Decisión nº PJ0182013000202 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 6 de Junio de 2013

Fecha de Resolución 6 de Junio de 2013
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Ciudad Bolivar
PonenteJosé Urbaneja
ProcedimientoIncumplimiento De Contrato

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, AGRARIO Y TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR

ASUNTO: FP02-V-2011-001816

RESOLUCION Nº PJ0182013000202

El día 26/01/2012 fue admitida por este tribunal demanda por INCUMPLIMIENTO DE CONTEATO Y DAÑO MORAL intentada por la ciudadana M.A.A., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 26.150.269, debidamente asistida por los profesionales del derecho Á.A.M. y Yusbelis J.L.A., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado según matrículas Nros. 92.768 y 165.527 respectivamente, ambos de este domicilio contra la empresa Seguros Guayana, C.A, ordenando el emplazamiento de la parte demandada en la persona de su presidente, domiciliado en la ciudad de Puerto Ordaz, para que compareciera ante este tribunal dentro de un plazo de veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, mas un (01) día que se le concedió como término de distancia a dar contestación a la demanda. comisionándose suficientemente para ello al Juzgado del Municipio Caroní del Segundo Circuito Judicial del estado Bolívar, mediante oficio Nº 0810-066 de fecha 07/02/2012, observando quien suscribe que en fecha 30/05/2013 se recibió en este juzgado comisión Nº 1026-12 emanada del Tribunal comisionado mediante oficio Nº 4642-12 donde se evidencia que dicha comisión fue recibida en ese juzgado en fecha 07/05/2012,; trayendo como consecuencia la perención de la instancia, contenida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, hecha la relación y analizado exhaustivamente el presente asunto, éste juzgador pasa a pronunciarse sobre la perención de la siguiente manera:

La perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. La perención de la instancia es una institución netamente procesal, constituye uno de los medios de terminación del proceso distinto a la sentencia.

El artículo 267 en su ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil establece:

…Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…

Del contenido del artículo 267 numeral 1 antes comentado, se desprende que es carga de la parte actora cumplir con las obligaciones de ley para lograr la citación de la parte demandada, cuales son: el pago de los derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales. Sin embargo, hoy día toda la normativa referida a la cancelación de tales derechos es inconstitucional, ello en atención al principio de gratuidad establecido en el aparte único del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita…(omissis)” -cursivas de este Despacho-.

No obstante ello, cabe resaltar que en relación con la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, en cuanto al transporte de los funcionarios o auxiliares de justicia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 06-07-2004, en el expediente N° AA20-C-2001-000436, estableció que:

…(omissis) la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…(sic)

De la norma parcialmente transcrita así como de la jurisprudencia antes señalada se observa que el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, está dirigido a sancionar el incumplimiento, por la parte actora, de los deberes que le impone la Ley para lograr la citación del demandado y por su carácter punitivo es de aplicación restrictiva.

En este caso se observa que en fecha 26/01/2012 se admitió la presente demanda y en fecha 07/05/2012 fue recibido el despacho de citación en el tribunal comisionado para llevar a efecto la citación ordenada en el auto de admisión, que entre dichas fechas transcurrió holgadamente el lapso previsto en el citado artículo 267.1 de la ley adjetiva civil sin que el demandante hubiere cumplido con la carga de poner a disposición del Tribunal los medios materiales necesarios o ejercer actuaciones procesales que dieran impulso para practicar la citación de la demandada inactividad que se desprende de las actuaciones procesales reflejadas de la comisión, incumpliendo con el precepto previsto en los artículos 12 de la Ley de Arancel Judicial y 267.1 del Código de Procedimiento Civil.

Por todos los razonamientos antes expuestos, y aunado a ello el principio constitucional que establece “Que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles, este tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, AGRARIO Y DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, contemplada en el ordinal 1° del artículo 267, del Código de Procedimiento Civil y consecuencialmente se declara EXTINGUIDO este proceso. Así se decide

Notifíquese a las partes de la presente decisión.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este tribunal, en Ciudad Bolívar, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil trece. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

El Juez Provisorio,

DR. J.R.U.T..-

La Secretaria,

ABG. S.C.M..-

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.)

La Secretaria,

ABG. S.C.M..

JRUT/SCM/lismaly

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