Decisión nº OP01-R-2006-000023 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 10 de Octubre de 2006

En fecha trece (13) de febrero de 2006, se recibe constante de diez (10) folios útiles, asunto contentivo de Recurso de Revisión de Sentencia condenatoria interpuesto por el Dr. J.P. MOLINA MARTÍNEZ, en su carácter de Defensor Público Penal Séptimo Adscrito a la Unidad de Servicio Autónomo de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en el Asunto N° OP01-R-2006-000023 instruido contra el penado ciudadano J.S.R., a quien se le sigue P.P. por la Comisión del Delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Asimismo; se recibe el Asunto Principal N° 2437-03, contentivo de ciento cincuenta y ocho (158) folios útiles.

Según Listado de Distribución llevado por Sistema de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos le correspondió el conocimiento de la presente, al ponente N° 01 de este Despacho Judicial, quien suscribe la actual decisión J.A.G.V., tal como consta al folio diez (10) de las respectivas actuaciones.

En fecha dos (02) de marzo del año 2006, se admite cuanto ha lugar en derecho, el Recurso de Revisión, conforme con lo dispuesto en el primer aparte del Artículo 455, en concordancia con los artículos 470 numeral 6° y 474 todos del Código Adjetivo Penal. Asímismo, se acordó fijar el acto de la Audiencia Oral y Pública, para el miércoles (15) de marzo del presente año. Notificándose a las partes sobre el auto acordado. (Folio 12 del cuaderno de incidencia).

En fecha quince (15) de marzo de 2006, se dicta auto de mera sustanciación, indicando que no se llevó a cabo la celebración de la Audiencia Oral y Pública, por no realizarse el traslado del penado de autos, en consecuencia, se ordenó diferir el mencionado acto para el día miércoles veintinueve (29) de marzo del año que discurre.

En fecha veintinueve (29) de marzo del año que discurre, se dicta auto de mero trámite, donde se señala, que al folio 155 de la causa principal, se observa que corre inserta copia de comunicación N° 0145 de fecha 1/03-2005, suscrita por el Ministerio del Interior y Justicia, dirigida al entonces Embajador de Los estado Unidos de América acreditado en Venezuela, mediante la cual informa que acepta el traslado del penado a la mencionada Nación, no obstante dicho acto no ha tenido lugar, toda vez, que en ninguna oportunidad se ha efectuado el traslado del penado desde ese Establecimiento Penal. En consecuencia, este Tribunal Colegiado ordenó oficiar al Internado Judicial de la región Insular, con el fin de requerir información acerca del motivo por el cual no se ha efectuado el traslado del penado a esta Sede Judicial.

En fecha, primero (01) de abril de 2006, se recibe de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de este estado, oficio N° 0333-06, proveniente Internado Judicial Región Insular, mediante el cual informa que el penado J.S.R. fue trasladado al Internado Judicial de Los Teques, estado Miranda en fecha 29 de abril de 2005, para su posterior repatriación a su país de origen, según lo ordenado por la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso.

El diez (10) de abril de 2006, se dicta auto de mero trámite, ordenando oficiar al Dirección de Justicia y Culto, adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, a los fines de que informe el número y fecha de la resolución dictada por el Ministro del ramo, sobre la repatriación efectiva del penado de autos.

En fecha 26 de septiembre de 2006, se recibe vía fax, comunicación de la Dirección General de Justicia y Culto, dirigida al Presidente de esta Alzada, donde se lee las actas de entrega de los ciudadanos que se mencionan a continuación y entre ellos se lee el nombre de J.A.S.R..( Folios 36 y 37 del cuaderno de revisión)

En data 28 de septiembre de 2006, este Tribunal Colegiado dicta auto de mera sustanciación el cual contiene lo que a continuación sigue:

…Revisadas como han sido las actuaciones que integran el presente Asunto Penal, distinguido con nomenclatura OP01-R-2006-000023, seguido al penado J.A.S.R., contentivo de Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Firme, interpuesto por el AB. J.P. MOLINA MARTÍNEZ, en su carácter de Defensor Público Séptimo Penal de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial de Estrado Nueva Esparta, en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), en la causa principal N° 2437.03, en la cual fue condenado en fecha seis (06) de mayo de dos mil tres (2003), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, a cumplir la pena de diez (10) años de prisión por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, se observa al folio veintiocho (28) del presente Asunto, auto dictado por esta alzada, mediante el cual se solicita información al Internado Judicial de esta región insular con ocasión a la comunicación N° 0145 procedente del Ministerio del Interior y Justicia referente a la aceptación del traslado por repatriación del penado de autos.

En tal virtud, este Tribunal Colegiado, ordenó oficiar a la Dirección de Justicia y Cultos, adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, con el objeto de requerir información oficial que acredite la efectiva repatriación del penado a su país de origen.

Ahora bien, la Dirección de Justicia y Cultos, adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, es la dependencia del Ejecutivo encargada de aprobar oficialmente la repatriación de los ciudadanos extranjeros que son penados por los distintos Tribunales acreditados en la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela. En tal orden de ideas se aprecia en actas, oficio N° 2388 de fecha diecinueve (19) de Septiembre de dos mil seis (2006), procedente del Despacho Ministerial en referencia, mediante el cual remite adjunto Acta de Entrega del penado J.A.S.R., en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en las leyes probatorias de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en materia de traslado de personas condenadas.

Sobre la base de lo expuesto, este Tribunal Colegiado aprecia como inoficiosa la convocatoria a Audiencia Oral y Pública, de conformidad con los artículos 470, numeral 6 y 455 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto a su celebración no podrá asistir el penado, visto el especial régimen que le es aplicable en su país de origen, en razón del traslado de que fue objeto, sin soslayar la distancia geográfica que separa a las dos naciones en referencia y la onerosa erogación que implicaría para el Estado un nuevo traslado hacia la jurisdicción de su Juez Natural. En consecuencia, lo ajustado a derecho, a los fines de no conculcar las garantías constitucionales que contempla en su favor la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como inflexión de una Tutela Judicial Efectiva, es pasar el conocimiento del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Firme, interpuesto a favor del penado, directamente a su Juez Ponente, carácter que ostenta el DR. J.A.G.V., Juez Ponente N° 1 de esta Superior Instancia, quien deberá decidir lo planteado dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PRESENTE AUTO, por aplicación de las previsiones del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal

En fin la Sala, una vez revisadas y analizadas las actas procesales que contiene el asunto N° OP01-R-2006-000023, antes de decidir, hace las siguientes consideraciones:

DE LA RECLAMACIÓN DE LA DEFENSA J.P. MOLINA MARTÍNEZ, DEFENSOR PÚBLICO SÉPTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

En el presente asunto, el Dr. J.P. MOLINA MARTÍNEZ, Defensor Público Séptimo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, interpone Recurso de Revisión a través de escrito que da inicio al presente asunto, contra la sentencia condenatoria firme, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 03 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 06 de mayo de 2003 y que el presente recurso sea revisado, se dicte Sentencia conforme a la nueva Ley, y en consecuencia, se rebaje la Pena impuesta, todo de conformidad con el ordinal 6° del artículo 470, en relación al contenido del primer aparte del artículo 473 y del 475 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA PROVIDENCIA (SENTENCIA) RECURRIDA

En mandato judicial de fecha seis (06) mayo de 2003, el Tribunal de la recurrida, expresó entre otras cosas:

…en fecha 05 de Febrero de 2002, funcionarios adscritos a la Dirección Nacional Contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, practicaron la detención de los acusados J.A.S.R.,… en el estacionamiento del Puerto del Guamache…, por lo que realizaron la revisión corporal de los mismos localizándole al ciudadano J.A.S.R., dentro del pantalón en las partes íntimas, dos envoltorios en forma de panela, contentiva de una sustancia que al ser sometida a la experticia química correspondiente resultó ser CLORHIDRATO DE COCAINA, con un peso neto de UN (1) KILO, CON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO (535) GRAMOS…

En el desarrollo de la Audiencia Preliminar, el imputado admitió los hechos atribuidos por el Ministerio Público, alegando la defensa la aplicación del Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y la atenuante contemplada en el Artículo 74, ordinal 4° del Código Penal….

…Omissis…

…condena a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, mas las accesorias de ley… por la comisión del delito de: OCULTAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por el cual los acusó la representación fiscal, en aplicación de los artículos 37, 74 ordinal 4° del Código Penal, en concordancia con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal penal…

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En prima facie, este Despacho Judicial considera necesario resolver la competitividad para conocer de la solicitud del Recurso de Revisión interpuesto por la Defensa recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 470 y 471 ordinal 1° del Código Adjetivo Penal.

Sobre este particular, el Código Orgánico Procesal Penal refiere específicamente lo siguiente:

Artículo 470.Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes:

…omissis…

6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida.

Artículo 473. Competencia…

En los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible…

De la trascripción anterior, se infiere, que este Tribunal Colegiado es competente para revisar la sentencia condenatoria definitivamente firme dado los argumentos del solicitante que deduce esta Alzada, tienen fundamento en la puesta en vigencia de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en Gaceta Oficial N° 38.287, de fecha 05 de octubre de 2005, derogando la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de fecha 30 de septiembre de 1993.

Observemos ahora otro aspecto fundamental, referido a la irretroactividad de la Ley, con ocasión del petitorio de la solicitante.

El principio internacional mediante el cual se soluciona el contexto de sarta de leyes penales en el tiempo, es el principio de irretroactividad de la ley, el cual se traduce, de forma genérica, en que la ley penal no puede ser aplicada a hechos anteriores a su promulgación, todo lo cual se concreta en la máxima tempus regit actum.

En el ordenamiento jurídico venezolano, el principio de irretroactividad de la ley penal se encuentra consagrado, en primer lugar, en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:

Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.

El mencionado principio puede extraerse de los artículos 1 y 2 del Código Penal vigente, los cuales rezan de la siguiente forma:

Artículo 1. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente.

Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.

Artículo 2. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.

El encadenamiento de leyes en el espacio se inclina a la idea de que el Derecho Penal debe atender al amparo de los bienes jurídicos esenciales de la colectividad, y para cumplir cabal y efectivamente tal cometido, aquél debe desenvolverse a la par de la sociedad en la cual el mismo expande su reglamento, lo que implica necesariamente que sus normas deban ser sustituidas, a los efectos de adaptarlas al contexto histórico y social en el que deban ser aplicadas.

Ahora bien, este principio de la irretroactividad de la ley penal no es imperioso, ya que el mismo admite una excepción, la cual viene dada cuando la nueva ley penal que reemplaza a la primera, es más benévola que esta última. Ante dicho supuesto, y tal como se desprende del artículo 24 de la Carta Fundamental y de los artículos 1 y 2 del Código Penal vigente, será meritorio aplicar retroactivamente la nueva ley aun cuando los hechos hayan acaecido antes de su vigencia.

Tal regulación se encuentra igualmente contenida en Instrumentos Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, específicamente la establecida en la disposición novena de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por Venezuela el 14 de julio de 1977 según Gaceta Oficial N° 31.256 y que contempla el llamado “PRINCIPO DE RETROACTIVIDAD” que regula la situación en la que “… con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

El anotado principio de retroactividad se encuentra igualmente previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978 según Gaceta Oficial N° 2.146 y que resulta de obligatorio cumplimiento al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de aplicación inmediata y directa por los Tribunales de Justicia, por mandato expreso del artículo 23 del Texto Fundamental.

De esta manera y siendo que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha promulgado una ley penal que disminuye la pena establecida para el delito por el cual fue condenado el ciudadano J.S.R., lo conducente y ajustado a derecho en el caso sub examine es proceder a la rebaja de la pena correspondiente.

Fijado lo anterior, debe afirmarse que la sucesión de leyes objeto de análisis en el presente asunto, es la referida a la derogatoria de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por parte de la Ley Contra El Tráfico y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En el caso bajo estudio, los hechos ocurrieron durante la vigencia de la primera, a saber, en el año 2003, y es el caso que la representación del Ministerio Público interpuso acusación contra el actual penado de autos en la Audiencia Oral y Pública, en fecha seis (06) de mayo de 2003, etapa en la cual estaba vigente la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imputándole la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la señalada Ley (Hoy derogada), la cual consagró la pena en dos límites -Prisión de diez (10) a veinte (20) años-

A su vez, el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El Tráfico y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas también establece el delito de ocultamiento, y dispone lo siguiente:

“Artículo 31. El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, será penado con prisión de ocho a diez años….(Subrayado y resaltado de la Corte)

De las anteriores redacciones legales se evidencia que, la estructura típica del delito es igual en ambos textos normativos, a saber, tanto su tipo objetivo (bien jurídico tutelado, la conducta típica y los sujetos) como su tipo subjetivo (se trata de un tipo doloso); más no así como la penalidad correspondiente, la primera refiere Prisión de diez (10) a veinte (20) años y la segunda reseña Prisión de ocho (08) a diez (10) años, siendo el quantum de la misma desigual en ambas regulaciones legales, debido a que en la Ley Orgánica actual, establece un quantum de pena para aquellas personas que oculten por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, será penado con prisión de ocho (08) a diez (10) años, e inexcusablemente es donde se circunscribe la conducta del penado J.S.R..

Por último, la naturaleza del delito en ambas regulaciones es igual, es decir, en ambas leyes se trata de un delito contra la colectividad.

Para ultimar, a juicio de esta Corte, la revisión interpuesta por el recurrente debe ser declarada con lugar, por cuanto la reciente Ley Orgánica Contra El Tráfico y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, consagra en su artículo 31, en su encabezamiento, una pena basada en dos límites de ocho (08) a diez (10) años de Prisión.

Por ello, sobre la base de lo estatuido en la norma fundamental del artículo 24 del Texto Constitucional que consagra el principio de irretroactividad de la Ley, arriba descrito, el penado de autos fue condenado a cumplir la pena de diez (10) años de prisión, más las accesorias de Ley establecidas en el artículo 16 de la Ley Sustantiva Penal, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 03 de este Circuito Judicial.

Ahora bien, con la vigencia de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se establece un tipología penal, bajo la cual subsumen los hechos que fueron debatidos y enjuiciados en el asunto que nos ocupa, como es el caso de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, contemplado en el artículo 31, en su encabezamiento de la Ley en alusión.

En tal sentido, la defensa técnica, requirió que una vez revisada la sentencia condenatoria firme que pesa sobre su patrocinado, sea dictada Sentencia donde se disminuya la pena, tomando como base fundamental el límite inferior que establece la disposición contenida en el encabezamiento del artículo 31 de Ley Orgánica referida.

El delito indicado al penado J.S.R., en la forma en que quedaron establecidos, analizados y concordados los hechos con los medios de probatorios por el Tribunal fue el de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (anteriormente artículo 34 de la derogada ley), que tiene una penalidad entre OCHO (8) a DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, cuyo término medio a tenor de lo consagrado en el articulo 37 del Código Penal, es de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN. Ahora bien, cabe precisar que la cantidad decomisada al penado de autos, fue de Clorhidrato de Cocaína, con un peso neto de un kilo con quinientos treinta y cinco gramos (1,535), es superior a la contemplada como límite máximo en el aparte segundo del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que corresponde aplicar la pena prevista en su encabezamiento. De otro lado, tomando en consideración que en la sentencia recurrida fue rebajada la pena por la Admisión de los Hechos hasta el límite inferior de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En razón de ello, la pena a aplicarse a J.S.R., por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, queda establecida en OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN. ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por las reflexiones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley, conforme a lo previsto en los artículos 24 de la Constitución del República Bolivariana de Venezuela, 471.1, 473 y 474 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hace los siguientes determinaciones: