Decisión nº PJ0042014000013 de Juzgado Cuarto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Enero de 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 17 de enero de 2014

203º y 154º

ASUNTO: AP11-M-2011-000541

PARTE ACTORA: M.S.P.T., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro.V-3.183.897.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: L.C.K., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.V-5.001.001, abogada en ejercicio, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 68.033.

CO-DEMANDADOS: G.T.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.V-6.189.589; HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS S.C.P., quién en vida fuera venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.V-3.665.225; L.C.C., venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro.V-20.689.874, L.M.A.P., venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro.V-7.887.099, quién actúa en su propio nombre y en su condición de madre y representante legal del menor S.M.C.A..

APODERADOS JUDICIALES DE LOS CO-DEMANDADOS: A.J.F.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.V-6.848.173, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 95.006, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana G.T.G.V., anteriormente identificada, I.J.M.M., venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro.V-6.437.820, abogada en ejercicio, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 29.479, en su carácter de Defensora Judicial de los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS S.C.P., los ciudadanos CÉSAR DASILVA MAITA: DETXY N.D.H.; R.R.; J.J.Q.G., Á.R. y A.V.R.P., venezolanos mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros.V-8.539.563, V-6.349.289; V-6.442.744; V-14.345.366; V-16.899.963; V-4.360.683 y V-3.503.221, en el mismo orden de mención, abogados en ejercicio, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 37.093; 57.209; 123.43; 123.510; 133.591; 88.662 y 16.773, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana L.C.C. y de la ciudadana L.M.A.P., anteriormente identificadas.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (Intimación)

EXPEDIENTE: AP11-M-2011-000541.

-I-

El día 28 de octubre de 2011, el ciudadano M.S.P.T., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro.V-3.183.897, debidamente asistido por la abogada L.C.K., inscrita en el Inpreabogado bajo el N°68.033, presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta sede judicial, escrito libelar por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) contra la ciudadana G.T.G., plenamente identificada en autos y a los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS ciudadano S.C.P..

En fecha 16 de noviembre de 2011 por encontrarse llenos los requisitos de ley, se admitió la presente causa y se ordenó la Intimación de la parte demandada, a los fines de que compareciera por ante este Juzgado dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su intimación, a cualquiera de las horas de despacho fijadas en la tablilla ubicada a las puertas del Tribunal, comprendidas las mismas, entre las 8:30 a.m y 3:30 pm, a fin de que pagara o acreditara haber cancelado a la parte actora dentro del lapso antes indicado bajo apercibimiento de ejecución, las cantidades de dinero señaladas en el escrito libelar, y se ordenó a la parte interesada a consignar los fotostatos respectivos a los fines de que se librara la boleta de intimación.

Subsiguientemente, en fecha 18 de noviembre de 2013, el Tribunal libró Edicto a los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS S.C.P., de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 28 de noviembre de 2011, el Tribunal libró la respectiva Boleta de Intimación a la ciudadana G.T.G., plenamente identificada en autos.

Seguidamente en fecha 26 de enero de 2012, compareció el ciudadano J.D.R., en su carácter de alguacil adscrito a este Circuito Judicial quién expuso: “Dejo expresa constancia de que en fechas: 16/01/2012 siendo las 9:30 a.m y el día 24/01/2012 siendo las 07:50 a.m. Estuve en la siguiente dirección: Cuarta Avenida de la Urbanización Los Palos Grandes, Residencias Unión, piso 08, Apartamento 84, Municipio Chacao. Con la finalidad de entregar Boleta de Intimación a la ciudadana: G.T.G. y estando en la mencionada dirección a pesar de que toque por espacio de varios minutos la puerta de la morada, no fui atendido por persona alguna. Motivo por el cuál me fue imposible lograr la citación…”

En fecha 14 de marzo de 2012, el Tribunal acordó mediante auto librar cartel de intimación a la parte demandada la ciudadana G.T.G., plenamente identificada en autos y en esa misma fecha se libró el cartel de intimación.

Posteriormente, en fecha 7 de noviembre de 2012 compareció ante este Tribunal el abogado A.J.F.D., debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.95.006, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana G.T.G.V., identificada en autos mediante el cuál se dio por intimado del presente juicio.

En fecha, 18 de febrero de 2013, el Tribunal designó como defensora ad-litem de los Herederos Desconocidos del de Cujus S.C.P. a la abogada I.J.M.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 29.479 y en esa misma fecha se libró boleta de notificación, a los fines a que compareciera ante este Juzgado al Segundo (2) día de despacho siguiente a que constara en autos su notificación a los fines de que aceptara o se excuse al cargo que le había sido conferido y en el primer caso prestara juramento de Ley.

El día 6 de junio de 2013, este Tribunal libró boleta de intimación a la defensora judicial designada a los fines de que compareciera dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la practica de su intimación a fin de que diera contestación a la demanda.

Posteriormente, el día 8 de octubre de 2013, compareció ante el Tribunal la defensora judicial designada y presentó un escrito de oposición al procedimiento de Intimación.

En fecha 9 de octubre de 2013, compareció ante este Juzgado el abogado Á.V.R.P., debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 16.773, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana L.C.C., plenamente identificada en autos y consignó poder que acredita su representación, de igual manera se dio por intimado y realizó formal oposición al decreto de intimación de la presente causa. En esa misma fecha, compareció de igual manera la abogada J.J.Q.G., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 133.591, en su carácter de representante legal del menor S.M.C.A. y se dio por intimada y realizó oposición al decreto de intimación, de igual manera consignó poder que acredita su representación.

El día 16 de octubre de 2013 compareció ante este Juzgado la abogada J.Q.G., plenamente identificada en autos, en su carácter de apoderada judicial del adolescente S.M.C.A., según consta de poder que cursa en autos y presentó su escrito de Contestación de la demanda. Así mismo, solicitó que de conformidad con lo previsto en el artículo 177 Paragrafo Cuarto, Numeral 1, de la Ley Organica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), se decline la competencia en los Tribunales con competencia en materia de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes.

-II-

La pretensión deducida por la parte actora tendría incidencia sobre el desarrollo psicológico y social de un adolescente, en virtud de lo cuál se justifica la intervención del Órgano Judicial competente para la protección del niño, niña y del adolescente.

No debemos olvidar, que en la Convención sobre los Derechos del Niño, se precisa que el interés superior del niño radica en que las autoridades de los Estados deberán tener en cuenta en el momento de sus decisiones, a los derechos que conciernen a los niños. Por ello, resulta fundamental en este proceso considerar el interés del niño como un interés social, público y jurídicamente protegido; pues, dicho principio rector se erige como limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades de carácter judicial para tomar las medidas de protección efectiva que satisfagan integralmente sus derechos fundamentales.

Además, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente formula el principio del interés superior del niño como el marco referencial para la toma de las decisiones concernientes a la infancia y a la adolescencia, consagrando esta última en su artículo 8, el cual a la letra reza:

Artículo 8º.-Interés Superior del Niño. El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

Parágrafo Primero: Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta se debe apreciar:

1. la opinión de los niños y adolescentes;

2. la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes;

3. la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño o adolescente;

4. la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente;

5. la condición específica de los niños y adolescentes como personas en desarrollo.

Parágrafo Segundo: En aplicación del Interés Superior del Niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Por otra parte, debe señalarse que el punto sobre el cual gira la presente decisión luce verdaderamente razonable, pues la propia Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que reorientar su criterio en cuanto a cuál es órganos jurisdiccional competente, cuando en asuntos contenciosos están vinculadas y, por tanto, susceptible de afectación, personas humanas que se encuentran en su especial etapa de niñez y adolescencia. Es el caso del reconocimiento judicial de una unión estable de hecho,

En lo esencial, dicha Sala Plena en sentencia de fecha 27 de junio de 2012, con ponencia del Magistrado Dr. M.G.R., expediente N° AA10-L-2010-000155, señaló:

“…En efecto, mediante sentencia número 34, aprobada en fecha siete (07) de marzo de dos mil doce (2012) y publicada en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (07) de junio de dos mil doce (2012), la Sala Plena realizó un conjunto de razonamientos teóricos, normativos y jurisprudenciales en la perspectiva de reivindicar la pertinencia social y jurídica en cuanto a que sea la especial jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes la que conozca y decida las acciones mero declarativas de uniones concubinarias cuando, en dichas relaciones, se hayan procreado hijos y para el momento de su tramitación aún se encuentren en la etapa de niñez o adolescencia.

En este sentido, estima conveniente la Sala Plena ratificar en esta oportunidad el criterio jurisprudencial sentado en el prealudido veredicto y, consecuencialmente, aprovecha la ocasión para citar algunos extractos de su texto, en función de precisar algunas consideraciones que contribuyan a la consolidación de la orientación doctrinal a que se contrae el referido criterio jurisprudencial. Así pues, textualmente acotó la Sala Plena en la prenombrada sentencia que:

“…si bien es cierto que en atención a lo estatuido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan, no es menos cierto que, tal principio admite la excepcionalidad del fuero subjetivo atrayente, sin que ello implique subvertir el carácter de orden público que posee la normativa destinada a regular la competencia, pues la excepción al aludido dispositivo legal, en el marco de la integralidad del ordenamiento jurídico positivo, no se presenta como una colisión, sino antes bien, como una complementariedad que obedece y responde a la expresa voluntad del constituyente patrio cuando en el artículo 78 de la Carta Magna contempló que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el Poder Judicial, en tanto rama del Poder Público Nacional, en ejercicio de las funciones conferidas le corresponde contribuir con la realización de los f.d.E., lo cual, en el caso del tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, inexorablemente deberá concretarse por conducto de los tribunales especializados, habida cuenta de la compleja y alta responsabilidad que significa brindarles el oportuno, íntegro y cabal amparo que presupone el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

(omissis)

Ciertamente, a juicio de esta Sala Plena, no cabe la menor duda que en el literal l del parágrafo primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reside el conferimiento a la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes de la competencia para conocer y decidir lo tocante a las acciones mero declarativas de uniones concubinarias, pues, aún cuando en su texto no se contempla ni se alude expresamente a las citadas acciones mero declarativas, la interpretación progresiva de dicho dispositivo normativo a la luz de los valores, principios y preceptiva constitucional, así como su desarrollo legislativo y jurisprudencial, razonable y coherentemente conduce a tal conclusión. Tanto más cuanto que, la norma jurídica bajo análisis, contempla las uniones estables de hecho, las cuales fueron calificadas por la Sala Constitucional como equivalentes a las uniones matrimoniales, en sentencia número 1682 de fecha 15 de julio de 2005, a propósito de la interpretación que realizara sobre el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho fallo, categóricamente afirmó el máximo órgano de interpretación constitucional, que “…en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.”. En suma, de la valoración de los lineamientos que se infieren de la interpretación del artículo 77 constitucional, conjuntamente con lo establecido en el precitado artículo 177, lo procedente conforme a lo contemplado y a la progresiva orientación humanista del sistema jurídico positivo patrio, es que la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes sea la que conozca de los juicios destinados al reconocimiento judicial de uniones concubinarias.”

A mayor abundamiento acerca de lo desarrollado en el extracto precitado, cabe adicionar que parte significativa de la realización de lo que representa y persigue el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, está inexorablemente vinculado con la cuestión de garantizar la idoneidad de la autoridad pública que le corresponde dirimir una controversia, en especial, si en dicha disputa están involucrados intereses y derechos de niños, niñas y adolescentes, pues como se ha afirmado precedentemente, es obligación del Estado con prioridad absoluta brindar protección a los niños, niñas y adolescentes. De manera que, estando presente los derechos de niños, niñas y adolescentes, no cabe la menor duda que los órganos judiciales más idóneos para conocer y resolver al fondo de lo debatido, sean aquellos que integran la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, en virtud, valga la mención, a su especialidad sobre la materia. Por tanto, el Principio del Fuero Subjetivo Atrayente opera e incide plenamente en este contexto para determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de la materia en cuestión, lo cual, no constituye una contravención al principio procesal contemplado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, sino, se reitera, una complementariedad de cara a alcanzar los f.d.E., a cuya prescripción deben someterse todas las ciudadanas y ciudadanos que ejerzan funciones públicas, en procura de lograr su concreción….

De todo lo antes expuesto, colige este operador jurídico que en casos en los que se encuentren involucrados intereses y derechos de niños, niñas y adolescentes previstos en la legislación especial de menores, los mismos deben resguardarse pues el principio rector del interés superior del niño, “que es de carácter hermenéutico, conlleva a interpretar los casos en que estos se vean involucrados desde una perspectiva sistemática, holística y en contexto de vida social”. Tanto así, que la consideración primordial que deben tener estos derechos o garantías en la toma de decisiones, exige que deben primar por sobre otros intereses.

No en vano, la disposición contenida en el artículo 78 constitucional estatuye que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Ley, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República.

Ahora bien, parafraseando al ilustre Chiovenda, “la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en concreto, se llama su competencia”; y es ello lo que origina que cada vez que se proponga la demanda ante un juez a quien no le corresponda conocerla según las reglas de competencia, se diga que dicho juez es incompetente.

En este mismo orden de ideas, el eximio A.R.-Romberg considera, que la competencia “se caracteriza, en general, por su inderogabilidad convencional, salvo en aquellos casos establecidos por el Código y las leyes especiales”.

Sucede pues, que el precepto contenido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil consagra la triple distinción, entre la incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47 eiusdem, declarable aun de oficio en cualquier estado e instancia del proceso; y la incompetencia por el valor, declarable aun de oficio en cualquier momento del juicio en primera instancia.

Tal competencia por la materia, siendo de eminente orden público, y por tanto absoluta, puede declararse en cualquier estado y grado del proceso; lo que está vinculado con la garantía judicial de ser juzgado por el juez natural, previsto en el artículo 49 del Texto Constitucional.

Sobre este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 144, de fecha 24 de marzo de 2000, precisó lo siguiente:

…Como el ser juzgado por el juez natural es una garantía judicial, y un elemento para que pueda existir el debido proceso, la abrogada Constitución de 1961 en su artículo 69, así como la vigente en su artículo 49, consagran el derecho de las personas naturales o jurídicas a ser juzgadas por dicho juez natural (…). La comentada garantía judicial, es reconocida como un derecho humano por el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San J.d.C.R. y por el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad (…)

En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor V.G.S. (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: (…) 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. (…) y 6) que el juez sea competente por la materia. Se considerará competente por la materia aquel que fuera declarado tal al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, situación que no ocurrió en este caso; o [cuando] en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia

. (Resaltado y subrayado de la Sala)

De lo anteriormente expuesto puede concluirse que al sustentarse la pretensión de COBRO DE BOLÍVARES (Procedimiento Intimatorio) y señalarse la existencia de un menor de edad, que integra la presente contienda judicial, resulta incompetente este Tribunal para conocer esta causa en razón a la materia, por estar atribuida a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal “m” del parágrafo primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA): Así se establece.-

III

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declara funcionalmente INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, intentada por el ciudadano M.S.P.T. contra los ciudadanos G.T.G.; HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS S.C.P.; L.C.C.; L.M.A.P., quién actúa en su propio nombre y en su condición de madre y representante legal del menor S.M.C.A., resultando competente el Tribunal de Juicio de Protección del Niño, Niña y Adolescente de esta Circunscripción Judicial, por lo que SE DECLINA LA COMPETENCIA, y se ordena la remisión del expediente una vez vencido el lapso consagrado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 17 días del mes de enero de 2014. Años 203º y 154º.

El Juez,

Abg. C.A.R.R.

El Secretario Accidental

Abg. L.E.R.

En esta misma fecha, siendo las 10:58 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

El Secretario Accidental

Abg. L.E.R.

Asunto: AP11-M-2011-000541

CARR/LERR/AT