Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 19 de Julio de 2006
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2006 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Teresa Garcia de Cornet |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
PARTE QUERELLANTE: N.J. ROJAS L.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE QUERELLANTE: N.V. Y R.G..
ORGANISMO QUERELLADO: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES).
SUSTITUTA DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA: M.R.O..
OBJETO: PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES DE MORA.
En fecha 23 de febrero de 2006 los abogados N.V. y R.G., Inpreabogado Nos. 38.214 y 57.225, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana N.J. ROJAS L., titular de la cédula de identidad N° 3.251.772, interpusieron por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) la presente querella, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES).
Hecha la distribución correspondió a este Juzgado su conocimiento, en tal razón el día 03 de marzo de 2006 se admitió la querella y se ordenó conminar a la Procuradora General de la República, para que diese contestación a la misma, lo cual hizo en fecha 22 de mayo de 2006 a través de la abogada M.R.O., Inpreabogado N° 25.033.
La actora solicita el pago de la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTISEIS CENTIMOS (Bs. 45.047.754,26), por concepto de diferencias de prestaciones sociales “y otros conceptos derivados e inherentes a la terminación de la relación laboral” no pagados oportunamente. Igualmente solicita el pago de los intereses sobre las prestaciones sociales, desde el momento de la terminación de la relación laboral hasta el definitivo pago, según experticia complementaria. También reclama el pago de los intereses de mora y la indexación de las cantidades antes señaladas, más las costas y costos del presente juicio.
El 05 de junio de 2006 oportunidad fijada para que tuviese lugar la audiencia preliminar dispuesta en el artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Juez expuso los límites en que había quedado trabada la litis, ambas partes comparecieron, dieron conformidad a los limites fijados e hicieron uso de la palabra para exponer sus alegatos.
Cumplidas las fases procesales, y celebrada la audiencia definitiva, se dejó constancia que comparecieron ambas partes, las cuales hicieron uso del derecho de palabra para ratificar sus posiciones en juicio. La causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem.
I
MOTIVACIÓN
Señala la actora que en su condición de profesional de la docencia prestó servicios en el Ministerio de Educación y Deportes por un lapso de treinta (30) años desde el 1° de octubre de 1967 hasta el 1° de octubre de 2003 (sic), fecha en la cual fue jubilada, según consta en la Resolución N° 03-13-01 de fecha 18 de septiembre de 2003 con vigencia a partir del 01 de octubre de 2003, dictada por el Ministro de Educación y Deportes. Agrega que, en fecha 30 de noviembre de 2005 recibió como pago de sus prestaciones sociales la cantidad de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos cuatro bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 52.750.604,75), monto éste que considera no le es satisfactorio.
La actora demanda indemnización por antigüedad, que dice dejaron de pagarle por el lapso comprendido desde el día 1° marzo de 1975 hasta el 28 de julio de 1980. Por su parte la sustituta de la Procuradora General de la República refuta argumentando que el Ministerio pagó cada uno de los conceptos laborales que prevé la Ley Orgánica del Trabajo atendiendo a los 30 años de servicio que prestó la actora. El Tribunal revisa las actas procesales y constata que al folio trece (13) del expediente judicial cursa planilla de liquidación y en su encabezamiento se evidencia que el Ministerio de Educación y Deportes sí le incluyó a la actora los años comprendidos en el lapso reclamado, lo que además se infiere de las sumas pagadas, e independientemente que puedan revelarse diferencias entre la cantidad aspirada por la funcionaria y la cancelada por el Organismo, que sólo obedece a la fórmula de cálculo utilizada, con la observancia de que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a las fórmulas que use el administrado, salvo que éste demuestre que la usada por el Organismo contraría la Ley, lo cual no ha sucedido en este caso, por tal razón es infundado el reclamo, y así se decide.
La actora reclama el pago de los intereses sobre las prestaciones sociales que dice dejaron de considerársele desde 1967 hasta julio de 1980. La sustituta de la Procuradora General de la República refuta argumentando que los derechos de la actora le nacieron a partir del año 1980 y que es desde ese año, cuando se comienza a aplicar los efectos de la Ley Orgánica del Trabajo a los trabajadores docentes dependientes del Ministerio de Educación. En tal sentido observa este Tribunal al igual que lo hace la sustituta de la Procuradora General de la República que el derecho de percibir los intereses sobre las prestaciones sociales nació para los Docentes con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación a partir de 1980, de allí que el reclamo es infundado, y así se decide.
Solicita la actora el pago de intereses de prestaciones sociales en los siguientes términos “el cálculo efectuado por el Ministerio de Educación y Deportes, por concepto de Intereses de Fideicomiso acumulado es de Bs. 3.840.759,26, siendo lo correcto Bs. 5.500.388,54, lo que representa una variación en (su) contra (…) por la cantidad de Bs. 1.659.629,28, la cual se atribuye a la forma para determinar el interés mensual empleado, ya que la tasa de interés a utilizar debe ser la determinada por el Banco Central de Venezuela; el capital concuerda pero se desconoce la fórmula utilizada por el Ministerio y el lapso para el cálculo de dicho interés, lo que no coincide con los cálculos legalmente establecidos”. Por su parte la sustituta de la Procuradora General de la República niega la pretensión argumentando que el Ministerio de Educación y Deportes procedió a cancelar a la querellante el monto correcto por concepto de fideicomiso acumulado por la cantidad de tres millones ochocientos cuarenta mil setecientos cincuenta y nueve bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 3.840.759,26), que el error de la actora radica en que fundamenta su pretensión en base a una formula matemática de interés simple, cuando lo que se debe aplicar es la formula de interés compuesto, de acuerdo con los parámetros que al efecto fija el Fondo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Finanzas, fórmula que su representada está obligada a cumplir. En tal sentido el Tribunal reitera lo antes decidido en el sentido de que las diferencias que nazcan de la utilización de fórmulas distintas a las que usó la Administración, no obligan a pago alguno, salvo que se demuestre ilegalidad en ello, de allí que el reclamo resulta improcedente, y así se decide.
La actora reclama el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 92 del Texto Constitucional. Aduce para ello, que egresó del Ministerio de Educación y Deportes el 01 de octubre de 2003, y fue sólo el 30 de noviembre de 2005 cuando le fue cancelada la suma de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos cuatro bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 52.750.604,75), por concepto de prestaciones sociales, razón por la que reclama dicho pago, a cuyos efectos pide experticia complementaria. Por su parte la sustituta de la Procuradora General de la República aduce, que si bien es cierto que el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla el pago de los intereses de mora sobre las prestaciones sociales del trabajador, sin embargo no contempla la tasa que será utilizada como base para el cálculo de dichos intereses, en consecuencia la única tasa aplicable debe ser la del 3% prevista en el artículo 1746 del Código Civil, o en su defecto la contemplada en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En tal sentido observa el Tribunal que la actora indica con toda claridad la fecha de su egreso por jubilación y la del pago de prestaciones sociales, lo cual es suficiente para calcular el concepto de mora constitucional. Dice y prueba la actora que fue jubilada el 18 de septiembre de 2003 (folios 09, 10 y 11) con vigencia a partir del 01 de octubre de 2003, y fue sólo el 30 de noviembre de 2005 (folio 24) cuando recibe el pago de las prestaciones sociales, de manera que sí existió demora en la cancelación de dicho beneficio, lo cual genera a favor de la misma el pago de los intereses moratorios previstos en el citado artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se decide.
De acuerdo con lo precedentemente decidido estima este Tribunal que a la actora deben pagársele intereses moratorios por el lapso comprendido entre el 01 de octubre de 2003, día en que se hizo efectiva la jubilación y el 30 de noviembre de 2005 fecha en que le cancelaron las prestaciones sociales por un monto de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos cuatro bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 52.750.604,75) (folio 24), monto este último que el Tribunal estima correcto, pues la actora no logró demostrar errores en dicho cálculo, por tanto ésta será la suma sobre la que habrá de hacerse el cálculo de los intereses moratorios, calculados dichos intereses no capitalizados, los cuales deben estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
Dichos intereses se calcularán según lo previsto en el artículo 108, literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, rechazando este Tribunal el alegato de la sustituta de la Procuradora General de la República, según el cual los intereses deben calcularse en base al 3% previsto en el artículo 1746 del Código Civil o en todo caso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, inobservando así la nombrada Sustituta, que el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública remite para dicho cálculo a la Ley Orgánica del Trabajo, de allí que debe atenderse al citado literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, y así se decide
En lo referente a la pretensión de la actora, de que se ordene indexación del monto que se ordena pagar, observa el Tribunal que los únicos intereses que generan el retardo en el pago de las prestaciones sociales, son los de mora previstos estos en el artículo 92 de la Constitución, los cuales ya se ordenaron pagar, de allí que la pretensión de indexación resulta infundada, y así se decide.
Por lo que se refiere a la condenatoria en costos y costas que solicita la parte actora, este Tribunal la niega en virtud de que el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece como privilegio de la República su no condenatoria en costas.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por los abogados N.V. y R.G., actuando como apoderados judiciales de la ciudadana N.J. ROJAS L., contra la República Bolivariana de Venezuela (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES).
Se niega el pago de la diferencia de prestaciones sociales.
Se ordena al Organismo querellado pagarle a la actora los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 01 de octubre de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2005, lo cual debe hacerse sin capitalización.
A los fines de determinar con toda precisión el monto a pagar a la actora, se ordena practicar experticia complementaria del fallo en la cual se determinará el monto de los intereses de mora causados sin capitalizarlos, desde el 01 de octubre de 2003 día en que se hizo efectivo el beneficio de la jubilación hasta el 30 de noviembre de 2005 fecha del pago de las prestaciones sociales. La base sobre la que se calcularán los intereses de mora será la suma de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos cuatro bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 52.750.604,75) que fue la cantidad que por concepto de prestaciones sociales se le cancelaron tardíamente a la actora. Dichos intereses serán los que determine el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de antigüedad, según lo dispone el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Por lo que se refiere a la indexación solicitada se NIEGA por la motivación expuesta en este fallo.
En lo que se refiere a la condenatoria en costos y costas que solicita la parte actora, este Juzgado niega tal pedimento en virtud de lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República según ya se motivó.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de julio año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
LA JUEZ,
T.G.D.C.
LA SECRETARIA,
N.M.D.F.
En esta misma fecha 19 de julio de 2006, siendo las doce (12:00) meridiem, se publicó y registro la anterior sentencia.
La Secretaria,
EXP. 06-1423
