Decisión nº PJ0032012000172 de Tribunal de Juicio de Violencia contra la mujer de Aragua, de 9 de Noviembre de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio Violencia del Estado Aragua

Maracay, 9 de Noviembre de 2012

202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : DP01-S-2012-003153

ASUNTO : DP01-S-2012-003153

JUEZA : C.M.Q.M.

SECRETARIA : MILAGROS ZAPATA

IDENTIFICACIÒN DE LAS PARTES

ACUSADO: M.A.N., de nacionalidad Venezolana, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, de 33 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-14.564.924, domiciliado en Calle Lourdes, Callejón Bermúdez, casa Nº 10-2, Sector El castaño, Estado Aragua

REPRESENTANTE FISCAL: 16.

VICTIMA: Identificación omitida de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánia para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes

LA DEFENSA PRIVADA: DR. J.F.P.S.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA: NEGATIVA DE REVISIÒN DE MEDIDA

Vista la solicitud efectuada en fecha 05-11-2012, por el profesional del derecho J.F.P.S., Defensor privado y actuando en nombre del ciudadano M.A.N., este Tribunal de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, para decidir previamente observa:

DE LOS HECHOS

Se inició la presente causa, en fecha 17-06-2012, por denuncia que interpusiera la niña Identificación omitida de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes acompañada de un representante legal, ante la Estación Policial El Castaño de la Policía del Estado Aragua, por haber sido víctima, de hechos cometidos presuntamente para el momento por parte del ciudadano M.A.N., quien se puso a derecho ante el cuerpo policial y fue aprehendido.

En fecha, 19-06-2012, fue presentado el acusado M.A.N., ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control Audiencias y Medidas, llevándose a efecto la audiencia para calificar si hubo o no flagrancia en la aprehensión también llamada audiencia de presentación de detenidos, donde el Tribunal en sus pronunciamientos acogió la precalificación efectuada por la Fiscalía 16° del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A NIÑA DE FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 259 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Trato Cruel, tipificado en el artículo 254 eiusdem y VIOLENCIA PSICOLÓGICA, tipificado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., y decretó Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, al considerar que estaban llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, decretando el procedimiento especial.

En fecha 11 de Noviembre de 2010, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos acto conclusivo de acusación interpuesto por la Fiscalía Décima Sexta (16º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en contra entre otros acusados del ciudadano M.A.N., por la presunta comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A NIÑA DE FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 259 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Trato Cruel, tipificado en el artículo 254 eiusdem y VIOLENCIA PSICOLÓGICA, tipificado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

En fecha 17 de Septiembre de 2012, se celebró audiencia preliminar ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de Maracay Estado Aragua, donde el Juzgado entre otras cosas Admitió la acusación por la presunta comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A NIÑA DE FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 259 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Trato Cruel, tipificado en el artículo 254 eiusdem y VIOLENCIA PSICOLÓGICA, tipificado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en contra del ciudadano M.A.N., donde funge como victima la niña Identificación omitida de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes

En fecha 05 de octubre de 2012, fue recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal de Maracay Estado Aragua, el presente expediente, quien procedió a fijar conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. la celebración del juicio.

DEL DERECHO

La Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad se encuentra incluida en la previsión Constitucional al señalar el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente:

La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciada por el juez o jueza en cada caso...

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Con esta norma se observa claramente la protección a la Libertad y la necesidad absoluta de existir dos causales para una privación de la misma, UNA ORDEN JUDICIAL o LA FLAGRANCIA, de otra manera una persona no puede ser privada de su libertad, en prima fase, por lo tanto, el mandato constitucional obliga a una estricta regulación legal de la prisión preventiva, en la que no sólo se fije ya la duración máxima de la misma, sino los presupuestos de su aplicación máxima, limitando en lo posible la subjetividad en la decisión judicial en la que se acuerde, vinculándola a criterios objetivos o, por lo menos objetables, tratándose pues, de rodear de garantías su aplicación. No en vano está aquí en juego una garantía a la seguridad personal como lo es la presunción de inocencia.

En este mismo orden de ideas, el trascrito artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el juzgamiento en estado de libertad, principio este que de igual manera lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo para poder desaplicar ese principio, por las circunstancias de hecho y de derecho, el juzgador debe tomar en cuenta lo estatuido en el compendio de normas adjetivas penales venezolana, en su Libro Primero, Titulo VIII, donde se establece en su capitulo I, los Principio Generales para establecer una Medida Cautelar, siendo a destacar los siguientes artículos de dicho capitulo:

Artículo 243. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados...

Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definan la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.

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A estos artículos habría que agregar el único que conforma el Capitulo V de dicho titulo y Libro, el cual estatuye:

Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.

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Por lo tanto la privaciones de libertad que se realizan como Medida de Coerción, no podrá sustituir a la pena que habrá de cumplir el imputado o acusado de ser declarado o considerado como culpable del hecho que se le imputa o acusa; de igual manera la medida debe ser proporcional al tipo de delito presumiblemente cometido (y no a la capacidad económica como comúnmente se entiende) y a la pena que habría de imponérsele en su oportunidad. Asimismo, la medida puede ser transitoria, en otras palabras puede ser revisable y de considerar el Juez que se ha desvanecido o desaparecido la necesidad de mantener a una persona privada de su libertad, por cuanto ya no existe el peligro de fuga o de obstaculización, quedando desproporcionada la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad dictada, o bien por el tiempo que ha estado privado de su libertad el imputado o acusado, pudiéndose remplazar legítimamente dicha Medida por una Medida Cautelar Sustitutiva.

En la causa actual, nos encontramos que se decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad en fecha 19-06-2012, por el Juzgado Primero en función de Control, Audiencia y Medidas Con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal, en virtud haber sido la misma, primeramente solicitada por la representación del Ministerio Público, y segundo al considerar ese Juzgado, que se encontraban llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que ha criterio del Tribunal de Control se estableció la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., específicamente los delitos de ABUSO SEXUAL A NIÑA DE FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 259 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Trato Cruel, tipificado en el artículo 254 eiusdem y VIOLENCIA PSICOLÓGICA, tipificado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., cuyo tipo penal merece pena corporal de DOS (02) A SEIS (06) AÑOS DE PRISIÒN, con un aumento considerable, conforme lo pauta el segundo aparte de la norma, cuya acción no se encuentra prescrita, por haber sido supuestamente realizado en reciente data, específicamente el 17-06-2012, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que para ese momento el imputado fue presuntamente autor o participe de dicho hecho, estableciendo su apreciación razonable sobre el peligro de fuga.

Ahora bien, este tribunal considera necesario realizar un análisis a las normas procesales contenidas en los artículos 251 y 252 del Código Adjetivo Penal. En este sentido se tiene que el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, señala el Peligro de fuga en los siguientes términos:

...Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;

3. La magnitud del daño causado;

4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;

5. La conducta predelictual del imputado.

Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...

Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga, y motivaran la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado

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En el caso que nos ocupa tenemos, que el ciudadano acusado al momento de celebrarse la audiencia preliminar ante el Juzgado Primero en Función de Control dijo ser y llamarse como queda escrito: M.A.N., de nacionalidad Venezolana, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, de 33 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-14.564.924, domiciliado en Calle Lourdes, Callejón Bermúdez, casa Nº 10-2, Sector El castaño, Estado Aragua, por lo que el primer ordinal no se encuentra satisfecho, siendo que efectivamente el acusado tiene arraigo en el país y se encuentra plenamente identificado.

En lo que respecta al numeral 2, se observa que uno de los delitos calificados por la Fiscal del Ministerio Público y acogido en la audiencia de calificación de flagrancia, fue los de ABUSO SEXUAL A NIÑA DE FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 259 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, estableciendo el ilícito mas grave, pena corporal de DOS (02) A SEIS (06) AÑOS DE PRISIÒN por lo que la pena que podría llegar a imponérsele de comprobar su participación en los hechos si bien no supera los DIEZ (10) AÑOS, se trata de un hecho sumamente grave, toda vez que el sujeto pasivo se trata de una infante de 9 años de edad.

Con respecto al numeral 3, el daño causado, conforme la calificación dada a los hechos por la vindicta pública, y admitida por El Juzgado de Control, es un delito que atenta contra el pudor y las buenas costumbres, además de la libertad individual, protegiéndose en este tipo de delitos las buenas costumbres el buen orden de la familia, la salud mental, el pudor, entre otros, por lo que el daño causado para es grave.

Asimismo, el numeral 4, exige tomar en cuenta el comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, y si bien, de las actas no se desprende que al acusado se le haya seguido algún proceso penal aparte del actual, no puede dejar de obviarse lo analizado en el párrafo anterior.

En lo referente al numeral 5 que es la conducta predelictual, en las actas no ríela certificación de Antecedentes Penales del ciudadano M.A.N. de donde se desprenda que el mismo registre antecedente por un hecho anterior, puesto que el Ministerio Público hasta los actuales momentos no la ha consignado, por lo que en consecuencia debe entenderse que el mismo no presenta o registra ningún antecedente por un hecho penal anterior.

Continuando con el análisis del caso, tenemos entonces que el numeral 1 del artículo 251 no se encuentra lleno en su extremo, puesto que efectivamente el acusado se encuentra identificado, y se encuentra arraigado en el país, por cuanto ha señalado donde reside. En lo que respecta al numeral 2 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, situación esta que es de estudiar con mayor detenimiento, puesto que la pena que podría llegar a imponérsele al acusado, de demostrase en el transcurso del juicio su presunta participación en el ilícito precalificado y su culpabilidad en la perpetración del mismo, no superaría los DIEZ (10) años, se debe tomar en cuenta el interés superior del niño, conforme lo consagra el artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo que la víctima es una infante de 9 años de edad, y en virtud de ello esta Juzgadora considera que este numeral se encuentra satisfecho.

El numeral 3 del artículo que aquí se analiza, establece que la magnitud del daño causado, es igualmente una causal para no conceder una Medida cautelar, y a criterio de este Tribunal, la magnitud del daño causado en el presente caso es grave, por tratarse de un delito pluriofensivo, y, en consecuencia por las consideraciones establecidas en el párrafo anterior quien decide considera que esta exigencia se encuentra satisfecha.

En lo que respecta a los numerales 4 y 5 del mencionado artículo, si bien no se encuentran llenos, ya que no riela en actas la certificación que establezca la existencia de una persecución penal previa y una sentencia condenatoria, no disminuye la importancia de los numerales supra analizados, considerando este Tribunal que las circunstancias que conllevaron al Tribunal de Control a decretar la Medida Judicial Privativa de Libertad no han variado al estar llenos los numerales 2º y 3º del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Con relación al peligro de OBSTACULIZACIÒN, contenido en el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, debe tomarse en cuenta la grave sospecha de que el imputado:

1º Destruirá, modificará o falsificará elementos de convicción. Con relación a este numeral debe analizarse detenidamente en el presente caso la fase en que actualmente se encuentra el proceso como lo es fase de juicio; por lo que la fase de investigación concluyó al momento en que el Ministerio Público presentó el acto conclusivo de acusación, por lo que las pruebas documentales u otro elemento de convicción que consideró pertinente la vindicta pública para fundamentar su acto conclusivo en contra del acusado, ya fue promovido y admitido por el Juzgado de Control, por lo que mal puede establecerse que a estas alturas del proceso que el mismo pueda destruir, modificar o falsificar algún elemento de convicción y en consecuencia este requisito en el presente caso no se encuentra satisfecho.

2º Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

Con relación al anterior numeral, en el presente caso, el acusado está siendo procesado sólo, y si bien hasta la presente fecha no consta en las actuaciones que el mismo haya de alguna manera tratado de abordar a la víctima, no obstante el conoce a la presunta víctima, y sus familiares, toda vez que es el padrastro de la víctima, pudiendo influir para que se comporte de manera reticente y no comparezca al juicio oral.

Por lo que visto el análisis realizado por este Tribunal, al no haber variado las circunstancias que conllevaron al Tribunal de Control a decretar la Medida Judicial Privativa de Libertad acuerda MANTENER LA Medida Judicial Privativa de Libertad, que pesa sobre el ciudadano M.A.N., todo conforme a lo establecido en el artículo 250 numerales 1º, 2º y 3º en relación con el artículo 251 numerales 2º y 3º en relación con el parágrafo primero y artículo 252 numeral 2º todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, si bien la defensa del acusado alega en su escrito de solicitud que el hecho de mantener a su representado bajo arresto domiciliario, no le ha permitido al mismo poder continuar laborando siendo éste el único sostén familiar, toda vez que el mismo tiene una esposa quien actualmente se encuentra en grado de gestación, no obstante, a criterio de esta Juzgadora, considera que los delitos por los cuales se le sigue juicio al acusado son sumamente graves, lo que fue tomado en cuenta por esta Juzgadora para emitir el presente pronunciamiento.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE MARACAY ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: PRIMERO: Mantiene La Medida Judicial Privativa De Libertad, que pesa sobre el ciudadano M.A.N., por considerar que hasta esta etapa procesal no han variado las circunstancias que conllevaron a su decreto todo conforme a lo establecido en el artículo 250 numerales 1º, 2º y 3º en relación con el artículo 251 numerales 2º y 3º Y artículo 252 numeral 2º todos del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 264 eiusdem. Manteniéndose como sitio de reclusión el domicilio del mismo ubicado en El Castaño, sector 19 de Abril, Calle Lourdes con Callejón Bermudez, casa Nro. 10-02, Maracay Estado Aragua. En consecuencia notifíquese a las partes.

LA JUEZA

C.M.Q.M.

LA SECRETARIA

MILAGROS ZAPATA

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

MILAGROS ZAPATA

03:00 p.m.