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Militares reciclados

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Vincent

Siendo este Gobierno, como bien lo hemos conocido en el transcurso del tiempo, inclinado a las zancadillas y trapisondas, no debe extrañarnos el nuevo decreto evacuado (ojo, es un término legal), por Miraflores para proteger a los militares que osaron insurgir contra un presidente electo en libres comicios democráticos, como ocurrió contra el mandatario Carlos Andrés Pérez los trágicos 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. De hecho, y de acuerdo con la Constitución, son militares que cometieron un delito gravísimo al hacer armas contra la república legalmente constituida y sin que mediara un peligro real e inmediato que amenazara la estabilidad del Estado. Nadie los llamó a salvaguardar las instituciones, ni desde Miraflores, ni desde el Congreso ni desde la Corte Suprema se les hizo un pedido de auxilio. De manera que actuaron porque, evidentemente, querían quebrar el orden establecido y destruir la democracia apelando a los deseos de refundar la república, de barrer la corrupción y reconstruir un país que, según ellos, estaba en la ruina material y moral. Pero nadie les dio ese mandato, lo fabricaron como un título supletorio armado a oscuras, en clandestinidad y en comandita para cometer un delito de lesa patria. Como redentores predestinados por Simón Bolívar asaltaron las instituciones no con razones sino con armas y exigencias tan irracionales que resultaban imposibles de negociar ni cumplir.

En ese momento, en esas horas de muerte y de violencia, en esa rendición hipócrita para ganar tiempo y subvertir las bases de la democracia...

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