Decisión nº DP31-L-2008-000025 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio La Victoria de Aragua, de 12 de Mayo de 2009

El Tribunal deja constancia que en la sustanciación de la presente causa se cumplieron todos y cada uno de los actos procésales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo vigente, el Código de Procedimiento Civil, y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existiendo por tanto motivo de reposición alguno y así expresamente se decide.

Para que sea declarada con lugar una demanda por Cobro de diferencia de Prestaciones Sociales, conforme al procedimiento previsto en la ley que rige la materia es necesario la concurrencia de los siguientes elementos:

a- La existencia previa de una relación de trabajo.

b- Que el demandado no haya cancelado al actor el monto correspondiente a las prestaciones sociales calculadas correctamente.

c- Que el actor interponga su demanda en tiempo hábil y oportuno

d- Que efectivamente pruebe sus alegatos.

VALORACION DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

Con relación a los indicios y presunciones, la misma fue negada como prueba, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y ASI SE DECIDE.-

En cuanto a los Recibos de Pago marcados A, B y C en virtud de que no fueron impugnados o desconocidos por la parte demandada, es por lo que de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se valoran como prueba. Y ASI SE DECIDE. Se desprende como fecha de ingreso el 18 de abril del año 2001, alegada por la parte actora en su escrito libelar.

VALORACION DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

En cuanto al punto previo alegado, como es la Inadmisibilidad de la presente causa por prejudicialidad e incompetencia, esta juzgadora se pronunciará en la parte motiva del presente fallo.

Respecto a las documentales consistentes en copia simple del expediente Nº DP31-L-2007-000304, contentivo de demanda por diferencia de prestaciones sociales, fue promovida a los fines de demostrar que no transcurrieron los 90 días a los fines de proponer nuevamente la demanda. En cuanto al punto, esta Juzgadora se pronunciará en la parte motiva del presente fallo.

Con relación a la copia simple del escrito de querella funcionarial, copia simple de sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil y lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, copia simple de sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, copia simple de la Resolución Nº 149 de fecha 01 de febrero de 2002 y copia simple de la Resolución Nº 636 de fecha 20 de enero de 2003, por tratarse de documentos públicos administrativos, se les concede pleno valor probatorio. De los mismos se desprende que la hoy actora -en virtud de su destitución- inició una querella funcionarial por ante el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, la cual fue declarada con lugar. Dicha decisión fue apelada por la parte demandada y revocada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. Asimismo, se evidencia que la hoy actora fue designada mediante Resolución como Guardían Municipal en fecha 01 de febrero del año 2002 y destituida en fecha 20 de enero del año 2003, igualmente mediante Resolución.

En cuanto a la copia simple de la liquidación de prestaciones sociales, en virtud de que no fue impugnada o desconocida por la parte actora, es por lo que de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se valora como prueba. Y ASI SE DECIDE. Del mismo se desprende que se le cancela a la parte actora la cantidad de Bs. 2.326.890,74 ahora denominado Bsf. 2.326,89 por concepto de liquidación de prestaciones sociales, que comprende el tiempo de servicio prestado desde el 01 de enero de 2002 al 20 de enero de 2003.

Respecto al traslado de pruebas del Expediente Nro. DP31-L-2007-000304, esta Juzgadora solicitó el mencionado expediente a la Unidad de Archivo de la sede de este Circuito Judicial Laboral. En cuanto al mérito del mismo esta Jugadora se pronunciará en la parte motiva del presente fallo.

Ahora bien, una vez culminada la valoración de las pruebas presentadas por las partes, esta Juzgadora pasa a pronunciarse sobre los puntos previos solicitados por la parte demandada.

PUNTO PREVIO

En cuanto a la Inadmisibilidad de la presente causa por prejudicialidad, la parte demandada en su escrito de promoción de pruebas señala expresamente lo siguiente:

…Ahora bien, ciudadana Juez es el caso que la accionante presentó nuevamente demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES en fecha 30 de enero de 2008, por ante este Tribunal a su digno cargo contraviniendo lo preceptuado en el Parágrafo Primero del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y siendo que no transcurrieron los 90 días continuos que señala la referida ley, no pudiendo el actor volver a proponer la demanda, si no han transcurrido noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha, en la cual quedó firme el acta que declaró el desistimiento…

(subrayado y negrita de quién suscribe)

Así las cosas, de una revisión exhaustiva del Expediente Nro. DP31-L-2007-000304, -constatando conjuntamente con el sistema automatizado IURIS 2000- que efectivamente la ciudadana N.V.A. intentó en fecha 08 de agosto de 2007 por ante este Circuito Judicial demanda por diferencia de prestaciones sociales contra el Municipio A.J.d.S.d.E.A., siendo distribuido al Juzgado Séptimo de Sustanciación, Mediación Y Ejecución, quién en su oportunidad ordenó un despacho saneador que, no siendo corregido por la parte actora en el lapso legal, obliga al Juzgado en mención, en fecha 26 de noviembre de 2007, a dictar sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva donde expresamente declara:

…es por lo que este Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Régimen Procesal Transitorio como del Nuevo Régimen del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, sede La Victoria en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA de conformidad con lo establecido en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, en contra del MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ARAGUA…

Posteriormente en fecha 28 de marzo de 2008, mediante auto señala:

…Vista la sentencia de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil siete (2007), dictada por este Tribunal en la cual se declaro DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO, y vencidos como se encuentran los lapsos establecidos por la Ley para que las partes ejercieran sus recursos correspondientes, es por lo que este Juzgado en uso de sus atribuciones, ordena el cierre y archivo del presente expediente. Envíese al Archivo Judicial…

Se observa y es evidente que existe un error en el auto de fecha 28 de marzo de 2008, cuando el Juzgado Séptimo de de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, sede La Victoria, procede a ordenar el cierre y archivo del presente, ya que erróneamente señala que se declaró el desistimiento del procedimiento, cuando lo correcto era la inadmisibilidad de la demanda.

No obstante a la impresión contenida en el auto de fecha 28 de marzo de 2008, el cual es un auto de mero trámite, debe entender esta Juzgadora que la sentencia dictada en el expediente mencionado (DP31-L-2007-000304) fue la inadmisibilidad de la demanda, por lo que el actor no tenía que esperar 90 días para interponer nuevamente su acción, por cuanto dicha situación se materializa para el caso del desistimiento del procedimiento de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Aclarado lo anterior, esta Juzgadora declara IMPROCEDENTE el punto previo solicitado en cuanto a la inadmisibilidad de la demanda por prejudicialidad. Y ASI SE DECIDE.

Respecto al punto previo relativo a la incompetencia para conocer de la presente causa, la parte demandada señala en su escrito de demanda:

…Ciudadana Juez es el caso que la accionante ingresó a prestar sus servicios en fecha 01 de enero de 2002 mediante contrato de servicio y en fecha 01 de febrero de 2002 mediante resolución nro. 149 de la ciudadana DRA. C.I.O.M., en su condición de Alcaldesa del Municipio A.J.d.S.d.E.A. fue nombrada Guardían Municipal de la referida Alcaldía y en fecha 20 de enero de 2003 mediante resolución Nro. 636 de la ciudadana DRA. C.I.O.M., en su condición de Alcaldesa del Municipio A.J.d.S.d.E.A. es REMOVIDA de su cargo (...) por cuanto se trata ciudadana Juez de una exfuncionaria al servicio de la administración pública Municipal y debido a su condición no esta amparada por la Ley Orgánica del Trabajo, sino que está excluida de su ámbito de aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la mencionada Ley…

De una revisión de los hechos narrados en el libelo de demanda, así como de las pruebas presentadas por la misma, se puede evidenciar que en el caso de autos, estamos en presencia de dos relaciones contractuales por prestación de servicios entre la parte actora y la demandada. La primera de ellas es iniciada en fecha 18 de abril de 2001, tal como se desprende de los recibos de pagos a los cuales esta Juzgadora le otorgó valor probatorio donde se puede leer claramente en el renglón denominado Fecha De Ingreso: 18/04/2001 por contrato de servicios, hasta el 01 de febrero de 2002 cuando se inicia la segunda relación laboral según Resolución Nro. 149 ya como funcionaria pública, la cual culmina en fecha 20 de enero de 2003 mediante Resolución Nro. 636 en la cual fue removida de su cargo.

Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.

En consecuencia este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los Artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y a tales efectos se observa:

El artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone lo siguiente:

La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa

.

Ahora bien, en virtud de lo antes expuesto, esta Juzgadora debe tomar en consideración que el presente procedimiento que aquí se ventila es de acción por cobro de prestaciones sociales, donde la parte actora inicia su relación de trabajo (18 de abril de 2001) bajo la modalidad de un contrato de servicio y posteriormente en el devenir de esa relación, pasa a ser funcionaria pública (a partir del 01 de febrero de 2002), por lo que se concluye que el presente asunto compete a estos Tribunales Laborales, considerando la relación de trabajo iniciada el 18 de abril de 2001 hasta el 01 de febrero de 2002, por lo que SE DECLARA COMPETENTE para seguir conociendo del presente asunto. Y ASI SE DECIDE.

Resuelto los puntos previos solicitados y en virtud de la fundamentación central y esencial sobre la cual la parte accionante hace descansar su pretensión para hacer uso del presente procedimiento por cobro de prestaciones sociales, considera esta Juzgadora que es de capital importancia, antes de entrar a decidir sobre el fondo del asunto debatido en la presente controversia, dilucidar si los extremos alegados en este procedimiento fueron demostrados por las partes. Por lo tanto observa esta Juzgadora, haciendo una revisión de las actas y actos, así como el contenido de todas las actuaciones que conforman el presente expediente, así como de las pruebas aportadas por la parte demandante en la oportunidad de ley, que el punto central de la presente controversia lo constituye el cobro de diferencia de las prestaciones sociales.

En el caso se autos, tomando en consideración que la parte demandada no contestó la demanda, así como tampoco asistió al acto de la celebración de la Audiencia de Juicio, a los fines de decidir la presente causa, este Tribunal considera necesario traer a colación la decisión dictada por la Sala de Casación Social de nuestro M.T., en la cual establece:

“…El artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que en el día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, las partes o sus apoderados judiciales, deberán concurrir para exponer oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, sin permitir la alegación de nuevos hechos.

De igual forma dispone que, si el demandado no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso en relación con los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, y el Juez debe sentenciar la causa en forma oral con base en dicha confesión, la cual reducirá en forma escrita, en la misma audiencia de juicio.

Al respecto, la Sala Constitucional en sentencia N° 810 de fecha 18 de abril de 2006, con motivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 131, 135 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al interpretar la confesión ficta prevista en el artículo 151 eiusdem, estableció lo siguiente:

Así, en primer lugar, no es cierto que si opera la confesión ficta del demandado en la audiencia de juicio haya que dar la razón al demandante porque habrá de decidirse la causa con base en dicha confesión. En efecto, teniendo en cuenta que la confesión ficta del demandado quiere decir que no se ignore que a esa audiencia de juicio, la cual es ciertamente el “elemento central del proceso laboral” –tal como expresa la Exposición de Motivos de la Ley- y en la que se recogen oralmente los argumentos de las partes y se evacuan las pruebas a que haya lugar, no compareció la parte demandada, quien, por tanto, no evacuó prueba alguna ni se opuso a las que hubiera evacuado la contraparte. Esa ausencia de pruebas equivale, en la mayoría de los casos, a la admisión tácita de los hechos, pues recuérdese que, de conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la ausencia de rechazo expreso y motivado de los argumentos de la demanda, así como la ausencia de pruebas de los hechos que se contradicen, equivalen a la admisión de los mismos.

Por tanto, la decisión de la causa teniendo en cuenta la contumacia del demandado que no compareció a la audiencia de juicio implica, en definitiva, que el juez falle, sin más, conforme a lo que se alegó y probó en el proceso hasta ese momento y en consideración a las consecuencias jurídicas de la falta de pruebas en perjuicio de quien soporta la carga probatoria.

(ominis..)

En segundo lugar, tampoco es cierto que la presunción de confesión del demandado en la audiencia de juicio impida al juez que aprecie, cuando sentencie el fondo, los elementos probatorios que hasta el momento consten en autos. En efecto, lo que la norma preceptúa es que si opera la confesión ficta en la audiencia de juicio la causa se decidirá de inmediato, teniendo en cuenta que se trata de la última fase del proceso y que, además, se informa de los principios de oralidad e inmediación. No obstante, esa decisión inmediata no implica que, en su sentencia, el juez no pueda tomar en cuenta los elementos de juicio que consten en autos, que hayan sido plasmados en cada una de las etapas procesales anteriores por ambas partes; antes por el contrario, el juez deberá, sin perjuicio de la rapidez con que se debe emitir la decisión, tener en cuenta todos los argumentos y pruebas que hasta el momento consten en autos.

(ominis..)

En todo caso, y de conformidad con el propio artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el demandado que no comparezca a la audiencia de juicio tendrá siempre la posibilidad de alegar y probar la verificación de alguna causa justificativa de su incomparecencia, como el caso fortuito o fuerza mayor, de interpretación in extenso y a criterio del Tribunal, tal como ya antes se expuso. (Resaltado de la Sala). (Sentencia de fecha 06 de mayo de 2008, juicio incoado por M.A.R.P., contra la sociedad mercantil MMC AUTOMOTRIZ, S.A.).

No obstante a ello, siendo la parte demandada un ente público municipal que goza de ciertos privilegios y prerrogativas y como es bien sabido, ese conjunto de normas que regulan los privilegios y prerrogativas procesales del Estado, no establecen todos los supuestos indispensables para subsumir las situaciones de hecho que pudieran presentarse, dejando en manos del interprete doctrinario y criterios jurisprudenciales el análisis extensivo de los mismos. Es por lo que ante esta remisión genérica de los privilegios de la República en cabeza de los Municipios, no puede proceder la aceptación de los hechos, por el contrario se deben tener como negados y rechazados, en consecuencia en base a esa interpretación extensiva y a los principios rectores del Derecho Procesal Laboral y a la Tutela Judicial efectiva considera esta Juzgadora que debe y por consiguiente lo hace, pronunciarse en base a las pruebas promovidas por las partes.

En este mismo orden de ideas, vistos los alegatos de la partes, así como el cúmulo de pruebas presentadas, esta Juzgadora procedió a hacer un análisis exhaustivo de las mismas a los fines de determinar la procedencia de esta acción, por lo tanto quien aquí decide considera que la presente acción judicial de Cobro de de Prestaciones Sociales interpuesta por la parte actora, plenamente identificada en autos, en contra del Municipio A.J.d.S.d.E.A., debe prosperar por cuanto la accionada no logro desvirtuar los alegatos de la actora.

Ante lo dicho, se procederá a revisar si la petición del demandante es contraria a derecho, por ello, se revisaran las cantidades, montos y conceptos que reclama el actor por concepto de Prestaciones Sociales para determinar si encuentran ajustados conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Trabajo.

En consecuencia, se procede a explanar las operaciones aritméticas realizadas para la obtención de los resultados de los montos y conceptos condenados a cancelar por la parte demandada correspondientes al período del 18 de abril del 2001 al 01 de febrero de 2002 (9 meses y 14 días):

Prestación de antigüedad artículo 108 L.O.T

45 días a razón de salario de Bs. 11.091,66 para el período abril 2001-febrero 2002 la cantidad de Bs. 499.124,70

Vacaciones (9 meses)

16,5 días a razón de Bs. 10.083,33 la cantidad de Bs. 166.374,94

Utilidades (9 meses)

11.25 días a razón de Bs. 10.083,33 la cantidad de Bs. 113.437,46

Para un total de Bs. 778.937,10 ahora denominado Bs. 778,93

En cuanto a la cantidad recibida Bs. 2.326.890,74 ahora denominado Bsf. 2.326,89 según planilla de liquidación de prestaciones sociales que riela inserta al folio 95 del presente expediente, no se descuenta del monto que se condena en este fallo, por cuanto se puede evidenciar que solo corresponde al período del 01-01-2002 al 20-01-2003. Y ASI SE DECIDE.-

-III-

DISPOSITIVA

Por todas las evidencias y razones aquí expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CON COMPETENCIA EN TRANSICIÓN Y NUEVO RÉGIMEN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, SEDE LA VITORIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR, la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales incoada el ciudadano: N.J.V.A., titular de la cédula de identidad Nº V- 10.755.855 en contra del MUNICIPIO A.J.D.S.D.E.A. plenamente identificados en autos. En consecuencia, se condena al Municipio a pagar la cantidad de: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bsf. 778,93).

En cuanto a los INTERESES SOBRE PRESTACIONES, INTERESES MORATORIOS y la CORRECCIÓN MONETARIA, los mismos deberán ser calculados por el Juez encargado de ejecutar el presente fallo, de la siguiente manera:

Se ordena el pago de los intereses generados por la prestación de antigüedad, a cuyo efecto se ordena la práctica de una EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, la cual se realizará por un solo experto contable de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En lo que respecta a los intereses moratorios, los mismos serán cuantificados a través de una experticia complementaria del fallo, conforme lo indicado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada según lo dispuesto en la norma antes indicada, rigiéndose la experticia complementaria del fallo in comento bajo los siguientes parámetros: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal, siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada. 2º) Para la cuantificación el perito se regirá por lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, 3º) La cuantificación de los intereses moratorios se realizará a partir del 01 DE FEBRERO DE 2002. 4º) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses ni serán objeto de indexación. 5º) El experto adecuará su actuación a la normativa prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. Así se declara.

Siendo procedente la corrección monetaria para preservar el valor de lo debido, y de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condena la indexación de las cantidad ordenada a pagar, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1°) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar; 2°) El perito, a los fines del cálculo de la indexación, ajustará su dictamen a los índices de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de decreto de la ejecución y hasta la fecha en la cual serán pagados estos conceptos.

No se condena en costas a la parte demandada dado los privilegios procesales.

PUBLÌQUESE Y REGISTRESE. DADA, FIRMADA, SELLADA, A LOS DOCE (12) DÌAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL NUEVE (2009), AÑOS 199° DE LA INDEPENDENCIA Y 150° DE LA FEDERACIÒN.

LA JUEZA,

DRA. M.B..

EL SECRETARIO,

ABG. A.C..

Siendo la 10:00 a.m. se publicó la anterior decisión.-

EL SECRETARIO,

ABG. A.C..

MB/a.c/abog. Y.B..

EXP. DP31-L-2008-000025.