Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 3 de Mayo de 2004

Con respecto a las documentales cursantes a los folios 05 al 23 del expediente, el tribunal no las valora por cuanto las mismas no aparece por quien fueron producidas en el expediente. Para el caso de que fueran producidas por la parte actora, ésta no lo hizo valer así.

Además, con respecto a las cursantes a los folios 10 al 23, fueron impugnadas por la parte demandada en su contestación y la parte actora no insistió en hacerlas valer, además lucen totalmente impertinentes al mérito de la causa, en razón de que la pretensión hecha valer en la demanda es por “Desalojo por Falta de Pago de Pensiones de Arrendamiento”, por lo que con base a la “Trabazón de la Litis”, no forman parte del tema probatorio ni de decisión, todo ello conforme a las disposiciones del Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto a las documentales cursantes a los folios 59 al 60 del expediente, el tribunal no las valora por cuanto las mismas se refieren a copias fotostáticas simples de documentales privadas o supuestas letras de cambio, totalmente impertinentes al mérito de la causa, en razón de que la pretensión hecha valer en la demanda es por “Desalojo por Falta de Pago de Pensiones de Arrendamiento”, por lo que con base a la “Trabazón de la Litis”, no forman parte del tema probatorio ni de decisión, todo ello conforme a las disposiciones del Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a las Copias Certificadas del Expediente de Consignación N° 2729 del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., expedidas por la secretaria de ese Juzgado en fecha 01 de Julio de 2003, cursante a los folios 61 al 79, este tribunal las valoras por no haber sido impugnadas ni tachadas en su oportunidad, de conformidad con las disposiciones del Artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el Artículo 429, 507 y 510 del Código de Procedimiento Civil, como prueba que la parte demandada hizo uso del mecanismo de consignación arrendaticia prevista en el Artículo 51 y siguientes de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y demás menciones contenidas en ellas. Y así se declara y decide.

Con relación a la documental cursante al folio 80, este Tribunal el tribunal no las valora por cuanto las mismas se refieren a copias fotostáticas simples de escrito supuestamente presentado pero sin firma del secretario del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A.. Y así se declara y decide.

Con relación a las documentales cursantes a los folios 81 al 89 del expediente, el tribunal no las valora por cuanto las mismas algunas se refieren a copias fotostáticas simples de documentales privadas, otras sin firmas y totalmente impertinentes al mérito de la causa, en razón de que la pretensión hecha valer en la demanda es por “Desalojo por Falta de Pago de Pensiones de Arrendamiento”, por lo que con base a la “Trabazón de la Litis”, no forman parte del tema probatorio ni de decisión, todo ello conforme a las disposiciones del Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a los “Informes” rendidos previo requerimiento del A Quo, del Cuerpo de Seguridad y Orden Público, región Maracay Sur, Comisaría Mata Redonda, LA Punta, cursante a los folios 118 y 119; así como el emanado de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Aragua, cursante al folio 122, el tribunal no las valora por cuanto la información requerida y su contenido son totalmente impertinentes al mérito de la causa, en razón de que la pretensión hecha valer en la demanda es por “Desalojo por Falta de Pago de Pensiones de Arrendamiento”, por lo que con base a la “Trabazón de la Litis”, no forman parte del tema probatorio ni de decisión, todo ello conforme a las disposiciones del Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto al “Informe” rendido previo requerimiento del A Quo, de la Notaría Pública Cuarta de Maracay del Estado Aragua, este Tribunal lo valora a tenor de lo dispuesto en el Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a la Inspección Judicial evacuada por el A Quo, en fecha 14 de Agosto de 2003, cursante a los folios 100 al 103, el tribunal no las valora por cuanto la misma es totalmente inidónea para demostrar las pretensiones de las partes en este procedimiento y es impertinente al mérito de la causa, en razón de que la pretensión hecha valer en la demanda es por “Desalojo por Falta de Pago de Pensiones de Arrendamiento”, por lo que con base a la “Trabazón de la Litis”, no forman parte del tema probatorio ni de decisión, todo ello conforme a las disposiciones del Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto a las documentales privadas emanadas de terceros, cursantes a los folios 107 al 108, el tribunal no las valora por cuanto las mismas son totalmente inidóneas para demostrar las pretensiones de las partes en este procedimiento y son impertinente al mérito de la causa, en razón de que la pretensión hecha valer en la demanda es por “Desalojo por Falta de Pago de Pensiones de Arrendamiento”, por lo que con base a la “Trabazón de la Litis”, no forman parte del tema probatorio ni de decisión, todo ello conforme a las disposiciones del Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la prueba de exhibición de documentales por la parte actora, que fue declarado “desierto” en fecha 19 de Agosto de 2003, y que la demandada expresó evacuada y que de la no exhibición el tribunal sacara elementos de convicción o indiciarios, este Tribunal no le da valor alguno por cuanto su pretendida evacuación se efectuó fuera del lapso probatorio correspondiente, propiamente en el estado de dictar sentencia el A Quo, conforme al auto de fecha 15 de Agosto de 2003. Y así se declara y decide.

Con respecto a las posiciones juradas depuestas por las partes y evacuadas en esta instancia en fechas 07 y 10 de noviembre de 2003, este tribunal las valora a tenor de lo dispuesto en los artículos 403 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 507 eiusdem, y en las cuales las partes depusieron lo siguiente:

En el acta de fecha 07 de noviembre de 2003, la parte demandada depuso:

“PRIMERA: Diga la absolvente si es cierto, que se firmó contrato de opción a compra con la señora M.D. por seis meses? CONTESTO: “Sí, firme un contrato de alquiler con opción a compra por un lapso de seis meses prorrogables de acuerdo a ambas partes”. SEGUNDA: Diga la absolvente si es cierto, que tuvo negativa de respuesta de IPASME para el préstamo? CONTESTO: “No, no es cierto, hasta la presente no he obtenido respuesta alguna por parte del IPASME”. TERCERA: Diga la absolvente si es cierto, que el contrato celebrado de opción a compra fue con la condición que el IPASME le daría el préstamo? CONTESTO: “No es cierto, el contrato de realizó bajo el supuesto de una solicitud de Ley de Política Habitacional, acto que no se pudo cumplir porque en la Urbanización La Punta la Ley de Política Habitacional no concede préstamos y yo lo desconocía”. CUARTA: Diga la absolvente si es cierto, que continuaba en la casa sabiendo que se había terminado el contrato de opción a compra? CONTESTO: “No, nunca se me participó que el contrato hubiera sido rescindido”. QUINTA: Diga la absolvente si es cierto, que en el contrato de opción a compra aparece seis meses? CONTESTO: “Sí, aparece un contrato de alquiler con opción a compra por seis meses renovables a condición de ambas partes, con cláusulas que determinan la devolución de la inicial solicitada cosa que nunca se realizó”. SEXTA: Diga la absolvente si es cierto, que en varias oportunidades se le pidió desocupación? CONTESTO: “No es cierto, solo se me manifestó que la dueña del inmueble necesitaba recursos económicos para resolver problema inmediatos, por lo que verbalmente le solicité devolviera la cantidad de siete millones de bolívares mencionadas en la pregunta anterior”. SÉPTIMA: Diga la absolvente si es cierto, que depositaba en la cuenta personal de M.D. en el Banco Provincial, por concepto de alquiler? CONTESTO: “No es cierto, inicialmente cancele directamente con la dueña y producto de las discrepancias antes mencionadas, deposité en el Tribunal de Municipios que consta en el Expediente”. OCTAVA: Diga la absolvente si es cierto, que los depósitos realizados en el Banco Provincial, en la misma fecha también hay depósitos realizados en el Tribunal de Municipio de M.B.I., ambos por concepto de alquiler? CONTESTO: “No es cierto, en respeto a la majestad del Tribunal debo decir que la dueña de la vivienda solicitaba constantemente dinero a cuenta de la casa y coincidió en tres oportunidades de solicitar esa cantidad aludiendo que debía amortizar una hipoteca que pesaba sobre la vivienda, razón por la cual el depósito hecho al banco lo consideré un préstamo y el depósito hecho al Tribunal al cumplimiento de la Ley”. NOVENA: Diga la absolvente si es cierto, que depositaba si o no en la cuenta personal de la señora M.D.?. En este estado solicita la palabra la Abogado: A.P., en su carácter antes expresado y concedídole expone: “Me opongo o la forma en que fue planteada la pregunta por ser redundante. Es todo”. Acto seguido el Tribunal vistas las exposiciones anteriores impone a la preguntante reformular su pregunta y efectuarlas de manera acertiva. NOVENA: Diga la absolvente si es cierto, que desocupó el inmueble cuando supo la decisión del Tribunal de Municipio? CONTESTO: “No es cierto, desocupe el inmueble un día Viernes y la decisión se produjo o mejor dicho fue publicada un Lunes, el Lunes siguiente”. DECIMA: Diga la absolvente si es cierto, que practicó contrato verbal de alquiler por la cantidad de Trescientos Mil Bolívares con la señora M.D.? CONTESTO: “No es cierto”. DECIMA PRIMERA: Diga la absolvente si es cierto, que se le entregó la casa en buenas condiciones y al día con todos los servicios? CONTESTO: “No es cierto, el techo de la vivienda presentaba filtraciones, en el área de la sala y de la cocina; en cuanto a los servicios públicos, el servicio de agua no estaba al día, razón por la cual tuve que establecer un convenio de pago de tres años de atraso que evidentemente yo no había consumido”.

En el acta de fecha 10 de noviembre de 2003, la parte actora depuso:

“PRIMERA: Diga la absolvente como es cierto, que usted celebró contrato de arrendamiento con la señora R.P. por ante la Notaría Pública Quinta de Maracay? CONTESTO: “No fue un contrato de arrendamiento, fue una opción a compra”. SEGUNDA: Diga la absolvente como es cierto, que el único canon de arrendamiento pactado fue la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,00)? CONTESTO: “No, no es cierto, al comienzo del contrato fue de ciento cincuenta mil bolívares, luego en contrato verbal se llevó a trescientos mil bolívares, donde esta en el expediente los recibos del banco provincial donde ella me depositaba en el Banco Provincial ciento cincuenta mil bolívares y en el Tribunal ciento cincuenta mil bolívares, allí reza el número de cuenta”. TERCERA: Diga la absolvente como es cierto, que usted sin autorización alguna tomó posesión del inmueble que le tiene alquilado la profesora R.A.P. en fecha 01/06/2003? CONTESTO: “No, no es cierto, porque ella en el mes de Junio de 2002, yo le había hablado a ella para que me desocupara el inmueble porque ya se había vencido el contrato de opción a compra que era de seis meses, y por esa razón ella comenzó a pagarme en los tribunales”. CUARTA: Diga la absolvente como es cierto, que el día 01/06/2003, invadió la privacidad de la Profesora R.P.? CONTESTO: “No, porque primero yo pedí permiso y me abrieron la puerta para entrar con mis muebles y lo otro porque ya sabía que se le había pedido desocupación y no había forma ni manera de que desocupara la casa”. QUINTA: Diga la absolvente como es cierto, que la señora V.P., madre de la señora R.P., se encontraba en la casa con su ahijada Nancy? CONTESTO: “Sí, si es cierto, porque yo entro porque ellos me dicen que entrara que la señora Rosa ya iba a llegar”. SEXTA: Diga la absolvente como es cierto, que siempre ha tenido conocimiento de las consignaciones efectuadas por la señora R.P. por ante el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A.? CONTESTO: Acto seguido, el Tribunal deja constancia que la absolvente manifiesta no entender los términos de la posición y se le inquiere a la preguntante si insiste o no en la misma. Insistiendo la parte preguntante y el Tribunal aclarándole a la absolvente la misma respondió: “No entiendo”. SÉPTIMA: Diga la absolvente como es cierto, que en las fechas 06/03/2003 y 20/03/2003, usted le solicitó al Juez del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I., que le hiciera entrega del dinero consignado a su favor en este Tribunal? CONTESTO: “Sí, porque la otra parte del dinero que ella estaba consignando en la cuenta yo pensaba que a través de los abogados ella tenía que pagar esa deuda que tenía”. OCTAVA: Diga la absolvente como es cierto, que para el momento que presentó la demanda sabía que el canon de arrendamiento de los meses demandados estaban consignados en el Tribunal Segundo de Municipios? CONTESTO: “Yo sabía que estaban allí en los tribunales pero yo no la estoy demandando a ella por el pago de arrendamiento sino por deterioro de la casa, por no cumplir el contrato verbal y porque ya se había vencido el contrato de opción a compra”. NOVENA: Diga la absolvente como es cierto, que ha seguido retirando las consignaciones directamente por el Banco Industrial de Venezuela, donde la señora R.P., efectúa la consignación del canon de arrendamiento? CONTESTO: “Yo lo retiré fue cuando supe que el tribunal mercantil había dictado a favor mío, yo pensé que eso llegaba hasta allí, fue mi error”. DECIMA: Diga la absolvente como es cierto, que dentro de la casa alquilada había productos como pólvora y corneciervo? CONTESTO: “Sí, es cierto, si había y aparte de esos hacían sacrificios de animales en presencia de mis hijos, mataron como a tres o cuatro palomas en el patio y los vecinos firmaron que estaban cansados de esa situación de ver todas esas acciones”. DECIMA PRIMERA: Diga la absolvente como es cierto, que al momento de intentar la demanda de desalojo contra la Profesora R.P., que el canon de arrendamiento de los meses comprendidos entre el 28 de noviembre al 30 de abril, se encontraban depositados en el Banco Industrial en la cuenta que el Tribunal Segundo de Municipio ordenó aperturar a su nombre? CONTESTO: “Estaba depositado esa parte, pero la parte del contrato verbal que ella depositaba en el Banco Provincial no estaba, no lo colocaba”. DECIMA SEGUNDA: Diga la absolvente como es cierto, que presentó copia simple del Escrito de consignación presentado por la Profesora R.P., en el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I., como sustento de la demanda? CONTESTO: “Es que nadie me dijo que tenía que presentar originales y si el tribunal lo aceptó y falló a favor mío me imagino que este bien, no se”. DECIMA TERCERA: Diga la absolvente como es cierto, que el día 14 de marzo de 2003, retiró del Juzgado Segundo de los Municipios oficio 167 a través del cual fue autorizada para retirar la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por concepto de cánones de arrendamiento efectuados por la Profesora R.P. a su favor, correspondiente a los meses de: Octubre-Noviembre, Noviembre-Diciembre y Diciembre-Enero? CONTESTO: Acto seguido solicita el derecho a la palabra, la Abogado asistente de la absolvente y concedidole expone: “Me opongo porque ya está contestada”. Acto seguido la parte preguntante manifiesta insistir en la pregunta y el Tribunal vistas las exposiciones anteriores así como las preguntas y respuestas no encontrando identidad completa de preguntas y respuestas con la formulada, acuerda que la absolvente responda la posición, salvo su apreciación en la definitiva. Por lo que releídole la posición contesto: “Yo no recuerdo haber retirado esos meses juntos ya que siempre estaba alcanzada por la señora Rosa no haber cumplido con el contrato verbal y entonces siempre lo retiraba mensualmente, no lo dejaba acumular”. DECIMA CUARTA: Diga la absolvente como es cierto, que firmó conjuntamente con el Juez y el Secretario del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I., el acta de entrega del oficio a que se refiere la posición anterior? CONTESTO: “No, no recuerdo”. DECIMA QUINTA: Diga la absolvente como es cierto, que la Juez Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I. practicó inspección judicial peticionada por la señora R.P., en el inmueble antes mencionado? CONTESTO: “Sí, si hizo inspección”. DECIMA SEXTA: Diga la absolvente si es cierto, que le manifestó a la Juez Tercero que ocupaba el inmueble que le arrendó a la señora R.P., sin autorización? CONTESTO: “En ese momento le respondí a la juez lo mismo que estaba respondiendo yo al principio, que las personas que estaban allí me dieron permiso para entrar”. DECIMA SÉPTIMA: Diga la absolvente como es cierto, que el inmueble que usted ocupa posee una pared perimetral de dos metros y medio de alto? CONTESTO: “Verdad que nunca la he medido pero me imagino que sí”. DECIMA OCTAVA: Diga la absolvente como es cierto, que una vez alquilada la casa usted colocó un aviso en el jardín de la casa, mediante el cual ofrecía la casa en venta al segundo mes del contrato? CONTESTO: “En mi casa nunca ha estado un aviso que diga se vende, el momento que la señora Rosa decide no comprar la casa, ella misma me da el permiso para yo colocar un aviso en prensa y llevar a los interesados a ver la casa; luego me coloca todas las trabas después que gaste en publicidad en no permitirme entrar con las personas interesadas. No se de que se valió o porque se valió de engaño a colocar un aviso ella en el Diario EL ARAGUEÑO de venta de la casa, cuando yo en ese momento trabajaba como publicista para el periódico. Ellos colocan en el expediente que yo coloque un aviso de prensa en ese diario con de verdad no lo hice, yo voy al expediente allá en el periódico y lo coloco una persona allegada de la señora Rosa porque allá queda asentado quien coloca el aviso; si el Tribunal se da cuenta que hubiese sido yo la interesada en colocar el aviso para la venta, coloco un teléfono donde las personas me van a llamar y no es así, el aviso está colocado por colocarlo, ellos tendrán sus razones”. DECIMA NOVENA: Diga la absolvente como es cierto, que hubo necesidad de aperturar una cuenta nueva en el Banco Industrial por orden del Tribunal, porque usted canceló la que se había abierto inicialmente? CONTESTO: “No, yo no la cancelé, simplemente nunca había estado en estos menesteres porque esa casa es mi único bien y mi único patrimonio y yo por ignorancia por no saber de eso, iba directamente al banco y sacaba la plata; después aquí en el tribunal me explican cada uno de los pasos que tenía que hacer”. VIGÉSIMA: Diga la absolvente como es cierto, que usted en obligación de resarcir el daño que le ha causado a la señora R.P. derivado de la relación arrendaticia que las une, conforme a lo estipulado en la cláusula décima cuarta del contrato de arrendamiento celebrado entre usted y la señora Ponce? Acto seguido la preguntante reformula la pregunta así: Diga la absolvente como es cierto, que usted de acuerdo a la cláusula décima cuarta del contrato de arrendamiento firmado con la señora Ponce, usted resarcirá el daño causado a la arrendataria? CONTESTO: “Para mi no le cause ningún daño, ya que el contrato estaba vencido, el contrato de compra-venta no de arrendamiento estaba vencido y ella estaba conciente de eso que tenía que desocupar el inmueble ya que ella misma me comienza a depositar el dinero en los tribunales porque yo le había expresado que si no iba a comprar que desocupara la casa”.

Establecido lo anterior este Tribunal pasa a analizar la procedencia o no de las pretensiones, así:

CAPITULO IX

PROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES

Considera este Tribunal de acuerdo a las expresiones de las partes que en el presente caso no encontramos en presencia de un Contrato de Arrendamiento por Tiempo Indeterminado, por haber vencido el que las partes reconocen haber suscrito inicialmente en forma escrita, por un lapso de Seis (6) meses, es decir, del 24 de Agosto de 2001 hasta el 24 de enero de 2002, inclusive y, a partir de dicha fecha exclusive al continuar la arrendataria en el uso del inmueble descrito, pagando el mismo canon de arrendamiento de Bs. 150.000,oo y como lo reconoce haberlo permitido así la arrendadora, se produjo una tácita reconducción del contrato, pero a tiempo indeterminado y que al no constar en autos alguna copia del contrato de arrendamiento originario que se dice haber sido autenticado, lo cual era carga procesal de la parte actora producirlo o probarlo y no lo hizo, no puede colegirse la continuidad de sus supuestas cláusulas en el reconducido tácitamente y por lo tanto no puede analizarse ni pensarse en alguna cláusula de prórroga convencional opcional automática, sino que se rigen por lo establecido en la ley. Y así se declara y decide.

Con respecto al hecho controvertido determinado de “1.- Si el monto del canon de arrendamiento mensual a partir del mes de Julio de 2002, inclusive, fue convenido o fijado en la cantidad de Bs.300.000,oo mensuales o continuaba el inicialmente fijado de Bs. 150.000,oo.”, este Tribunal considera que

Que la parte demandada alegó en su contestación que la parte actora-arrendadora, incurrió en mora en recibir los canones de arrendamiento (mora accipiendi), por lo cual, se hace procedente la aplicación del Artículo 51 del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual establece:

Cuando el arrendador de un inmueble rehusare expresa o tácitamente recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida de acuerdo con lo convencionalmente pactado, podrá el arrendatario o cualquier persona debidamente identificada que actúe en nombre y descargo del arrendatario, consignarla por ante el Tribunal de Municipio competente por la ubicación del inmueble, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad.

La doctrina, ha expresado que la negativa tácita o expresa del arrendador puede tener lugar, entre otras, por las siguientes causas: a) Cuando simple y llanamente el arrendador no quiere recibir el pago sin justificación de ninguna índole, b) Cuando se pretende pagar al arrendador fuera del plazo fijado en el contrato o en la Ley y; en el presente caso ambas hipótesis son aplicables, como ya se dijo.

La circunstancia de considerar la ocurrencia de la mora accipiendi del Arrendador en recibir los canones de arrendamiento, hace surgir lo siguiente:

El Arrendatario tiene ante sí tres (3) posibilidades: 1) Consignar los canones ante el Juzgado de Municipio competente, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de cada mes, puesto que se trata de un lapso de gracia establecido por el legislador; 2) Pagar el canon al propio arrendador, dentro de esos mismos 15 días siguientes y obteniendo el “recibo” correspondiente o; 3) No “insistir” en el pago ni efectuar la consignación y ante una pretensión procesal en su contra, por la falta de pago del canon, alegar y demostrar la referida mora del acreedor mediante cualquier medio probatorio idóneo.

Por cuanto la parte demandada ha alegado precisamente la mora accipiendi y de que ha ocurrido ante el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A. a efectuar “Consignaciones Arrendaticias”, hace nacer una presunción en su favor de que efectivamente ha ocurrido la referida mora.

Ahora bien, la “prueba” del hecho: “Consignación Arrendaticia”, debe ser primero: Adecuado o ser suficientemente apto para probar la excepción extintiva (el pago) y concurrentemente, y segundo: debe ser Pertinente o ser suficientemente apto para probar la suficiencia y tempestividad de la referida excepción extintiva.

Adecuación ésta que no deviene per sé de la sola admisión del hecho por la parte demanda, sino por su consideración objetiva de que el “hecho admitido” constituye abstractamente un medio para probar “el pago” fundamento de la excepción extintiva, permisible por la ley, como la “Consignación Arrendaticia”, más aún si se considera que es un derecho del deudor procurarse un “recibo” del pago por parte del acreedor, que impone la Buena Fe que debe existir en la celebración de los contratos.

Pero, cuando el demandado alega que no obstante el medio ser adecuado, el “hecho admitido” ocurrió en forma extemporánea por retardada, esta alegando que el mismo es impertinente.

Así la impertinencia, está referida a dos aspectos: La Pertinencia Subjetiva: Para referirse a la cualidad y legitimación, es decir, que quien lo efectuó lo haga en su carácter de titular de un interés jurídico como deudor de una obligación cuya liberación procura mediante la “Consignación Arrendaticia” y a favor del titular del derecho de acreencia quien tiene interés en que se le satisfaga y así se encuentra a su favor y disposición y; La Pertinencia Objetiva: para significar que el hecho admitido, no es suficiente en su contenido (pago parcial) y por ende no permitido convencional ni legalmente y por otro lado, que el referido hecho no ocurrió en el tiempo establecido, es decir, es extemporáneo. Esta extemporaneidad puede ser por anticipado o por retardado y sus consecuencias diversas y adicionalmente, puede ser considerado por el acreedor como un incumplimiento total o simple mora en el cumplimiento de la obligación.

Así, el alegato de la parte actora de que las “Consignaciones arrendaticias” efectuados por la parte demandada en su favor ante el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., claramente indican que el medio de prueba “Consignación” ha sido admitido, que el mismo es adecuado y pertinente subjetivamente, pero que comporta una impertinencia objetiva por insuficiencia en su contenido (pago parcial), pero era una carga probatoria de la parte actora, probar por algún medio idóneo que el canon de arrendamiento a partir de Julio de 2002 se había convenido o se haya fijado por el órgano regulador competente en un nuevo monto al aceptado por las partes y la misma no se desembarazó de dicha carga y por lo tanto no probó su aserto y este Tribunal considera que el canon de arrendamiento convenido por las partes es de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.150.000,oo) mensuales.

Distinta consideración sobre la distribución de la carga de la prueba, hubiera llegado éste Tribunal si el actor hubiera demostrado la convención o fijación del supuesto aumento del canon de arrendamiento, caso en el cual la carga de la prueba de la liberación de ese supuesto nuevo canon estaría en cabeza del demandado excepcionado en tal sentido y no haría resurgir en cabeza del actor la carga de la prueba de su alegación de falta de pago del demandado, ya que, alegar la insuficiencia del pago, implica la negación de la ocurrencia del mismo (por no ocurrir íntegramente sino parcial), que es precisamente su afirmación efectuada en el libelo, correspondiéndole al demandado probar ese “hecho exhaustivamente” en cuanto a su suficiencia, pero como se dijo ese supuesto no se dio en este caso, por cuanto la parte actora no se desembarazó de su carga procesal de probar el nuevo canon que dice celebrado. Y así se declara y decide.

Con respecto al hecho controvertido determinado de “2.- Sí las “Consignaciones Arrendaticias” efectuadas por la parte demandada a favor de la parte actora, fueron efectuadas en forma exhaustiva, si se corresponden a los meses de diciembre de 2002, enero, febrero, marzo y abril de 2003. y si fueron efectuadas en forma tempestiva o en forma extemporánea por retardada y; por ende si hubo incumplimiento de la obligación o mora en la misma, aceptada o no. “,

Siguiendo el análisis anterior y en virtud del principio de adquisición procesal y comunidad de la prueba, en el sentido de que después de promovida y evacuada la prueba, pertenece al proceso y no a las partes y es deber del juez sacar de ellas, todos los elementos de convicción incluso en contra de quien las promovió, así como cualesquiera otras circunstancias que consten de autos, este Tribunal observa lo siguiente:

1. - Que a los folios 61 y 79, constan copias certificadas expedidas en fecha 01 de Agosto del 2003, en el expediente consignación N°: 2729, llevado por el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., antes valoradas, y en la cual consta, copia del escrito presentado en fecha 06 de enero del 2003, por la aquí parte demandada, en el cual expresó: “... domiciliada en: Urb La Punta, sexta Transversal # 275-13, de la ciudad de Maracay, recurro ante usted a objeto de consignar original y copia de depósito en cuenta N° 37950503 a nombre de Marlenys Diaz Tovar por concepto de canon de arrendamiento del inmueble cuya dirección aparece arriba reflejada, Deposito en el Banco Industrial de Venezuela en la Cuenta de Ahorros ...0036763-4, en fecha 2-01-03, por la cantidad de ...bolívares Ciento Cincuenta Mil...”, y auto del referido Juzgado dejando constancia de lo expresado , ordenando la notificación de la oferida y expidiendo constancia a la oferente. (Folios 62 al 64) De igual tenor cursan constancias de depósitos correspondientes a los efectuados en fechas 13 de febrero de 2003, marzo de 2003, 28 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2003, por iguales montos de Bs. 150.000,oo y siendo la misma oferente y oferida por el mismo concepto de pago de canones de arrendamiento sobre el mismo inmueble. (Folios 65 al 76)

Así aplicando los criterios subsidiarios que intervienen para suplir la ausencia de voluntad de las partes al respecto, en virtud de la naturaleza de que la Relación o contrato de Arrendamiento lo es por tácita reconducción y por tiempo indeterminado, –ha expresado J.M.O. (El Pago, Pág. 127 y siguientes)-, que el Artículo 1.305

...establece una jerarquía entre los criterios que nos ofrece: a) debe darse la preferencia entre varias deudas, a la vencida (favor debitoris); b) la preferencia entre deudas igualmente vencidas, a la menos garantizada (favor creditoris); c) la preferencia entre varias igualmente garantizadas, a la más onerosa (favor debitoris); d) la preferencia entre varias igualmente onerosas, a la más antigua, término éste que algunos interpretan con referencia al momento de nacimiento de la obligación, pero que la mejor doctrina tiende a referir al término de exigibilidad más remoto de la obligación, que haría correr el riesgo de su prescripción (favor creditoris) y e) en igualdad de circunstancias proporcionalmente entre ellas, lo que ha sido interpretado como una singular derogación de la facultad reconocida al acreedor de rehusar un cumplimiento parcial (art. 1291 C.C.)...

La naturaleza del asunto controvertido, hace necesario traer a colación las extensas disquisiciones doctrinarias nacionales y extranjeras, que en casos semejantes han tratado de dar una luz al problema.

Así el mismo autor –Melich Orsini- hace referencia, en cuanto a la prueba del pago, que nuestro ordenamiento jurídico, contiene normas no especifica y dispersas con relación a la prueba del pago. Incorporando la noción del “derecho a la exigencia de un recibo o finiquito”.

El derecho del deudor que paga a obtener un comprobante o recibo de su cumplimiento tiene en todo caso fundamento en el artículo 1160 C.C., que obliga a las partes de un contrato a ejecutarlo de buena fe. No obrarían así el acreedor que se negara a extender el recibo que le solicitara su deudor obligándolo a tener que acudir al procedimiento de la oferta y consignación como medio de comprobación de la mora accipiendi...

Por otro lado, el Artículo 1296 del Código Civil, establece: “Cuando la deuda sea de pensiones o de cualquiera otra clase que deben satisfacerse en períodos determinados, y se acreditare el pago de las cantidades correspondientes a un período, se presumen pagadas las anteriores salvo prueba en contrario”, expresando el autor, que “... se trata de una presunción de pago iuris tantum fundada en deberse entender que si alguien es acreedor de varias obligaciones de este género no extendería un recibo por la de más reciente vencimiento si antes no se le pagaran las que tengan un mayor atraso. La norma implica, pues, que el acreedor tiene igualmente que entenderse no estar obligado a recibir tal deuda de más reciente vencimiento antes no se le pagan las anteriores... “

Por consiguiente para determinarse el momento del vencimiento de las obligaciones, debe tomarse como referencia, lo antes analizado y mencionado, y por ende este Tribunal considera que por la naturaleza de la Relación Locativa por tiempo indeterminado, de obligaciones de tracto sucesivo, se colige en consecuencia, por adquisición procesal (de las pruebas aportadas por las partes), que se estableció que el pago del canon era por un determinado período de tiempo, específicamente por Mes. Y así se declara y decide.

En consecuencia, en el presente caso, el pago de las pensiones de arrendamiento, debe efectuarse dentro de los Quince (15) días siguientes al vencimiento de cada mes, habida consideración de que el arrendador no tiene derecho a exigir el pago por obligaciones aún no vencidas, como ilegalmente dice la actora haberse pactado y presumiblemente cobrado inicialmente. Y así se declara y decide.

En el presente caso –como se dijo al momento de decidirse las Cuestiones Previas- la actora manifiesta a partir del 15 de Julio de 2002 (fecha en la que expresa haberse celebrado un nuevo contrato verbal), la demandada solo efectuó pago de Cinco (5) mensualidades, que por tanto se coligen son las de Julio, Agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, todos inclusive; siendo que como se dijo los canones que reclama como insolutos la parte actora son los de Diciembre de 2002, enero, febrero, marzo y abril de 2003, todos inclusive y todos a razón de Bs. 300.000,oo, con lo cual habiendo quedado establecido que la parte actora no probó ese nuevo convenio sobre el canon de arrendamiento mensual ni regulación del órgano competente que así lo fijara en la cantidad de Bs. 300.000,oo, este Tribunal entiende que la demandada tenía a su favor un crédito por concepto de “reintegro por sobrealquileres” cobrados durante esos cinco (5) meses de Julio, Agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, que podía compensar con los otros que se dicen insolutos, casualmente Cinco (5) meses también de diciembre de 2002, enero, febrero, marzo y abril de 2003, pero como quiera que la parte demanda, no alegó ni opuso la correspondiente excepción en tal sentido este Tribunal no puede ni debe suplir su argumentación, aunque se deja subsistente el derecho que le asiste a pretenderlo en forma autónoma, por el orden público involucrado. Y así se declara y decide.

Establecido lo anterior, con respecto al canon del mes de Diciembre de 2002, pudo efectuarse mediante “consignación” hasta el 15 de enero de 2003; el canon del mes de enero de 2003, pudo efectuarse hasta el 15 de febrero de 2003; el canon del mes de febrero de 2003, pudo efectuarse hasta el 15 de marzo de 2003; el canon del mes de marzo de 2003, pudo efectuarse hasta el 15 de abril de 2003 y; el canon del mes de abril de 2003, pudo efectuarse hasta el 15 de mayo de 2003; pero que por la especial circunstancia de que dichas consignaciones deben ser efectuadas ante un tribunal, si dichas fecha “15” se corresponden a un día no laborable, dicho lapso se considera vencido en el día laborable inmediato siguiente.

En el presente caso, la Consignación Arrendaticia efectuada por la parte demanda en el Expediente N° 2729, del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., con depósito de fecha 02 de enero de 2003 y presentado en fecha 06 de enero de 2003, sin manifestar a que mes se refiere, se considera que deben imputarse, al canon vencido en el mes inmediato anterior a cuando se efectúa la consignación. En este caso, el depósito efectuado en fecha 02/01/2003, por la cantidad de Bs. 150.000,oo, se imputa efectuado para pagar el Canon del mes de diciembre de 2002. Y así se declara y decide.

La Consignación Arrendaticia efectuada por la parte demanda en el Expediente N° 2729, del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., con depósito de fecha 13 de febrero de 2003 y presentado en fecha 17 de febrero de 2003, sin manifestar a que mes se refiere, se considera que deben imputarse, al canon vencido en el mes inmediato anterior a cuando se efectúa la consignación. En este caso, el depósito efectuado en fecha 13/02/2003, por la cantidad de Bs. 150.000,oo, se imputa efectuado para pagar el Canon del mes de enero de 2003. Y así se declara y decide.

La Consignación Arrendaticia efectuada por la parte demanda en el Expediente N° 2729, del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., con depósito cuya fecha no se lee en las copias certificadas, pero si presentado en fecha 31 de marzo de 2003, sin manifestar a que mes se refiere, se considera que deben imputarse, al canon vencido en el mes inmediato anterior a cuando se efectúa la consignación. En este caso, el depósito efectuado en dicho mes, por la cantidad de Bs. 150.000,oo, se imputa efectuado para pagar el Canon del mes de febrero de 2003. Y así se declara y decide.

La Consignación Arrendaticia efectuada por la parte demanda en el Expediente N° 2729, del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., con depósito de fecha 28 de abril de 2003 y presentado en esa fecha 28 de abril de 2003, manifestando que se refiere al mes de marzo de 2003, se considera que deben imputarse, al canon vencido en el mes inmediato anterior a cuando se efectúa la consignación. En este caso, el depósito efectuado en fecha 28/04/2003, por la cantidad de Bs. 150.000,oo, se imputa efectuado para pagar el Canon del mes de marzo de 2003. Y así se declara y decide.

La Consignación Arrendaticia efectuada por la parte demanda en el Expediente N° 2729, del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., con depósito de fecha 30 de mayo de 2003 y presentado en esa fecha 03 de junio de 2003, sin manifestar a que mes se refiere, se considera que deben imputarse, al canon vencido en el mes inmediato anterior a cuando se efectúa la consignación. En este caso, el depósito efectuado en fecha 30/05/2003, por la cantidad de Bs. 150.000,oo, se imputa efectuado para pagar el Canon del mes de abril de 2003. Y así se declara y decide.

De lo anteriormente determinado, se evidencia que las consignaciones SE EFECTUARON LEGÍTIMAMENTE, conforme a lo establecido en los artículos 53 al 57 del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ya que, se efectuaron dentro de los lapsos convencional, legalmente establecidos y dentro de los respectivos lapsos de gracia. Y así se declara y decide.

Por otro lado, de acuerdo a las respuestas a las posiciones juradas que le efectuó la parte demandada a la parte actora, antes transcritas, ésta última confeso tener conocimiento de todas y cada una de las consignaciones efectuadas, su monto, los meses que comprendían y adicionalmente solicitó, retiró o cobró dichas cantidades que le fueron entregadas por el referido Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., y por lo tanto canceló dichas obligaciones así pagadas, de las cuales tenía conocimiento incluso antes de la interposición de la demanda. Y así se declara y decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este tribunal considera que en el presente caso, al haber probado la parte demandada su excepción extintiva y en consecuencia, al estar solvente en los pagos de los canones mencionados, debe declararse improcedente las pretensiones de la parte actora y condenarla al pago de las costas procesales y; así se hará de manera expresa y positiva enseguida. Y así se declara y decide.

OBSERVACIONES AL JUZGADO A QUO

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículo 208 y 209, Parágrafo Único eiusdem, este Tribunal actuando como superior en grado del Juzgado Primero de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., le apercibe para que en lo adelante no incurra en errores que pudieran anular sus actuaciones, crear desigualdades y menoscabar el derecho a la defensa de las partes y el debido proceso, más aún en estos procedimientos “breves” en los cuales no pueden producirse “incidencias”, como los observados:

1. - La contestación de la demanda en estos procedimientos es un acto y como tal debe desarrollarse bajo la dirección del Tribunal, recogiéndolo mediante un acta en la oportunidad que corresponda conforme a lo establecido en el Artículo 35 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia de remisión supletoria del Artículo 884 del Código de Procedimiento Civil.

2. - Si en fecha 14 de Agosto de 2003, expresó no admitir pruebas promovidas por la parte actora, por cuanto su evacuación se efectuaría fuera del lapso probatorio correspondiente, dejando constancia en fecha 15 de Agosto de 2003, que dijo “Vistos” y por ende entendiendo vencido el referido lapso probatorio, ¿cómo y por qué? en 19 de Agosto de 2003, abrió un acto para la exhibición de documentales que debía efectuar la parte actora.

3. - Al colocar en cabeza de la parte demandada, la carga probatoria de que se encuentra solvente en el pago de los canones de arrendamiento, lo cual es correcto en puridad; pero sin tomar en cuenta de manera previa la carga probatoria de la existencia misma de la obligación por el monto indicado y que debía ser probada por la parte actora y no lo hizo –como se dijo y explicó-, incurrió en un error de juzgamiento y configura lo que la doctrina ha expresado ser una “INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA” prohibida.

OBSERVACIONES A LA PARTE DEMANDADA

Con vista en la forma en que fue contestada la demanda por la apoderada judicial de la demandada, y su solicitud de que se sancione a la parte actora conforme a lo establecido por el Artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por hacer manifestaciones según su aserto falsas, este Tribunal le observa que es natural y consustancial al proceso mismo las manifestaciones de hechos y fundamentaciones de derecho que las partes y terceros puedan hacer y que conforman lo que la doctrina más reconocida del derecho procesal ha delimitado como “pretensión procesal” y sus “excepciones”; que en definitiva son manifestaciones del “derecho público, abstracto, constitucional de dirigir peticiones a los órganos jurisdiccionales, ser oidos y obtener respuesta” (Acción) y desarrollo efectivo del contradictorio que permite el derecho a la defensa y debido proceso, no censurable por la vía indicada por la demandada.

Tan es así que se permite y se le da “audición” a escrito como el de su contestación que confunde y funde expresiones que son similares en sus efectos, como si no lo fueran y por tanto redundante y por otro lado, pretende hacer lo mismo con otras que no lo son.

En el sentido indicado y magistralmente ha expresado el Dr. L.L. (Ensayos Jurídicos, págs 15 a la 76) ha expresado:

“...Siendo la cualidad una relación de identidad lógica, el problema práctico fundamental queda circunscrito a saber y determinar que criterio o método ha de seguirse para descubrir y fijar en el proceso esa relación de identidad. El criterio tradicional y en principio válido, es el que afirma y enseña que tienen cualidad para intentar y sostener el juicio, esto es, cualidad activa y pasiva, los sujetos que figuran como titulares activos y pasivos de la relación jurídica material que es objeto del proceso. Ahora bien, por la naturaleza misma de las cosas, ese criterio no puede atenerse sino a la pura afirmación del actor, a los términos mismos de la demanda, ya que, precisamente, la efectiva y real titularidad de la relación o estado jurídico cuya protección se solicita, forman el objeto mismo e inmediato del juicio, cuya existencia concreta se afirma y se demanda. Mientras la relación litigiosa no se halle definitivamente decidida y la sentencia que así lo reconozca pase en autoridad de cosa juzgada, no puede saberse jurídicamente si la relación o estado jurídico existe realmente. ...(Omissis).

Por lo cual la solicitud de sanción se hace improcedente por falta de fundamento fáctico o por lo menos no corresponderse el indicado por la parte demandada, como configurativo de falta de lealtad y probidad y por lo cual erró igualmente el Juzgado A Quo cuando indicó que la demandada es improba o desleal al contestar la demanda en la forma en que lo hizo, puesto que el pretender el demandado reducir al absurdo la demanda, no puede constituir per se una conducta prohibida y en el presente caso, no se efectuó de manera insultante ni vejatoria y con respecto al escrito de promoción de pruebas de la parte demandada (folio 55), en su “CAPÍTULO SEGUNDO EL MÉRITO”, cuando invoca una supuesta aceptación tácita de los hechos narrados en un supuesto libelo de “ solicitud de Reenganche y pago de Salarios caídos” , asumiendo así un supuesto carácter de parte actora que no tenía, un procedimiento y una situación jurídica que no es el de marras, es evidente que se trata de un “error” de la promovente, que si la hacen pasible de la observación por este órgano jurisdiccional de tener el mayor cuidado en el planteamiento de su defensa, pero que en nada afectan a éste procedimiento, por cuanto el mismo a quo, lo advirtió al momento de inadmitir dicha prueba. Y así se declara y decide.

Lo que si es censurable abiertamente es la solicitud efectuada por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda en su última parte (folio 58) cuando expresa: “ ordenado el desalojo a la temeraria demandante por invasora, y condenada a cancelar la cantidad de Bolívares CINCUENTA MILLONES (Bs.50.000.000,oo) por concepto de Daños y Perjuicios causados a mi representada...”, por cuanto su apoderada judicial debe tener conocimiento que tales peticiones sólo pueden hacerse valer en la oportunidad de hacer la contestación a la demanda y en ella plantear sus mutuas pretensiones o reconvención, única forma en que éste tribunal pudiera considerar, sustanciar y decidir sobre ella, y no de manera extemporánea como lo hizo en la oportunidad de promover pruebas.

Por otro lado, es de observar que las afirmaciones efectuadas por la parte demandada en su contestación a la demanda, en la forma como se hizo, es para desvirtuar las pretensiones de la parte actora y no como reconvención de cumplimiento de contrato por excepción de contrato no cumplido, por un hecho extraño no imputable, específicamente la perturbación o despojo de la posesión precaria a la que tenía derecho, por ejemplo; y por lo tanto este tribunal no puede suplir sus argumentaciones ni pronunciarse sobre la procedencia o no de la misma, pero que en todo caso se refieren a fechas posteriores a los canones de arrendamiento que se le demandó. Y así se declara y decide.

Con relación al argumento utilizado por la parte demandada apelante para fundamentar su apelación, de que el Juzgado A Quo incurrió en una falsa aplicación de l Artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y por ende violación del Artículo 11 eiusdem, este Tribunal observa :

Que tal argumento parte del error de interpretar la expresión del A Quo en la sentencia apelada donde expresa que “...En el caso de marras, puesta en duda como ha sido la solvencia del arrendatario...”, que se refiere a una descripción de una parte de la pretensión misma de la parte actora plasmada en la demanda, cual es la afirmación de que la parte demandada no había cumplido con su obligación de pagar los canones de arrendamiento de la cual deriva su supuesta insolvencia; y confundirla con la especial circunstancia que se refiere a una norma de valoración del material probatorio previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que es cuando el sentenciador al momento de dictar su sentencia tenga dudas acerca de la plena prueba de los hechos alegados en la demanda, que le impone fallar a favor del demandado; todo lo cual no ocurrió en el presente caso, puesto que lejos de darse ese supuesto, ni que el A Quo haya manifestado que “tenía dudas sobre la plena prueba de los hechos articulados en la demanda”, lo que hizo fue incurrir en un error de juzgamiento e “invertir la carga de la prueba” en contra de la especial situación de la parte demandada en el proceso, “débil jurídico” por demás, y con lo cual indebidamente dio por “probado plenamente” los hechos articulados por la demanda, como antes se indicó.

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal considera improcedente los alegatos de la parte demandada en tal sentido. Y así se declara y decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

Sin lugar las cuestiones previas de Prohibición de la Ley de Admitir la acción propuesta y defectos de forma del libelo de la demanda, opuestas por la parte demandada.

Por haber resultado totalmente vencida la parte demandada, se le condena al pago de las costas procesales, conforme al Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y M.B.I. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 19 de septiembre de 2003, que resolvió el fondo del asunto planteado en el Procedimiento que por “Desalojo Arrendaticio” intentó la ciudadana: M.M. DÍAZ TOVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.843.547 y de este domicilio contra la ciudadana: R.A.P., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.796.910 y de este domicilio.

Consecuencialmente se revoca en todas y cada una de sus partes la decisión dictada e improcedente la demanda presentada por la parte actora.

Por haber resultado totalmente vencido la parte actora, se le condena al pago de las costas procesales, conforme al Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Se acuerdan que el A Quo y la demandada, tomen en cuenta las observaciones efectuadas en la motiva de ésta decisión.

Conforme a los Artículo 233 y 251 notifíquese mediante Boletas a las partes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los Tres días del mes de mayo del año dos mil cuatro (03-05-2004) Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

EL JUEZ TITULAR,

Dr. PEDRO III PÉREZ

EL SECRETARIO TEMPORAL,

Dr. LEONCIO VALERA

En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se publicó y registró siendo las 01:20 p.m. y se libraron boletas de notificación.

EL SECRETARIO TEMPORAL,

Dr. LEONCIO VALERA

Apel 093

PIIIP/lv/

Estación08/Mayo2004/03-05-2004