Decisión nº 135 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 29 de Junio de 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, veintinueve (29) de junio de dos mil siete (2007).

197º y 148º

ASUNTO: VP01-L-2007-000202

PARTE DEMANDANTE:

Ciudadana M.B.F.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 21.686.600 y domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:

Ciudadano B.V., venezolano mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el número 96.874 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

PARTE DEMANDADA:

Ciudadana M.C.V.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 70.970.515 y domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:

Ciudadano C.C., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO), bajo el número 72.728 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA:

HOMOLOGACION DE TRANSACCION LABORAL:

En el juicio que por prestaciones sociales y otros conceptos tiene incoado la ciudadana M.B.F.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 21.686.600 y domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana M.C.V.C. (suficientemente identificadas); comparecieron ante este Tribunal en fecha 11 de Junio de 2007; la parte demandante, representada judicialmente por el abogado B.V.; y la parte demandada M.C.V.C. representada por su apoderado judicial, abogado C.C.; y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo; ambas partes, celebraron una transacción laboral formulando una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos; donde con el objeto de evitar los gastos y costos que pudieran generarse para las partes, en aras de evitar también el transcurso del tiempo que implica un proceso de esta naturaleza difícil y costoso; y constatada la existencia de derechos reclamados, litigiosos y contradictorios, susceptibles de ser objeto de una transacción; ambas partes, de mutuo y común acuerdo, a los fines de poner fin al actual proceso y de precaver un futuro y eventual litigio, convinieron en celebrar otorgándose recíprocas concesiones, la referida TRANSACCION LABORAL, sobre la controversia planteada; en la cual el demandante dejó expresa constancia que con el pago recibido, por medio de este negocio jurídico; de parte de la demandada, quedan satisfechas todas y cada una de las diferencias y reclamos existentes entre las partes, acuerdo éste, regulado en los términos y condiciones convenidos por ambas partes; ofreciendo LA DEMANDADA M.C.V.C. pagar A LA DEMANDANTE lo siguiente: La cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.000.000,00), dicho pago se efectuó de la siguiente manera: La cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.000.000,00), pago efectuado mediante cheque de la Institución Bancaria Banesco a favor de la accionante, signado con el número 48836537, de fecha 11 de Junio de 2007, por la cantidad de Bs. 1.000.000,00, a nombre DE LA DEMANDANTE ciudadana M.B.F.S.; por lo tanto, la demandante expresa en virtud de la transacción acordada estar de acuerdo con dicha cantidad, recibiéndola y aceptándola por vía transaccional; y que la misma corresponde a la cancelación total y definitiva de las acreencias laborales en los términos expuestos. De esta manera, la actora declara que con la cantidad cancelada quedan incluidas todas y cada una de las diferencias, derechos y acciones que como consecuencia del contrato y/o relación de trabajo que existió con la demandada y que le pudieran corresponder por cualquier concepto. Asimismo, la actora libera de toda responsabilidad directa e indirecta relacionada con las disposiciones legales que sobre el trabajo existan, a la demandada, sin reservarse acción, ni derecho alguno que pudiera llegar a ejercitar en contra de ella, ni de sus trabajadores. Igualmente, la actora conviene y reconoce que, para el caso de que como consecuencia del contrato de trabajo y de las relaciones que tuvo con la accionada durante el período de tiempo señalado en la transacción o cualquier otro período anterior o posterior al mismo apareciera cualquier cantidad de dinero, derechos o diferencias a su favor, con el recibo de la anterior suma señalada, se da por satisfecha, quedando así terminados, extinguidos y cancelados en forma total y definitiva cualquier derecho o diferencia a favor de la actora por cualquier motivo relacionado con los servicios que prestó a la demandada y al personal de la misma. En este sentido, la actora manifiesta haber sido informada por escrito por la demandada, en cada oportunidad correspondiente, la acción de agentes físicos, condiciones disergonomica o inseguras, riesgos psicosociales, agentes químicos, biológicos, meteorológicos o de cualquier otra índole a los cuales se iba a ver expuesta en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo, y de los daños que las mismas pudieran ocasionarle a su salud, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y el artículo 237 de la Ley Orgánica del trabajo. De igual forma, manifiesta haber recibido de la demandada el programa de seguridad industrial sobre las normas y procedimientos adecuados para la actividad a desarrollar, así como las instrucciones sobre las cuales debió desempeñarse, incluyendo las políticas de prevención de accidentes, con inclusión de las reglas especificas y particulares aplicables al departamento en el cual prestó servicio, todo de conformidad con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo. Igualmente, la actora declara haber recibido en todos y cada uno de los momentos en que legal y contractual le debieron haber sido entregados todos y cada uno de los implementos o útiles de higiene y seguridad industrial necesarios para el desempeño de la labor específica desarrollada, declarando asimismo estar en conocimiento y aceptar que los mismos eran de uso obligatorio dentro de las instalaciones de la Empresa. Los conceptos incluidos: La accionante declara y reconoce que nada más le corresponde, ni queda por reclamar a la demandada por los conceptos mencionados en la transacción, ni la indemnización por antigüedad, según el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, diferencia y complemento de salarios, diferencia y complemento de indemnización por terminación de trabajo, del preaviso, de bono vacacional, de vacaciones y bonificaciones legales, diferencia de cualquier concepto mencionado o no, en el presente documento, salarios caídos, gastos de transporte, uso de vehículo, horas extraordinarias o de sobre tiempo, diurnas y nocturnas, bono nocturno, reintegro de gastos, viáticos, aumento de salarios, bonos, intereses sobre las prestaciones sociales, diferencias de salarios, días feriados y domingos, u otros conceptos por promoción, sustitución o nuevas obligaciones, utilidades y vacaciones de años anteriores, daños y perjuicios, daños morales, daños materiales, daño emergente, lucro cesante o cualquier otro tipo de indemnización derivada de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional o no, que haya sufrido durante y con ocasión del trabajo y que de cualquier modo pueda generar consecuencias onerosas para la demandada, en forma directa o indirecta, presente o futura por causa de la relación laboral a la cual se contrae la transacción, en virtud de las vigentes: Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; el Código Civil, y/o cualquiera otra normativa social vigente en Venezuela, en forma de Ley, Decreto o Reglamento, intereses sobre prestaciones sociales, comisiones, y demás conceptos especificados o no, en la presente transacción, derechos, pagos y demás beneficios previstos en la Ley del Seguro Social de Venezuela y su Reglamento , honorarios profesionales del abogado asistente de la actora, ni por ningún otro concepto o beneficio relacionado con los servicios que la actora prestó a la demandada, beneficios (utilidades) anuales y/o fraccionadas, prestaciones en especies, viáticos, diferencia en el pago del decreto 1.538 sobre el bono compensatorio, diferencia en el pago de la Ley para el pago del bono compensatorio de gastos de transporte, diferencia en el pago de la Ley Programa de Comedores para los Trabajadores, diferencia en el disfrute y pago sobre el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el Cuidado Integral de los Hijos de los Trabajadores, Subsidio al Transporte y a la Alimentación (Decreto 247, 1.054 o 1.240), Subsidio Decreto 617 y Subsidio Decreto No. 1.824, Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, le han sido pagados en la oportunidad legal correspondiente. Es entendido que la anterior relación de conceptos mencionados no implica la obligación, ni el reconocimiento de derecho o pago alguno a favor de la actora por parte de la demandada, ya que nada más le corresponde, ni tiene que reclamar a la accionada por ninguno de dichos conceptos, ni tampoco a sus clientes. Asimismo, la actora conviene y reconoce que cualquier clase de trabajo y servicios que ésta haya prestado tanto a la demandada como a sus antecesores, les fueron remunerados mediante e salario y demás pagos que recibió y con la suma que recibió de la demandada a su entera satisfacción. En tal virtud, cualquier cantidad de menos o de más, queda bonificada a la parte beneficiada por la presente transacción.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establece el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

1) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

3) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

4) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

5) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, o credo o por cualquier otra condición.

6) Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social.

Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 3 consagra:

En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.

Parágrafo Único.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada

. (Cursiva del Tribunal).

Igualmente, el artículo 10 y 11 del Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo, disponen lo siguiente:

Artículo 10: Principio de irrenunciabilidad (Transacción Laboral). “De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.

En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo

.

Artículo 11: Efectos de la Transacción Laboral. “La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.

Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

De lo anteriormente expuesto, este Tribunal observa que en materia laboral, al ser los derechos debatidos de orden público, es irrenunciable el derecho por parte del trabajador a aquellas normas y disposiciones que lo favorezcan, según lo establece claramente el ya citado artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero dejando esta misma norma abierta la posibilidad de conciliación o transacción, siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos; es decir que la transacción o conciliación en materia laboral es posible siempre y cuando se respeten aquellos derechos de orden público que protejan al trabajador y tutelados por la Constitución Nacional, Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.

A tal fin, la Ley establece una serie de requisitos de estricto cumplimiento para la validez de toda transacción o conciliación laboral:

1) Debe versar sobre derechos litigiosos discutidos,

2) Que consten por escrito;

3) Que contengan una relación circunstanciada de los hechos;

4) Cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno.

Estos requisitos fueron concurrentes hasta hace poco, cuando la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de Marzo de 2004, caso C.A.V. contra Panamco de Venezuela, S.A.; con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, dejo sentado lo siguiente:

Debe señalar ésta Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9° y 10° de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es, homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificaran si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.

Si bien es cierto que en el parágrafo primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de Ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aún, cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia…

. (Cursiva del Tribunal).

En consecuencia, esta Sentenciadora, observa que en el presente caso se cumplen los requisitos legales que hacen procedente la homologación de la transacción celebrada entre las partes en esta causa con miras a poner fin al presente juicio, por lo que de manera consecuente se procederá a homologar tal y como se expresará en el dispositivo del presente fallo dicho medio de auto composición procesal. Así se establece.

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

1. - SE HOMOLOGA LA TRANSACCION celebrada entre la ciudadana M.B.F.S., y la ciudadana M.C.V.C. (ambas partes suficientemente identificadas en las actas procesales) y en consecuencia se le imparte el carácter de Cosa Juzgada, a dicho mecanismo de autocomposición procesal.

2. - NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo y por haberlo así convenido las partes.

3. - Se ordena el archivo definitivo del expediente y se declara Terminado el presente procedimiento.

Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2007. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

LA JUEZ,

ABOG. BREZZY M.A.U..

LA SECRETARIA,

ABOG. Y.B.L..

En la misma fecha siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 p.m.) se dictó y publicó el anterior fallo.

LA SECRETARIA,

ABOG. Y.B.L..