Sentencia nº 01359 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Mayo de 2006
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Yolanda Jaimes Guerrero |
| Procedimiento | Recurso de Nulidad |
Magistrado Ponente Y.J.G.
EXP. Nº 2004-1692
El ciudadano M.A.M.P., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 55.748, actuando en su propio nombre, mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 4 de octubre de 2004, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra la Resolución Nº 01-00-028 de fecha 23 de enero de 2004, mediante la cual se confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-062 dictada en fecha 16 de julio de 2003, por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la cual se le impuso la sanción disciplinaria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años.
El 6 de octubre de 2004 se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Y.J.G., a los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad y la acción cautelar de amparo
En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados E.G.R. y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado L.I.Z.; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Y.J.G., Evelyn Marrero Ortíz y E.G.R..
Posteriormente, en fecha 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Y.J.G.; y Magistrados L.I.Z., Hadel Mostafá Paolini y E.G.R.. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa, en el estado en que se encuentra.
Mediante diligencia de fechas 11 de octubre de 2005, la abogada R.F.V.O., actuando con el carácter de representante de la Contraloría General de la República expuso: “...dado que desde la fecha del último acto de procedimiento hasta la presente ha transcurrido pacíficamente más de un (1) año, solicito respetuosamente se declare la perención de la instancia...”. (Destacado propio del escrito).
El 27 de abril de 2006, la abogada R.F.V.O., actuando con el carácter de representante de la Contraloría General de la República, solicitó se dictara el fallo correspondiente.
Realizado el estudio de las actas procesales contenidas en el presente expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse con relación a la perención de la instancia solicitada por la abogada R.F.V.O., actuando con el carácter de representante de la Contraloría General de la República en el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional, por el ciudadano M.A.M.P., actuando en su propio nombre, contra la Resolución Nº 01-00-028 de fecha 23 de enero de 2004, mediante la cual se confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-062 dictada en fecha 16 de julio de 2003, por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la cual se le impuso la sanción disciplinaria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años.
Al respecto, esta Sala observa:
Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso (tal y como lo preveía el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y ahora, el artículo 19, aparte 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.
En tal sentido, la perención es un mecanismo dispuesto ex lege que tiene por finalidad evitar que los procesos se perpetúen en el tiempo cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos procesales en la continuación de la causa.
Ahora bien, el referido artículo 19, aparte 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:
La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia
.
Respecto a la interpretación de la norma parcialmente transcrita, resulta necesario señalar que mediante decisión N° 1.466, de fecha 5 de agosto de 2004, la Sala Constitucional de este M.T., estableció lo siguiente:
(...) la Sala acuerda desaplicar por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera obedecer a un lapsus calamis del Legislador (…) acuerda aplicar supletoriamente el Código de Procedimiento Civil (…) conforme a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo relativo a la perención de la instancia.
Dicho precepto legal previene, en su encabezamiento, lo siguiente:
‘Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.’.
En consecuencia, por cuanto el anterior precepto regula adecuada y conveniente la institución que examinamos, el instituto procesal de la perención regulado en el Código de Procedimiento Civil, cuando hubiere lugar a ello, será aplicado a las causas que cursen ante este Alto Tribunal cuando se dé tal supuesto. Así se decide.
.
La anterior decisión fue ratificada por sentencia N° 2.148, de fecha 14 de septiembre de 2004 de esa misma Sala, la cual señaló:
La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, los confusos términos de la norma jurídica que se transcribió llevaron a esta Sala, mediante decisión n° 1466 de 5 de agosto de 2004, a desaplicarla por ininteligible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece:
‘Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención’
. (Resaltado de esta Sala).
Visto el criterio jurisprudencial citado proveniente de la Sala Constitucional, en el que se estableció que en materia de perención de la instancia debe aplicarse el supuesto normativo previsto en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala lo acoge, y pasa a determinar si se ha verificado la perención de la causa en el presente caso.
En tal sentido, resulta necesario señalar que desde el 6 de octubre de 2004 fecha de designación como ponente de quien suscribe el presente fallo, hasta el 11 de octubre de 2005, oportunidad en la cual la abogada R.F.V.O., con el carácter de representante de la Contraloría General de la República, presentó su escrito solicitando la perención, la causa estuvo paralizada por el lapso previsto en el encabezado del aludido artículo 267 eiusdem, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Tribunal Supremo, de lo que debe concluirse la falta de interés de la parte actora en mantener en curso el presente proceso.
Por tanto, resulta evidente que ha transcurrido el lapso de un (1) año previsto en el indicado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se impone declarar consumada la perención y por ende, extinguida la instancia en este juicio, de conformidad con la referida norma procesal. Así se declara.
II
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Notifíquese a la Contraloría General de la República. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta – Ponente,
Y.J.G.
Los Magistrados,
L.I. ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
E.G.R.
La Secretaria,
S.Y.G.
En veinticinco (25) de mayo del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01359, la cual no esta firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en la Sesión, por motivos justificados.
La Secretaria,
S.Y.G.
