Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 2 de Julio de 2012
| Fecha de Resolución | 2 de Julio de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Jose Silva |
| Procedimiento | Demanda |
Exp. 11-3099
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEXTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL
Por cuanto en fecha 14 de octubre de 2011, este Juzgado admitió la presente demanda y ordenó abrir cuaderno separado a los fines de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, una vez provistas las copias simples para su certificación por la parte actora, y siendo consignadas las mismas en fecha 21 de junio de 2012, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la medida cautelar de embargo solicitada en la demanda por ejecución de fianza interpuesta por los abogados R.A.D.M., LEYMAN VELASQUEZ, A.U., L.L. CARDENAS Y G.A., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 105.112, 117.213, 138.836, 71.833 y 120.986, actuando en su carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), contra la Sociedad Mercantil “LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA, C.A.”, como fiadora solidaria y principal pagadora, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda con fecha 21 de abril de 1955, bajo el Nº 70, Tomo 4-A, según asiento publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno del Distrito Federal del 12 de mayo de 1955, ejemplar Nro. 8531, e inscrita también por razón del cambio de denominación en el mismo Registro Mercantil el 18 de agosto de 1955, bajo el Nro. 46, Tomo 10-A, e inscrita también por fusión de compañías relacionadas ante el mismo Registro Mercantil citado en fecha 26 de Diciembre de 2000, bajo el Nro. 36, Tomo 291-A-Sdo, por la cantidad de doscientos quince mil novecientos cincuenta y cinco bolívares con sesenta céntimos (Bs.215.955,60), más el interés legal por mora y la corrección monetaria.
I
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
La representación judicial de la parte demandante, solicita que se decrete medida cautelar, que permita garantizar la tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Señala que la apariencia del buen derecho, surge tanto del contrato de fianza debidamente autenticado ante la notaria pública, como de aquélla en la que se asumieron las obligaciones que tenía La Empresa con sus trabajadores, instrumentos éstos que conducirán a declarar con lugar la demanda de la sentencia definitiva.
Manifiesta que el periculum in mora, surge de la espera del tiempo que debe transcurrir entre la formulación de estas pretensiones y el momento en que se produzca el reconocimiento del derecho a través de la sentencia definitiva en la cual se ordene el pago de la suma demandada, período durante el cual su representado, para terminar de cumplir con la previsión del seguro colectivo del personal, deberá seguir asumiendo las obligaciones contractualmente contraídas por La Empresa y afianzadas por la demandada. En efecto, ello supondría que la demandada se vea en la obligación de contratar un nuevo servicio colectivo para el personal del Instituto, por el tiempo durante el cual La Empresa interrumpió la prestación del servicio, ocasionando esto en consecuencia, la erogación de nuevas cantidades de dinero.
Finalmente solicitan, que este Tribunal ordene el embargo de bienes muebles o sumas de dinero propiedad de la demandada, por el doble de la cantidad demandada, o que conceda otra medida de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de proteger los derechos e intereses de la demandante.
Asimismo solicita, que decretada la medida cautelar de embargo este Juzgado oficie a la Superintendencia de Seguros, para que indique cuáles son los bienes sobre los cuales deberá practicarse la ejecución de la medida cautelar, de conformidad a lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
Ahora bien, este Tribunal pasa a pronunciarse acerca de la medida cautelar solicitada y al respecto señala:
De acuerdo con los argumentos planteados, debe atenderse a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y al parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los cuales se dispone:
Artículo 585 Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Artículo 4 El Juez Contencioso Administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aun de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto, en protección y continuidad sobre prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa.
Igualmente hay que atender a lo establecido en el ordinal 1°, del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, y al artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
Artículo 588 En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado (…)
“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. (…)
Ahora bien, pasa este Juzgador a determinar si en el caso bajo estudio se encuentran cubiertos los requisitos exigidos por el legislador para la procedencia de la medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad del demandado solicitada por la parte accionante, sin emitir pronunciamiento de fondo sobre la pretensión objeto de la presente acción.
Al respecto se observa, que los apoderados judiciales del demandante fundamentan la presunción del buen derecho en el contrato de fianza de fiel cumplimiento, en el cual asumieron las obligaciones contraídas con La Empresa, el cual consta en el expediente; alegan el “periculum in mora” por cuanto el demandante está asumiendo las obligaciones contractualmente contraídas por La Empresa en la fianza de fiel cumplimiento.
En este orden de ideas, a juicio de quien decide, de acuerdo con las pruebas cursantes en autos, están dados los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para el otorgamiento de la medida, y visto que la misma no vulnera normas de orden público ni las buenas costumbres, resulta pertinente declarar la PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES, solicitada por la parte actora. Así se decide.
Este juzgado debe señalar, que únicamente se hará el referido embargo sobre los bienes muebles embargables por Ley y que pertenezcan a la demandada, Sociedad Mercantil “LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA, C.A”, en caso de que sean bienes muebles será hasta por el doble del monto demandado por la parte demandante, esto es la cantidad de cuatrocientos treinta y un mil novecientos once con veinte céntimos (Bs. 431.911,20).
En caso de que la Superintendencia de Seguros determine el embargo sobre sumas de dinero, la cantidad a embargar será hasta por el monto de la fianza constituida, esto es la Fianza de Fiel cumplimiento por la cantidad de doscientos quince mil novecientos cincuenta y cinco bolívares con sesenta céntimos (Bs. 215.955,60).
En cuanto a la solicitud de la parte demandante que se oficie a la Superintendencia de Seguros, a fin que indique cuáles son los bienes sobre las cuales será practicada la medida, este Juzgado acuerda de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para que determine los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo decretada. Líbrese oficio.-
Ahora bien, en relación a las costas que pudiera generar el juicio; este Juzgado observa, que del escrito libelar y concretamente de la solicitud del embargo preventivo no se evidencia que la parte actora haya estimado el monto correspondiente a las costas procesales, en consecuencia, se estima prudencialmente el monto correspondiente por este concepto en diez por ciento (10%) de la cantidad demandada. En caso que la Superintendencia determine que el embargo recaerá sobre sumas de dinero, será adicionada a la cantidad demandada antes referida la cantidad de veintiún mil quinientos noventa y cinco con cincuenta y seis céntimos (Bs. 21.595,56) por concepto de intereses moratorios, arrojando como monto total a embargar la cantidad de doscientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y un bolívares con veinte céntimos (Bs. 237.551,16) y en caso que el embargo se realice sobre bienes muebles embargables, es decir por el doble de la cantidad demandada, será adicionada al monto antes referido la cantidad de veintiún mil quinientos noventa y cinco con cincuenta y seis céntimos (Bs. 21.595,56) por concepto de intereses moratorios, arrojando como monto total a embargar la cantidad de cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos seis bolívares con setenta y seis céntimos (453.506,76), así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
-
-PROCEDENTE LA MEDIDA DE EMBARGO SOBRE BIENES MUEBLES en la demanda por ejecución de fianza interpuesta por los abogados R.A.D.M., LEYMAN VELASQUEZ, A.U., L.L. CARDENAS Y G.A., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 105.112, 117.213, 138.836, 71.833 y 120.986, actuando en su carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), contra la Sociedad Mercantil “LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA, C.A.”, como fiadora solidaria y principal pagadora, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda con fecha 21 de abril de 1955, bajo el Nº 70, Tomo 4-A, según asiento publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno del Distrito Federal del 12 de mayo de 1955, ejemplar Nro. 8531, e inscrita también por razón del cambio de denominación en el mismo Registro Mercantil el 18 de agosto de 1955, bajo el Nro. 46, Tomo 10-A, e inscrita también por fusión de compañías relacionadas ante el mismo Registro Mercantil citado en fecha 26 de Diciembre de 2000, bajo el Nro. 36, Tomo 291-A-Sdo, por la cantidad de doscientos quince mil novecientos cincuenta y cinco bolívares con sesenta céntimos (Bs.215.955,60), más el interés legal por mora y la corrección monetaria.
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- ORDENA oficiar a la Superintendencia de Seguros, a fin que indique cuáles son los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo decretada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ
JOSÉ GREGORIO SILVA BOCANEY
LA SECRETARIA ACC
C.M.V.
En esta misma fecha, siendo las tres post meridiem (03:00 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.-
LA SECRETARIA ACC
C.M.V.
Exp. 11-3099
