Decisión nº 77 de Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 27 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente |
| Ponente | Mariladys González González |
| Procedimiento | Justificativo De Perpetua Carga Familiar |
Exp. N° 22454 N° 77
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO – JUEZ UNIPERSONAL No. 3
Expediente: 22454
Sentencia No: 77
Parte solicitante: ciudadano M.Á.B.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-15.559.354, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
Abogada: A.M.P., Defensora Pública Séptima (07) Especializada.
Niño: (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), de siete (07) años de edad.
Motivo: Justificativo de Carga Familiar.
PARTE NARRATIVA
I
El presente procedimiento se inició ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 03, mediante escrito contentivo de solicitud de Justificativo de Carga Familiar interpuesta por el ciudadano M.Á.B.P., antes identificado, en su condición de tío materno del niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA).
Narra el solicitante que su hermana la ciudadana Y.O.G.P., mayor de edad, de nacionalidad colombiana (hoy difunta), procreó un niño que lleva por nombre (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), siendo que la ciudadana falleció en fecha 10 de julio de 2007, quien es su sobrino.
Que ha asumido la responsabilidad de ayudar a su sobrino, brindándole el apoyo económico necesario para su desarrollo. En tal sentido y por gozar el solicitante, de varios beneficios laborales percibidos en atención a la prestación de servicio que posee con Petrowarao de la empresa de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), es por lo que solicita sea declarada su sobrino, mediante sentencia dictada por un Tribunal, como su carga familiar y así pueda disfrutar de dichos beneficios.
Por auto dictado en fecha 24 de enero de 2013, esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 03 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le dio entrada, formó expediente y numero y mediante auto de fecha 28 de enero de 2013, admitió la presente solicitud en cuanto a lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres y a ninguna disposición expresa de la ley, ordenándose oficiar al Equipo Multidisciplinario de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
A través de auto de fecha 24 de mayo de 2013, la abogada Mariladys González, se avocó al conocimiento de la presente causa en virtud a su designación como Jueza Unipersonal No. 3 (Temporal) de este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
En fecha 14 de febrero de 2013, fue agregada la boleta donde consta la notificación de la Fiscal Trigésima Segunda (32) del Ministerio Público.
Mediante acta de fecha 25 de febrero de 2013, se dejó constancia de la comparecencia del niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), quien ejerció su derecho a opinar y ser oído.
En fecha 23 de mayo de 2013, fue agregada a las actas las resultas del informe técnico parcial (social) ordenada al Equipo Multidisciplinario de este Tribunal.
II
Consta en actas:
• Copia certificada del acta de nacimiento No. 5449, expedida por el Jefe Civil del municipio Maracaibo del estado Zulia, correspondiente al niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA).
• Copia fotostática de la cedula de identidad del ciudadano M.Á.B.P..
• Copia fotostática del certificado de regularización y/o solicitud de naturalización de la hoy difunta Y.O.G.P..
• Copia certificada del acta de nacimiento N° 26023601, expedida por la Notaría Segunda del municipio Rioacha Guajira de la Republica de Colombia de fecha 06 de abril de 1983, de la hoy difunta Y.O.G.P..
• Copia certificada del acta de defunción N° 207, expedida por el Jefe Civil de la parroquia I.V. del municipio Maracaibo del estado Zulia, correspondiente a la ciudadana hoy difunta Y.O.G.P..
• Copia fotostática de la constancia de estudios emitida por la Escuela Nacional Primaria “Ángel Álvarez Domínguez”, de fecha 14 de febrero de 2012, del niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA).
• Original de la C.d.R. emitida por el C.C. los Olivos Sector 1, de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del municipio Maracaibo del estado Zulia de fecha 02 de marzo de 2012.
• Copia fotostática de la constancia emitida por el C.C. los Olivos Sector 1, de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del municipio Maracaibo del estado Zulia de fecha 02 de marzo de 2012.
• Copia certificada del acta de nacimiento No. 526, expedida por el Jefe Civil de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo del estado Zulia, del ciudadano M.Á.B.P..
• Comunicación emanada de la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), de fecha 21 de septiembre de 2011, a través de la cual se hace constar que el ciudadano M.Á.B.P., titular de la cédula de identidad No. V.-15.559.354, presta sus servicios en esa empresa desde el 01 de diciembre de 2012, ocupando el cargo de Operaciones Producción PWO OCCI, devengando un salario mensual de cinco mil quinientos noventa y dos bolívares con 50/100 céntimos (Bs. 5.592,50).
• Boleta en donde consta la notificación de la Fiscal Trigésima Segunda (32) del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Resultas del informe social ordenado elaborar al Equipo Multidisciplinario de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en el hogar en donde reside la niña de autos, de cuyas conclusiones se lee: “El presente caso se relaciona con el niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), quien desde el fallecimiento de la progenitora Oleidys J.G.P., el día 10 de julio de 2007, reside junto a su abuela materna C.P.R.. El tío materno M.Á.B.P., cubre junto a las tías maternas Olennis M.G.P., y L.G.A.P. todos los derechos económicos del mismo. El presente juicio se inicia por la solicitud de Justificativo de Carga Familiar que presenta el ciudadano M.Á.B.P., quien tiene interés en incluir a su sobrino en los beneficios laborales que recibe como empleado de la empresa como ingeniero de Petrowarao industria adscrita a Pétreos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA). El ciudadano M.Á.B.P., refiere que percibe un ingreso que le permite cubrir satisfactoriamente las erogaciones propias a su cargo. El niño junto a la abuela y otros familiares maternos residen en una vivienda tipo casa que cuenta con adecuadas condiciones de construcción y habitabilidad. La abuela materna ciudadana C.P.R., señala estar de acuerdo con la presente solicitud y requiere al Juzgado conocedor de la presente causa acuerde considerar a su nieto (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA) como Carga Familiar del tío materno M.Á.B.P.”.
PARTE MOTIVA
I
Los artículos 78 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante CNRBV y CISDN, respectivamente) y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante LOPNNA) consagran el precepto y el principio del Interés Superior de Niño, de obligatoria aplicación en todo ámbito cuando se tome una decisión relacionada con niños, niñas y adolescentes.
El artículo 75 constitucional establece: “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (…) los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley”.
El artículo 78 ejusdem consagra que los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos, que deben ser protegidos y que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, tomando en cuenta su interés superior en la toma de decisiones que les conciernan.
Por otra parte, el artículo 76 constitucional consagra que “El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas.
En la misma sintonía, el artículo 5 de la LOPNNA impone obligaciones generales a la familia, al establecer que es “responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos”.
En las mencionadas normas constitucionales y legales se acoge la Doctrina de la Protección Integral, evidenciándose, entre otros, los principios del niño como sujeto pleno de derechos, interés superior del niño y el de participación, y el derecho que tiene todo niño, niña y/o adolescente de ser criado en una familia.
En este orden de ideas, la LOPNNA tiene como objetivo fundamental garantizar a los niños y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías (entre estos los que ella misma consagra); a través de la protección integral que el Estado, las familias y la sociedad les deben brindar según lo establecido en su artículo primero (1°).
Entre estos derechos consagra:
Artículo 30: Derecho a un nivel adecuado.
Artículo 41: Derecho a la Salud y a Servicios de Salud.
Artículo 53: Derecho a la Educación.
En el caso de autos, resulta innegable que el niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), tienen todo el derecho a un nivel adecuado, a la salud y a servicios de salud y a la educación, por sólo mencionar algunos.
La protección de estos derechos humanos fundamentales, sin discusión alguna corresponde al estado, a la Familia y a la Sociedad; sin embargo, por ser la familia el espacio primigenio de crecimiento, cuidado y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, la obligación de la protección de los derechos, así como exigir el cumplimiento de deberes, corresponde principalmente a los padres, representantes o responsables, quienes tienen el deber inmediato e indeclinable de garantizarlos.
En ese sentido, del contenido del informe social que riela en autos, se evidencia que el niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), reside junto a su tío, en el hogar de su abuela materna, siendo que el solicitante de autos, es quien coadyuva en el cuidado, atención y manutención del niño, por lo que solicita a este Tribunal que declare al niño de autos como su carga familiar; asimismo, se evidencia que el solicitante conjuntamente con la abuela materna del niño dio a conocer ingresos que resultan favorables para cubrir las erogaciones a su cargo.
II
Por otra parte, en desarrollo de la Responsabilidad de Crianza (Custodia) como principal atributo de la P.P., el artículo 358 de la LOPNNA establece:
La responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral (…)
.
Asimismo, el artículo 359 ejusdem contempla:
Ejercicio de la responsabilidad de crianza: El padre y la madre que ejerzan la p.p. tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. (…)
.
Se observa entonces que -en principio- cuando los padres viven con el niño, niña o adolescente en la misma residencia, ambos comparten su custodia y el ejercicio del resto del contenido de la responsabilidad de crianza: amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas.
En relación con la asistencia material la Doctrina Patria ha señalado que el hecho biológico de la procreación hace surgir la obligación de los padres de alimentar, mantener y educar a sus hijos, obligación que, a la luz de nuestro Derecho, es por igual para el padre y la madre, de manera que es la filiación la que determina la filiación y no la p.p.. Entonces, corresponde a los progenitores asumir la manutención del hijo que comporta no sólo la alimentación sino todo lo necesario para su crianza.
En el caso de marras entiende esta Juzgadora que con la solicitud presentada se busca asistir materialmente al niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), deber que corresponde a sus padres, sin embargo; el ciudadano M.Á.B.P., antes identificado, (en su condición de tío materno), quien no es titular de la P.P. del niño y por tanto no ejerce la custodia de la misma, ya que legalmente corresponden única y exclusivamente a los progenitores, ha manifestado su voluntad de que el niño sea considerado como su carga familiar, por lo que este Tribunal con fundamento en el principio del Interés Superior del Niño, lo considera beneficioso para el niño y declara procedente la solicitud presentada.-Así se declara.-
Por los fundamentos expuestos esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 3 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:
• Declara Con Lugar la solicitud de Justificativo de Carga Familiar presentada por el ciudadano M.Á.B.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-15.559.354, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia; en consecuencia:
• Declara al niño (nombre omitido por el artículo 65 LOPNNA), de siete (07) años de edad, como Carga Familiar del ciudadano M.Á.B.P., antes identificado; con la finalidad única y exclusiva de que pueda disfrutar de los beneficios que le puedan corresponder al niño producto de la relación laboral que el ciudadano M.Á.B.P., mantiene con Petrowarao de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).-Así se decide.-
• Expídanse dos (02) copias certificadas por Secretaría del presente fallo; devuélvanse sus originales a la parte interesada, previa certificación en actas por Secretaría.
• Publíquese y regístrese.
• Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Se dejan a salvo los derechos a terceros.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Juicio Juez Unipersonal No. 3 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2013. Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Jueza Unipersonal No. 3 (Temporal), La Secretaria,
Abog. Mariladys G.G.A.. C.A.V.C.
En la misma fecha, siendo las doce (12:00) del mediodía, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva, quedando anotada bajo el No. 77, en la carpeta de Sentencias Definitivas de Causas llevado por este Tribunal.-La Secretaria.-
Exp. N° 22454
MGG/CAVC/saulo**
