Decisión nº PJ0202016000051 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 21 de Septiembre de 2016
| Fecha de Resolución | 21 de Septiembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz |
| Ponente | Angel Luis León Quintana |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado B.E.P.O.
Puerto Ordaz, Veintiuno (21) de Septiembre de 2016.
Años: 206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL : FP11-N-2011-000198
ASUNTO : FP11-N-2011-000198
I.-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES.
PARTE RECURRENTE: MULTICINE LAS TRINITARIAS, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Miranda, en fecha once (11) de septiembre de 1995, bajo el Nº 51, Tomo 182-A-Sgdo.
APODERADO DE LA PARTE RECURRENTE: ciudadano V.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.284.792, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 98.419.
PARTE DEMANDADA: ciudadana M.C., en su condición de Inspectora del Trabajo Jefe de la Inspectoría “A.M.”, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Resolución Ministerial Nº 7417 de fecha 27/05/2011, notificado en fecha 01/06/2011.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: SIN APODERADO JUDICIAL CONSTITUIDO.
BENEFICIARIOS DE LA P.A.: ciudadanos A.L. Y J.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Números. V-14.930.551 y V-15.543.667, respectivamente.
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
II
SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES.
Comenzó el presente proceso con demanda presentada en fecha Veintitrés (23) de Noviembre de 2011, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, órgano que recibió actuaciones correspondientes a la demanda de recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la empresa MULTICINE LAS TRINITARIAS, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Miranda, en fecha once (11) de septiembre de 1995, bajo el Nº 51, Tomo 182-A-Sgdo, representada por el ciudadano V.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.284.792, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 98.419, contra la el acto administrativo de efectos particulares contenido en la p.a. Nro. 2011-342, dictada en fecha Diecinueve (19) de Julio de 2011, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante el cual declara Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir a los ciudadanos A.L. Y J.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Números. V-14.930.551 y V-15.543.667, respectivamente.
En fecha Veinticinco (25) de noviembre de 2011, fue distribuido al tribunal Quinto (5°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución Del Trabajo, siendo que en fecha seis (06) de diciembre de 2011, el mismo declaro la remisión inmediata del expediente a los tribunales de primera instancia de juicio de esta circunscripción judicial.
En fecha veintiuno (21) de diciembre de 2011, previa distribución el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, le dio entrada a la causa, y en fecha trece (13) de enero de 2011, se admitió el recurso de nulidad interpuesto ordenando la notificación de las partes, con la finalidad de la celebración de la audiencia de juicio pertinente.
En fecha Siete (07) de febrero de 2012, la Secretaria de este despacho certifica la práctica de la notificación practicada a la Inspectoría del Trabajo A.M., de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
En fecha treinta (30) de mayo de 2013, la juez Marvelys Pinto Fuentes se aboca a la causa y libra nuevamente las notificaciones pertinentes a la presente demanda de nulidad.
En fecha Veintiuno (21) de junio de 2013, la Secretaria de este despacho certifica la práctica de la notificación practicada a la Inspectoría del Trabajo A.M., de Puerto Ordaz, Estado Bolívar y en fecha Veinticuatro (24) de Septiembre de 2013, se recibió exhorto proveniente del tribunal tercero de primera instancia de juicio del circuito judicial del trabajo del área metropolitana de Caracas, donde se verifica en el folio Setenta y dos (72) la notificación debidamente recibida por MULTICINE LAS TRINITARIAS, C.A, en la persona de J.R., en su carácter de recepcionista.
En fecha Veinte (20) de septiembre de 2016, el juez que preside este despacho se aboca a la presente causa.
Este juzgador, una vez revisadas las actuaciones correspondientes a la presente causa; pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
III
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
El fundamento de la figura procesal de la perención es la sanción que se le impone a las partes por el incumplimiento de sus cargas o deberes procesales y que tiene por objeto la extinción del procedimiento respectivo, sin afectar la pretensión jurídica de las partes, ni sus derechos sustanciales (Rafael O.O., “Teoría General De La Acción Procesal En La Tutela De Los Intereses Jurídicos”, pag.640).
Luego, se entiende que la perención es una sanción que extingue la instancia, pues para ello hay que precisar que la palabra “instar” proviene del latín Instare, que según la DRAE, significa: repetir la suplica o petición, insistir en ella con ahínco o apretar o urgir la pronta ejecución de una cosa, estableciéndose que la extinción de la instancia solo arguye que se trata a la no existencia o falta de interés de la petición dada por las partes a este sentenciador, por el incumplimiento de las mismas –en este caso en concreto- de las cargas procesales que emanan de la ley.
La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los diversos supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual a la luz de la jurisprudencia patria constante, pacífica y reiterada, tiene su fundamento y concepción, en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de estas, entraña una renuncia a continuar la instancia. En tal sentido, la norma contenida en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria
(Cursivas añadidas y negrillas añadidas).
Artículos éstos que se concatenan con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues pretenden como principio fundamental la celeridad y el impulso procesal que las partes deben mantener en el proceso bajo amenaza de su extinción, lo que debe generar el constante impulso o actividad de ellas en el curso de este, ejecutando para ello actos procesales que insten el desenvolvimiento y continuidad de la causa en busca de una decisión final.
A este respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 01511 dictada en fecha 16 de noviembre de 2011, en el caso PROSEGUROS, S. A., contra el silencio administrativo en que incurrió el “MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS” (hoy Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas), estableció:
La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En ese sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010), estableció la figura de la perención en su artículo 41, en los siguientes términos:
Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria
.
La disposición antes transcrita, prevé como supuesto el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes para declarar la perención de la instancia, estableciéndose de forma expresa excepciones a tal declaratoria, específicamente en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez emitir pronunciamiento, a saber: la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
…omissis…
Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes esbozadas, es evidente para esta Sala que ha transcurrido más tiempo del lapso de un (1) año previsto en el artículo antes transcrito, por lo tanto se impone declarar que en el presente caso se ha visto consumada la perención y, por ende, extinguida la instancia. Así se decide” (Cursivas, negrillas y subrayados añadidos).
En el caso que nos atañe, en cuanto a la Ley Orgánica De La Jurisdicción Contencioso Administrativo, podemos decir que no hay perención de la instancia cuando el acto procesal siguiente corresponda al juez o jueza y coloca como ejemplos la admisión de la demanada, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas en el carácter enunciativo del articulo 41 de la ley in comento, pues no es menos cierto que durante el desarrollo del presente procedimiento de nulidad de la p.a. Nro. 2011-342, dictada en fecha Diecinueve (19) de Julio de 2011, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante el cual declara Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir a los ciudadanos A.L. Y J.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Números. V-14.930.551 y V-15.543.667, respectivamente, se insta a la parte accionante que consigne la dirección de los beneficiarios de la p.a. impugnada, como consta en los folios 55, 59 y 83, pues ello nunca se materializó, la parte recurrente no realizo los deberes que le corresponden para la continuación de las etapas del proceso, de ello deviene el afirmar que la perención es una sanción impuesta a las partes, pues ella esta ligada inexorablemente a la falta de instancia, peticionando hasta que se resuelva su controversia, sin olvidar las cargas establecidas en la competencia del contencioso administrativo de impulsar el proceso dentro de los limites de su oficio.
Inserto en autos en los folios del ochenta y seis (86) al Noventa y cinco (95), se encuentra opinión del Ministerio Publico, emanada de ciudadano J.A.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 12.918.859, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 80.351, el cual comparte la opinión de este juzgador en cuanto a la aplicación del articulo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que a su entender se encuentra “consumada la perención y en consecuencia extinguida la instancia en la demanda de nulidad” (Cursivas añadidas por este tribunal).
Así las cosas, del análisis efectuado al criterio jurisprudencial citado, como de la aplicación del caso en abstracto que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al caso en concreto en que nos encontramos, se observa que en autos la única actuación efectuada por el recurrente (quien en este caso tiene las cargas procesales de mayor envergadura) fue presentar el escrito de nulidad en fecha veintitrés (23) de noviembre de 2011, y la presente fecha; descontando los periodos de receso judicial – inclusive - ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que las partes hayan efectuado una sola actuación en este proceso; tiempo éste que da razón a esta juzgador para estimar la presente causa como perimida, por haber transcurrido el plazo de inactividad procesal señalado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que opere de pleno derecho la perención de la instancia, denotándose sin lugar a dudas su gran falta de interés procesal en esta causa y así, se declara.
IV
DECISIÓN
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO por RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD incoado por la empresa MULTICINE LAS TRINITARIAS, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Miranda, en fecha once (11) de septiembre de 1995, bajo el Nº 51, Tomo 182-A-Sgdo, representada por el ciudadano V.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Numero. V- 13.284.792, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número. 98.419, contra la p.a. Número. 2011-342, dictada en fecha Diecinueve (19) de Julio de 2011, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante el cual declara Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir a los ciudadanos A.L. Y J.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Números. V-14.930.551 y V-15.543.667, respectivamente. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.
De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia a la Procuradora General de la República, estableciendo que transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles de despacho, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia de la notificación, se le tendrá por notificada y se iniciará el lapso para la interposición del recurso de apelación. Líbrese oficio.
Se ordena la notificación de la parte actora, así como del órgano emisor del acto recurrido, con la finalidad de que puedan ejercer los recursos correspondientes, por lo que se exhorta amplia y suficientemente a los juzgados de primera instancia de juicio del trabajo del área metropolitana de Caracas, a fin que previa formalidades de ley practiquen las notificaciones necesarias de la presente resolución.
La presente decisión se fundamenta en lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por expresa remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cúmplase.
Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los Veintiuno (21) días del mes de Septiembre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EL JUEZ CUARTO (4°) DE JUICIO DEL TRABAJO,
ABOG. A.L.L.Q..
LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. OMARLIS SALAS
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.) Conste-.
LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. OMARLIS SALAS
