Decisión nº 1929 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de Cojedes, de 11 de Junio de 2009

se declare sin lugar por inepta acumulación de acción, pues la Querella Interdictal Restitutoria y el reconocimiento de Derecho de Permanencia, son de naturaleza distintas, el derecho de permanencia se rige por un procedimiento administrativo previo ante el Instituto Nacional de Tierras. Es decir, debe solicitarse por ante la Oficina Regional de Tierras, en donde se encuentre asentado, es obvio que son procedimientos y materias diferentes, se contradicen, al respecto citó la siguiente jurisprudencia: Sala de Casación Civil, Sentencia Nº 99, Expediente Nº 00-178, de fecha 27/04/2001: “(…) Finalmente, no son acumulables las acciones o pretensiones que tengan procedimientos legales incompatibles entre sí. La unidad de procedimiento es una característica de la acumulación en general, y cuando cada pretensión corresponde un procedimiento incompatible con el de la otra, aquella unidad puede lograrse y la acumulación por tanto no es posible. Así, una pretensión de reivindicación de un inmueble, no puede acumularse con otra de ejecución de hipoteca, porque la primera tiene un procedimiento ordinario y la segunda se sigue por uno especial. No pueden acumularse una pretensión de cobro de una letra de cambio y una rendición de cuentas, porque aunque ambas corresponden a la competencia mercantil, la primera debe seguirse por el procedimiento ordinario y la segunda por uno especial. Es indiferente que ambas pretensiones tengan procedimiento especial si éstos no son incompatibles. Así pueden acumularse dos pretensiones de divorcio, porque ambas se siguen por el mismo procedimiento especial; pero no pueden acumularse una de privación de la patria potestad con una de divorcio, porque cada una tiene su procedimiento especial incompatible con el la otra. La exigencia de la unidad del procedimiento es de tal entidad en esta materia, que si bien se permite la acumulación subsidiaria de dos o más pretensiones incompatibles entre sí, esta acumulación tampoco es posible cuando no hay unidad de procedimiento (Art. 78 CPC)…” (A.R.R.. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II, pág. 110).”

que tomando como base la citada jurisprudencia, en donde se establece que no son acumulables las acciones o pretensiones que tengan procedimientos legales incompatibles entre si. (Inepta acumulación de acciones y ratificado por la doctrina), solicitó, sea desestimada la querella y sea declarada sin lugar con todos los pronunciamientos de ley. TERCERO: Solicitó la condenatoria de costas del proceso, con fundamento en el artículo 708 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con los articulo 38 y 39 ejusdem.

-IV-

Acervo probatorio en la presente causa.-

IV.1.- Parte querellante. Conjuntamente con la querella consignó las siguientes probanzas:

1. Copia certificada del Acta constitutiva y estatutaria de la sociedad mercantil Auto Servicio Alejandro S.R.L., inscrita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en fecha 14 de mayo de 1991, bajo el Nº 7.873, folios 51 al 56, tomo LIX del libro de Registro de Comercio; marcado “A” (FF.5-10; 2ª pieza).

   Tal instrumental por ser copia certificada de un instrumento público, la cual no fue tachada o impugnada por la contraparte, en principio se valora plenamente en su contenido, especialmente del hecho que el querellante A.D.L.C.M., identificado en actas, es socio y Director de la indicada firma comercial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 214 y siguientes del Código de Comercio y los artículos 1357 y siguientes del Código Civil; no obstante ello, por no ser pertinente directamente para demostrar la posesión que dice ejercía la parte querellante y el despojo de que fueron objeto, debe valorarse como un indicio a tenor de lo dispuesto en los artículos 506 y 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia.-

2. Recibos de pago. De impuestos por Patente de Industria y Comercio números 0421296 y 0427435, de fechas 9.1.1996 y 3.6.1996, emanados de la Oficina de Recaudación de Impuestos del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Falcón, donde se evidencia el pago de la cuota 12-95 y 5-96 en su orden; marcados “C” y “B” en ese orden (FF.11 y 12; 1ª pieza).

   Las indicadas probanzas por ser de las denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como documentos administrativos públicos, los cuales gozan de una presunción de validez salvo prueba en contrario, al no haber sido impugnados o tachados por la contraparte, en principio, se valoran plenamente para demostrar la solvencia de la indicada sociedad mercantil, la cual operaba en la siguiente dirección: Avenida Carabobo, número 11-52, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. No obstante ello, resultan inidóneas para demostrar la posesión de la parte querellante al momento del despojo, ocurrido supuestamente en fecha 13 de enero de 1997, pues no poseen fecha reciente o cercana a ese mes y año, al ser el más cercano de fecha 3 de junio de 1996, a tenor de las reglas valorativas contenidas en los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se determina.-

3. Justificativo de testigos. Evacuado ante la Notaria Pública de San Carlos del estado Cojedes en fecha 16 de enero de 1997; marcado “D” (FF.13-14; 1ª pieza).

   Tal probanza al no haber sido ratificada en juicio y no haber gozado del control y contradicción de la prueba por parte de los querellados, debe ser desechada del proceso por violentar el principio de igualdad de las partes y del derecho a la defensa y al debido proceso, conforme a la regla valorativa contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los preceptos establecidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se determina.-

4. Inspección judicial. Evacuada por el Juzgado del municipio Falcón de la circunscripción judicial del estado Cojedes en fecha 14 de enero de 1997; marcada “E” (FF.15-28; 1ª pieza).

   En principio esta probanza al no haber sido ratificada en juicio y no haber gozado del control y contradicción de la prueba por parte de los querellados, debe ser desechada del proceso por violentar el principio de igualdad de las partes y del derecho a la defensa y al debido proceso de estas, conforme a la regla valorativa contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los preceptos establecidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se aprecia preliminarmente.-

   No obstante, en virtud de la naturaleza procesal de la presente causa, la cual requiere en su primera fase de la consignación de pruebas que demuestren el despojo y la identidad de los querellados, este Tribunal, a los solos efectos de verificar la existencia al momento de practicarse de tales circunstancias observa que el Tribunal dejó constancia que en el inmueble se encontraba el ciudadano A.D.L.C.M., portador de la cédula de identidad Nº 203.273, quien dijo residir en el lugar y ser el padre del querellante, el cual manifestó que la ciudadana M.E.V. ordenó cerrar el taller y tiene la llave del candado que mantenía cerrado el taller (F.20; 1ª pieza). Tal situación se valora como un indicio de tal situación, la cual debe ser concatenada con otras probanzas o indicios para adquirir el valor de plena prueba, conforme a los artículos 506 y 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se determina.-

   IV.2.- Parte co-querellada. En la oportunidad de promover pruebas, la parte querellada mediante su Defensora Judicial propuso las siguientes probanzas:

   Único: Mérito Favorable. Invocó el principio de la comunidad de la prueba, en todo cuanto sea favorable a los intereses de los querellados del presente procedimiento, sobre los documentos consignados, en el Expediente Nº 2267, en su primera pieza, para demostrar que el ciudadano A.D.L.C.M., tiene constituido legítimamente sobre el inmueble un Taller Mecánico, y que además lo viene poseyendo de forma continúa, ininterrumpida, pacífica, pública y con ánimos de dueño, el inmueble objeto de la presente querella interdictal restitutoria, específicamente en los siguientes particulares documentales, sobre los cuales este Tribunal pasa a pronunciarse de forma individualizada así:

1. Inspección judicial. Evacuada por ante el Juzgado de municipio Falcón de la circunscripción judicial del estado Cojedes, la cual acompañó al expediente marcado con la letra “E” y riela al folio 15. Hace valer el mérito probatorio de este documento, para demostrar que en el inmueble no se evidencia despojo alguno, ni mucho menos que sus representados sean autores de tal acto, no se puede demostrar la presencia de los mismos dentro del inmueble objeto de la presente querella, tal como el querellante pretende alegar en su libelo de demanda, quien se encontraba en el inmueble era el ciudadano A.D.L.C.M., quien dijo ser padre del querellante y que la misma sirva para demostrar su posesión pacífica, continua e ininterrumpida. Evidente que la posesión que se alega el querellante es totalmente inverosímil.

   Tal probanza fue valorada debidamente en el punto IV.I de esta sentencia. Así se advierte.-

2. Documentos de propiedad. El cual riela a los folios desde el 54 al 63, hace vale el mérito probatorio de este documento en lo siguiente: se demuestra que quien tiene el derecho sobre la titularidad del bien inmueble objeto de la presente causa es el ciudadano A.D.L.C.M..

   Evidencia este Tribunal que cursan a los folios 53 al 63 de la primera (1ª) pieza de este expediente, copias certificadas expedidas por el Registro Subalterno del otrora distrito, hoy municipio Falcón del estado Cojedes, expedidas ambas en fecha 31 de enero de 1997, marcados “A” y “B”, constantes de un título supletorio de unas mejoras y bienhechurías constituidas para un taller mecánico a favor del ciudadano A.D.L.C.M., evacuado en fecha 4 de octubre de 1976 por ante el Juzgado del distrito Falcón del estado Cojedes; y, documento de venta celebrado por la Municipalidad del distrito Falcón del estado Cojedes y el mencionado ciudadano A.D.L.C.M., del terreno identificado en el mismo, en fecha 18 de noviembre de 1973.

   Tales documentales por ser copia certificadas de documentos públicos debidamente protocolizados, los cuales no fueron impugnadas o tachadas, se valoran plenamente para dar por demostrado el derecho que asiste al indicado ciudadano sobre los indicados inmuebles, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1357 y siguientes en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil. Así se valoran.-

3. Documento de registro. En el cual evidencia que la firma que se encuentra constituida sobre el inmueble objeto de la presente querella interdictal, es denominada TALLER MECANICO INSDUSTRIAL, el cual riela a los folios 65, 66 y 67, marcado con la letra “E” donde el propietario es el ciudadano A.M.B..

   Esta documental riela en copia simple a los indicados folios de la primera (1ª) pieza del expediente, la cual al no haber sido impugnada, se tiene como copia fidedigna de su original, del cual se evidencia la constitución por parte del indicado ciudadano de la identificada firma mercantil TALLER MECANICO INSDUSTRIAL CARABOBO, más no se evidencia de ese documento la dirección exacta, por lo que se valora como un indicio de que este taller funcionaba en el inmueble del cual alega el querellante fue despojado, a tenor de lo dispuesto en el primer aparte del artículo 429 en concordancia con los artículos 506 y 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia.-

4. Constancia de residencia. Del ciudadano A.D.L.C.M., marcado con la letra “E”, el cual riela al folio 121, evidenciándose que el referido ciudadano es quien se encuentra poseyendo legítimamente el inmueble.

   Tal probanza riela en original al folio 121 de la primera (1ª) pieza en original, no obstante, por estar condicionada a lo expuesto por los testigos, tal como se evidencia de su texto, siendo ellos terceros ajenos al juicio, debió haber sido ratificada por ellos y no habiendo sido así, debe ser desechada del acervo probatorio de la presente causa a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se indica.-

5. Solvencias municipales. Marcadas con la letra “F”, las cuales rielan al folio 68 al 72 de la primera (1ª) pieza del expediente, todas de fecha 6 de febrero de 1997, correspondiente a los siguientes períodos:

   1. Nº 007586 pago desde el 4º trimestre del 90 al 4º trimestre del 95 a nombre de MARTINEZ, ALEJANDRO, por concepto de Propiedad Inmobiliaria del inmueble Nº 0-125.

   2. Nº 007587 pago desde el 1º trimestre al 4º trimestre del 96 a nombre de MARTINEZ, ALEJANDRO, por concepto de Propiedad Inmobiliaria del inmueble Nº 0-125.

   3. Nº 007588 pago del 1º trimestre del 97 a nombre de MARTINEZ, ALEJANDRO, por concepto de Propiedad Inmobiliaria del inmueble Nº 0-125.

   4. Nº 034995 solicitud de solvencia a nombre de A.D.L.C.M..

   5. Nº 8726 solvencia del inmueble Nº 0-125 a nombre de A.D.L.C.M., cedula de identidad Nº 203.273.

   Las indicadas probanzas por ser de las denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como documentos administrativos públicos, los cuales gozan de una presunción de validez salvo prueba en contrario, y al no haber sido impugnados o tachados por la contraparte, se valoran plenamente para demostrar la solvencia del indicado ciudadano A.D.L.C.M., de los tributos municipales que pechan su propiedad inmobiliaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se determina.-

6. Inscripción de Patente Industria y Comercio. Expedida por el Concejo Municipal del distrito Falcón del estado Cojedes, de vigencia anual y la cual riela inserta a los folios 73 y 76 de la primera (1ª) pieza del expediente, marcada “G”.

   Esta probanza por ser de las denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como documentos administrativos públicos, goza de una presunción de validez salvo prueba en contrario, y al no haber sido impugnada o tachada por la contraparte, se valora plenamente para demostrar la inscripción y otorgamiento del permiso correspondiente para ejercer la industria o comercio de Taller Mecánico del indicado ciudadano A.D.L.C.M., durante el año de 1974 en la avenida Carabobo de la ciudad de Tinaquillo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. No obstante, en virtud de su vigencia temporal de un año, resulta Inidónea para demostrar el ejercicio de dicha actividad en la fecha en que supuestamente el querellado fue despojado, por lo cual debe ser desechada del acervo probatorio de esta causa, a tenor de lo dispuesto en los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

7. Declaración ante el Ministerio de Hacienda. Planilla Nº 0499708 de situación fiscal del contribuyente para el día 8 de junio de 1989, la cual riela al folio 74 de la primera (1ª) pieza del expediente, marcada con la letra “H”.

   Tal documento amerita el mismo razonamiento realizado supra. Así se reitera.-

8. Registro de Información Fiscal. Inserto al folio 78 de la primera (1ª) pieza del expediente, marcado con la letra “I”, del cual se evidencia que el ciudadano M.B., ALEJANDRO, portador del RIF Nº V.-002032739, posee como domicilio fiscal la calle Carabobo, Nº 125, Tinaquillo, estado Cojedes.

   Esta probanza por ser de las denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como documentos administrativos públicos, goza de una presunción de validez salvo prueba en contrario, y al no haber sido impugnada o tachada por la contraparte, se valora plenamente para demostrar la inscripción del indicado ciudadano A.D.L.C.M., en el Registro de Información Fiscal en fecha 20 de enero de 1984 y su domicilio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se determina.-

   -V-

   Acerca de la querella interdictal restitutoria por despojo.-

   Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre el fondo de la presente querella, debe este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore ex Necesse hacer las siguientes consideraciones acerca de la indicada institución Interdictal de conformidad con lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico vigente, a saber:

   Nuestro Código Civil sustantivo establece en su artículo 783 lo siguiente:

   Artículo 783. Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión

   .

   Por su parte, nuestro Código Adjetivo Civil establece:

   Artículo 699. En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía

   (subrayado del tribunal).

   Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, si a su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas

   .

   De las normas supra transcritas se evidencia que el querellante debe, además de cumplir con los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que no sea contraria la demanda al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, en este caso, cumplir con los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 783 del Código Civil y 699 del Código de Procedimiento Civil, esto es, deberá demostrar la ocurrencia del despojo del que alega fue objeto por parte de la parte querellada. Así lo ha establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0947 del 24 de agosto de 2007, caso: C.S.P.A. y otros, con ponencia del magistrado Dr. T.Á.L., expediente Nº 03-0582, donde indicó respecto a la admisión del interdicto restitutorio por despojo y los supra citados artículos que:

   De acuerdo con las normas citadas, los presupuestos de admisibilidad de la querella interdictal restitutoria son cuatro: 1) Ser poseedor de la cosa mueble o inmueble; 2) Que haya ocurrido el despojo en el ejercicio de ese derecho; 3) Que el querellante interponga la querella dentro del año en que ha ocurrido el despojo; y, 4) Que presente al juez las pruebas que demuestren in limine litis la ocurrencia del despojo, aun cuando la acción fuera intentada contra el propietario de la cosa

   (subrayado del Tribunal).

   “En sentencia de vieja data pero aplicable al caso que se estudia, la Sala estableció que “...en los interdictos de restitución, no interesa probar la legitimidad de la posesión (...) sino que es necesario y suficiente para el querellante, el haber ejercido la posesión, cualquiera que ella sea, en el momento del despojo, y el despojo mismo...”. (Negritas de la Sala; Sent. del 3-4-62, GF 47 p. 436)”.

   “Asimismo, en decisión más reciente la Sala estableció que “...de acuerdo con el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, una vez que el querellante haya demostrado la ocurrencia del despojo, el juez ordenará el secuestro del inmueble objeto de la pretensión, en caso de que el actor no estuviera dispuesto a constituir la garantía a la cual está obligado para responder de los daños y perjuicios que pudiera causar su solicitud. El decreto de la referida medida lo dictará el juez una que vez haya encontrado suficiente la prueba o las pruebas promovidas a tal efecto, en el mismo cuaderno donde se sustancia la causa principal; la decisión que se dicte al respecto, adquiere la naturaleza de una sentencia interlocutoria...”. (Negritas y Subrayado de la Sala). (Sent. del 1º del diciembre de 2003, caso: J.E.M. c/ Inmobiliaria Correa C.A.)”.

   De conformidad con la doctrina anterior, el querellante debe demostrarle al juez de primera instancia la ocurrencia del despojo, para que luego de encontrar suficiente la prueba o las pruebas promovidas in limine litis, éste ordene la restitución provisional de la posesión o el secuestro del inmueble. Además, debe demostrar que en efecto tenía la posesión de la cosa para el momento en que ocurrieron los hechos señalados en la querella, la cual deberá interponer dentro del año siguiente de ocurrir tales hechos

   (subrayado del Tribunal).

   En el presente caso, la alzada estableció que no estaban llenos los extremos exigidos por el legislador antes citados para la admisión de la demanda, por cuanto el querellante solo aportó el poder otorgado al abogado M.R.A., una serie de partidas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, un documento de venta de Corporación Bucaral Dos C.A. a E.D. y una copia simple de demanda presentado por M.E.H. ante otro tribunal, y como el establecimiento de estos hechos no fueron destruidos por el formalizante, la Sala debe atenerse a ellos y, en consecuencia, considerar que no estaban cumplidos los extremos exigidos por los artículos 783 del Código Civil y 699 del Código de Procedimiento Civil

   .

   Por consiguiente, es criterio de la Sala que la recurrida no erró en la correcta interpretación de los artículos 783 del Código Civil y 699 del Código de Procedimiento Civil

   .

   “En cuanto a la denuncia de infracción del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, la norma establece que “...presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley...”.

   La referida disposición obliga al juez a admitir todas las demandas interpuestas, con las excepciones establecidas en ella, es decir, si la causa no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley

   (subrayado del tribunal).

   Sin embargo, tal regla no es aplicable al caso de autos, ya que como se estableció precedentemente, en este tipo de procesos el querellante debe demostrar la posesión y la ocurrencia del despojo para la iniciación del juicio, sin lo cual la solicitud debe declararse inadmisible, como en efecto sucedió en el presente juicio

   (negrillas del tribunal).

   Por lo expuesto, se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 26 y 49 ordinal 3º de la Constitución, 341 y 699 del Código de Procedimiento Civil, y 783 del Código Civil. Así se decide

   .

   En ese mismo orden de ideas, el doctrinario patrio R.J.D.C., en su obra Cursos sobre Juicios de la Posesión y de la Propiedad (p.37), indica:

   La demostración del despojo: para demostrar el despojo es necesario acreditar el hecho de la posesión actual, es decir, que el querellante es poseedor y que fue despojado, porque aparentemente del texto artículo 699 del C.P.C. se deduce que es suficiente con la demostración de la ocurrencia del despojo, pero para demostrar el despojo es necesario demostrar la posesión anterior por el querellante. Inclusive la C.S.J. en sentencia del 13 de marzo de 1985 de la Sala de Casación Civil, ha dicho que para que pueda acordarse la restitución es necesario demostrarle al juez que al momento de consumarse el despojo, el querellante poseía la cosa objeto de la acción, de manera que, el despojo presume la prueba de la posesión por parte del querellante...

   (Negritas del Tribunal).

   Es así que, el querellante debe demostrar como requisito indispensable para que sea admitida la querella interdictal restitutoria por despojo, el hecho de que al momento de configurarse la ocurrencia del despojo por parte de la querellada, el mismo se encontraba en posesión de la cosa, en este caso, inmueble (bienhechurías). A idéntico aserto acerca de los interdictos recuperandoe possessionis llegaba R.V.I. en su obra Estudios sobre la Posesión (Oxford, 2000; pp.113-114) al indicar:

   Omissis… En el derecho moderno se reconocía, como regla aplicable tanto a muebles como inmuebles, y en virtud de principios del derecho de JUSTINIANO(sic), que el poseedor puede pretender la posesión posesoria contra toda apropiación de la posesión por parte de un tercero, que no se la puede hacer remontar hasta su propia voluntad (como en el caso del dolos o de metus); las circunstancias particulares de esta apreciación, la violencia, el error, el dolo o la falta de un tercero, son completamente indiferentes; el demandante no tiene más que probar su posesión hasta el momento y la manera como ha pasado al defensor

   (subrayado del tribunal).

   Así las cosas y a efecto de determinar la procedibilidad al fondo de la acción interdictal restitutoria en el presente caso, debe este órgano jurisdiccional centrar su análisis en la comprobación de los extremos legales que le permitan determinar la existencia o no del supuesto “despojo” por parte de la querellada en contra del querellado mientras este se encontraba en posesión de la cosa, siendo en consecuencia, deber impretermitible de este juzgador hacer algunas consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la figura del despojo.

   Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2001) despojo es la “Acción o efecto de de despojar o despojarse”; siendo despojar “Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia”. En un sentido más jurídico, por despojo podemos entender según la Enciclopedia Jurídica Omeba (T.VIII, p. 726; 1978), lo siguiente:

   Omissis…

   Para algunos autores, despojo es el acto violento mediante el cual alguien es expulsado de un inmueble que poseía. Para otros, el acto violento no es característica del despojo, pues puede darse éste también cuando la desposesión proviene de actos clandestinos o de abuso de confianza”.

   …Omissis…

   Partiendo de la base –dice Fornieles- de que la palabra despojo significa desposesión violenta, se ha construido esta figura especial del interdicto de despojo, al que se le ha dado el carácter de simple medida policial tendiente a mantener el orden y a impedir que nadie se haga justicia por su propia mano. Funciona como una especie de represión de la violencia. El juez, manda restituir las cosas al estado que tenían antes del despojo, sin averiguar si el ocupante era o no el verdadero poseedor, ni los vicios que pudiera tener su posesión o el tiempo que haya durado. Se dice al perturbador: si usted tiene derecho a recobrar una posesión perdida, deduzca ante la justicia la acción posesoria pertinente, pero no obre con violencia ni proceda de propia autoridad. Concebida de este modo la acción de despojo mira más al acto de fuerza y menos el carácter de la posesión

   .

   “El más tenaz sostenedor de este punto de vista es el civilista a.H.L. (Derecho civil “Tratado de los Derechos reales”, vol. I, pág. 336)”.

   Con Fornieles, creemos que la segunda acepción es la exacta, esto es, que despojo tanto puede ser desposesión por violencia como por clandestinidad, o abuso de confianza

   .

   “Tal es, por otra parte, el sentido tradicional de “despojo” en el Derecho español (Véase las citas que hace Fornieles, op. cit., Escriche y las explicaciones de los procesalistas Manresa y Reus, Manresa y Navarro, Caravantes, etc.)”

   Además, Vélez Sársfield tomó casi al pie de la letra todo lo que se refiere a la acción de despojo, del Proyecto de Freitas traduciendo la palabra portuguesa esbulho (art. 3718 de Freitas) por despojo. Y para Freitas, esbulho comprendía desposesión violenta, clandestina o por abuso de confianza (artículo citado)

   …Omissis…

   En conclusión: para nosotros, despojo en el Derecho argentino es el acto violento, clandestino o de abuso de confianza por el efecto del cual un poseedor o tenedor es totalmente excluido de su poder sobre un inmueble

   (subrayados del tribunal).

   Ciertamente, el artículo 783 de nuestro Código Civil no determina que el despojo sea un acto violento, no limitando taxativamente las formas de despojo de las que puede ser víctima del despojado, por lo tanto, el despojo puede materializarse mediante violencia, medios clandestinos o el abuso de confianza, siendo esta enumeración doctrinaria enunciativa y no taxativa de las formas en que puede presentarse el mismo. Siendo ello así, sea cual sea la forma mediante la cual se materializa el despojo del poseedor (legítimo o precario, pues tampoco nuestro Código Civil hace distinción en este punto), este podrá intentar dentro del año de su ocurrencia, la acción interdictal restitutoria en contra de su despojador, para ser colocado de nuevo en posesión del bien, aun cuando el despojador sea el propietario de la cosa, siempre y cuando haya demostrado la ocurrencia del despojo.

   Ora, es entonces absolutamente necesario que el querellante demuestre in limine litis ante el juez, que venía ejerciendo la posesión del bien al momento en que se sucedió el despojo, sea cual fuese el tipo de posesión, siendo entonces requisitos concomitantes y conjuntivos para la admisibilidad de la querella interdictal restitutoria la comprobación de la posesión del querellante y el hecho del despojo, al igual que la demostración de que está intentando su querella dentro del año de ocurrencia del despojo.

   Ahora bien, en la presente causa, la parte querellante no logró demostrar, en virtud de su inactividad probatoria, el hecho de estar ejerciciendo su posesión en el inmueble ubicado en el Nº 125 de la avenida Carabobo de la ciudad de Tinaquillo, el hecho de haber sido despojado y menos aún la identidad de las personas que supuestamente lo despojaron del indicado bien, presupuestos procesales necesarios para que pueda proceder la presente querella restitutoria por despojo, en virtud de que:

1. Al no demostrar su posesión sobre el indicado inmueble, carece de legitimación activa o interés legítimo para intentar dicha acción, pues no puede haber sido despojado de un bien que no posee.

2. Al no demostrado lo anterior, mal pueden los querellados tener legitimación pasiva en la presente causa.

   Ante el alegato de la Defensora Judicial de la falta de cualidad, tanto activa como pasiva, en la presente causa como defensa de fondo (Vuelto folio 252; 2ª pieza), pasa este órgano subjetivo institucional judicial a realizar las siguientes consideraciones acerca de la cualidad de las partes, así:

   Señala el autor patrio Dr. A.R.R., en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (T. II, p.28; 2003) lo siguiente:

   “La legitimación es la cualidad necesaria de las partes. El proceso no debe instaurarse indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquéllos que se encuentran frente a la relación material o interés jurídico controvertido en la posición subjetiva de “legítimos contradictores”, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación. La regla general en esta materia puede formularse así: “La paresota que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación activa) y la persona contra quien se afirma la existencia de este interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva)”.

   Omissis…

   Por tanto, no hay que confundir la legitimación con la titularidad del derecho controvertido. La titularidad del derecho o interés jurídico controvertido, es una cuestión de mérito, cuya existencia o inexistencia dará lugar, en la sentencia definitiva, a la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda; mientras que el derecho de legitimación da lugar a una sentencia de rechazo de la demanda por falta de legitimación, sin entrar el Juez en la consideración del morito de la causa

   .

   Ello así, reitera este Tribunal que la falta de cualidad es un requisito de orden público para que pueda proceder en derecho la pretensión del demandante, así lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0776 de fecha 18 de mayo de 2001, con ponencia del magistrado Dr. J.E.C.R., expediente Nº 00-2055 (Caso: R.E.M. en Invalidación), estableció acerca de las causales de inadmisibilidad de la acción lo siguiente:

   La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho

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   “En sentido general, la acción es inadmisible:

   Omissis…

   “3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Omissis…

   Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción. Surge una apariencia de acción y de proceso, al poner en marcha la función jurisdiccional, pero ella (la acción) realmente no existe, ya que efectivamente no se está buscando la tutela judicial que debe brindar la actividad jurisdiccional, y que es el fin del proceso

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   Es igualmente requisito de la acción la cualidad en las partes, tal como señalaba el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil de 1916 al tratar las excepciones de inadmisibilidad

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   Omissis…

   “El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, omissis…

   Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación, y estos ejercicios de la acción con fines ilícitos, el juez debe calificarlos, y máxime este Tribunal Supremo, en cualquiera de sus Salas, debido a la letra del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que le permite, al menos al Tribunal Supremo de Justicia, tomar medidas generales tendentes al cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil

   .

   Acerca de tal defensa establece el Código de Procedimiento Civil que:

   Artículo 361. En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar

   .

   Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas

   (Subrayado y negritas de este Tribunal).

   Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación

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   En ese sentido, el autor patrio Dr. R.H.L.R.e.s.o.C. de Procedimiento Civil (pp.117-120, T.III; 2004) establece en lo que concierne a la Falta de Cualidad que:

   “2. Falta de cualidad. El Código de Procedimiento Civil de 1916 preveía, en el artículo 257, como primera excepción de inadmisibilidad, la >.

   Aunque la legitimatio ad causam es un presupuesto material de la demanda y no puede ser dilucidada como cuestión previa, existen casos en los que –como ha explicado L.L. (Contribución al estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por falta de Cualidad, en Ensayos Jurídicos, p. 15 ss)-- la ilegitimidad a la causa proviene de una relación jurídica distinta y anterior a la inserida en el proceso actual, de suerte que puede dilucidarse in principio quaestionis tal asunto, a los fines de establecer, con carácter previo, si la pretensión es admisible. Casos de ejemplos son los de sustitución procesal como la acción oblicua (Arts. 1.278 y 1.847 del CC) o la cesión de los derechos litigiosos no autorizada por el reo (Art. 1.557 CC), y todas las llamadas legitimaciones anómalas en las que la cualidad proviene de la ley y no de la titularidad del derecho de crédito o derecho in rem. Igualmente, los derechos a titularidad mediata, como el que corresponde al sub-arrendador, en cuanto depende de la cualidad de arrendador que en el primer arrendamiento tenga su contratante

   .

   Todos esos casos permitían resolver, como se ha dicho, la discusión sobre la cualidad, en artículo previo. Vgr., si quien diciéndose pariente del notado de demencia no tiene tal cualidad, no tendrá tampoco la > que le da el Código Civil para demandar la interdicción civil; si quien diciéndose cesionario de los derechos litigiosos, los ha recibido después de la contestación de la demanda, sin la aquiescencia del reo, no tendrá tampoco la cualidad, aunque sea válida la cesión inter partes (Arts. 145 del Código de Procedimiento Civil y 1.557 del Código Civil)

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   Sin embargo la aplicación práctica de esta excepción o cuestión previa, trajo múltiples inconvenientes y retrasos en la administración de justicia. La primera disputa surgía al ser interpuesta in limine litis la excepción de falta de cualidad, era la concerniente a su admisibilidad; es decir, si era admisible la excepción de inadmisibilidad por referirse a cuestiones previas y excluidas de la litis, o si se trataba de una falta de cualidad basada en la titularidad del derecho, y por ende, comprendida en la cuestión de fondo. Podía haber, y de hecho había, diferencias de apreciación en las sentencias interlocutorias de ambas instancias: el juez de primera instancia resolvía la excepción, acogiéndola o rechazándola, mientras que el juez de segunda instancia consideraba que la excepción > y no podía ser acogida o rechazada en incidente previo

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   Fue por esto que el nuevo Código de Procedimiento Civil de 1986 suprimió la excepción de admisibilidad por falta de cualidad e interés como cuestión previa, y dispuso –aunque no era necesario--, en este artículo 361, que >, además de las cuestiones de inadmisibilidad, antes vistas, de cosa juzgada, caducidad o prohibición de la Ley de admitir la demanda. Decimos que no era necesaria tal mención, porque el escrito de contestación a la demanda es, por definición, el medio para oponer las excepciones perentorias y defensas del demandado. Pero el legislador quiso remarcar la modificación del viejo Código, indicando indirectamente, la vía única que en adelante habría para oponer la excepción de ilegitimidad a la causa

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   El Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica (Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal) incluye la discusión in limine litis de la falta de cualidad o interés, siempre que se cumpla una condición: que > (Art. 23, ord. 9); solución esta que, en nuestra tradición judicial, no tiene buen presagio

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   Hemos de aclarar que la legitimación a la causa, deviniente de la titularidad, es un presupuesto material de la sentencia favorable que tiene que acreditar el demandante, pues a él corresponde la carga de la prueba de todos aquellos supuestos que hacen aplicable la norma productora del efecto jurídico deseado por el demandante (cfr comentario al Art. 506). Por tanto, si el reo no opone la excepción de falta de cualidad, ello no significa que el actor quede exento de probar que él es titular del derecho deducido y que su antagonista es titulara de la obligación correlativa

   .

   Las excepciones de falta de cualidad, en sentido propio, son aquellas que introducen a la litis hechos nuevos; valga decir, las que conciernen a cualidades anómalas (Art. 140) o a relaciones jurídicas distintas pero conexas con la disputada en el juicio

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   La debida integración de un litisconsorcio necesario compete al tema de la cualidad, desde que ésta se halla fraccionada entre todos los sujetos de la única relación sustancial (Cfr. Art.146), pero la denuncia de indebida integración de litis consorcio no constituye en nuestro Código una excepción sustancial (exceptio deficientis legitimationis ad causam), sino una intervención forzosa de tercero (Arts. 370 ord. 4º y 382). Queda a salvo, sin embargo, los casos en los que la ley ordena el llamamiento en causa del tercero, como ocurre en la ejecución de la hipoteca respecto a los terceros adquirientes de la cosa hipotecada o terceros dadores de hipoteca (cfr comentario Art. 661)

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   Respecto a la indicada Falta de Cualidad o de Interés la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1919 de fecha 14 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Dr. J.E.C.R., expediente Nº 2003-000019 (Caso: A.Y.C.) estableció que:

   Al efecto, en primer lugar es necesario determinar lo que debe entenderse por falta de cualidad y cuál es la oportunidad procesal para oponerla de acuerdo a lo pautado en nuestra vigente ley adjetiva procesal

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   En el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, existía la posibilidad de oponer la falta de cualidad de las partes como excepción de inadmisibilidad. En el código vigente, la falta de cualidad no puede ser opuesta como cuestión previa, sino como una defensa de fondo, conforme lo dispone expresamente el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil

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   Por su parte, el ordinal 4° del artículo 346 eiusdem, contiene la cuestión previa de ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se atribuye, y se refiere es al problema de la representación procesal de la parte demandada, específicamente, a la falta de representación de la persona citada como representante del demandado, que es la llamada legitimatio ad processum, y no de la falta de cualidad o de la legitimatio ad causam. Es decir, en el caso de la legitimatio ad processum, se refiere a un presupuesto procesal para comparecer en juicio; esto es, un requisito indispensable para la constitución válida de toda relación procesal y para garantizar al demandado su adecuada representación en juicio

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   En tanto, que la cualidad o legitimatio ad causam debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio; como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito; la cual, de acuerdo a lo antes expresado, no puede ser opuesta conforme al Código de Procedimiento Civil vigente, como cuestión previa

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   El supra trascrito criterio fue ratificado en sentencia Nº 2029 del 25 de julio de 2005, dictada por la misma Sala en ponencia del magistrado Dr. M.T.D.P., expediente Nº 2004-002385 (Caso: L.J.R.). Así, la legitimatio ad causam o cualidad es definida por Guiseppe Chiovenda como “la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley y en la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley. La primera constituye la legitimación activa; la segunda, la legitimación pasiva. Se denomina también calidad para obrar en juicio” (Enciclopedia Jurídica Opus p.116, T.V.; 1995)

   Ante ese panorama procesal de inactividad probatoria del querellante para demostrar su interés jurídico actual para el momento de interponer la demanda, así como la cualidad de los querellados, observa quien se pronuncia que nuestro Código de Procedimiento Civil, establece respecto a la plena prueba de los hechos y la carga de tal prueba, que:

   Artículo 254. Los Jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma

   .

   En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse

   .

   Omissis…

   Artículo 506. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

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   Los hechos notorios no son objeto de prueba

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   Siendo ello así, en virtud de que la parte demandante en su oportunidad procesal correspondiente, no promovió probanza alguna que le favoreciese, permitiese demostrar el hecho de la posesión que ejercía en el inmueble, así como el hecho del despojo del que alega fue víctima por parte de los querellados, y en consecuencia, no consignó con su libelo probanza alguna que demostrase su cualidad y la de los codemandados, incurriendo en una de las causales de inexistencia de la acción en la presente causa, por lo que deberá forzosamente declarar SIN LUGAR la querella y así lo hará este sentenciador en la dispositiva del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en los artículos 254 y 506 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará expresamente este Órgano Objetivo Institucional Judicial en su decisión. Así finaliza su razonamiento.-

   -VI-

   DECISIÓN.-

   Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara SIN LUGAR la querella interdictal restitutoria por despojo intentada por el ciudadano A.D.L.C.M., actuando nombre propio y en nombre y representación de la firma mercantil “AUTOSERVICIOS ALEJANDRO, S.R.L.”, mediante apoderadas judiciales H.J.A. y Y.J.S., en contra de los ciudadanos M.E.V., J.A.M.V., W.A.M.V. y M.M.V..

   Se condena en costas a la parte querellante conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-

   Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión. Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.-

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San C.d.A., a los once (11) días del mes de junio de dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.-

   El Juez Provisorio,

   Abg. A.E.C.C.. La Secretaria Titular,

   Abg. S.M.V.R..

   En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las nueve de la mañana (9:00a.m.).

   La Secretaria Titular,

   Abg. S.M.V.R..

   Expediente Nº 2267.-

   AECC/SmVr/marcolina.-