Sentencia nº 571 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 16 de Octubre de 2003

Fecha de Resolución:16 de Octubre de 2003
Emisor:Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa
Número de Expediente:03-1199
Ponente:Juzgado de Sustanciación
Procedimiento:Demanda
 
CONTENIDO

Caracas, 16 de octubre de 2003

193º y 144º

Recibido el presente expediente de la Sala; y, habiéndose dado cuenta en fecha 24 de septiembre de 2003, este Juzgado para decidir acerca de su admisibilidad, observa:

Mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2003, el abogado A.C.T., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.251, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil MENCI, C.A., interpuso demanda contra la Gobernación del Estado Zulia, por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares, derivados del contrato de servicios para la “...facturación, cobranza y recaudación de las tasas aeroportuarias en vuelos nacionales e internacionales, el pago de los concesionarios y del estacionamiento del aeropuerto, así como los derechos causados por concepto de carga en el Aeropuerto Internacional “La Chinita” de Maracaibo, Estado Zulia”.

El artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, dispone lo siguiente:

“Los Estados tendrán los mismos privilegios, prerrogativas fiscales y procesales de los que goza la República.”

Por reciente decisión de fecha 19.8.03, esta Sala Político-Administrativa, estableció lo siguiente:

“...Omissis...

La jurisprudencia reiterada de esta Sala había considerado que siendo los institutos autónomos un ente público con patrimonio propio y personalidad jurídica distinta a la de la República, no le era aplicable la prerrogativa del procedimiento previo a las demandas contra la República contenida en la derogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (ver, entre otras, sentencia N° 1.648 de fecha 13 de julio de 2000 y sentencia N° 1.246 del 26 de junio de 2001).

Sin embargo, la entrada en vigencia de nuevas leyes obligan a esta Sala a realizar otra interpretación sobre el tema. Así, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, fue publicado el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el cual se reguló nuevamente el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República.

El artículo 54 de la ley bajo examen estipula, en los mismos términos establecidos en el artículo 30 la Ley derogada, que quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso.

De otra parte, en fecha 17 de octubre de 2001 entró en vigencia la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 37.305, de la misma fecha, la cual establece:

‘Artículo 97: Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios’.

De la norma antes transcrita, se evidencia con meridiana claridad que la ley en forma expresa otorgó a los institutos autónomos los privilegios y prerrogativas acordados a la República, sin hacer ninguna distinción entre privilegios fiscales y procesales.

De allí que, resulta forzoso para esta Sala declarar que en el caso de autos, el instituto autónomo demandado, esto es, el FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO GUÁRICO (FONDER), sí goza del privilegio procesal del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República.

Por tanto, conforme a lo establecido en la sentencia N° 00489, de fecha 22 de marzo de 2001, esta Sala reitera que el uso de la vía administrativa no responde al cumplimiento de una simple formalidad, sino que es necesaria para garantizar a los administrados la posibilidad de resolver el conflicto en sede administrativa, antes de acudir a la vía jurisdiccional, a través de la figura de la conciliación y con el fin de garantizar de una manera efectiva la tutela de los intereses del Estado y la participación ciudadana en la resolución de sus conflictos; en consecuencia, se declara con lugar la cuestión previa opuesta contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y por ende, se desecha la demanda y se declara extinguido el presente proceso. Así se declara.(Caso: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO GUÁRICO (FONDER) vs. INVERSORA FINANVALOR, C.A. Sentencia N° 01542 de fecha 14.10.03).

Ahora bien, conforme al fallo parcialmente transcrito, se evidencia que el antejuicio administrativo es un privilegio procesal previo a las acciones contra la República, el cual es extensible a los Estados por mandato expreso del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público; por ello, en la presente demanda interpuesta contra la Gobernación del Estado Zulia, debió cumplirse estrictamente con la instancia del procedimiento administrativo previo a las acciones que contra la República se intenten, sin que pueda confundirse dicha exigencia con un mero formalismo, pues, precisamente, con su agotamiento lo que se pretende es la restitución de una situación jurídica infringida evitando un litigio, y así lo interpretó esta Sala Político Administrativa, en sentencia Nº 1.648, de fecha 13.7.00.

Así pues, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado constata la omisión del agotamiento de la instancia administrativa previa, toda vez que el demandante no acompañó al libelo ningún documento que permita determinar el cumplimiento de este requisito que, como se ha dicho, se exige para intentar cualquier demanda contra la República; en cuya virtud, declara la inadmisibilidad del presente asunto, con arreglo a lo dispuesto en los ordinales 1° y 5° del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se decide.

La Juez,

María Luisa Acuña López

La Secretaria,

N. delV.A.

Exp. N° 2003-1.199/ech