Decisión nº 343 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Mayo de 2005

Invoco el mérito favorable de las actas contentivas del presente juicio que ampliamente le favorecen, especialmente en lo que respecta al poder que le otorgara el demandado, para que el mismo sea apreciado en la definitiva en todo su valor jurídico.

Este Juzgador, para valorar este medio probatorio observa que la parte actora conjuntamente con su escrito libelar consigno poder que le otorgara el demandado en fecha Diez (10) de Marzo de 2.003, por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, registrado bajo el N° 31, Protocolo 3°, Tomo 1°, del Primer Trimestre; En relación a la fuerza probatoria de dicho documento el artículo 1.357 del Código Civil, establece:

instrumento público o autentico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado

.

A su vez, el artículo 1.384 ejusdem, reza: “Los traslados y las copias o testimonio de los instrumentos públicos o de cualquier otro instrumento autentico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes”.

En tal sentido y considerando que la referida prueba no fue impugnada ni tachada de falso, dentro de la oportunidad legal correspondiente, ya que la parte demandada reconoció en su escrito de contestación de fecha Trece (13) de Diciembre de 2.004, la existencia del mismo, argumentando que el mencionado poder fue revocado por documento público de fecha Veinte (20) de Julio de 2.004, sin consignar prueba alguna que demostrara tal afirmación, es por lo que este juzgador de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le otorga el valor probatorio correspondiente. Así se establece.

Solicita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, la citación personal del Ciudadano L.A.C., parte demandada en el presente juicio, para que absuelva las posiciones juradas, manifestando estar dispuesta a comparecer y absolverlas recíprocamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 406 ejusdem.

En relación a este medio probatorio este Sentenciador observa que de actas se desprende que la mencionada prueba no fue evacuada dentro de la oportunidad legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, no le otorga ningún valor probatorio. Así se establece.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, promueve los siguientes testigos:

1. - YDAMYS A.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.560.916, de este domicilio.

   Observa este Jurisdicente que la mencionada testigo afirmo ser la representante legal de la Ciudadana M.D.R.G., ex cónyuge del Ciudadano L.A.C., parte demandada en el presente juicio y que la atendió en virtud de unos conflictos que existían entre ellos para liquidar la comunidad conyugal y establecer la pensión de alimentos que aquel debía pagar a su hijo L.A. y que con relación al mencionado asunto conoció a la Ciudadana M.P., como apoderada del Ciudadano L.C., según poder que le otorgara el mencionado señor, reuniéndose en muchas oportunidades con la mencionada ciudadana a partir del mes de Febrero de 2.004, hasta que lograron llegar a un acuerdo en el mes de Mayo del mismo año.

   En tal sentido, este Sentenciador considera que la deposición de la mencionada testigo concuerda con lo explanado por la parte actora en su escrito libelar y con el escrito consignado en actas en copias certificadas relacionado con la pensión de alimentos del menor L.A.C.G. y del escrito consignado en copias simples, de la liquidación de la comunidad conyugal de bienes entre los ex cónyuges, donde figura la Abogada M.P., como apoderada Judicial del Ciudadano L.C.F., los cuales no fueron impugnados ni tachados de falso dentro de la oportunidad legal correspondiente, es por lo que este Sentenciador les otorga todo su valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

2. - M.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 14.135.972, de este domicilio.

   En vista que de actas se desprende que el acto para tomar la testimonial del mencionado ciudadano fue declarado desierto, este Juzgador declara no poder valorar el presente medio probatorio. Así se establece.

3. - J.C.B., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 9.747.693, de este domicilio.

   De la revisión que hace este Juzgador, observa que el mencionado testigo declara conocer a los ex esposos, ciudadanos L.A.C.F. y M.D.R.G., así como a la Ciudadana M.P., ya que él estuvo realizando varias visitas a la casa del demandado, en las cuales presenció varias conversaciones entre él mencionado ciudadano y su abogada, donde ésta última manifestaba los detalles y términos en los cuales se efectuarían todos los tramites y gestiones para convenir la liquidación de la comunidad conyugal y sobre lo relativo a los honorarios profesionales, los cuales se regían por lo previsto en el reglamento de honorarios profesionales de abogados, que se establecen en un porcentaje sobre el valor total de los activos que conforman el total de los bienes de la comunidad conyugal, a lo cual el Ciudadano L.A.C., respondió estar de acuerdo.

   Afirma a demás el testigo, que el Ciudadano L.C.F., lo llamo para comentarle acerca de un problema que tenía y que en aquella visita presencio otra conversación entre el mencionado ciudadano y su abogada, donde ella le manifestaba que para homologar la liquidación de la comunidad conyugal el tribunal estaba solicitando unos documentos de propiedad que ya en varios ocasiones él le había manifestado que se los entregaría pero nunca se los entregaba argumentando que podía perder los documentos o utilizarlos para acciones irregulares, por lo que la abogada M.P., manifestó su desagrado por lo sucedido y le dijo que cuando estuviera decidido a finiquitar lo referente a la homologación de la comunidad conyugal la llamará, que por lo pronto que le pagara sus honorarios respondiendo el Ciudadano L.C., que el no se acordaba haber aceptado pagarle y que no tenia dinero, por lo que la mencionada ciudadana le recordó que ella también tramito y gestiono lo relacionado con la pensión de alimentos que de mutuo acuerdo fijaron los esposos CANOSSA GUIMERA.

   En relación a la presente deposición llama la atención a este Jurisdicente, que siendo el mencionado testigo abogado tal y como quedo plasmado en su identificación para tomar la presente testimonial, que estando al tanto de los problemas que existían entre el ciudadano L.C. y su abogada, que siendo conocido del ciudadano L.C., y habiéndolo llamado para comentarle algunos problemas no lo haya contratado para que lo representara en el presente juicio; por otro lado, a.l.d.p.e. testigo este Sentenciador considera que es difícil que una persona pueda recordar con tanta precisión conversaciones en las cuales era un simple espectador y que casualmente ocurrían en visitas que ocasionalmente realizaba al domicilio del demandado.

   En tal sentido, el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

   Para la apreciación de la prueba de testigo, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.

   (Subrayado del Tribunal)

   En virtud de lo antes expuesto, no le merece fe a este Tribunal la deposición del testigo promovido por la parte actora, en consecuencia, no le otorga el valor probatorio correspondiente. Así se establece.

4. - C.M., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.926.086, domiciliada en el Municipio San F.d.E.Z..

   En cuanto a la valoración de este medio probatorio este Jurisdicente observa que la mencionada testigo dice conocer al demandado L.C.F., no a su ex esposa, pero, si a la Ciudadana M.P., y que le consta que ésta última le prestaba servicios profesionales al mencionado ciudadano en la liquidación de la comunidad conyugal, porque estaba en conocimiento de un poder que el mencionado ciudadano le otorgo a la actora, para que realizara todas las diligencias legales que él le encomendara.

   Este Sentenciador considerando que la mencionada testigo no especifica como es que tuvo conocimiento de que la abogada M.P., prestaba sus servicios profesionales al demandado, y de la existencia del poder al que hace referencia en su declaración, no le otorga ningún valor probatorio a la presente deposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por no merecerle fe. Así se establece.

Promueve y hace valer como prueba documental, tanto el escrito de pensión de alimentos que en copia certificada consta en el presente expediente marcado con la letra “B”, como el de la liquidación de la comunidad conyugal, consignado en copia simple marcado con la letra “C”, por lo que pide a este Tribunal Oficie al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que remita copia certificada del escrito y su respectivo auto, el cual cursa en el expediente signado bajo el N° 39.694, referente a dicha liquidación para que el mismo sea apreciado en la definitiva en todo su valor jurídico.

En cuanto a las pruebas documentales promovidas y consignadas junto al escrito libelar, signadas con las letras “B” Y “C”, este Juzgador observa que las mismas no fueron impugnadas ni tachadas de falso dentro de la oportunidad legal correspondiente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le otorga todo su valor probatorio; aún cuando no conste en actas la respuesta del Oficio suscrito por este Juzgado signado bajo el N° 034-2.005, dirigido al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Así se establece.

Solicita sean desestimados los recibos de honorarios, presentados por la parte demandada en el escrito de contestación de demanda, ya que a todas luces se puede determinar que las fechas y conceptos no corresponden en nada al presente caso, porque tanto las gestiones de la comunidad conyugal como las de la fijación de la pensión de alimentos a favor del adolescente L.C.G., comenzaron a finales del mes de febrero del año en curso, tal y como se demuestra en los escritos consignados ante el órgano distribuidor respectivo, en fecha Veinte (20) de Mayo de 2.004; por lo que nada tienen que ver los recibos consignados con la presente causa cuya competencia es civil, mientras que esa defensa es por el porte ilícito de armas el cual es de materia netamente penal.

Para valorar la presente solicitud este Sentenciador toma en consideración que el demandado en su escrito de contestación de fecha Trece (13) de Diciembre de 2.004, consigno Diez (10) recibos de honorarios, suscritos por la parte actora abogada M.P., por la cantidad de DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs. 17.149.900,00), alegando que los mismos correspondían a la asesoria jurídica que ésta le presto desde el día Diez (10) de Marzo de 2.003, hasta el Tres (03) de Marzo de 2.004; siendo las fechas de los mencionados recibos las siguientes:

- Catorce (14) de Marzo de 2.003.

- Quince (15) de Abril de 2.003.

- Treinta (30) de Abril de 2.003.

- Veintiuno (21) de Mayo de 2.003.

- Diecinueve (19) de Junio de 2.003.

- Once (11) de Julio de 2.003.

- Veinticinco (25) de Julio de 2.003.

- Doce (12) de Septiembre de 2.003.

- Tres (03) de Febrero de 2.003.

- Tres (03) de 2.003, los cuales no discriminan de que asunto legal se trata a excepción del último recibo que especifica que se deriva de un caso penal por el porte ilícito de arma.

Por lo tanto, este Sentenciador tomando en consideración la fecha de los mencionados recibos, conjuntamente con la deposición de la Ciudadana Abogada YDAMIS AVILA, en relación a que la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la presente demanda fue en el mes de Febrero de 2.004, culminando en el mes de Mayo de 2.004, y habiéndole otorgado el valor probatorio correspondiente a los escritos de pensión de alimentos, y de liquidación de la comunidad conyugal, a los cuales se le dio entrada en fecha Veinticuatro (24) de Mayo de 2.004, al primero por ante el JUEZ UNIPERSONAL N° 4 DE LA SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, y en fecha Veintisiete (27) de Mayo de 2.004, por ante el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTA CIRCUNSCRPCIÓN JUDICIAL, al segundo.

Este Jurisdicente, en virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que las fechas de los recibos de honorarios consignados por la parte demandada son anterior a la de los autos de admisión de los escritos que originan la presente demanda, es por lo que desestima los recibos de honorarios presentados por la parte demandada, y en consecuencia no les otorgar valor probatorio alguno, por no guardar relación directa con el presente caso. Así se establece.

POR LA PARTE DEMANADA:

No promovió prueba alguna dentro de la oportunidad legal correspondiente.

IV

CONCLUSIONES:

Una vez analizadas las actas procesales que corren insertas al presente expediente y siendo la oportunidad legal correspondiente para dictar sentencia en la presente causa, este Juzgador lo hace previa las consideraciones siguientes:

El presente juicio se inicio por demanda de honorarios profesionales por trabajos extrajudiciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley de Abogados, que a tal efecto establece:

El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes.

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de la retasa en el acto de contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si sugiere, no excederá de diez audiencias.

En concordancia con lo dispuesto en el Título III del Reglamento Interno Nacional de Honorarios Mínimos, en su artículo 14, que reza: “PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE HERENCIAS Y COMUNIDADES: La partición no litigiosa de los bienes de una herencia o de una comunidad, incluyendo todas las gestiones, causaran honorarios mínimos del Cinco por ciento (5%) sobre el valor del activo.”

Ahora bien, para mayor precisión del procedimiento de intimación de honorarios, este Juzgador considera importante resaltar lo establecido por el M.T.d.J.:

…En reiteradas sentencias de esta Sala se han establecido las vías a seguir para la intimación de honorarios profesionales, que según fallo de fecha 22 de Octubre de 1.998, en el juicio Escritorio Jurídico C.R. & Asociados contra Inversiones Sabenpe, C.A., expresa lo siguiente:

…Omissis…

Es doctrina constante y pacífica de esta Sala, en relación a lo que constituye el artículo 22 de la Ley de Abogados lo siguiente:

El procedimiento de honorarios profesionales de abogado, pautado en el artículo 22 de la Ley de Abogados, de acuerdo a la doctrina de esta Sala, tiene carácter autónomo y puede comprender o abarcar dos etapas, una declarativa y una ejecutiva según la actitud asumida por el intimado. En la etapa declarativa cuya apertura se produce cuando el intimado impugna el cobro de los honorarios intimados, según las pruebas aportadas por las partes en la articulación que debe abrirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, se dilucida si el abogado intimante tiene o no derecho a cobrar los honorarios profesionales que ha estimado; esta fase culmina con la respectiva sentencia definitivamente firme que declara la procedencia del cobro de los honorarios estimados o, como fase única, con el solo ejercicio del derecho de retasa, por parte del intimado.

..Omissis...

…en el procedimiento de estimación de honorarios se distinguen además de dos fases, dos modos de procedimientos que son distintos entre sí.

Así pues, según Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, decisión N° 2796, del 12 de Noviembre de 2.002, Magistrado Ponente PEDRO RONDON HANZ, establece:

De acuerdo con la Ley de Abogados, se distinguen dos clases de honorarios de abogados: a) los honorarios causados con ocasión de un conflicto judicial y b) los honorarios causados por trabajos efectuados fuera del recinto judicial, es decir los extrajudiciales.

….Omissis…

En el segundo caso cuando se trata de honorarios extrajudiciales de acuerdo al mismo artículo 22 de la Ley de Abogados, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve ante el Tribunal competente por la cuantía. Dispone este artículo que la parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de contestación a la demanda.

En vista del criterio señalado y del estudio de lo presentado en actas por las partes, este Juzgador observa que de tal forma se ha conducido el abogado intimante, esto es, ha realizado su reclamación mediante la demanda instaurada y ha expresado el servicio o patrocinio prestado, acompañando junto al escrito libelar, Poder General Judicial, que le otorgara el demandado, en fecha Diez (10) de Marzo de 2.003, por ante la Oficina Subalterna de Registro del Tercer Circuito del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, anotado bajo el N° 31, protocolo 3°, Tomo 1°, Primer Trimestre; copia certificadas de la solicitud de Pensión de Alimentos del menor L.A.C.F., emitidas por la Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 4, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, y copias simples de la solicitud de Liquidación de la Comunidad Conyugal, que cursa por ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, ambos de esta Circunscripción Judicial, donde aparece la Ciudadana abogada M.P., parte actora en el presente juicio, como apoderada judicial del demandado Ciudadano L.A.C.F., en virtud del referido poder.

Por lo tanto, en virtud de que la parte demandada negó, rechazo y contradijo en su escrito de contestación cada uno de los hechos alegados por la parte actora en el libelo de la demanda, sin probar dentro de la oportunidad procesal correspondiente tales afirmaciones, es por lo que este Juzgador, con fundamento a lo pautado en los artículos 1.354 del Código civil, en concordancia con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil que reza: “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.”

Y tomando en cuenta la opinión del Dr. RENGEL ROMBERG, en su obra “TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO, que señala:

…Se puede concluir que en nuestro derecho y en la jurisprudencia de la casación, pueden considerarse pacíficos en materia de distribución de la carga de la prueba estos principios fundamentales:

...Omissis…

d) Que corresponde al demandado la prueba de los hechos en que fundamenta su excepción: reus in exceptione fit actor (hechos extintivos e impeditivos).

En efecto, demostrada la celebración de un contrato, la continuidad o mantenimiento de las obligaciones derivadas de él, constituye la situación normal, que no requiere ser probada por el actor.

El que pretenda la liberación (hecho extintivo)..Omissis...tiene la carga de probar estos hechos en los cuales fundamenta su excepción.

Este Sentenciador que la parte demandada no probó el hecho extintivo o la liberación de la deuda u honorarios alegados, ya que el mismo solo manifiesto que los recibos de honorarios consignados junto al escrito de contestación se debió al pago de las asesorías jurídicas que la accionante le realizo durante el período comprendido entre el Diez (10) de Marzo de 2.003, fecha en la que le otorgo el poder hasta el Tres (03) de Marzo de 2.004; siendo las fechas en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la presente demanda el mes de febrero hasta el mes de mayo del año 2.004, (fecha de interposición de los escritos de pensión de alimentos y de liquidación de la comunidad conyugal antes señalados); por lo que comparando ambas fechas, se debe reconocer la existencia del derecho al cobro de honorarios profesionales instaurados, en razón del desempeño de la actividad delimitada por la profesional del derecho accionante, en vista de que los trabajos extrajudiciales se fundamentan en escritos que no fueron impugnado dentro de la oportunidad legal correspondiente y que por ende se le otorgo todo el valor probatorio.

No obstante, queda en carga de este Juzgador en la parte dispositiva de este fallo no solo concretarse al establecimiento de tal derecho sino que en aplicación al criterio del M.T., sostenido en distinta de sus decisiones, donde destaca la proferida en fecha Ocho (08) de Agosto de 2.003, signada bajo el N° 00406, en el caso de A.D.M. contra TERRENOS MAQUINARIAS TEMAQ, S.A., Expediente N° 001187, debe establecerse el quantum o cantidad en que ha quedado establecido el derecho, monto que con posterioridad podrá ser discutido por el intimado mediante el procedimiento de la retasa.

Así la Sala, observa que de ninguna de dichas disposiciones puede interpretarse que el juez que declara el derecho al cobro de los honorarios profesionales intimados, esta impedido de establecer el monto o cantidad que será objeto de la posterior retasa en virtud de que tal derecho a la retasa, además es eventual, pues su ejercicio depende del principio de la sola voluntad del intimado, supone la tasación previa de los honorarios por parte del actor, que debe ser claramente determinada en la sentencia que los declara procedente. Como el termino retasa implica la tasación previa de los honorarios profesionales que debe ser considerada a solicitud del intimado, el juez que declara el derecho a cobrar tales honorarios reclamados debe fijar la cantidad que será objeto, en caso de así solicitarlo el intimado, de una nueva tasación o reconsideración, o de condena a ejecutar para el caso de que no se ejerza el derecho a retasarlos.

Al efecto, esta sala se ha establecido de manera reiterada, que es nula por indeterminación objetiva, la sentencia que declara que el abogado tiene derecho a cobrar honorarios sino fija el monto de los mismos, por cuanto dicho derecho no puede ser genérico, ilimitado o indeterminado; debe ser cierto y reflejado en la condena, a fin de que exista un parámetro para la posterior retasa, en caso de acogerse la parte intimada a tal derecho, de manera que exista el objeto sobre el cual ha de recaer la decisión a ejecutarse para el caso de que no se haya ejercido tal derecho…

En tal sentido y tomando en cuenta el monto de los bienes discriminados en el escrito de liquidación de comunidad conyugal, antes señalado, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DE BOLIVARES (Bs. 481.500.000), y aplicando lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interno Nacional de Honorarios Mínimos correspondiente al Cinco por ciento (5%) del valor total de los activos causados por las actuaciones extrajudiciales, el monto de los honorarios reclamados es la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.24.075.000,oo).

En consecuencia, este Sentenciador conforme a lo establecido en los artículos 22 y 25 de la Ley de Abogados, da por terminada la fase declarativa del presente procedimiento mediante la cual se reconoce el Derecho al Cobro de Honorarios Extrajudiciales a la parte actora de autos, originados en virtud del acuerdo extrajudicial de pensión de alimentos y liquidación de la comunidad conyugal de bienes entre los Ciudadanos M.D.R.G.A. y L.A.C.F., donde la Ciudadana M.P., figura como apoderada judicial del referido ciudadano, en virtud de documento poder que le otorgara el demandado a la accionante en autos; dándose paso entonces a la fase ejecutiva, mediante el decreto pertinente y dejándose a criterio del intimado el ejercicio del derecho de retasa. ASÍ SE DECIDE.

V

DISPOSITIVO:

En virtud de todo lo expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara:

- CON LUGAR, la presente demandada de Cobro de Honorarios Profesionales, intentada por la Ciudadana Abogada M.P., titular de la Cédula de Identidad No. 3.647.530, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 20.503, de este domicilio, en contra del Ciudadano L.A.C.F., venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la Cédula de Identidad N° 4.528.020, de este domicilio.

- FIRME EL DERECHO DE COBRO DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES, por la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.24.075.000,oo), según lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interno Nacional de Honorarios Mínimos correspondiente al Cinco por ciento (5%) del valor total de los activos causados por las actuaciones extrajudiciales, en concordancia con el artículo 22 de la Ley de Abogados.

- SE CONDENA en costas a la parte demandada por haber sido totalmente vencida en la presente instancia.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en los Ordinales 3° y 9° del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los seis (6) días del mes de Mayo de dos mil Cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Juez,

Abog. A.V.S.

La Secretaria Temporal,

Abog. M.P.V.