Decisión nº 10998 de Juzgado Tercero De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Y Agrario de Aragua, de 31 de Julio de 2012
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 2012 |
| Emisor | Juzgado Tercero De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Y Agrario |
| Ponente | Ramón Adonay Camacaro Parra |
| Procedimiento | Interdicto De Amparo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SEDE: CIVIL
Maracay, 31 de julio de 2012
202º y 153º
PARTE DEMANDANTE: Ciudadana N.D.R.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.567.943 y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos E.A.M.A. y M.D.C.M.G., venezolano el primero, mayores de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.653.493 el primero, domiciliados en S.I., calle 2, parcelamiento 28, Municipio L.A., S.R., estado Aragua.
MOTIVO: INTERDICTO DE AMPARO
EXPEDIENTE: 10.998
DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
I
PUNTO PREVIO
Es un hecho notorio el congestionamiento presente en el Sistema de Justicia venezolano, debido a una multiplicidad de factores, tales como, la falta de personal, la insuficiencia de recursos, el gran cúmulo de trabajo pendiente, etcétera.
Dicha circunstancia ha sido reconocida ampliamente por nuestro m.T. de la República [Ver Sentencia No. 03-3267 de fecha 22 de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia]; y por lo cual se han venido elaborando planes conjuntos con la finalidad de garantizar que todos los pedimentos realizados por los justiciables sean atendidos y tramitados con la mayor celeridad posible.
En reciente data, específicamente en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 2009-2006, reconoció expresamente el exceso de trabajo que venían experimentando los Tribunales de Primera Instancia de la República, con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ocasionado principalmente por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria presentes en ellos y por lo escaso del valor en Bolívares tomado como fundamento para fijar la competencia por la cuantía, por lo que, procedió a otorgarle de manera exclusiva la competencia de jurisdicción voluntaria a los Tribunales de Municipio, y a modificar la competencia en razón de la cuantía existente en nuestro país desde el día 23 de abril de 1996, fecha en la cual entró en vigencia la resolución No. 619 dictada por el extinto Consejo de la Judicatura.
Siendo así las cosas, este Tribunal no se escapa de la situación de congestionamiento judicial anteriormente señalado y reconocido por la más alta esfera jurisdiccional de la República, toda vez que desde la fecha de su creación [04 de julio de 1.990] ha tenido atribuida el conocimiento de gran número de causas en lo Civil, Mercantil y Agrario. Por todo ello, han quedado pendientes por resolver cierta cantidad de causas, que en un número significativo se debe a los factores antes señalados y/o al desgano manifiesto de los accionantes.
En consecuencia, dada la preocupación imperante de este Juzgador en dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos que penden en este Tribunal, sin dejar de lado por ello la gran cantidad de juicios que se encuentran actualmente en tramitación, se ha elaborado en este despacho un cronograma especial de trabajo con el fin de conferir respuestas y soluciones a que haya lugar según el caso en concreto, con la firme intención de lograr así el descongestionamiento de la actuación judicial en esta sede. Todo esto, no obstante la falta de interés en muchas oportunidades de las partes y la falta de concientización de los abogados de participar verdaderamente como integrantes del Sistema de Justicia consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
II
Revisada como ha sido la presente causa se observa que en fecha 14 de noviembre de 2005 la ciudadana N.D.R.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.567.943 y de este domicilio, debidamente asistida por la Abogada S.V.R., Inpreabogado N° 86.605, demandó por Interdicto de Amparo a los ciudadanos E.A.M.A. y M.D.C.M.G., venezolano el primero, mayores de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.653.493 el primero, domiciliados en S.I., calle 2, parcelamiento 28, Municipio L.A., S.R., estado Aragua.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Del examen de las actuaciones que cursan en este expediente se evidencia que la última actuación realizada por la parte demandante en la presente causa, fue en fecha 31 de enero de 2007 que riela al folio 48 del expediente, sin embargo, se evidencia a los autos que en el caso de marras en fecha 31 de octubre de 2007, fue la última actuación efectuada por este Tribunal, en la cual se dio por recibido el presente expediente del Juzgado Segundo Ejecutor de medidas de os Municipios Girardot y M.B.I. del estado Aragua, por lo tanto hasta la presente fecha han transcurrido cuatro años y nueve meses sin que la parte solicitante ejecutara algún acto de procedimiento, que propenda al desarrollo del juicio
En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece:
…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…
.
Asimismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece que: “…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente…”; advertencia ésta que considera procedente realizar este Tribunal con el objeto de cumplir a cabalidad con los postulados contenidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
Nuestro M.T., en sentencia Nº 211 de fecha 21-06-2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente:
…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…
Para ampliar más al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, expediente N° 00-1491, expresó lo siguiente:
(…) El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla. (…)
De las normas transcritas se observa que la perención de la instancia opera de pleno de derecho, cuando se verifica la inejecución de los actos consecutivos del procedimiento por más de un año y por cuanto este Juzgador observa que en fecha 31 de enero de 2007 fue la última actuación realizada por la parte demandante en la presente causa; se evidencia que las partes no han ejercido ningún acto tendente a impulsar el presente procedimiento; hecho este que encuadra perfectamente en los términos expresados en las normas in commento y habiendo transcurrido sobradamente más de un año desde dicha fecha hasta el día de hoy, resulta forzoso para quien decide declarar de oficio la perención de la instancia, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara:
La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente demanda de INTERDICTO DE AMPARO interpuesta por la ciudadana N.D.R.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.567.943 y de este domicilio, contra los ciudadanos E.A.M.A. y M.D.C.M.G., venezolano el primero, mayores de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.653.493 el primero, domiciliados en S.I., calle 2, parcelamiento 28, Municipio L.A., S.R., estado Aragua.
Se ordena levantar el amparo a la posesión, una vez que quede definitivamente firme el presente fallo.
No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza de la decisión.
Se ordena notificar a la parte querellante a fin que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy [31 de julio de 2012], se de por notificado, a los fines de que pueda ejercer los recursos correspondientes, advirtiéndosele que de no hacerlo quedará definitivamente firme la presente sentencia, y vencido éste plazo sin haberse dado por notificada, se ordenará el archivo del expediente y su remisión al archivo judicial. Así se declara.
Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado, motivado a la imposibilidad evidente de publicarlo en la prensa, y tampoco siendo posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de 500 metros de este Juzgado sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el gran número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde se deben realizar citaciones, notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil utilizar su tiempo útil en la práctica de actuaciones en juicios que se encuentran paralizados, en muchos casos debido a la falta de atención de las partes. Todo en conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (noción de justicia oportuna), hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001. Exp: 00-1491, Sentencia No. 956, y con los artículos 14, 16 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo.
Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los Treintiún (31) días del Mes de Julio del año Dos Mil Doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ TITULAR,
ABG. R.C.P..
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. YRANIS YÉPEZ
RCP/YY/Livi.-
EXP. N° 10.998
En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo la 01:00 PM.-
En ésta misma fecha se libró y fijó el cartel ordenado.
La Secretaria Temporal.
