Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 17 de Diciembre de 2008

En el cumplimiento del contrato de arrendamiento celebrado el 18 de Abril de 2006, sobre el inmueble antes identificado, y en consecuencia en entregar el mismo totalmente desocupado de bienes y personas, en buen estado y solvente de los cánones de arrendamiento y de todos los servicios.

En pagar la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs.4.500,00), por concepto del servicio de agua y aseo urbano.

En pagar la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS BOLIVARES ERTES (Bs.3.200,00) mensuales hasta la entrega definitiva del local arrendado, ello como indemnización por el uso.

En pagar la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.40.000.00), por concepto de daños y perjuicios en virtud del confesado y reiterado incumplimiento por parte de la arrendataria de sus obligaciones contractuales y legales. En pagar las costas y costos del presente proceso, así como los honorarios de abogados.

Solicito sea indexada la cantidad adeudada, que forme parte de la condenatoria la Sentencia que se dicte en la oportunidad respectiva en virtud del alto índice de inflación que azota el país y la devaluación de nuestro signo monetario.

MEDIDA PREVENTIVA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 588 y 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, solicito se decrete medida de secuestro sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, con fundamento al vencimiento del contrato de arrendamiento y asimismo conforme lo establecen los artículos 585, y ordinal 1° del artículo 588 Código de Procedimiento Civil, solicito se decrete medida preventiva de embargo sobre los bienes propiedad del demandado.

Como parte accionarte e interesados en el decreto cautelar hemos de proporcionar al Juez los medios de prueba que hagan presumir el olor a buen derecho y la presunción grave de lo reclamado, es por esto que de los hechos narrados se evidencia que la solicitud de medida preventiva de secuestro y embargo cumple con los requisitos exigidos por nuestro legislador, a saber; en este caso existe medio de prueba que constituye presunción grave del derecho reclamado, ya que estamos en presencia de un contrato de arrendamiento escrito a tiempo determinado, acompañado a este escrito marcado con la letra "A", que constituyen prueba fehaciente de lo reclamado y de donde emergen las obligaciones ; de LA ARRENDATARIA en la entrega del inmueble; e igualmente se evidencia que existe posibilidad cierta de que el fallo quede ilusorio, pues nos encontramos en presencia de una inquilina que no cumple con sus principales obligaciones, es decir, la de entregar el inmueble en el día pactado, de mantener el inmueble en buen estado, y de cuidarlo como un buen padre de familia, por lo que la tardanza de un proceso judicial podría llevar a la inquilina a insolventarse en sus activos, y no cumplir con sus obligaciones, además de producir deterioros al inmueble objeto del contrato, es así como solicitamos el decreto cautelar.…”

3. En la sentencia definitiva dictada el 30 de octubre de 2008, por el Juzgado “a-quo”, se lee:

   …Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

   PRIMERO: SIN LUGAR la acción de cumplimiento de contrato intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN C. A., contra la empresa INCOLGOMASINTATEX C .A, en fecha 18 de abril del año 2006-.-

   SEGUNDO: CON LUGAR la reconvención propuesta por la demandada reconviniente INCOLGOMASINTATEX C .A, contra la demandante reconvenida INVERSIONES MASCOTIN C. A., ambas identificadas en autos, en consecuencia se condena a ésta última para cumpla con el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 18 de abril de 2006 sobre el inmueble identificado en autos, que lo entregue libre de personas y cosas, en buen estado y solvente en todos los servicios. Para que pague la cantidad de Bs. F. 4.500,00 por concepto de servicio de agua y de aseo urbano. Para que pague la cantidad de Bs. F. 3.200,00 mensuales hasta la entrega definitiva del inmueble arrendado. A pagar Bs. F. 40.000,00 por concepto de daños y perjuicios causados. A pagar las costas y costos del proceso. Se ordena la indexación solicitada a traves de una experticia complementaria del fallo y así se decide.-

   De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante reconvenida por haber resultado vencida.-.…

4. En la diligencia de fecha 04 de noviembre de 2008, suscrita por la abogada EDYDALEN SIERRA, en su carácter de apoderado judicial de la accionante, se lee:

   …Apelo por ante el Superior competente de la sentencia definitiva emitida por este Tribunal en la presente causa…

5. En el auto dictado por el Juzgado “a-quo”, el 10 de noviembre de 2008, en la cual oye la apelación interpuesta por la apoderada actora, en ambos efectos ordenando remitir el expediente al Juzgado Superior Distribuidor.

PRUEBAS CONSIGNADAS CON EL LIBELO DE LA DEMANDA

1. - Copia certificada de Inspección Judicial, evacuada por el Juzgado del Municipio Bejuma de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 27 de noviembre de 2007.

   La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de noviembre de 2000, estableció que para que un medio de prueba preconstituido pueda ser válida en un juicio, debe ser practicada dentro de los supuestos establecidos en el artículo 1.429 del Código Civil, vale señalar, que su procedencia estará sujeta a que se alegue el que puedan desaparecer con el transcurso del tiempo, los hechos o circunstancias que se pretenden probar, limitándose su promovente a señalar que la misma se promovió, para dejar constancia del estado y circunstancia de hechos o cosas; pero no alegó cuales de estos estados o circunstancias podían desaparecer con el transcurso del tiempo, quedando afectada dicha prueba en su legalidad, y en consecuencia no puede ser apreciada de acuerdo a la jurisprudencia citada; Y ASÍ SE DECIDE.

2. - Copia simple de contrato de arrendamiento suscrito en fecha 18 de Abril de 2006 bajo el N° 100, Tomo IX de los Libros de Autenticación, por ante la Notaria Bejuma de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

   El documento marcado “B”, al no haber sido impugnado en la oportunidad correspondiente se les da pleno valor probatorio, razón por la cual se tienen como fidedignos, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para dar por probado el contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad de comercio INCOLGOMASINTATEX, C.A. y la empresa INVERSIONES MASCOTIN, C.A..

3. - Original de comunicación en fecha 13 de marzo de 2007 emanada por el ciudadano G.E.B.T., en representación de la sociedad de comercio INCOLGOMASINTATEX, C.A.

   Este Sentenciador observa que dicho instrumento es de los llamados “documentos privados”, el cual al no haber sido desconocido, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el mismo adquirió el carácter de documento privado tenido legalmente como reconocido, por lo que esta Alzada le da valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, para dar por probado que la manifestación de voluntad por parte de la arrendadora de aumentar el canon de arrendamiento del local N° 11 arrendado de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (2.500.000,00 Bs.), a SEIS MILLONES DE BOLIVARES (6.000.000,00 Bs.).

4. - Original del ejemplar del Diario del Centro, donde consta la publicación de la Sociedad Mercantil Alimentos Concentrados Camacho, C. A., registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 09 de Julio de 2007, bajo el N° 9, tomo 59-A, la cual consta en dicha publicación.

   El instrumento sub-examine lo constituye un periódico de circulación nacional diaria denominado por la doctrina como “instrumentos comunicacionales”, el cual se aprecia de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

5. - Original de acta de fecha 07 de Junio de 2007 levantada en la Sindicatura de la Alcaldía del Municipio Bejuma.

   El instrumento marcados “E” constituye documento de los llamados “administrativos”, por estar suscritos por un funcionario público competente; los cuales la jurisprudencia, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, los ha categorizado como “documentos públicos”, por lo que deben admitidos y valorados por el jurisdicente (conocimiento jerárquico vertical) como tales; por lo que esta Alzada le da valor probatorio a los mismos, teniéndoseles como fidedignos, a tenor de lo establecido en el artículo 1384 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429, del Código de Procedimiento Civil, para dar por probado que el Arrendador dió un plazo de OCHO (08) Meses para entregar el inmueble, plazo que vencería el 31 de Diciembre de 2007, reconociéndosele el pago de agua y aseo urbano.

   PRUEBAS CONSIGNADAS CON EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA y RECONVENCIÓN

1. - Original de contrato de arrendamiento suscrito entre la sociedad de comercio INCOLGOMASINTATEX, C.A. y la sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN, C.A., autenticado por ante la Notaria Pública de Bejuma, Municipio Bejuma del Estado Carabobo, en fecha 19 de Abril de 2006, bajo el N° 100, Tomo IX, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria.

2. - Original de comunicación de fecha 13 de marzo de 2007, suscrita por el ciudadano G.E.B.T., en representación de la sociedad de comercio INCOLGOMASINTATEX, C.A., dirigida al ciudadano C.A.A., en su carácter de Director gerente de la sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN, C.A.

3. - Original de Acta de fecha 07 de junio de 2007, levantada por la Sindicatura de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Bejuma.

   Con relación a las pruebas promovidas signadas con los numerales 1, 2 y 3, observa este sentenciador que las mismas fueron valoradas con anterioridad; valoración que se da por reproducida.

   PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA.

   Durante el lapso probatorio la abogada A.G.H.L., en su carácter de apoderada judicial de la accionada, promovió las pruebas siguientes:

1. - Invocó y reprodujo el contenido del contrato de arrendamiento, autenticado por ante la Notaria Pública de Bejuma, Municipio Bejuma del Estado Carabobo, en fecha 19 de Abril de 2006, bajo el N°100. Torno IX, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria.

   Este Sentenciador al analizar las pruebas acompañadas al escrito libelar, se pronunció sobre la valoración de las mismas, razón por la cual dá por reproducida dicha valoración.

2. - Invoco y reprodujo la confesión judicial de la demandante reconvenida INVERSIONES MASCOTIN. C.A., cuando en el escrito libelar deja al descubierto su evidente falta de cualidad al señalar: “…Ahora bien en la actualidad la planta procesadora de alimentos que funciona en dicho local industrial y que pertenece a la Sociedad Mercantil Alimentos Concentrados Camacho. C.A.. Sociedad Mercantil registrada por ante el Registro Mercantil Primera de la Circunscripción judicial del Estado Carabobo en fecha 09 de Julio de 2007, bajo el N° 9, tomo 59-A. según anexo de publicación de Registro Mercantil marcado con la letra "D'". Ciudadano Juez la Sociedad Mercantil Alimentos Concentrados Camacho, C.A.. de la cual nos acarrea una perdida mensual en la producción de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (8.000.000.00 Bs.) en virtud de las constantes perturbaciones de El Arrendador al impedir el uso y disfrute de (sic) inmueble arrendado a Inversiones Mascotin, C.A., representado en la suspensión del servicio de agua potable del inmueble arrendado. Ciudadano Juez, El Arrendador ha incumplido sus obligaciones de dejarnos gozar y disfrutar el bien inmueble arrendado v por lo tanto con su actitud ha impedido la adecuada producción económica de Alimentos Concentrados Camacho, C.A., empresa propietaria de la planta,…”

   Es decir, el inmueble es ocupado por ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO, C.A., persona totalmente distinta a la inquilina INVERSIONES MASCOTIN, C.A., y es a esta persona jurídica distinta ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO, C.A., que la misma parte actora señala se han causado supuestos daños en la ocupación del inmueble, por lo que es evidente la total falta de cualidad de la demandante INVERSIONES MASCOTIN. C.A., para ejercer la presente acción por daños y perjuicios, en virtud que no ocupa el inmueble objeto de arrendamiento, como bien lo confiesa, los supuestos daños se le han causado a la producción económica de ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO, C.A..

   Observa este Sentenciador que no es posible extraer una confesión del libelo de la demanda, ya que sobre tal improcedencia ha señalado nuestra reiterada jurisprudencia patria que: No es cierto que el libelo de la demanda constituya una confesión del actor, pues en los libelos se afirman hechos indiferentes que no resultan ni favorables, ni adversos como para influir en los dispositivos de los fallos, Y ASÍ SE DECIDE.

3. - Invocó y reprodujo el contenido de la Cláusula Tercera del contrato de arrendamiento acompañado al escrito de contestación-reconvención, ello con el objeto de demostrar que el contrato de arrendamiento es a término fijo.

   En relación con esta pruebas este Sentenciador advierte que con anterioridad se ha pronunciado sobre la misma, al analizar las pruebas acompañadas al escrito libelar, razón por la cual dá por reproducido dicho pronunciamiento.

4. - Invocó y reprodujo el contenido de la carta de fecha 13 de marzo de 2007, dirigida al ciudadano C.A.A., Director Gerente de la sociedad de de comercio INVERSIONES MASCOTIN. C.A., la cual fue acompañada al libelo de demanda, y al escrito de contestación-reconvención, donde se evidencia la oferta de nuevo canon de arrendamiento que hizo su representada a INVERSIONES MASCOTIN. C.A..

   En cuanto a la prueba promovida en el numeral 4, no fue admitida por el Tribunal de la causa, tal como consta del auto dictado el 15 de octubre del 2008 (folio 121), por no haber indicado el objeto de las mismas, en consecuencia esta Alzada las desestima, Y ASÍ SE DECIDE.

5. - Invocó y reprodujo el contenido de la Acta Convenio celebrado por ante la Sindicatura de la Alcaldía del Municipio Bejuma, Estado Carabobo de fecha 07 de Junio de 2007, acompañada al escrito de contestación-reconvención, donde se evidencia que a través del Acta convenio se le otorgó a la demandante la prorroga legal, y por el hecho que la intención entre las partes era la de solucionar de forma extrajudicial las diferencias, y en virtud de tratarse de una transacción en donde ambas partes se otorgaron reciprocas concesiones, se acordaron dos (2) meses adicionales a la prorroga legal que le correspondía la cual era de seis (6) meses, y dicha prorroga legal vencía el 31 de diciembre de 2007.

   Con la cual se evidencia que el contrato locativo es a termino fijo, y de existir la posibilidad o no de prorroga, esta es condicionada a la voluntad de ambas partes la cual debía ser notificada con un mes de anticipación, y al hecho que de verificarse la prorroga, el canon de arrendamiento debía ser aumentado, siendo así se propuso la nueva oferta de canon de arrendamiento, en tiempo útil, la cual INVERSIONES MASCOTIN, C.A., no aceptó, posteriormente, en acta convenio se puso fin a la relación locativa, y se le otorgó el derecho a prorroga legal, y la misa tenía fin el 31 de diciembre de 2007, por estas razones está perfectamente demostrado que el contrato de arrendamiento se cumplió, es decir, la relación locativo llegó a su fin, por lo que es perfectamente procedente la reconvención propuesta por cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del término.

   En relación a esta prueba este sentenciador advierte que con anterioridad se ha pronunciado sobre los mismos, al analizar las pruebas acompañadas al escrito libelar, razón por la cual dá por reproducido dicho pronunciamiento.

6. - Promovió en dos (2) folios útiles copia fotostática del documento de propiedad del Centro Comercial donde se evidencia que efectivamente la sociedad de comercio INVERSIONES DON LUCCA. C.A., es la propietaria del inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

   Observa este Sentenciador que lo que se pretende probar por este medio es el hecho de que la sociedad de comercio INVERSIONES DON LUCCA. C.A., es la propietaria del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, lo cual no constituye un hecho controvertido en la presente causa, por lo que se le desecha dada la impertinencia de la misma, Y ASI SE DECIDE.

7. - Invocó y reprodujo el contenido del Oficio N° 2598, de fecha 19 de Septiembre de 2006, emanado del Ministerio de Ambiente, donde consta que INVERSIONES DON LUCCA, C.A., ejecutó obras de perforación de pozo profundo en terrenos de su propiedad, para garantizar al centro comercial, y a todos los locales, la prestación del vital líquido, por lo que siendo la propietaria INVERSIONES DON LUCCA, C.A., la responsable de suministrar el vital líquido a de todo el centro comercial, es esta persona quien lo administra y a quien finalmente se le ha de pagar por los servicios que recibe el inmueble

8. - Ahora bien, para ahondar más al respecto debo indicar, que a los fines de esta prestación de servicio la sociedad de comercio INVERSIONES DON LUCCA, C.A., ejecutó obras de perforación de pozo profundo en terrenos de su propiedad, para garantizar al centro comercial, v a todos los locales, la prestación del vital líquido, dichas obras fueron autorizadas y supervisadas por el Ministerio de Ambiente, así consta del Oficio N° 2598, de fecha 19 de Septiembre de 2006.

9. - Solicito del Tribunal se sirva constituir v trasladar en el inmueble objeto del contrato de arrendamiento ubicado en el Sector Banco Largo, Cene Industrial Battah, Local N° 11, Municipio Bejuma, Estado Carabobo, a los fines que por vía de inspección ocular, deje constancia de lo siguiente:

   A: Del lugar donde se encuentra constituido el Tribunal.

   B: Se deje constancia de las personas que ocupan el inmueble.

   C: Se deje constancia de que empresa o establecimiento comercial funciona en el inmueble, y que es lo que fabrican o distribuyen.

   D: Se deje constancia de las condiciones en las cuales se encuentra el inmueble, específicamente del estado en el cual se encuentran los pisos, paredes techos; si existe alguna demolición aparente, del estado en cual se encuentran los baños, si los mismos poseen todas sus piezas sanitarias completas.

   Observa este sentenciador que las pruebas contenida en los numerales 7, 8 y 9 no fueron admitidas por el Juzgado “a-quo”, tal como se evidencia del auto dictado el 15 de octubre del 2008, sin que hubiere el promovente apelado del mismo, razón por la cual dicha decisión quedó firme, y por ende esta Alzada no puede entrar a conocer y decidir sobre una prueba que no le ha sido sometida a su consideración, Y ASÍ SE DECIDE.

10. - Promovió experticia judicial a los fines de dejar constancia de las condiciones en las cuales se encuentra el inmueble de los deterioros que ha sufrido, de la devaluación del precio del inmueble en el mercado a causa de 1os daños que presenta el inmueble. Para lo cual solicitó se designara perito experto, para la práctica de la experticia solicita.

    Este Sentenciador observa que dicha prueba fue admitida por el Juzgado “a-quo” mediante auto dictado el 15 de octubre de 2008, fijando el 2º día de despacho siguiente para que tuviera lugar el nombramiento de Expertos, no realizándose el acto de nombramiento de experto, razón por la cual al no haber sido evacuada dicha experticia, nada se tiene que a.c.r.a.l. misma, Y ASÍ SE DECIDE.

11. - Promovió prueba de Informes dirigida al Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil Municipio Bejuma del Estado Carabobo, a los fines que informe si ha realizado inspección en un inmueble ubicado en el sector Banco Largo, Centro Industrial Battah, Local N°11, Municipio Bejuma, Estado Carabobo en caso de haber realizado tal inspección informe que observo en el inmueble antes identificado y las conclusiones a las cuales llego luego de la inspección.

    Este Sentenciador observa que dicha prueba fue admitida por el Juzgado “a-quo” mediante auto dictado el 15 de octubre de 2008, librándose Oficio N° 1420, en esa misma fecha al Cuerpo de Bomberos del Municipio Bejuma, sin haberse recibido respuesta alguna por parte de dicho Cuerpo Bomberil; por lo que nada se tiene que a.c.r.a.l. misma, Y ASÍ SE DECIDE.

Como punto previo observa este Sentenciador que la demandada de autos opuso la falta de cualidad de la parte actora, INVERSIONES MASCOTIN C.A., para ejercer la presente acción de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, dado que quien suscribió contrato de arrendamiento con la empresa INCOLGOMASINTATEX C. A., el 18 de abril de 2006, sobre un local industrial ubicado en el Sector Barrio Largo, Centro Industrial Battah, local 11 en la población de Bejuma del Estado Carabobo, lo fue la referida empresa, y no la sociedad mercantil ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO, C.A., que es a quien la parte actora señala le han causado supuestos daños en virtud de las constantes perturbaciones por parte del arrendador al impedir del uso y disfrute del inmueble arrendado.

Lo que hace considerar a este Tribunal:

Que en el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, se señala:

Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar y sostener el juicio... (Omissis)

.

La falta de cualidad o de interés en el actor o en el demandado para intentar o para sostener el juicio respectivamente, constituye una defensa perentoria que debe ser opuesta por el demandado en el acto de la contestación de la demanda, para que pueda el Juez decidirla en la sentencia definitiva”.

La doctrina moderna del proceso ha tomado del derecho común la expresión legitimación a la causa para designar este sentido procesal de falta de la noción de cualidad, y según ella se refiere al actor o al demandado y es la llamada legitimación a la causa activa o pasiva, es decir que es la cualidad necesaria de las partes.

La cualidad desde el punto de vista procesal, expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor y aquella a quien la Ley le concede la acción (cualidad activa), y entre la persona del demandado y aquella contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva).

En esta materia, la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 09 de septiembre de 1989, sostuvo que:

… (Omissis) según el nuevo sistema acogido ahora por el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, cuando la falta de cualidad o interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio se hace valer al contestar de fondo la materia, la vieja excepción cambia de naturaleza jurídica y de inadmisibilidad que era, se transforma en perentoria con la finalidad que se declare infundada la demanda. Por consiguiente, la cualidad o interés en el actor para intentar el juicio y en el demandado para sostenerlo, se presenta al examen como una cuestión prejudicial en los procesos lógicos del sentenciador y si tal defensa perentoria prospera, tendrá como efecto inmediato desechar la demanda pero por infundada

.

En el caso sub-judice, el demandante INVERSIONES MASCOTIN C.A., se atribuye la titularidad de un derecho, derivado del contrato de arrendamiento suscrito con la sociedad mercantil INCOLGOMASINTATEX, C.A, el cual le confirió el carácter de arrendataria y cuyo cumplimiento se demanda; sin embargo manifiesta en su escrito libelar que en el inmueble, objeto del contrato: “….en la actualidad funciona una planta procesadora de alimentos que pertenece a la sociedad de comercio ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO C.A., ….ante las continuas agresiones de parte del ciudadano G.E.B.T., al suspender el servicio de agua y electricidad, el cual es indispensable para el cometido de la empresa demandante, la cual se dedica a la fabricación de alimentos para animales, ha causado graves daños materiales en perjuicio económico de la demandante, que dicha sociedad de comercio ha tenido perdidas mensuales en la producción por el orden de los Bs. 8.000.000,00…; ….demandando el cumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de la arrendador y establecer los daños y perjuicios causadas a su representada por su incumplimiento…”

Por otra parte, al respecto, de la falta de cualidad, conocida también en la doctrina como legitimatio ad causam, es una excepción procesal perentoria; y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 23-09-2003, con ponencia del Magistrado: HADEL MOSTAFA PAOLINI, señaló:

La cualidad o legitimatio ad causam es condición especial para el ejercicio del derecho de acción y se puede entender siguiendo las enseñanzas del Dr. L.L., como aquélla….

Relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la Ley le concede la acción o la persona contra quien se concede y contra quien se ejercita en tal manera…..(contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad”. Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolano, Caracas 1987, pág. 183.).”

Por ello, es que el proceso judicial está regido por el principio de la bilateralidad de las partes, esto es, un demandante y un demandado, quienes para actuar efectivamente en el proceso deben estar revestidos de cualidad o legitimation ad causam, cuya noción apunta a la instauración del proceso entre quienes se encuentran frente a la relación material e interés jurídico como contradictores, alude a quienes tienen derecho por determinación de la ley para que en su condición de demandante y demandado resuelvan sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional, y ello constituye entonces la cualidad, uno de los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido y si el demandado puede ser condenado a cumplir la obligación que se le trata de imputar.

Tal como acotase el Profesor DEVIS ECHANDÍA, en su obra Tratado De Derecho Procesal Civil. Tomo I, al señalar:

Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su verdadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo. Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general, pero si falta es más apropiado decir que ésta es improcedente, porque así se da mejor idea de la situación jurídica que se presenta; no procede entonces resolver sobre la existencia del derecho o relación jurídica material, y el juez debe limitarse a declarar que está inhibido para hacerlo. Y se debe hablar de demanda infundada, cuando no se prueba el derecho material alegado o cuando aparezca una excepción perentoria que lo desvirtúe o extinga.

Estos es la legitimación ad causan la cual, es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, y así ya la Sala Constitucional de nuestro m.T. lo ha sostenido:

la legitimación ad causan es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene derecho a lo pretendido y el demandado la obligación que se le trata de imputar.

Lo que hace necesario para este sentenciador, analizar el contrato de arrendamiento suscrito, valorado por este Alzada, por INCOLGOMASINTATEX, C.A. e INVERSIONES MASCOTIN, C.A.

Evidenciándose del contenido de la cláusula CUARTA, de dicho contrato que:

…El arrendatario se compromete a no ceder, no traspasar este contrato, ni a sub arrendar total o parcialmente el local en consecuencia el arrendador no reconocerá como inquilino sino a la persona que suscribe este contrato…

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Y siendo que el inmueble objeto del contrato, según el dicho de la propia accionante, es ocupado por la sociedad mercantil ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO C.A., persona totalmente distinta a la inquilina INVERSIONES MASCOTIN C.A. y siendo igualmente que, es a esta persona jurídica, totalmente distinta a la arrendataria INVERSIONES MASCOTIN C.A., a quien la actora señala se le han causado supuestos daños en la ocupación del inmueble, sería ésta, vale señalar ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO, C.A., a quien le correspondería el ejercicio de la acción, vale señalar, es quien sería el legitimado ad-causam por lo que es evidente la total falta de cualidad de la demandante INVERSIONES MASCOTIN C. A., para ejercer la presente acción.

Por lo que al desprenderse de las actas procesales que la falta de cualidad o la falta de interés en el actor, para intentar o sostener el juicio, se hizo valer por parte del accionado, al contestar de fondo de la demanda; y si tal defensa perentoria prospera, tendrá como efecto inmediato el desechar la demanda; dado que la misma, es un presupuesto material de la sentencia favorable que tiene que acreditar el demandante, pues, a el corresponde la carga de la prueba de todos aquellos supuestos que hacen aplicable la norma productora del efecto jurídico deseado por el demandante.

En este sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 1992, señaló:

…Por una parte, nuestra doctrina procesal, distingue lo que ha de entenderse por ‘legitimidad ad causam’, esto es, ser titular del derecho que se cuestiona, el cual no es un presupuesto para la existencia y validez del proceso, sino, como señala Couture, sería un presupuesto para una sentencia favorable

De esto se desprende, que no todo sujeto procesal tiene legintimación ad causam, pero, sin embargo, el proceso existe y es válido, o es en éste en donde se declara a favor o no su legitimidad sustancial…

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En este orden de ideas, entendiendo la cualidad como la idoneidad de la persona para actuar en juicio, la cual deviene de la titularidad del derecho deducido, y dado que los supuestos daños alegados por la parte actora, sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN, C.A., presuntamente lo fueron en perjuicio de la sociedad mercantil ALIMENTOS CONCENTRADOS CAMACHO, C.A., es forzoso concluir, en observancia a lo previsto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que establece que no puede hacerse valer en juicio en nombre propio un derecho ajeno; que la referida defensa perentoria de falta de cualidad de la parte actora, para ejercer la presente acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios, debe prosperar; y ASI SE DECIDE.

Cumpliendo con el principio de la exhaustividad de la sentencia, este sentenciador pasa a pronunciarse con relación a la reconvención formulada por la parte demandada.-

Como punto previo, se observa, que en el escrito presentado en fecha 27 de octubre de 2008, por la apoderada actora, abogada EDYDALEN SIERRA OJEDA, se señala, que la parte demandada debe tenerse como confesa, en virtud de no haber dado contestación a la presente demanda en su debida oportunidad y no habiendo promovido oportunamente las pruebas.

En tal sentido resulta oportuno acotar que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 981, de fecha 11 de mayo de 2006, (caso: “José del C.B. y otros”), estableció lo siguiente:

...la figura de la confesión ficta que surge ante la falta de contestación de la demanda, cuando el demandado no probare nada que le favoreciere y cuando la petición del actor no sea contraria a derecho no podrá configurarse cuando el demandado conteste anticipadamente la demanda, sino sólo en aquellos casos en que el demandado no de contestación a la demanda o lo haga vencido el lapso legal respectivo.

Ahora bien, debe destacar esta Sala que el criterio anteriormente establecido es sólo aplicable a aquellos casos en que la contestación de la demanda se debe verificar dentro de un lapso establecido en la ley adjetiva, como es el caso del juicio ordinario, donde el demandado cuenta con un lapso de veinte (20) días de despacho para contestar la demanda, en forma indistinta, el cual en todo caso debe dejarse correr íntegramente en virtud de principio de la preclusividad de los lapsos procesales y no para el caso en que la contestación de la demanda deba verificarse en un término, como sería en el supuesto del juicio breve, donde la parte demandada debe contestar la demanda al segundo día de despacho siguiente a la citación y la parte actora podría ver vulnerado su derecho a la defensa cuando en esa oportunidad el demandado oponga cuestiones previas y la parte actora tiene oportunidad para contradecirlas. ...Omissis...

(Subrayado de esta Alzada).

Igualmente en sentencia N° 1904 del 11 de noviembre de 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó la validez de la contestación de la demanda de forma anticipada en un procedimiento breve, tal como lo constituye el juicio por resolución de contrato de arrendamiento y, dentro de esa perspectiva citó la sentencia N° 2973 del 10 de octubre de 2005, (caso: “Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.”), y concluyó que:

Ahora bien, estima la Sala que en el presente caso, el adelantamiento en la contestación de la demanda, no constituyó per se perjuicio alguno a la parte actora, por cuanto la misma no se efectuó -tal como lo indicó la accionante- en detrimento, con aventajamiento, o en desmedro de los derechos de la demandante. En tal sentido, observa la Sala que a pesar de que el caso sub júdice se trata de un juicio breve, el mismo efectivamente se desarrolló en formas similares con las del juicio ordinario, ya que al no haber sido opuestas cuestiones previas por el demandado, de ninguna manera podría haber resultado afectada la parte actora; en consecuencia, la contestación de la demanda debió ser considerada tempestiva; y así se declara

.

Partiendo de ello, esta Alzada en acatamiento del criterio sentado por la Sala Constitucional al verificar que en el caso de autos que, de existir un adelantamiento en la contestación de la demanda, éste no causó ningún agravio a la parte actora, en virtud de que no fueron opuestas cuestiones previas por la demandada, y debiendo entenderse que la parte demandada tuvo en todo momento la intención y la diligencia de ejercer su defensa, resultaría contrario al derecho a la defensa de los litigantes declarar confeso al demandado, por el hecho de haber efectuado la actuación en cuestión en la oportunidad señalada; en consecuencia, la contestación de la demanda debe ser considerada tempestiva, Y ASÍ SE DECIDE.

Decidido lo anterior, continúa Alzada pronunciándose con relación a la reconvención propuesta por la parte accionada reconviniente.

A tales efectos se observa que, INCOLGOMASINTATEX, C.A., reconviene a INVERSIONES MASCOTIN C.A., alegando que ésta no ha cumplido con sus obligaciones como arrendataria, ya que adeuda la cantidad de Bs. 4.500.000,00 por servicio de agua; que incumplió el acta convenio al no entregar el inmueble en la oportunidad convenida; y por el incumplimiento constituido por el hecho de haber cedido o sub arrendado el inmueble, en contravención a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, por lo que demanda a la sociedad de comercio INVERSIONES MASCOTIN C.A., para que cumpla con el referido contrato de arrendamiento, celebrado en fecha 18 de abril de 2006, sobre el inmueble identificado en autos, solicitando:

1. - Que lo entregue libre de personas y cosas, en buen estado y solvente en todos los servicios.

2. - Pague la cantidad de Bs. F. 4.500,00 por concepto de servicio de agua y de aseo urbano.

3. - Pague la cantidad de Bs. F. 3.200,00 mensuales hasta la entrega definitiva del inmueble arrendado.

4. - Pague la cantidad de Bs. F. 40.000,00 por concepto de daños y perjuicios causados, dado el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

A pagar las costas y costos del proceso, igualmente solicitó la indexación de las sumas demandadas.

Asimismo se observa del contrato de arrendamiento, analizado y valorado por esta alzada, se desprende el carácter que tiene el actor reconvenido, vale señalar el carácter de arrendatario, lo que lo hace sujeto de las obligaciones contenidas en la relación jurídica contractual; evidenciándose de las actas procesales que, en la oportunidad de la contestación a la reconvención, la parte demandante INVERSIONES MASCOTIN C.A., no compareció a dar contestación a la reconvención planteada.

Lo que hace necesario traer a colación el contenido del artículo 367 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

Si el demandante no diere contestación a la reconvención en el plazo indicado, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del reconvincente, si nada probare que le favorezca.

En cuanto a la figura de la confesión ficta la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de junio de 2000, con ponencia del Magistrado OMAR MORA DIAZ, caso A.B.C., contra VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN S.A. (V.I.A.S.A.), Sentencia Nº 166, Expediente R.C. Nº 98-628, expresó lo siguiente:

“…Sobre la mencionada confesión ficta, declarada en el presente caso, la doctrina patria y la reiterada jurisprudencia, han establecido:

…La falta de contestación en nuestro derecho, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley debe aplicarse a los hechos establecidos. Ella admite prueba en contrario y se caracteriza, por tanto, como una presunción iuris tantum. (…) La disposición del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal: que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca

. (Rengel Romberg, Arístides; Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano; Volumen III, Editorial Arte, Caracas, 1992, pp. 313 y 134).

En el proceso cuando el demandado no comparece a dar contestación de la demanda, el artículo 362 establece en su contra la presunción iuris tantum de la confesión. Esta presunción admite la prueba limitada del demandado rebelde, a aquello que enerve la acción de la parte actora, mas no puede hacer uso de pruebas que recaigan sobre las excepciones que no opuso en la oportunidad legal de la contestación de la demanda. Vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que la parte demandada promueva alguna que le favorezca, la confesión queda ordenada por la Ley, no como presunción, sino como consecuencia legal, por haberse agotado la oportunidad de probanzas, aun en contra de la confesión. Ya el Juzgador, no tiene por qué entrar a conocer si la pretensión es o no procedente, si son veraces o falsos los hechos y la trascendencia jurídica de los mismos, sino que constatado que la pretensión no está prohibida por la Ley, lo cual es un hecho negativo, debe decidir ateniéndose a la confesión del demandado….”

Es reiterado el criterio jurisprudencial que señala que para que se haga procedente la presunción legal de la confesión ficta, se requieren tres requisitos a saber:

1. Que el demandado no diere contestación a la demanda;

2. Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho;

3. Que el demandado no probara nada que le favorezca durante el proceso.

En el caso sub iudice se observa que, en el término para que el accionante reconvenido diera contestación a la reconvención; el mismo, no dio contestación a la mutua petición, constituyéndose en consecuencia, el primer supuesto de la confesión ficta; asimismo se observa que éste, vale señalar, el accionante reconvenido, no promovió ningún medio probatorio que le favoreciera; teniéndose por cumplido el segundo supuesto de la confesión ficta; y siendo el caso, de que la reconvención propuesta no es contraria a derecho, en cuanto a lo peticionado consistente en: 1.- Que lo entregue libre de personas y cosas, en buen estado y solvente en todos los servicios. 2.- Pague la cantidad de Bs. F. 4.500,00 por concepto de servicio de agua y de aseo urbano. 3.- Pague la cantidad de Bs. F. 3.200,00 mensuales hasta la entrega definitiva del inmueble arrendado; se tienen por cumplidos los extremos de la confesión ficta del demandante reconvenido, contenidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, Y ASI SE DECIDE.

Ahora bien, en cuanto a los daños y perjuicios demandados por el ciudadano G.E.B.T., representante de la demandada reconviniente, en el petitum de su escrito de contestación y reconvención, esta Alzada observa que, conforme lo previsto en el artículo 7 del Decreto con Rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la protección que ella da a los arrendatarios es de orden público; en razón de lo cual debe analizarse el alcance de la noción de orden público y sus efectos en lo que respecta al caso sub iudice, entendido como orden público, según lo define el Diccionario Jurídico Venezolano, D & F, al “Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos…”. Siendo que en relación a las demandas de daños y perjuicios, se exige que se especifique el fundamento fáctico de la pretensión resarcitoria.

En este sentido expresa nuestro tratadista patrio A.R.R., en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III, lo siguiente:

Cuando el objeto de la pretensión es la indemnización de daños y perjuicios, el ordinal 7° del Artículo 340 exige que en la demanda se especifiquen éstos y sus causas. Lo que ha querido la ley con esta exigencia es que el demandante indique o explique en qué consisten los daños y perjuicios de su reclamación, y sus causas, con el fin de que el demandado conozca perfectamente lo que se le reclama y pueda así preparar su defensa, o convenir en todo o en parte en lo que se le reclama, si este fuere el caso; pero ello no quiere decir -ha dicho Casación- que se ha de pormenorizar cada daño y cada perjuicio, bastando que se haga una especificación más o menos concreta, señalando a su vez las causas

.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, constituye principio cardinal, en materia procesal, el principio dispositivo; conforme al cual, el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “...sin que pueda sacar elementos fe convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.”

El anterior precepto establece los limites del oficio del Juez, pues para el no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes; siendo requisito, que la sentencia deba contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, conforme al ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; significa pues, que el Juez está obligado a decidir sobre las cuestiones planteadas por las partes, porque el limite de toda controversia judicial está circunscrito por los hechos alegados como fundamento de la pretensión y los hechos deducidos como fundamento de las excepciones o defensas opuestas, en sus respectivas oportunidades procesales; quedando de esta manera trabada la litis.

En el presente caso, básicamente, la pretensión del demandado reconviniente, conjuntamente con lo ya decidido, consiste en obtener una indemnización por daños y perjuicios, con fundamento del incumplimiento por parte de la arrendataria de sus obligaciones legales y contractuales; entendiendo por éstos, siguiendo al maestro E.M.L. en su obra “Curso de Obligaciones”, como: “el daño y el perjuicio es toda disminución o perdida que experimente una persona en su patrimonio o acervo material o en su patrimonio o acervo moral”. Siendo pacífico y reiterado el criterio jurisprudencial emanado de nuestro mas alto Tribunal, que ha establecido la necesidad que, cuando sean demandados los daños y perjuicios, la parte actora debe señalar qué daños sufrió y establecer la relación de causalidad entre la conducta desplegada por la accionada y los daños sufridos por ella, así como la cuantificación de los mismos. De toda esta carga probatoria, la más importante es el establecimiento de la relación de causalidad, por cuanto es la que va a permitir la determinación de la extensión del daño causado, los alcances y limites de la obligación de reparar.

En sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. N° AA20-C-2001-000468, en la cual reafirma el sostenido criterio de la jurisprudencia aplicable al expresar que:

“…El artículo 1.196 del Código Civil, dispone: “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente,... Esta disposición legal introducida en el Código Civil de 1942, establece la obligación de reparar tanto el daño material como el moral,….. En estos casos para la reposición del daño moral, la víctima tiene que probar el daño material causado para que pueda establecer la relación de causalidad entre el agente material del daño y la víctima…”.-

Es pues, con base en el ordinal 7° del artículo 340 del CPC, que se exige que las demandas en que se pretende la indemnización de daños y perjuicios, se deban especificar dichos daños y sus causas; debiendo señalar el demandante con claridad el fundamento fáctico de la pretensión resarcitoria, determinando el tipo de daño, y especificando la relación de causalidad; ya que esta, vale señalar la relación de causalidad, va a constituir un elemento imprescindible para la determinación de la extensión del daño causado, los alcances y límites de la obligación de reparar.

El demandado reconvincente debió determinar y especificar de manera clara, precisa y lacónica, cuales son los daños y perjuicios y sus causas; limitándose, en el presente caso, a señalar en el petitorio de su escrito de reconvención: “… en pagar la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00), por concepto de daños y perjuicios en virtud del confesado y reiterado incumplimiento….” lo que a juicio de este Juzgador, no da cumplimiento a la obligación de especificar los daños y perjuicios a que hace referencia.

Lo cual hace que lo solicitado sea contrario a derecho, ya que este defecto impediría dar cumplimiento al contenido del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se desconoce la especificación de cada uno de los daños a que se refiere el escrito de demanda, el cual ha de bastarse a sí mismo y debe contener, por mandato legal la especificación de los daños y perjuicios y sus causas; aunado a que el solo señalamiento del incumplimiento no es susceptible de ser estimados como una actividad dañosa que pueda imputársele a la demandante reconvenida, ni menos aún que el demandado reconvincente hubiese sufrido una disminución, deterioro o perdida en su patrimonio, no pudiendo establecerse relación de causalidad entre la conducta desplegada por la accionada y los daños sufridos por ella, cumpliendo únicamente con la cuantificación de los mismos; por lo tanto, a pesar de haber mantenido la demandada reconvenida una actitud rebelde dentro del proceso para esgrimir sus defensas, no puede sin embargo, el Juzgador atribuirle la consecuencia jurídica pretendida por la demandada reconviniente, en cuanto a los Daños y Perjuicios exigidos, por cuanto este pedimento, no encuentra el debido reconocimiento en el ordenamiento jurídico, para su declaratoria, por los motivos ya expresados, lo que los hace inconducente en derecho, Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, este Sentenciador, con relación a la indexación solicitada por el demandado reconviniente, cuyo origen deriva de un hecho notorio, cual es el proceso inflacionario que ha venido sufriendo la moneda nacional durante el tiempo transcurrido en el debate procesal, y con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia de nuestros Tribunales, y dada la inflación operante en el País, considera procedente la corrección monetaria de las cantidades demandadas, Y ASI SE DECIDE.

En consecuencia, la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado “a-quo” debe ser declarada parcialmente con lugar, tal como se dispondrá en el dispositivo del presente fallo, Y ASI SE DECIDE.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta el 04 de noviembre de 2008, por la abogada EDYDALEN SIERRA, en su carácter de apoderada judicial de la accionante, contra la sentencia dictada el 30 de octubre de 2008, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en esta ciudad. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por la sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN, C.A. contra la sociedad de comercio INCOLGOMASINTATEX, C.A., por haber prosperado la defensa perentoria de falta de cualidad de la parte actora, para ejercer la presente acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios.- TERCERO.- PARCIALMENTE CON LUGAR la reconvención propuesta por la demandada reconvincente, sociedad de comercio INCOLGOMASINTATEX C.A, contra la demandante reconvenida, sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN C. A., ambas identificadas en autos. En consecuencia se condena a la sociedad mercantil INVERSIONES MASCOTIN, C.A., a que de cumplimiento al contrato de arrendamiento celebrado en fecha 18 de abril de 2006 sobre el inmueble identificado en autos, debiendo entregarlo libre de personas y cosas, en buen estado y solvente en todos los servicios; en pagar la cantidad de Bs. F. 4.500,00 por concepto de servicio de agua y de aseo urbano; y en pagar la cantidad de Bs. F. 3.200,00 mensuales hasta la entrega definitiva del inmueble arrendado, cantidad ésta que deberá ser determinada por experticia complementaria del fallo.

Se acuerda la indexación o corrección monetaria, la cual deberá hacerse igualmente mediante experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para que los expertos determinen la corrección monetaria, tomando en cuenta como IPC inicial, el del mes inmediatamente anterior al de la admisión de la pretensión, y como IPC final, el de la fecha en la cual los expertos rindan su dictamen.

Queda así REFORMADA la sentencia objeto de la presente apelación

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

PUBLIQUESE, REGISTRESE

DEJESE COPIA

Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- En Valencia, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de año dos mil ocho (2008). Años 198° y 149°.

El Juez Titular,

Abog. F.J.D.

La Secretaria,

M.G.M.

En la misma fecha, y siendo las 3:20 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.

La Secretaria,

M.G.M.