubiese dado por la fuga de gas, sino que señalaron que era poco probable, prueba esta que adminiculada con el evento del incendio y de los daños estructurales originados a la estructura del inmueble propiedad del accionante, permiten establecer la relación de causalidad entre la conducta negligente de la accionada al haberle expedido al accionante la bombona de gas de 18kg serial N° 589471 marca Ventane S.A de fecha de fabricación 4-98 con alto contenido corrosivo en el fondo del aro de sustentación por el cual tenía fuga de gas, más el defecto del no cierre hermético de la válvula del cilindro, circunstancias de fuga esta que al concentrarse el gas en el área de la cocina entró en contacto con la llama permanente del piloto de la cocina y produjo la deflagración y explosión en el inmueble propiedad del accionante y en consecuencia los daños a la estructura del mismo y así se decide.

   Una vez establecidos los hechos procede este jurisdicente a pronunciarse sobre las pretensiones del actor y las defensas esgrimidas por la accionada.

   1) Respecto a la indemnización de los daños materiales o emergentes pretendidos fundamentado en el hecho ilícito civil atribuido a la accionada, consistente en la negligencia u omisión de ésta en el mantenimiento de los cilindros (bombona) de gas licuado de petróleo que vende, ya que el incendio se produjo en virtud de la fuga de gas del cilindro signado con el serial N° 589471 que la accionada le había expedido al accionante, lo cual produjo en el inmueble siniestrado una concentración de gas que al tener contacto con la llama permanente del piloto de la cocina al cual estaba conectado produjo deflagración y subsiguiente explosión que origino los daños materiales pretendidos; pretensiones estas que la accionada rechazó alegando no tener responsabilidad alguna en el hecho, por cuanto en su actividad de llenado de los cilindros de gas se pone el mayor cuidado a través de los estrictos controles de calidad que se verifican en el proceso; defensa ó afirmación esta que no fue demostrada por la accionada, sino todo lo contrario, quedó evidenciado a través de la propia experticia promovida por ella y precedentemente valorada entre otras cosas, que en la planta de llenado de gas, los cilindros son retirados y colocados en su distribución sin que exista personal que verifique las condiciones externas de éstos como son la presencia de corrosión, ni se le hace prueba de fuga de gas, conducta ésta que constituye un incumplimiento por parte de la accionada a la obligación de prestar el servicio en condiciones de máxima calidad y de seguridad establecidos en el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, lo cual quedó evidenciado a través de la referida prueba, en la cual los expertos determinaron que, el cilindro de gas serial N° 589471 expedido por la accionada al demandante tenía alto porcentaje de corrosión localizada en el fondo del aro de sustentación, más otra fuga en un orificio del fondo del cilindro, así como también que el cierre de la válvula hermética del cilindro no funcionaba, evidenciándose con ello la conducta negligente de la accionada y con esto el requisito exigido por el artículo 1.185 del Código Civil, y como consecuencia de ello, al haberle expedido al accionante dicho cilindro en tales condiciones, es obvio que en virtud de la concentración de gas fugado en el área en la cual estaba ubicada la cocina, se dio contacto con la llama permanente de la cocina originando la deflagración y explosión y con ello los daños materiales y morales pretendidos por el accionante, más no los de lucro cesante por las razones que más abajo se explican, dándose con ello el requisito de relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados exigidos por el artículo 1.275 del Código Adjetivo Civil, por lo que queda a este jurisdicente establecer qué indemnización se ha de acordar, ya que el artículo 1.196 ejusdem establece la posibilidad que se indemnice tanto el daño material como el moral y a tal efecto tenemos: 1.1) Respecto al daño material consistente en los daños de la estructura del inmueble propiedad del accionante y el cual pretendió por tal concepto la cantidad de Ciento cincuenta millones de bolívares (Bs. 150.000.000,00), mientras que la experticia promovida por el accionante y cuyas resultas constan del folio 315 al 333 y fue ut supra valorada estableció: “ A los efectos de edificar la parte afectada del inmueble distinguido con el N° 12-21, que se ubica en la carrera 6 entre calles 12 y 13 de Duaca Municipio Crespo del Estado Lara, los costos de construcción se estiman en: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 80.595.000,00), mientras que el A quo desacatando esta experticia la redujo a la mitad, argumentando para ello lo siguiente:

   …omissis… En ese orden de ideas, el importe de los daños a que asciende este concepto deberá limitarse a la mitad del valor estipulado en la experticia, promovida y evacuada endoprocesalmente que consta a los folios 315 y siguientes de autos, cual es valorada por este sentenciador de acuerdo con la sana crítica y de la que se colige comprende un valor ponderado del precio de la edificación consumida por las llamas establecido por los expertos profesionales de la ingeniería que contribuyeron a su formación, pero que, conforme indica el informe del cuerpo bomberil cuyo valor probatorio fue ya señalado en el cuerpo de este fallo, el incendio no consumió la totalidad del inmueble, sino una porción del mismo, cercana a su mitad, por lo que la reparación en ese sentido deberá limitarse en simetría con el daño experimentado… sic…

   Decisión sobre este particular que no comparte este jurisdicente, por cuanto la experticia de autos es muy clara y se está refiriendo a la parte afectada y los costos de construcción de la misma, la cual estima en Ochenta millones quinientos noventa y cinco mil bolívares sin céntimos (Bs. 80.595.000,00), y no admite duda alguna, que se esta refiriendo es al valor de la estructura del inmueble afectado por el incendio y no al valor total del inmueble; motivo por el cual se ha de modificar lo decidido por el A quo sobre este particular, estableciéndose en su lugar, que la accionada debe indemnizar al accionante por daños materiales emergentes causados a la estructura del inmueble siniestrado, la cantidad establecida en la experticia supra valorada y aquí referida; es decir, la cantidad de Ochenta millones quinientos noventa y cinco mil bolívares sin céntimos (Bs. 80.595.000,00) y así se decide. 1.2) En cuanto a la pretensión de indemnización de daños materiales emergentes ocasionados por la perdida de enseres y bienes muebles que se hallaban en el interior del inmueble siniestrado, quien suscribe el presente fallo concuerda con el Aquo en que al no probar el accionante la existencia de los bienes que afirma haber perdido por el incendio y como es obvio tampoco probó el valor de cada uno de ellos, incumplió con la carga procesal de probar sus afirmaciones tal como lo prevee el artículo 506 del Código Adjetivo Civil lo cual le origina la consecuencia procesal de declarar improcedente esa pretensión, por lo que lo decidido sobre ese particular por el A quo se ha de ratificar y así se decide.

   2) En cuanto a la pretensión de indemnización de daño por el lucro cesante en virtud a que el incendio del inmueble le impidió obtener cuatro meses del canon de arrendamiento que faltaba para vencerse el contrato de arrendamiento del local comercial que funcionaba en el inmueble siniestrado y que tenía suscrito con el ciudadano H.A.T.V. a razón de Doscientos cincuenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 250.000,00) mensuales, lo cual asciende a la cantidad de Dos millones de bolívares sin céntimos (Bs. 2.000.000,00) y que fue acordada por el A quo en la sentencia recurrida, quien suscribe el presente fallo disiente de lo decidido en este particular en virtud que, el A quo llegó a esa conclusión por haber dado por probado esa relación arrendaticia a través de la ratificación por vía testifical del ciudadano H.A.T.V., del contrato de arrendamiento privado consignado con el libelo de la demanda cursante del folio 17 al 18 de los autos, prueba testifical esta que en criterio de este juzgador fue practicada en contravención a lo preceptuado en el tercer aparte del artículo 483 del Código Adjetivo Civil, por lo que se desestimó la misma tal como consta ut supra al establecer el pronunciamiento sobre el valor de esta prueba; motivo por el cual dicha pretensión es improcedente, por no haber probado el accionante dicha relación arrendaticia, es decir por incumplimiento de la carga de probar sus afirmaciones sobre este particular tal como preceptúa el artículo 506 del Código Adjetivo Civil y así se decide.

   3) En cuanto al daño moral por hecho ilícito contemplado en el encabezamiento del artículo 1.196 del Código Adjetivo Civil el cual preceptúa “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito… sic…” el cual fue pretendido por el actor y acordado por el a quo en la cantidad de Ochenta millones de Bolívares sin céntimos (Bs. 80.000.000,00), sin que el accionante lo hubiese estimado, este juzgador disiente del a quo en virtud que si bien es cierto que el criterio jurisprudencial reiterativo de la Sala de Casación Civil, tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia como lo del actual Tribunal Supremo de Justicia a cuyo efecto se trae a colación la sentencia N° 340 de fecha 31-10-2000, refiriéndose a la obligación del accionante que pretende la indemnización de daño moral, que lo único que debe probar previamente es el hecho generador es decir el conjunto de circunstancias de hecho que genera la aflicción cuyo petitium doloris se reclama; pues el hecho ilícito causante de esa afectación psíquica y afectiva como fue la conducta negligente de la accionada de expedirle una bombona de gas con corrosión y por el cual se produjo la fuga de gas, que al tener contacto con la llama permanente del piloto de la cocina produjo la deflagración y posterior explosión dentro del inmueble propiedad del demandante, lo cual quedó suficientemente probado en autos, más sin embargo en criterio de este juzgador al haber el demandante demandado los daños morales sufridos no sólo por él sino también por su familia (Subrayado del Tribunal), aunado al hecho que no los estimó, impiden establecer el monto que a él le pueda corresponder y menos aun, se puede siquiera ajustarlo, motivo por el cual lo decidido por el a quo sobre este particular se ha de revocar, declarando improcedente dicha pretensión y así se decide.

   4) Respecto a la conversión monetaria solicitada en el libelo de la demanda y acordada por el a quo sobre la cantidad de Cuarenta Millones doscientos noventa y siete mil bolívares sin céntimos (Bs. 40.297.000,00) a que condenó a la accionada a pagar por concepto de daños materiales causados al inmueble siniestrado y propiedad del demandante, estableciendo que la misma la ha de practicar un solo perito designado por las partes o en su defecto por el Tribunal, indicando que para la realización de la misma debe tomar en cuenta el índice de precios del consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela (hoy Índice Nacional de Precios al Consumidor) y practicado desde el 22 de Julio del 2004, fecha esta en que se interpuso la presente demanda hasta la fecha en que debió haberse dictado la sentencia de la Primera Instancia, lo cual fijó el 02 de Agosto del 2006, quien suscribe el presente fallo concuerda con el a quo en la procedencia de la misma y en los términos del índice inflacionario a tomar en consideración para la realización de la misma, como por el experto a designar: por cuanto la inflación de la economía venezolana es un hecho público y notorio reconocido por el Estado venezolano a través de la publicación del índice de precios del Consumidor Nacional, más sin embargo como es obvio, la aplicación de este método no se ha de realizar sobre la cantidad condenada a pagar por este concepto por el a quo, sino sobre la establecida por este juzgador ut supra; es decir sobre la cantidad de Ochenta millones quinientos noventa y cinco mil bolívares sin céntimos (Bs. 80.595.000,00) equivalentes hoy día de acuerdo al valor del bolívar, en Ochenta Mil quinientos noventa y cinco bolívares sin céntimos (Bs. 80.595,00) y como es obvio la misma no estará limitada hasta la fecha señalada por el a quo, sino que se ha de agregar el tiempo transcurrido desde la fecha de la emisión de la sentencia recurrida lo cual ocurrió el 30 de Julio del 2007 hasta la fecha en la cual se declare definitivamente firme la sentencia y así se decide.

   DECISION

   En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, las apelaciones formuladas por la ABG. P.V.S., inscrita en el IPSA bajo el N° 64.449, en representación deL DEMANDANTE M.B.S., titular de la cedula de identidad N° 3.876.864 y por el ABG. J.E., inscrito en el IPSA bajo el N° 65.548, en representación de la demandada VENGAS C.A, identificada en autos, en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de Julio del 2007 dictada por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.E.L., declarándose en consecuencia PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Daños y Perjuicios por daños Materiales, lucro Cesante y Daños Morales incoada por el accionante M.B.S. contra la accionada Vengas C.A, ambos ya identificados, condenadose a la demandada a pagarle al accionante los siguientes conceptos: PRIMERO: La cantidad de OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 80.595.000,00) hoy equivalentes de acuerdo al valor actual del bolívar a la cantidad de OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 80.595,00) por daños materiales sufridos por el inmueble propiedad del accionante, ubicado en la carrera 6 entre calles 12 y 13 de la población de Duaca, Municipio Crespo del Estado Lara, la cual está alinderado así: NORTE: Solar de casa que es o fue del Dr. C.F.; SUR: La carrera 6, que es su frente; ESTE: Solar que es o fue de los hermanos Agüero Segura; OESTE: Casa y solar que es o fue de D.R., propiedad del demandante según documento protocolizado por ante la oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Crespo del Estado Lara, en fecha 25 de Abril del año 2002, anotado bajo el N° 18, folios 58 al 60, Tomo 1, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 2002, como consecuencia del incendio ocurrido el 07 de Abril del 2004. SEGUNDO: La corrección monetaria aplicada a la cantidad precedentemente condenada a pagar, practicada por un sólo perito designado de mutuo acuerdo por las partes y en su defecto, designado por el tribunal, quien a todos los efectos deberá realizarla desde el 29 de Julio del 2004, fecha esta en la cual se admitió la demanda hasta el 02 de Agosto del 2006 en que debió ser emitida la sentencia en Primera Instancia y desde el 30 de Julio del 2007 en la cual se dictó la sentencia recurrida hasta que se declare definitivamente firme la sentencia, a cuyo efecto deberá tomar en cuenta el índice de precios al Consumidor establecido mensualmente durante ese tiempo por el Banco Central para el área Metropolitana de Caracas y de no existir este indicador para la fecha de realización de la experticia, pues se ha de practicar, sobre el indicador que emita dicha institución financiera. En consecuencia queda modificada la sentencia dictada por el a quo.

   No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.

   Notifíquese de acuerdo al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de la presente sentencia, al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, a través del delegado de la Oficina Regional Centro Occidental de la Procuraduría General de República de Bolivariana Venezuela, a cuyo efecto se hace del conocimiento de las partes que, el computo del lapso para ejercer el recurso pertinente contra la sentencia de autos comenzará a transcurrir una vez que culmine el termino de treinta (30) días continuos a que conste en autos la notificación de dicho organismo. Queda así notificada la sentencia recurrida.

   Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

   Publíquese y regístrese.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los cuatro (04) días del mes de Mayo de dos mil once.

   EL JUEZ TITULAR

   Abg. J.A.R.Z.

   LA SECRETARIA

   Abg. MARIA C. GOMEZ DE VARGAS

   Publicada en su fecha a las 03:10 p.m.

   LA SECRETARIA

   Abg. MARIA C. GOMEZ DE VARGAS