Decisión nº PJ0082012000182 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 13 de Agosto de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Cabimas, trece (13) de agosto de dos mil doce (2012).

202° y 153°

ASUNTO: VP21-R-2012-000160.

PARTE ACTORA: W.A.M.Z., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V.- 14.083.719, domiciliado en el Municipio M.d.E.Z..-

APODERADO JUDICIAL: N.M., F.G., O.G.P. Y M.O., Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas números 74.582, 24.147, 35.007 y 51.892, respectivamente.-

PARTE DEMANDADA: SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de septiembre de 1973, quedando anotado bajo el Nro. 45, Tomo 12-A.-

APODERADOS JUDICIALES: A.R.G., J.L.A.R., A.Y.G. y E.J.R.F., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas números 59.182, 47.756, 72.740 y 2.955 respectivamente.-

PARTE RECURRENTE

EN APELACIÓN: PARTE DEMANDANTE: W.A.M.Z..

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD PROFESIONAL.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

CON FUERZA DEFINITIVA

Inició la presente causa por demanda incoada en fecha 10 de febrero de 2012 por el ciudadano W.A.M.Z., en contra de la sociedad mercantil SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA C.A., la cual fue admitida en fecha 29 de febrero de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Cumplidas las formalidades procedimentales de instancia conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el día 09 de mayo de 2012 se celebró la apertura de la Audiencia Preliminar por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, procediendo a prolongar la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 08 de junio de 2012 a las 10:35 a.m., fecha en la cual se procedió a diferir nuevamente la Audiencia para el día 13 de julio de 2012 a las 11:30 a.m., no obstante en virtud que el día 13/07/2012 se celebraría en la ciudad de Maracaibo la Tercera Conferencia sobre la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, se procedió a diferir mediante auto de fecha 12 de julio de 2012 la celebración de la Audiencia para el día 23 de julio de 2012 a las 08:40 a.m., fecha en la cual se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandante ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, razón por la cual Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas dictó sentencia en la presente causa declarando DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.

Visto lo decidido por el Tribunal a quo la parte demandante ciudadano W.A.M.Z., ejerció recurso ordinario de apelación en fecha 25 de julio de 2012, siendo remitido el presente asunto el día 01 de agosto de 2012, y recibido por este Juzgado Superior Laboral en fecha 06 de agosto de 2012.

Ahora bien, el día 10 de agosto de 2012 se recibió ante la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (URDD) de este Circuito Judicial Laboral con sede e Cabimas, Acta de Transacción Laboral celebrada entre el ciudadano W.A.M.Z. asistido por el Abogado en Ejercicio O.G.P. y el abogado Á.R.G. en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA C.A., quienes manifestaron verbalmente su disposición de acudir a los medios de autocomposición procesal establecidos en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

Acudimos con la venia de estilo ante este órgano jurisdiccional a los fines de efectuar y celebrar de conformidad a lo establecido en el numeral 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, según lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 1.713 y 1.718 del Código Civil y los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, la presente TRANSACCIÓN LABORAL JUDICIAL, la cual tiene por objeto ponerle fin al presente procedimiento judicial y cualquier otra controversia, judicial o no, relacionada de manera directa o indirecta con el presente reclamo judicial, dicha transacción estará circunscrita a las siguientes cláusulas y las demás disposiciones sustantivas que rigen la materia:

CAPITULO PRIMERO

RECLAMACIÓN DEL DEMANDANTE

(…..)

Primero: Reclamo a LA DEMANDADA todas las peticiones, exigencias y demás requerimientos que fueran planteadas en la demanda, y que los fines de mayor inteligencia se entienden aquí íntegramente reproducidas.

Segundo: Reclamo que trabajé para LA DEMANDADA a partir de la fecha 04 de agosto de 2010 a prestar servicios personales, subordinados, por cuenta ajena, ininterrumpido y tiempo indeterminado, para la identificada demandada SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA, C.A., prestando servicios con el cargo de Andamiero.

(…). Comencé a trabajar para LA DEMANDADA en fecha 04 de agosto de 2010, hasta el día 25 de febrero de 2011, es decir, que la relación de trabajo tuvo una duración de seis (6) meses y diecinueve (19) días. Allí cumplía con las actividades señaladas por mi supervisor junto con el grupo que se había conformado para tal fin. Durante esa faena, (…), me fue diagnosticada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales una Enfermedad Ocupacional denominada Discopatía Lumbosacra: Protusión Discal L4-L5, L5-S1 agravada con ocasión al trabajo. (…) Así las cosas reclamo las indemnizaciones inherentes a la relación de trabajo que mantuve con LA DEMANDADA y demás conceptos asociados a la descrita enfermedad profesional, lo cual, lo hago de la siguiente manera:

1°.- Por concepto de ANTIGÜEDAD.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 17 de la Convención Colectiva que rige para los trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), me corresponden la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 3.960,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

2°.- Por concepto de VACACIONES FRACCIONADAS.

• De conformidad con lo establecido en los artículos 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 19 de la Convención Colectiva que rige para los trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), me corresponden la cantidad de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.156,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

3°.- Por concepto de AYUDA VACACIONAL O BONO VACACIONAL.

• De conformidad con lo establecido en los artículos 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 19 (Literal B) de la Convención Colectiva que rige para los trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), me corresponden la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.491,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

4°.- Por concepto de UTILIDADES.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 24 de la Convención Colectiva que rige para los trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), me corresponden la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 3.580,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

5°.- Por concepto de INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE ANTIGÜEDAD.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 28 de la Convención Colectiva que rige para los trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), me corresponden la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.640,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

6°.- Por concepto de INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 28 de la Convención Colectiva que rige para los trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), me corresponden la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.640,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

7°.- Por concepto de DAÑO MORAL.

• A mi juicio y también como consecuencia de la enfermedad profesional que digo padecer, en razón de la Discopatía Total y Permanente reclamo a LA DEMANDADA la cantidad de SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 60.000,00) por concepto de daño moral. (…)

8°.- Por concepto de COBRO DE LUCRO CESANTE.

• (…) Por este concepto reclamo a LA DEMANDADA la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 558.511,00) (…).

9°.- Por concepto de INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO.

• De conformidad con lo establecido en el ordinal cuarto del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, reclamo la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 85.924,00), monto resultante de la operación matemática contenida en el escrito libelar y que se entienden aquí íntegramente reproducidas.

Tercero: El petitorio final contenido en la demanda y su reforma, alcanza la cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 719.902,00) (…).

CAPITULO SEGUNDO

ALEGATOS DE LA DEMANDADA

Primero: En nombre de LA DEMANDADA, negamos, rechazamos y contradecimos que debamos pagar cantidad alguna a EL DEMANDANTE por todas las peticiones que fueran planteadas en el libelo de demanda y la parte inicial de la presente composición procesal. Aceptamos que EL DEMANDANTE trabajo para LA DEMANDADA por el periodo iniciado del 04 de agosto de 2010, hasta el día 25 de febrero de 2011, es decir, que la relación de trabajo tuvo una duración de seis (6) meses y diecinueve (19) días.

Segundo: Asimismo, rechazamos, negamos y contradecimos, que EL DEMANDANTE haya padecido ninguna enfermedad ocupacional, diagnosticada como Enfermedad Ocupacional denominada Discopatía Lumbosacra: Protusión Discal L4-L5, L5-S1 agravada con ocasión al trabajo (…).

Tercero: En nombre de LA DEMANDADA admitimos que el régimen laboral aplicado a EL DEMANDANTE sea el previsto en la Contratación Colectiva de Pequiven S.A., sin embargo, negamos, rechazamos y contradecimos que debamos pagar las siguientes cantidades: Por concepto de ANTIGÜEDAD la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 3.960,00), por concepto de VACACIONES FRACCIONADAS la cantidad de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.156,00), por concepto de AYUDA VACACIONAL O BONO VACACIONAL la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.491,00), por concepto de UTILIDADES la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 3.580,00), por concepto de INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE ANTIGÜEDAD la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.640,00), por concepto de INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.640,00) (…).

Cuarto: Por otra parte, negamos, rechazamos y contradecimos que EL DEMANDANTE haya sufrido una enfermedad ocupacional la cual fue diagnosticada como Enfermedad Ocupacional denominada Discopatía Lumbosacra: Protusión Discal L4-L5, L5-S1 agravada con ocasión al trabajo (…) consecuencialmente negamos, rechazamos y contradecimos que debamos pagar las cantidades (…) Por concepto de DAÑO MORAL la cantidad de SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 60.000,00) por concepto de COBRO DE LUCRO CESANTE la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 558.511,00) y por concepto de INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 85.924,00) (…).

Quinto: Consecuencialmente negamos, rechazamos y contradecimos que debamos pagar a EL DEMANDANTE la cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 719.902,00) (…) ya que en realidad de los hechos y el derecho indica que efectivamente lo que se le adeuda a EL DEMANDANTE es la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 10.200,00).

CAPITULO TERCERO

LA TRANSACCIÓN.

(…) las partes, haciéndose reciprocas concesiones, convienen en fijar un ACUERDO TRANSACCIONAL POR UNA CANTIDAD DEFINITIVA Y UNICA, por todos y cada uno de los conceptos y cantidades mencionadas en el presente escrito contentivo de esta composición procesal, que le corresponden y/o pueden corresponderle a EL DEMANDANTE contra LA DEMANDADA, por la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 100.000,00), cantidad ésta que será pagada mediante dos pagos por cantidades iguales, es decir, dos pagos de CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 50.000,00) cada uno. El primero de los pagos para hacerse efectivo inmediatamente en el día de hoy por la cantidad de dicha y montos similar para el día 20 de septiembre de 2012. En consecuencia, declara en este mismo acto EL DEMANDANTE que recibe de LA DEMANDADA a su mas cabal y entera satisfacción, la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 50.000,00) como el primero de los pagos aquí pautados y lo recibe mediante Cheque de Gerencia dignado con el N° 00035379 girado a nombre de EL DEMANDANTE contra la entidad bancaria BANESCO BANCO UNIVERSAL contra la cuenta 0134-0889-18-2120210001, (…).EL DEMANDANTE ratifica que recibe este monto como el primero de los dos pagos aquí pautados, y una vez recibidos los dos referidos pagos, esta suma se constituye como el pago total y definitivo de todos y cada uno de los conceptos mencionados en la presente transacción laboral y puedan corresponder a EL DEMANDANTE, todos los cuales han quedado transigidos al igual que cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, incluyendo honorarios profesionales causados, en los términos señalados en las cláusulas siguientes.

(…)

CAPITULO DECIMO PRIMERO

COSA JUZGADA

Ratificamos en base a lo establecido en el numeral 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, según lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 1.713 y 1.718 del Código Civil y los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, que la comparecencia en este acto la hacemos las partes libres de constreñimiento o coacción y bajo esa misma perspectiva solicitamos se homologue la transacción celebrada y se le de el carácter de cosa juzgada que la presente transacción comporta a todos los efectos legales. Por último se hace constar expresamente que la presente transacción ha sido celebrada por ante el Juez de Trabajo y que las partes solicitan que ese despacho se sirva efectuar la correspondiente homologación de la presente Acta Transaccional y se orden su archivo. (…)

.

Al respecto, este Tribunal Superior procede entonces a impartir su aprobación y homologar el anterior acuerdo efectuado con el fin de dar por terminado el presente proceso, previas las siguientes consideraciones:

La transacción, el desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso, sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria y acordada unilateral o bilateralmente por las partes, toda vez, que el proceso civil está regido por el principio dispositivo y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”.

En este sentido, es necesario aclarar que, según J.V.S.O., la institución del convenimiento contrasta con la transacción judicial, ya que el primero supone una concesión total de una parte frente a la otra, en tanto que en el segundo, las partes hacen mutuas o recíprocas concesiones sobre el objeto del litigio, tal y como lo prevé el artículo 1.713 del Código Civil. (El P.L. y sus Instituciones. Año 2007).

Igualmente, es importante señalar que en materia laboral se debe partir de un principio fundamental y que dirige no solo los contratos de trabajo, no solo la voluntad de las partes (trabajador-patrono), sino que dirige igualmente las actuaciones jurisdiccionales, como es el Principio de la Irrenunciabilidad de los derechos laborales, como lo establece el artículo 5° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En efecto, en el marco del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ordinal 2° establece que los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos; por lo cual, las partes y el órgano jurisdiccional se someten a esta norma y principio superior declarando la nulidad e invalidez de cualquier acto efectuado por las partes o por el órgano, que convaliden la renuncia de derechos laborales. Dicho precepto establece:

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (omissis)

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

A tenor de lo antes expuesto, se evidencia que los requisitos necesarios para homologar el convenimiento efectuado en un proceso, contrastan con los exigidos para las transacciones judiciales, requiriendo la suficiente capacidad para efectuar acuerdos judiciales y siempre que se hagan en materias donde no estén prohibidas las transacciones; y con ello, se hace necesaria las exigencias establecidas en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, que preceptúa lo siguiente:

La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante un funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada

.

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, expresa lo siguiente:

De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos…

.

Tal y como se desprende de las normas antes transcritas, el derecho laboral ha sometido la posibilidad de celebrar convenimientos o transacción a rigurosos requisitos encaminados a asegurar la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. De esta manera, se exige que el convenimiento conste por escrito, que sea circunstanciado, con especificación de los derechos en ella comprendidos; y siempre que se trate de derechos litigiosos o discutidos; y se efectúe por ante funcionario administrativo o judicial autorizado que constate y haga constar que el trabajador actuó libre de constreñimiento o presión.

En este orden de ideas, respecto a la jurisdicción que tiene el Poder Judicial y en especial los Juzgados Laborales para conocer de la homologación de transacciones que versen sobre materia de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, la Sala de Casación Social en decisión de fecha 23 de abril de 2012 (caso M.H.S.G.V.. Alimentos Polar Comercial, C.A.) a fin de orientar a los operadores de justicia y a los justiciables en cuanto a la interpretación o alcance que debe dársele a la normativa que rige la materia, estableció lo siguiente:

Así las cosas, el artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.596 del 3 de enero de 2007, establece lo siguiente:

Artículo 9. Sólo es posible la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente siempre que:

1. Cumpla con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

2. Verse sobre las condiciones y oportunidad para el pago de los derechos litigiosos o discutidos.

3. El monto estipulado para pagar al trabajador o a la trabajadora sea, como mínimo, el fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en un informe pericial realizado al efecto.

4. Conste por escrito.

5. Contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motive y de los derechos en ella comprendidos.

El Inspector o la Inspectora del Trabajo competente podrá homologar las propuestas de transacción que cumplan todos los requisitos exigidos en el presente artículo, para lo cual deberá cerciorarse que el trabajador o la trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno y, deberá solicitar y recibir el informe pericial correspondiente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

El Inspector o la Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la propuesta de transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe pericial del Instituto. En el supuesto que el Inspector o la Inspectora del Trabajo niegue la homologación, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándoles a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta decisión podrá ser recurrida ante los Tribunales Superiores con competencia en materia del Trabajo.

Sólo la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, debidamente homologada de conformidad con este artículo, tendrá efecto de cosa juzgada, a tenor de lo previsto en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.

No será estimada como transacción laboral aquellas que no cumplan con los requisitos exigidos en el presente artículo, aun cuando el trabajador o la trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o la trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo

Como se aprecia del dispositivo sub-legal, anteriormente transcrito, cuando se hace mención del órgano competente que homologara las transacciones que convengan patrono y trabajador en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, solamente se alude al “Inspector o Inspectora del Trabajo”, el cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en dicha norma, por lo que pudiera interpretarse que tal facultad le ha sido atribuida en forma exclusiva a la Administración Pública, a través de las Inspectorías del Trabajo, en virtud del vacío existente en la misma producido por la ausencia u omisión de hacer referencia a algún órgano jurisdiccional.

En vista de esta situación, pondera oportuno la Sala recordar que una norma no puede ser interpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma se encuentra.

De allí que corresponde analizar si la homologación de las transacciones celebradas en dichas materias, corresponde en forma exclusiva y excluyente, del conocimiento de la Inspectoría del Trabajo y no al Poder Judicial, a través de los Juzgados pertenecientes a la jurisdicción laboral.

En este orden de ideas, encontramos que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en sentencia N° 955 de fecha 23 de septiembre de 2010, ejerciendo su función de máximo interprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, revisó los criterios de interpretación que se habían mantenido respecto del artículo 259 eiusdem, y en tal sentido concluyó que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general, a los “tribunales del trabajo”, según se desprende del siguiente tenor:

(OMISSIS)

Asimismo, tenemos que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16 de junio de 2010, se excluyó del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, por lo que el conocimiento de tales acciones, tal y como fue dictaminado en la sentencia de la Sala Constitucional antes mencionada, corresponde es a la jurisdicción laboral, a través de los Juzgados que conforman la misma.

De lo anteriormente expuesto, se colige que las acciones que se ejerzan en contra de la decisión que homologue una transacción laboral, dictada por una Inspectoría del Trabajo -órgano desconcentrado, perteneciente a la Administración Pública Nacional-, corresponde su conocimiento a la jurisdicción especial del trabajo.

Por otra parte, el Parágrafo Primero del artículo 129 de la vigente Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial N° 38.236, de fecha 26 de julio de 2005, preceptúa lo siguiente:

De las acciones derivadas de lo regulado por este artículo conocerán los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo, con excepción de las responsabilidades penales a que hubiera lugar que serán juzgadas por la jurisdicción competente en la materia.

Del mismo modo, es pertinente examinar el contenido de los numerales 1 y 4 del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504 de fecha 13 de agosto de 2002 que establecen:

Artículo 29.- Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

1. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje.

   (Omissis…)

4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social.

   De las normas antes transcritas, se evidencia que el Legislador atribuyó competencia a los Juzgados del Trabajo para conocer y decidir los asuntos contenciosos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales, en protección de los derechos e intereses que le corresponden a toda persona en su condición de trabajador y respecto a los cuales se haya hecho titular en virtud de una relación laboral, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y dentro de la cual, necesariamente, se incluyen todas las reclamaciones suscitadas en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo.

   Ahora bien, resulta importante señalar que el proceso que actualmente rige la jurisdicción laboral, se encuentra inspirado en la estimulación por parte de los operadores de justicia de los medios alternos de resolución de conflicto, tal como lo señala la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual impulsa la incorporación de los mismos, como una alternativa para dirimir las controversias, ello en procura de obtener una verdadera justicia social.

   Una de las formas comúnmente utilizadas por los justiciables que derivan de la aplicación de los medios alternos de resolución de conflictos, es precisamente la transacción, como mecanismo de autocomposición procesal que contribuye a terminar un litigio judicial en forma definitiva y precaver uno eventual, la cual se trata de la manifestación de voluntad expresa de las partes, donde se conceden recíprocas concesiones, cuya homologación viene a constituir una resolución que dota de ejecutoriedad al contrato celebrado por las partes -transacción-, dándole firmeza y carácter de cosa juzgada.

   Es de destacar que, cuando el Legislador patrio hace mención al funcionario público ante quien se presentará la transacción laboral para su homologación, hace alusión, indistintamente, al Juez (a) o Inspector (a) del Trabajo competente, por lo que dicha decisión puede ser tomada en sede administrativa o judicial (vid. Artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 11 de su Reglamento).

   En sintonía con lo hasta aquí expuesto, esta Sala de Casación Social considera que el aparente vacío que presenta el artículo 9 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, no es tal al hacer una interpretación extensiva de la normativa que rige la materia, pues, si los órganos pertenecientes a la jurisdicción laboral son quienes, en efecto, pueden lo más, ya que tienen la competencia para conocer de las acciones que se ejerzan en contra de la decisión que homologue una transacción laboral, en sede administrativa, y además conocen y deciden de todos aquellos asuntos contenciosos que se susciten con ocasión de una relación laboral, incluso de las reclamaciones derivadas en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, tal y como quedó evidenciado del recuento efectuado en párrafos precedentes, también podrían conocer de lo menos, esto es, efectuar la homologación de la transacción presentada por la partes que versen sobre dichas materias, la cual comúnmente se presenta dado el deber que tienen los Jueces de promover los medios alternos para la resolución de conflictos. Así se decide.”

   En aplicación del criterio jurisprudencia transcrito en líneas anteriores, vinculante para esta sentenciadora por disponerlo así el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por permitirlo así el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se establece que los Juzgados Laborales y en forma particular este Tribunal Superior Laboral resulta competente para Homologar Transacciones y Convenimientos que versen sobre la materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo; y por tanto esta administradora de justicia se encuentra facultada para verificar si la Transacción celebrada entre el ciudadano W.A.M.Z. y la sociedad mercantil SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA C.A., cumple con los extremos legales para ser Homologado. ASÍ SE DECIDE.-

   Ahora bien, al haberse verificado de actas que la Transacción bajo análisis versa sobre derechos litigiosos derivados de la relación de trabajo que unió al ciudadano W.A.M.Z. con la Empresa SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA C.A., a los fines de cubrir la totalidad de los conceptos reclamados en la presente demanda, a saber: Antigüedad, Vacaciones Fraccionadas, Ayuda Vacacional o Bono Vacacional, Utilidades, Indemnización Adicional de Antigüedad, Indemnización Sustitutiva del Preaviso, Daño Moral, Lucro Cesante, Indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo,, así como los honorarios profesionales, encontrándose debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación de la Transacción y los derechos comprendidos; que ambas partes decidieron en forma libre, espontánea y sin coacción alguna celebrar la presente Transacción, ya que no fueron alegado vicios del consentimiento; que el demandante contó con la debida asistencia de abogado de su confianza, y que la Empresa demandada se encontraba debidamente representada por su apoderado judicial, según se evidencia del mandato judicial inserto en autos al folio No. 40 al 45, contando con facultad expresa para convenir, desistir, transigir, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso, por tanto se encontraban concientes sobre el alcance y las consecuencias jurídicas del acuerdo celebrado entre ellas, así como las ventajas y desventajas del mismo, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; en consecuencia, cumplidos como han sido en este caso, los extremos legales analizados en la presente decisión, éste Tribunal de Alzada considera procedente en derecho HOMOLOGAR el acuerdo transaccional celebrado judicialmente entre las partes en esta causa, e impartirle el carácter de COSA JUZGADA, y se ABSTIENE de ordenar el archivo del presente asunto, hasta tanto se verifique en actas el cumplimiento total y efectivo del mencionado acuerdo celebrado; debiéndose declarar por otra parte el DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante ciudadano W.A.M.Z., en contra de la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, ya que, al haber celebrado una Transacción con el fin de poner fin al presente procedimiento, ello acarreó el abandono o renuncia positiva y precisa del Recurso de Apelación que ha intentado y por ende de la decisión que fue dictada por la primera instancia, por cuanto el interés del apelante desapareció con la voluntad manifiesta de poner fin al presente procedimiento que sea intentado en virtud del acuerdo manifestados por ambas partes. ASÍ SE DECIDE.-

PARTE DISPOSITIVA

Con fundamento y en fuerza de las consideraciones anteriores en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, administrando justicia por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO

SE HOMOLOGA la Transacción celebrada entre el ciudadano W.A.M.Z. con la Empresa SOLDADURAS Y CONSTRUCCIONES VENEZUELA C.A., se le imparte el carácter de COSA JUZGADA, y se ABSTIENE de ordenar el archivo del presente asunto, hasta tanto se verifique en actas el cumplimiento total y efectivo del mencionado acuerdo celebrado.-

SEGUNDO

SE DECLARA CONSUMADO el desistimiento del Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante ciudadano W.A.M.Z., en contra de la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, dándose por TERMINADO el presente recurso de apelación.

TERCERO

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza del presente fallo.

Se ordena expedir copia certificada de esta Sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y Ordinales 3ero y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARÍA DEL PRESENTE FALLO TODO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO.

Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas a los trece (13) días del mes de agosto de Dos Mil Doce (2.012). Siendo las 04:30 de la tarde Año: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

Abg. JEXSIN COLINA DÁVILA

JUEZ SUPERIOR 3° DEL TRABAJO (T)

Abg. M.C.O.

SECRETARIO JUDICIAL (T)

Siendo las 04:30 de la tarde el Secretario Judicial adscrito a éste Juzgado Superior del Trabajo deja constancia expresa que se dictó y publicó la presente decisión.

Abg. M.C.O.

SECRETARIO JUDICIAL (T)

JCD/MC/nbn

ASUNTO: VP21-R-2012-000160.

Resolución número: PJ0082012000182.-