Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 17 de Septiembre de 2012

Promovieron el valor y mérito jurídico probatorio del documento protocolizado en el Registro Principal del Estado Mérida, N° 26, Protocolo 1, Tomo 5, trimestre 1°, año 2010, 17/3/2010, anexo N° 2, el cual reposa en los folios 129 al 133 del expediente 22.864, este documento no fue impugnado por el demandado, ya que no contestó la demanda. El objeto de esta prueba es demostrar que R.R.T.G. es capaz de forjar actas de la OCV La E.d.B. y usurpar mi identidad como Presidente de la misma.

Este juzgador observa que el mencionado documento obra agregado a los folios 129 al 133 del presente expediente, el cual consta en copia simple en el presente expediente, pero en la misma no se evidencia que el ciudadano R.R.T.G. haya forjado actas de la OCV La E.d.B. y que se usurpe su identidad como Presidente de dicha organización, lo que sí se evidencia es que los ciudadanos que la suscriben, renunciaron a su cualidad de socios de la Organización Comunitaria de Viviendas “La E.d.B.”, razón por la cual se le otorga valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil”. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio de copia certificada que consignaron en ocho (8) folios útiles de la Organización Comunitaria de Viviendas (OCV LA E.D.B.), según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 10/5/2000, bajo el N° 49, protocolo primero, tomo décimo segundo, segundo trimestre del año 2000, anexo “A”, folios 15 al 21 del presente expediente. El objeto de esta prueba es demostrar que yo M.Á.V.L. he sido y es el Presidente de la OCV La E.d.B. desde hace más de once años y hasta la presente y P.d.J.V.Q. he sido y soy directivo de la OCV La E.d.B..

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio de copia certificada que consignaron en tres (3) folios útiles de última reforma según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 23 de marzo de 2001, registrada bajo el N° 24, protocolo primero, tomo vigésimo octavo, primer trimestre, anexa “A2” (folios 22 al 24). Con el objeto de probar que yo M.Á.V.L.C. he sido y soy el Presidente de la OCV La E.d.B. y yo P.d.J.V.Q. he sido y soy directivo de la OCV La E.d.B..

Este Juzgador observa que los mencionados documentos obran agregados a los folios 177 al 187, en las cuales se evidencia que los ciudadanos M.Á.V.L. era el Presidente de la OCV La E.d.B. desde los años 2000, 2001 y 2009, tal como consta en sentencia de la Sala Político Administrativa en sentencia de fecha 24 de noviembre de 2009, así como P.d.J.V.Q. directivo de la OCV La E.d.B.. Documentos a los que se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, por no haber sido ni impugnados ni tachados de falsedad por la parte demandada. Y ASÍ SE DECLARA.

Valor y mérito jurídico probatorio de copia certificada en siete (07) folios útiles del registro de la Organización Comunitaria de Viviendas (OCV La E.d.B.), según documento protocolizado ante la Oficina del Registro Principal del estado Mérida, N° 14, protocolo 1, tomo 3, trimestre 4°, año 2009, consignada marcada “B”, este documento revela presuntas irregularidades y por ello debe ser declarada la NULIDAD del mismo. El objeto de esta prueba es probar que R.R.T.G., hizo llamados por el Diario Frontera en nombre de la OCV La E.d.B., sin tener cualidad jurídica para ello, además legalmente nunca ha sido miembro de la OCV La E.d.B., pero realizó los llamados en hechos públicos, notorios y comunicacionales.

Este Juzgador observa que el mencionado documento obra agregado a los folios 188 al 194, el cual constituye el objeto principal del presente juicio, es decir del que se pide la nulidad de asiento registral, razón por la cual no se le otorga valor probatorio por cuanto está en litigio precisamente la veracidad del mismo. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del original del Diario Frontera, página 8B, 18/9/2009, anexado marcado “C” folio 125 del presente expediente, con el objeto de demostrar que L.A.A.Z., nunca ha sido miembro de la OCV La E.d.B. y no puede estar falsamente ofreciendo viviendas de esta manera, en nombre de la OCV a la cual nunca ha pertenecido.

En relación al periódico original consignado por la parte actora, que obra al folio 195 del presente expediente, se evidencia que para el momento de las declaraciones dadas por el ciudadano L.A., no era miembro de la OCV La E.d.B., por cuanto no aparece en el acta constitutiva de la misma, el cual constituye plena prueba por ser hecho notorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 506, parte infine, del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del original del Diario Frontera, página 8B, 23/9/2009, anexado marcado “C2” folio 125 del presente expediente, con el objeto de demostrar que R.R.T.G., nunca ha sido legalmente miembro de la OCV La E.d.B., no puede estar falsamente ofreciendo viviendas de esta manera en nombre de una OCV a la cual nunca ha pertenecido legalmente.

En relación al periódico original consignado por la parte actora, que obra al folio 196 del presente expediente, del cual se evidencia las declaraciones realizadas por el ciudadano R.T., sin ser miembro de la OCV La E.d.B., por lo que él no aparece en el acta constitutiva de la misma, constituyendo plena prueba por ser hecho notorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 506, parte infine, del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del original del Diario Pico Bolívar, página 12, de fecha 19/1/2011, anexado marcado “C3” folio 125 del presente expediente, con el objeto de demostrar que los ciudadanos R.T. y L.A., falsamente ofrecen viviendas y mencionan a la OCV La E.d.B., usando de mandato falso, nombre supuesto y calidad simulada, delito tipificado en el artículo 463, numeral 1 del Código Penal Vigente.

En relación al periódico original consignado por la parte actora, que obra al los folios 197 del presente expediente, del cual se evidencia las declaraciones realizadas por los ciudadanos R.T. y L.A., sin ser miembro de la OCV La E.d.B., ofreciendo viviendas, por lo que el mismo no aparece en el acta constitutiva de la misma, el cual constituye plena prueba por ser hecho notorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 506, parte infine, del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del original del Diario Pico Bolívar, página 3, de fecha 5/12/2009, anexado marcado “C4” folio 36 del presente expediente, con el objeto de demostrar que los ciudadanos R.T. y L.A., falsamente ofrecen viviendas y mencionan a la OCV La E.d.B., usando de mandato falso, nombre supuesto y calidad simulada, delito tipificado en el artículo 463, numeral 1 del Código Penal Vigente.

En relación al medio probatorio consignado por la parte actora, que obra al folio 198 del presente expediente, demuestra que los ciudadanos R.T. y L.A., realizaron declaraciones ofreciendo viviendas sin ser miembros de la OCV La E.d.B., en virtud que los mismos no aparecen en el acta constitutiva; en consecuencia, constituye plena prueba por ser hecho notorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 506, parte infine, del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del documento que reposa en el folio 1 del Libro de Actas habilitado de la OCV La E.d.B., anexo “E”, el cual reposa al folio 35 del presente expediente. El objeto de esta prueba es demostrar que la OCV La E.d.B. tiene Libro de Actas debidamente notariado.

Este juzgador observa que el mencionado documento obra agregado al folio 35 del presente expediente, en el cual se evidencia la habilitación del libro de actas que hiciera la OCV La E.d.B. en fecha 10 de mayo del año 2000, debidamente sellado por la Notaría Pública Primera de Mérida, al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del documento que reposa en el folio 76 del Libro de Actas habilitado de la OCV La E.d.B., anexo “E2”, el cual reposa al folio 38 del presente expediente. El objeto de esta prueba es demostrar que la OCV La E.d.B. no pudo protocolizar esta acta ni ninguna otra debido al acta de fecha 6/11/2009.

Este Juzgador observa que el mencionado documento obra agregado al folio 201 del presente expediente y de la misma no se evidencia que la OCV La E.d.B. no pudo protocolizarse esta acta ni ninguna otra como lo afirma el promovente, ya que sin la nota contentiva de la negativa por parte del Registro Público no es posible por si sola considerarla con fuerza y valor probatorio. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del documento de la renuncia a la OCV La E.d.B.d. supuesto miembro R.R.T.G., anexo “N1”. El objeto de esta prueba es demostrar que el mencionado ciudadano No es miembro de la OCV La E.d.B..

Este Juzgador observa que el mencionado documento obra agregado al folio 202 del presente expediente, en el cual se evidencia que el ciudadano R.R.T. manifestó su voluntad de renunciar a la OCV La E.d.B., el cual está suscrito por su persona, razón por la cual se le otorga valor probatorio por no haber sido impugnado por el mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del acta protocolizada en fecha 17/3/2010, N° 26, protocolo 1, tomo 5, trimestre 1; año 2010, la cual reposa a los folios 129 al 133 del presente expediente. Promueven esta prueba con el objeto de demostrar que la OCV La E.d.B. no pudo protocolizar esta acta ni ninguna otra debido al acta de fecha 6/11/2009. Anexo 2.

Este Juzgador observa que la mencionada acta obra agregada a los folios 129 al 133 del presente expediente, la cual está signada como “Anexo 3”, la cual ya fue valorada en el Numeral PRIMERO de la presente valoración de pruebas, por lo que se ratifica lo allí establecido, además que no prueba que la misma no se haya podido registrar debido al acta de fecha 6/11/2009. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del acta protocolizada en fecha 30/9/2005, N° 27, protocolo 1, tomo 5, trimestre 3; año 2005, la cual reposa a los folios 30 al 34 del presente expediente. Promueven esta prueba con el objeto de demostrar que R.T. es uno de los fundadores de esta Asociación de Vivienda. Anexo: 3.

Este Juzgador observa que la mencionada acta obra agregada a los folios 30 al 34 del presente expediente, signada como “Anexo D”, en la que se evidencia que el ciudadano R.R.T. es fundador de la Asociación Civil Autogestionaría de Vivienda “La Pedregosa”, sin embargo no se le otorga valor probatorio por no tener relación con el presente juicio. Y ASÍ SE DECLARA.-

Promueven el valor y mérito jurídico probatorio del acta protocolizada en fecha 17/3/2010, N° 27, protocolo 1, tomo 5, trimestre 1; año 2010, la cual reposa a los folios 134 al 145 del presente expediente. Promueven esta prueba con el objeto de demostrar que R.T. es uno de los fundadores de esta Asociación de Vivienda. Anexo: 4.

Este Juzgador observa que la mencionada acta obra agregada a los folios 30 al 34 del presente expediente, signada como “Anexo D”, en la que se evidencia que el ciudadano R.R.T. es fundador de la Asociación Civil Autogestionaría de Vivienda “La Pedregosa”, sin embargo no se le otorga valor probatorio por no tener relación con el presente juicio. Y ASÍ SE DECLARA.-

Consignó copia de denuncia realizada ante la Fiscalía General de la República debido a amenazas que le hicieron por teléfono.

Este Juzgador observa que la denuncia aquí promovida, abra agregada al folio 199 del presente expediente, en la que se evidencia que consta en un solo folio y suscrita por el abogado M.Á.V., codemandante en la presente causa, por lo que es importante destacar que ha sido una constante jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, que ninguna de las partes puede unilateralmente crear una prueba a su favor, excepto en el caso de la figura jurídica del juramento decisorio; así lo decidió la Sala Constitucional en sentencia de fecha 2 de abril de 2.002, en el expediente número 00-1493, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., todo ello en obsequio del ejercicio del derecho en el caso del sistema de apreciación de las pruebas, precisamente con la finalidad de proteger las disposiciones constitucionales a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto valorar esta prueba unilateralmente creada por la parte actora, implicaría soslayar ilegalmente la tarifa legal prevista en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos privados que le son opuestos a la parte contraria y mal puede oponérsele a la parte contraria un documento privado que no ha sido firmado por la misma, razón por la cual, no se le otorga valor probatorio alguno. Y ASÍ SE DECLARA.-

INSPECCIÓN JUDICIAL, ante el Registro Principal del Estado Mérida, para dejar constancia de algunos documentos que se mencionan en esta demanda y a los fines indicados en el artículo 1.428 del Código Civil, para dejar constancia del acta de fecha 6/11/2009, N° 14, folios 95 al 102, Protocolo 1°, Tomo 3°, trimestre 4°, año 2009 y al Cuaderno de Comprobantes, publicaciones por prensa para convocar asambleas.

Este Juzgador observa que la inspección judicial aquí promovida, fue debidamente evacuada por este Tribunal, tal como consta en acta de fecha 08 de noviembre de 2011, la cual consta a los folios 237 al 241 del presente expediente, por lo que es menester destacar que en orden a lo consagrado en el artículo 1.430 del Código Civil los Jueces estimarán en su oportunidad el mérito de dicha prueba, vale decir, de la inspección judicial y es precisamente en esta sentencia definitiva, la oportunidad para apreciarla, sin confundirla con la valoración que se le da a otros medios probatorios, pero si adminiculándola a otros hechos, circunstancias, y pruebas producidas en los actos, pues se trata de una prueba de inmediación, directa, personal y formal con relación a los hechos inspeccionados, observándose entre los requisitos para su eficacia probatoria los siguientes: 1) La conducencia de este medio probatorio con relación con el hecho u hechos inspeccionados; 2) Pertinencia de lo inspeccionado; 3) Que las conclusiones sean lógicas y razonables; 4) Que no exista prueba que la desvirtúe, 5) Que el acta se elabore de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, con claridad y precisión y 6) Que el hecho inspeccionado no sea jurídicamente imposible.

En este orden de ideas el Tribunal observa que la inspección judicial solicitada y practicada fue realizada en forma legal y que guarda estrecha relación con los hechos narrados en el escrito libelar y con otras pruebas que obran en los autos por lo que el Tribunal la estima como una prueba que tiene eficacia jurídica probatoria a favor de la causa que representa la parte demandante, por cuanto el funcionario público que la practicó le otorga f.p. entre las partes y respecto de terceros, sobre los hechos jurídicos que el funcionario declara haber efectuado, facultado para hacerlo y en donde declara lo que pudo haber visto u oído facultado como estaba para hacerlo constar, razón por la cual se le otorga el valor probatorio previsto en el artículo 1.359 del Código Civil Venezolano, con la cual quedó demostrada la existencia del acta de fecha 6 de noviembre de 2009, sobre la cual se pide en el presente juicio, la nulidad del asiento registral, así como de la existencia del Libro de Actas debidamente habilitado por el Presidente de la OCV La E.d.B., abogado M.Á.V., parte codemandante en el presente juicio. Y ASÍ SE DECLARA.-

Análisis y Valoración de las pruebas promovidas por la parte demandada:

Este Juzgador deja constancia, que la parte demandada, ciudadano R.T., no promovió pruebas en la presente causa dentro del lapso legal, tal como consta en nota de secretaría de fecha 7 de octubre de 2011, que obra agregada al folio 235 del presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.-

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada como ha quedado la controversia, la parte actora, abogados M.A.V.L. Y P.D.J.V.Q., demandan por NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL protocolizado en fecha 6 de noviembre de 2009, inserto bajo el N° 14, Protocolo 1, Tomo 3, Trimestre Cuarto del referido año, al ciudadano R.R.T.G., por cuanto dicho ciudadano inventó un acta para protocolizarla como fuera para apropiarse indebidamente de la OCV La E.d.B., incumpliendo tanto los estatutos de dicha OCV, así como las normas sustantivas, violando su derecho a la defensa por estar ausente en una asamblea que no cumplió las normativas de Ley, sin el Libro de Actas debidamente notariado, usurpando su identidad como Presidente de la OCV La E.d.B. y auto nombrándose socios de la OCV.

Por su parte, el demandado ciudadano R.R.T.G. no compareció ni a dar contestación a la demanda, ni a promover pruebas en el presente juicio, a pesar de estar legalmente citado de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, por haberse negado a firmar la boleta de citación, por lo que el los demandantes, abogados M.A.V. y P.D.J.V.Q., como un punto previo en su escrito de promoción de pruebas, solicitan se declare la Confesión Ficta del demandado, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, revisadas como han sido las actas procesales, este juzgador para resolver hace las siguientes consideraciones:

El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil expresa:

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca…

(Negritas del Juez).

De la norma antes parcialmente trascritas se evidencia que para que proceda la confesión ficta, es necesario la concurrencia de tres requisitos:

1. Que el demandado no de contestación a la demanda.

2. Que nada pruebe que le favorezca y c) Que no sea contraria a derecho la petición del demandante.

Para Borjas, la falta de comparencia del demandado, produce una confesión ficta de los hechos en que se basa la demanda; equivale a admitir el demandado la verdad de esos hechos, por lo que si ninguna de las partes promoviere pruebas, debe declararse con lugar la demanda, siempre que no sea contraria a derecho, esto es, siempre que la acción no sea ilegal.

En relación al primer requisito, es decir, que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, de la revisión de las actas procesales, constata quien decide que al folio 166 obra nota de secretaría de fecha 04 de agosto de 2011, en la cual el tribunal dejó constancia que siendo el día fijado para que la parte demandada consignara su escrito de contestación a la demanda en el presente juicio, vencidas como fueron las horas de despacho no se presentó la parte demandada ni por sí, ni por medio de apoderado judicial a consignar Escrito de Contestación alguno, cumpliéndose así el primer requisito previsto en la norma adjetiva civil in comento.

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, que el demandado nada pruebe que le favorezca, constata quien aquí decide de la revisión a las actas procesales, que la parte demandada, ciudadano R.T., tampoco promovió pruebas en la presente causa dentro del lapso legal, tal como consta en nota de secretaría de fecha 7 de octubre de 2011, que obra agregada al folio 235 del presente expediente, cumpliéndose el segundo de los requisitos exigidos en la norma para la procedencia de la confesión ficta y, en relación al tercer requisito, es decir, que no sea contraria a derecho la petición del demandante, entendido por la doctrina casacionista como aquella que contradiga de manera evidente un dispositivo legal determinado, específico, esto es, una acción prohibida por el ordenamiento jurídico, así por ello procede a verificarse que la acción se fundamentó en el artículo 1.346 del Código Civil, la cual acredita el accionar por nulidad, con lo que se traduce que la acción no es contraria a derecho, en razón de lo cual se declara la confesión ficta de la parte demandada. Y ASÍ SE DECLARA.

Ahora bien, en virtud que en su momento procesal no fue declarada la confesión ficta, aún cuando ella fue solicitada y el procedimiento quedó abierto a pruebas, procede este Juzgador a verificar si los abogados M.A.V. Y P.D.J.V.Q., parte actora, probaron los dichos expuestos en el escrito libelar, a tal efecto para resolver la Nulidad de Acta de Asamblea hace las siguientes consideraciones:

De la revisión del Acta de fecha 06 de noviembre del año 2009, registrada por ante el Registro Principal del Estado Mérida, bajo el N° 14, protocolo 1, Tomo 3, Trimestre 4° del referido año, la cual es el objeto del presente juicio, se constata que la misma se encuentra suscrita por el ciudadano R.R.T.G., en su carácter de Presidente electo de la Organización Comunitaria de Vivienda La E.d.B. (OCV LA E.D.B.), inscrita por ante el Registro Principal de Mérida en fecha 10 de mayo de 2000, bajo el N° 49, Tomo 12, segundo trimestre. Pero de la revisión a la nota marginal no se dejó constancia de la presentación del documento mencionado en el encabezamiento de la presente acta, documento fundamental para determinar el carácter de presidente de la OCV la E.d.B.d. ciudadano R.R.T.G.. Y ASÍ SE DECLARA.-

De igual manera, de la revisión de las actas procesales se evidencia que a los folios 177 al 184, junto al escrito libelar obra copia certificada del Acta Constitutiva Estatutaria de la Organización Comunitaria de Vivienda La E.d.B. (OCV LA E.D.B.), debidamente protocolizada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 10 de mayo del año 2000, bajo el N° 49, protocolo 1°, Tomo 12°, segundo trimestre del citado año, observando este juzgador que tiene los mismos datos de registro, tomo y protocolo, pero difiere en la oficina que fue protocolizada, es decir la que señaló el ciudadano R.T. en el acta objeto de nulidad en el presente juicio, según lo allí expresado, fue en el Registro Principal de Mérida y la misma no consta en las actas procesales, ni siquiera en la nota marginal del mencionado registro se dejó constancia de su presentación y la que consta en los autos, la cual fue protocolizada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, por lo que se concluye que la única acta constitutiva de la ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA (OCV La E.d.B.) es la consignada por la parte actora, ciudadanos M.A.V.L.C. Y P.D.J.V.Q., en la que se evidencia el carácter de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, que tenían los ciudadanos antes mencionados en el año 2000 al momento del registro de la mencionada OCV, mas no consta tal carácter del ciudadano R.R.T.G.. Y ASÍ SE DECLARA.-

Asimismo, prosiguiendo con el análisis del acta sujeta a Nulidad, de fecha 6 de noviembre de 2011, se evidencia que el demandado de autos, ciudadano R.R.T.G., manifestó en la misma que “por no existir libro de actas de asamblea debidamente habilitado presentamos para ser agregada en copias simples, debidamente firmada por los asistentes a la asamblea…”, argumentos completamente falsos, puesto que de la Inspección Judicial practicada por este Tribunal ante el Registro Principal del Estado Mérida, específicamente en el particular séptimo de la misma, se dejó constancia: “…que fue presentada in situ por el abogado M.Á.V. libro que en su carátula señala “Libro de Actas “OCV La E.d.B.”, donde al folio 1, aparece nota procedente de la Notaría Pública Primera de Mérida en fecha diez (10) de mayo del año dos. 190° y 141°, suscrita por el notario público primero de Mérida, debidamente sellado.”; inspección judicial que fue debidamente valorada por este jurisdiscente como documento público, la cual refuerza lo alegado por la parte actora en el sentido que sí existía libro de actas de la OCV La E.d.B. y que es falso el planteamiento expresado en el acta de fecha 6 de noviembre de 2011 a este respecto. Y ASÍ SE DECLARA.-

Igualmente, consta en la misma Acta de fecha 06 de noviembre de 2011, que fue convocada por publicaciones en prensa de fechas 13, 20, 23 y 24 de septiembre de 2009, en los Diarios Frontera y Pico Bolívar, a los fines de tratar como punto único la incorporación de nuevos miembros y la reestructuración de la Junta Directiva y dice: “estando presentes las ciudadanas Z.d.C.F.M., M.I.F.M., M.C.F.M., O.M.F., Y.F.M. y H.M., miembros activos de la Asociación, quórum éste suficiente en abundancia para convocar esta Asamblea Ordinaria y someter a su consideración los puntos a tratar, con arreglo a lo previsto en el Título IV De las Asambleas, del Documento Constitutivo Estatutario…”. Ahora bien, revisado el documento constitutivo estatutario que consta en las actas procesales, se evidencia que en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA, expresamente señala: “La suprema autoridad y dirección de la Asociación reside en la Asamblea de los Asociados, legalmente constituida por el setenta y cinco por ciento (75%) de sus Asociados, bien sea Ordinaria o Extraordinaria…” (Negritas y Subrayado del Juez); es decir sólo constituyeron la asamblea allí mencionada con la presencia solamente de 6 asociados, de un total de 100 personas que constituyeron la OCV La e.d.b., lo que refleja que jamás y nunca constituían el 75% de los miembros asociados, ni siquiera el 51% de los mismos, para constituir legalmente la asamblea ordinaria presuntamente celebrada, razón por la que dicha asamblea de fecha 25-10-2009 mencionada en el acta objeto del presente juicio (06-11-2009), no fue realizada con el quórum mínimo establecido legalmente para la misma. Y ASÍ SE DECLARA.-

Es menester destacar, que la parte demandante fundamentó su acción en el artículo 1.346 del Código Civil, que establece que los lapsos para interponer las acciones para demandar la nulidad de actas de asambleas, es de cinco (5) años para el ejercicio de la acción, salvo disposición especial de la Ley. En relación a esto, en fecha 22 de diciembre de dos mil seis, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la nueva Ley de Registro Público y del Notariado en cuyo artículo 55 establece que el tiempo de duración para el ejercicio de las acciones que tengan como fin la nulidad de las actas de asambleas de cualquier sociedad, es de un (1) año, contado a partir de la publicación del acto inscrito, so pena de sufrir los efectos inherentes de la caducidad, de manera que al verificar si operó o no el lapso de caducidad previsto en la ley especial vigente, observa que el acta objeto de nulidad en el presente juicio fue registrada el 06 de noviembre de 2009 y la demanda fue interpuesta el 10 de mayo de 2010, es decir 6 meses después, por lo que en la presente causa no operó la caducidad prevista en el artículo 55 de la Ley de Registro Público y Notariado. Y ASÍ SE DECLARA.-

Como corolario de las consideraciones antes expuestas, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto en el presente juicio, por un lado, operó la confesión ficta del demandado, ciudadano R.R.T.G., por no haber comparecido al presente juicio ni a dar contestación a la demanda, ni a promover pruebas, a pesar de haber sido legalmente citado, de conformidad con lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y, por el otro lado, la parte demandante, abogados M.A.V.L. Y P.D.J.V.Q., demostraron los hechos alegados en el escrito libelar respecto a que el acta de fecha 06 de noviembre de 2009, registrada por ante el Registro Principal del Estado Mérida, bajo el N° 14, protocolo 1, Tomo 3, Trimestre 4° de los libros respectivos, debe ser anulada por cuanto la asamblea de socios que en ella se menciona que fuera realizada el 25 de octubre de 2009, fue realizada sin el quórum legalmente establecido en el documento constitutivo estatutario de la OCV La E.d.B., lo cual la hace nula, violando la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA de los estatutos de la misma, además que las convocatorias realizadas por medios de comunicación visuales (Diarios Frontera y Pico Bolívar), por el ciudadano R.R.T.G., no tienen eficacia jurídica alguna, puesto que el mismo no tenía el carácter de Presidente ni de socio de la mencionada OCV, violando flagrantemente los estatutos de la OCV La E.d.B., debidamente protocolizada por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 10 de mayo del año 2000, bajo el N° 49, Protocolo 1, Tomo Duodécimo, segundo trimestre del referido año, es por lo que la presente acción de NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA deberá ser declarada sin lugar, tal como será establecido en el dispositivo del fallo. Y ASÍ SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por todas las consideraciones que anteceden, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Constitución y sus Leyes, DECLARA:

CON LUGAR la CONFESIÓN FICTA en la que incurrió el demandado, ciudadano R.R.T.G., por no haber comparecido ni a dar contestación a la demanda, ni a promover pruebas en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.-

En consecuencia, CON LUGAR la acción de NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA incoada por los Abogados M.A.V.L. Y P.D.J.V.Q., contra el ciudadano R.R.T.G., quedando anulada en todas y cada una de sus partes el Acta registrada por ante el Registro Principal del Estado Mérida, en fecha 06 de noviembre de 2009, inserta bajo el N° 14, Protocolo 1, Tomo 3; trimestre 4 del referido año. Y ASÍ SE DECIDE.

Se ordena oficiar al Registro Principal del estado Mérida, haciéndole saber de la nulidad del Acta de Asamblea registrada por ante ese despacho en fecha 06 de noviembre de 2009, inserta bajo el N° 14, Protocolo 1, Tomo 3; trimestre 4 del referido año, una vez quede firme la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.

Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida en el proceso. Y ASI SE DECIDE.

Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal, de conformidad con los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil se ordena notificar a las partes de la presente decisión, haciéndole saber que el lapso legal para interponer los recursos que sean procedentes contra la decisión dictada, comenzará a computarse pasados que sean diez días de despacho, siguientes a aquel en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, acogiendo criterio pacifico y reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia dictada por la Sala de Casación Civil en fecha 03 de abril de 2003, Exp. Nº 01-0726. Y ASÍ SE DECIDE.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ,

ABG. J.C.G.

LA SECRETARIA,

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde, previa las formalidades legales. Se libraron boletas de notificación y se entregaron al Alguacil para que las haga efectivas. Se expidieron copias certificadas para la estadística del Tribunal. Conste hoy, 17 de septiembre del año dos mil doce.-

LA SECRETARIA

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN