Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 4 de Octubre de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito

de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Tovar.

202º y 153º

ASUNTO: 5209

MOTIVO: PARTICION DE HERENCIA

PARTE DEMANDANTE: R.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-296.168, domiciliado en la ciudad de Tovar, Municipio T.d.E.M. y civilmente hábil.

APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: Abogado E.S.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.468.509, inscrito en el IPSA bajo el Nº 31.966, domiciliado en la ciudad de Tovar, Municipio T.d.E.M. y civilmente hábil.

PARTE DEMANDADA: R.J., R.M., C.A., N.J., R.G., J.L., R.D., L.E. y J.A.M.R., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en el Municipio Rivas D.d.E.M. y civilmente hábiles.

PARTE NARRATIVA

I

Se inicio la presente causa en fecha quince (15) de octubre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), por ante éste Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del T.d.E.M., cuando el abogado E.S.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.468.509 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 31.966, domiciliado en la ciudad de Tovar, Estado Mérida, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano R.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 296.168, de éste mismo domicilio y civilmente hábil, interpone formal demanda de Partición de Herencia, fundamentando la misma en el artículo 1067 del Código Civil, y artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, contra los ciudadanos R.J., R.M., C.A., N.J., R.G., J.L., R.D., L.E. y J.A.M.R., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en el Municipio Rivas D.d.E.M. y civilmente hábiles.

Manifestó el accionante, que en fecha doce (12) de diciembre del año 1981, falleció ab-intestato la ciudadana R.Z.R.d.M., dejando como acervo hereditario el 50% de los derechos y acciones que le correspondían sobre varios inmuebles, como son: Primero: mitad del valor de un pequeño lote de terreno ubicado en la aldea Bodoque, del Municipio Bailadores, Distrito Rivas D.d.E.M. y fue adquirido por el demandante según documento registrado en la Oficina de Subalterna de Registro Público del Distrito Rivas D.d.E.M. en fecha 12 de junio del 1961, bajo el Nº 83, folios 144 al 145, protocolo I. Segundo: mitad del valor de una casa de techo de teja en parte y en parte de platabanda, sobre paredes de bloque de concreto y columnas, con pisos de cemento, constante de recibo, cuatro dormitorios, comedor, cocina, baño y lavadero, edificada sobre el terreno anteriormente descrito, cuya construcción fue hecha a expensas de la sociedad conyugal extinguida por muerte de la referida causante. Tercero: mitad del valor de un lote de terreno agrícola, ubicado en la aldea Bodoque, del citado municipio Bailadores, el cual fue adquirido por la causante durante la sociedad conyugal, según documento registrado en la mencionada oficina de Registro, en fecha 25 de febrero de 1966, bajo el Nº 60, folios 120 al 122, del protocolo I. Cuarto: la mitad de otro lote de terreno agrícola ubicado en la citada aldea Bodoque, el cual lo hubo la causante durante el matrimonio, por compra hecha según el documento anteriormente citado en fecha 25 de febrero de 1966 y Quinto: la mitad del valor de un automóvil TIPO SEDAN, MARCA DODGE DART S.E, capacidad para CINCO PUESTOS, MODELO 75, COLOR AZUL BAHIA, SERIAL DEL MOTOR 318P105289, SERIAL DE CARROCERIAA5-10491, USO PARTICULAR, PLACA Nº LBH-367, perteneciente a la sociedad conyugal, y cuya propiedad se evidencia en la planilla forma M-3, distinguida con el Nº A-0214757.

Expresó el actor, que al fallecimiento de la ciudadana R.Z.R.d.M., quedaron como herederos de los derechos y acciones descritos que corresponde al 50%, el ciudadano R.M., cónyuge y sus hijos R.J., R.M., C.A., N.J., R.G., J.L., R.D., L.E. y J.A.M.R., y señaló también al Tribunal que a él, le corresponde del 100% del acervo hereditario descrito anteriormente, el 50% como gananciales más el 10% por la herencia dejada por su cónyuge.

Por lo antes expuesto, es por lo que procedió a demandar por partición a los ciudadanos R.J., R.M., C.A., N.J., R.G., J.L., R.D., L.E. y J.A.M.R., a fin de que convengan a realizar la partición de los bienes descritos, o en su defecto a ello sean compelidos por el Tribunal, de conformidad con el señalado artículo 1067 del Código Civil y el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil.

Por último solicitó se decretara medida de secuestro sobre los inmuebles descritos en los numerales primero, segundo, tercero y cuarto, ubicados en la Aldea Bodoque, Municipio Rivas D.d.E.M.; estimó la demanda en la cantidad de Treinta Millones de Bolívares (Bs. 30.000.000,00) y que la misma sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.

II

En fecha nueve (09) de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), al folio 20, consta auto dictado por éste Tribunal, mediante el cual se admitió la demanda de partición de herencia presentada por el abogado E.S.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.468.509, inscrito en el IPSA bajo el Nº 31.966 respectivamente, domiciliado en la ciudad de Tovar, Estado Mérida y civilmente hábil, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano R.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-296.168, del mismo domicilio e igualmente hábil, por el cual ordenó la citación de los ciudadanos R.J., R.M., C.A., N.J., R.G., J.L., R.D., L.E. y J.A.M.R., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en el Municipio Rivas D.d.E.M. y civilmente hábiles, quienes constituyen la parte demandada en el juicio de partición de herencia. Acordándose citar a dichos ciudadanos.

En la misma fecha, éste Tribunal aperturó cuaderno separado de medidas, y mediante auto decretó medida de Secuestro, sobre los inmuebles descritos en el libelo de la demanda propiedad de las partes.

En fecha dieciocho (18) de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), (folio 22), corre nota de secretaria, mediante la cual deja constancia que se libraron los recaudos acordados en el auto de admisión, remitiéndose la citación de los demandados junto con oficio Nº 979 al Juzgado del Municipio Rivas Dávila y Padre Noguera del Estado Mérida, para su respectiva práctica.

En fecha nueve (09) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), consta agregada a los folios 23 y siguientes, comisión Nº 28-98, procedente el Juzgado de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera del Estado Mérida, relacionada con las resultas de la citación de los demandados, en la cual se evidenció que fue parcialmente cumplida.

En fecha catorce (14) de agosto del dos mil doce (2012) (folio 58), la ciudadana Jueza Provisoria de éste Juzgado, se abocó al conocimiento de la presente causa.

Revisadas las actuaciones que conforman el presente expediente, se observa que hasta la presente fecha los codemandados ciudadanos L.E.M.R., J.L.M.R., R.G.M.R. y J.A.M.R., identificado en autos, no han sido legalmente citados.

En fecha catorce (14) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998) (folio 56) el apoderado actor, mediante diligencia solicita la citación por carteles de dichos codemandados, la cual fue acordada mediante auto dictado por el Tribunal en fecha 07 de enero del año 1999, el cual obra inserto al vuelto del folio 56, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Expidiéndose sendos carteles en fecha 01 de junio del año 1999 (folio 57), no constando en autos ninguna otra diligencia o escrito que diera impulso procesal por parte de la demandante para tal efecto.

PARTE MOTIVA

Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidencia que desde el día primero (01) de junio del año 2000 (folio 57), fecha en que se libraron los carteles de citación para los codemandados L.E.M.R., J.L.M.R., R.G.M.R. y J.A.M.R. hasta la presente fecha, transcurrieron más de treinta (30) días sin que se demostrara que la que la parte accionante diera impulso procesal para lograr la citación ordenada, y proporcionara lo exigido por la Ley vigente dentro del lapso, a los fines de llevar a cabo tal citación, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida esta Juzgadora, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por él incoado, y deja a ésta Jurisdicente en un estado de incertidumbre, que en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.

Ahora bien, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 436 de fecha 06/07/2004 (Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ), dejó sentado lo siguiente:

... que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.

(Énfasis del Tribunal)

En este orden de ideas, considera este Tribunal pertinente transcribir en forma parcial la Sentencia N° 991-04 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del T.d.Á.M.d.C. de fecha 28 de junio de 2004, expediente N° 02-8642, en el caso del ciudadano E. Quintero contra el ciudadano D. Valera, con ponencia del Juez Frank Petit Da Costa, la cual es del tenor siguiente:

…“La perención breve prescrita por el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad.”...

Resulta claro que el citado criterio judicial está en contradicción sobrevenida con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional del año 1999, específicamente en su artículo 26, que establece la gratuidad de la justicia. Sin embargo, no puede entenderse que esta disposición, constitucional abroga la disposición legal del artículo 267, numeral 1°, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto es bien sabido que son muchas las demandas que se interponen sin que el actor se ocupe de la citación. En criterio de quien sentencia, las obligaciones que le impone la Ley, a que alude el artículo 267, ordinal 1°, no debía limitarse a entenderlas como el solo pago de aranceles judiciales, sino que debería interpretarse como la actividad que realiza el actor, para que se expida la compulsa y le sea entregada al Alguacil. Se dice que esa actividad es propia del tribunal y resulta cierto, pero quienes han actuado en foro judicial, como jueces y/o abogados litigantes saben muy bien que si la parte actora no se moviliza para la obtención de las copias que han de certificarse para la compulsa, la citación no se adelanta. Luego así se hable, de la gratuidad del proceso, el actor tiene la carga de (i) proveer las copias del libelo que se han de certificar o compulsar y (ii) de indicar la dirección o lugar de ubicación del demandado para citarlo (st. 24-03-2003, caso: Corp. B.P., Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del T.d.C.). Estas son cargas del actor, so riesgo de la aplicación de la perención breve a que alude el ordinal 1° del artículo 267. Da mayor fuerza a esta afirmación, el supuesto de suspensión del proceso a que alude el artículo 228, previendo dicha disposición que el proceso estará suspendido hasta que el actor solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Por la consecuencia que tiene, dejar sin efecto todas las actuaciones, significa que se retrotrae a la admisión de la demanda y expedición de nuevas compulsas, por lo que si el actor no impulsa la citación, diligenciando en ese sentido, su inacción pudiera dar lugar a la aplicación de la perención del ordinal 1° del artículo 267. En conclusión, la perención breve prescrita por el articulo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad, ya que mantiene su vigencia si se entiende que la carga del actor no es sólo el pago de los aranceles judiciales, sino el dejar constancia de haber proveído las fotocopias del libelo e indicando el lugar de ubicación del demandado.

Por otra parte, se debe admitir que es verdad que en materia laboral no se aplica esta disposición y se niega en forma absoluta la posibilidad de este tipo de perención breve, esto es, la que se da por el hecho de impago de aranceles judiciales en un lapso de tiempo determinado, -treinta días después de la admisión de la demanda-, sin que, como lo ha dicho la sentencia citada del 10-03-1998 de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, pueda reabrirse dicho lapso de perención breve. Sin embargo, las muy respetables razones que han sostenido los jueces laborales, tienen que ceder frete a la implementación de los juicios orales laborales en los que no se puede dejar que una acción interpuesta quede sin impulso y se haya de esperar el año para aplicar la perención anual. Igual habrá de suceder cuando se implementen los juicios orales civiles.

Bajo tales parámetros se observa: 1. Que habiendo sido admitida la demanda el 09-11-1998, se ordenó el emplazamiento de los demandados y el libramiento de compulsas. 2. En fecha 18-11-1998, la secretaria del Tribunal deja constancia que se libraron los recaudos de citación y se enviaron con oficio al comisionado. 3. En fecha 07-01-1999, el Tribunal ordenó la citación por carteles a los codemandados L.E.M.R., J.L.M.R., R.G.M.R. y J.A.M.R., de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. 4. En fecha 01-06-2000, la secretaria del Tribunal deja constancia que se libraron sendos carteles de citación. Así las cosas, se observa; desde ésta última fecha de inicio del cómputo del lapso de perención, es decir, transcurrió más de treinta días sin que la parte actora hubieran impulsado el proceso respectivo. Treinta días, que como lo ha establecido la Sala Constitucional en su fallo aclaratorio del 09-03-2001, se computan por días continuos y no por día de despacho.

Este Tribunal observa que la parte actora no dio impulso al proceso y que esa falta de impulso excede el lapso de treinta días que la ley exige para que se produzca la perención de la instancia, contados a partir del 01-06-2000 fecha en que se libraron los carteles de citación ordenados para los codemandados de autos ya mencionados, hasta la presente fecha, ha trascurrido mas de los 30 días exigidos por la Ley, es decir doce (12) años, tres (03) meses y diecinueve (19) días. Así se declara.

Del mismo modo, es de precisar por esta sentenciadora que en caso de comisionarse a otro Juzgado para la práctica de la citación de la parte accionada, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 13 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, estableció lo siguiente:

…Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto el razonamiento efectuado por el juzgador ad quem para declarar la perención de la instancia en la presente causa, por lo que considera pertinente pronunciarse sobre las obligaciones de los demandantes en aquellos casos en los que para la práctica de algunas de las citaciones de los accionados sea necesario comisionar a otro Juzgado, mediante el libramiento del despacho de comisión respectivo, como sucedió en el caso de marras, en el que los otros co-demandados están domiciliados en jurisdicciones distintas a la del Tribunal de la causa; situación muy diferente a la referida en su sentencia de fecha 6 de abril de 2004, transcrita n el cuerpo de este fallo, en la que se trató de citaciones personales efectuadas en la misma jurisdicción del Tribunal del mérito. Lo primero que la Sala debe destacar es que, a diferencia de lo sostenido por el ad quem en su sentencia, no es posible equiparar el auto de admisión de la presente demanda por el retracto legal arrendaticio, con el auto mediante el cual el Tribunal comisionado deja constancia de haber recibido del Tribunal comitente el despacho de la comisión para la citación del demandado o co-demandados que residan fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, porque el primero es un auto decisorio en el que el juzgador revisa que la petición no sea contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley para que se tramite, como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y, el segundo, es un auto de mero tramite o sustanciación que, a diferencia del auto de admisión, puede ser revocado o reformado de oficio o a petición de parte por el Tribunal que lo haya dictado. Por tanto, el lapso de 30 días previsto por el Legislador en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede ser contado a partir del auto de admisión de la demanda y no como erradamente se hace en la sentencia impugnada, vale decir, a partir del auto en el que el Tribunal comisionado deja constancia de haber recibido el despacho de comisión para la citación, puesto que este último lapso no está previsto el la Ley. Así se declara. De tal manera que, en los casos en los cuales existan alguno o algunos co.-demandados que estén residenciados fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, el demandante, dentro de los 30 días siguientes contados a partir del auto de admisión de la demanda, deberá dejar constancia, mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el Tribunal de la causa, de haber puesto a la orden del Alguacil del Tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y dicho Alguacil, mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el Tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, dejará constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Así, cuando el Tribunal comisionado devuelva la comisión al Tribunal comitente, el Juez de la causa podrá verificar si el actor dio realmente cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y, de no ser así, declarará la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual se verificará de derecho y no es renunciable por las partes, según lo dispone el artículo 269 ejusdem...

En el caso de autos la omisión de actuación del demandante durante más de treinta (30) días, al no dar cumplimiento con su obligación de dejar constancia en autos de haber acatado con las formalidades exigidas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en las sentencias parcialmente transcritas como en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada.

En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés del actor por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.

DISPOSITIVA

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal primero ejusdem. Así se decide.

Notifíquese a las partes de la presente decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad. Tovar, cuatro (04) de octubre del año dos mil doce (2012). Años 200° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Jueza Provisoria,

Abg. C.Y.Q.C..

La Secretaria,

Abg. S.L.C.G.