Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 25 de Marzo de 2011
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario |
| Ponente | Climaco Montilla Torres |
| Procedimiento | Recurso Administrativo Funcional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS
200º y 152º
Parte Querellante: L.N.M., venezolana, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-8.195.119.
Apoderados Judiciales: D.A.V.G. y Eisen J.B.R., abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nos.96.935 y 52.697, respectivamente.
Parte Querellada: ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO ACHAGUAS DEL ESTADO APURE.
Apoderado Judicial: D.A.O.P., abogado, de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 105.854.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Bono de Alimentación).
Expediente Nº 4765
Sentencia Definitiva
I
Se inicia la presente causa mediante escrito presentado en fecha Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Bono de Alimentación) por la ciudadana N.M.L., representada judicialmente por los abogados D.A.V.G. y Eisen J.B.R., ut supra identificados, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO ACHAGUAS DEL ESTADO APURE, quedando signada con el Nº 4765.
En fecha de Cuatro (26) de Octubre de Dos Mil Diez (2010), este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, ordenando la citación del Sindico Procurador del Municipio Achaguas del Estado Apure y la notificación del Alcalde de esa entidad territorial. Se libraron los Oficios respectivos.
Debidamente practicada la citación y notificación ordenada, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la parte demandada dio contestación a la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana N.M.L..
En fecha Trece (13) de Enero de Dos Mil Once (2011), este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual fijó oportunidad para llevarse a efecto la Audiencia Preliminar para el QUINTO (5°) día de despacho siguiente a las 12:00m., la cual tuvo lugar en fecha veintiuno (21) de Enero del presente año, con la comparecencia de la representación judicial de las partes intervinientes en el presente proceso. Se dejó constancia de la apertura del lapso probatorio.
Mediante auto de fecha Dieciséis (18) de Febrero de Dos Mil Once (2011), se fijó oportunidad para la celebración de la Audiencia Definitiva; llevándose a efecto el Veinticuatro (01) de Marzo del año en curso, sólo con la comparecencia de la representación judicial de la parte querellada.
En fecha Cuatro (10) de M. deD.M.O. (2011), se dictó dispositivo del fallo, declarándose Parcialmente Con Lugar la presente querella y se reservó el lapso de 10 días, de despacho para dictar el texto íntegro de la misma, tal y como lo establece el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Estando dentro de la oportunidad legal para dictar el extenso de la decisión tomada, el Juzgado lo hace previa las consideraciones siguientes:
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El caso sub examine versa sobre un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de Bono de Alimentación correspondiente a los años 1999 al 2004, ambos inclusive, solicitando la querellante la cancelación de la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARE CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs.27.592,50) por tal concepto.
Ahora bien, luego de un análisis exhaustivo de las actas procesales que conforman el presente expediente judicial se evidencia en el vauchers presentado por la parte querella cursante al folio seis (6) de fecha 01 de Octubre de 2001 a nombre de L.N.M., documento este que se le otorga valor probatorio por cuanto no fue objetado ni impugnado por la contraparte, que la fecha que debe ser tomada en cuenta para el calculo al cobro de bonificación alimentaría, es la correspondiente al 01 de octubre de 2001 y no la señala en el escrito libelar por la parte querellante, asimismo se observa que en la contestación a la querella la parte querellada admitió que la hoy querellante presta sus servicios en la Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, desde el 01 de Octubre de 2001, reconociendo igualmente el derecho que le asiste a la accionante a reclamar el pago de su bonificación alimentaria correspondiente a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, en virtud de que la municipalidad nunca le ha cancelado dicho concepto; rechazando el monto solicitado por la demandante por considerarlo exagerado; por lo que dado los términos en que quedó trabada la litis, se desprende que el punto controvertido en el caso bajo análisis deviene en determinar la cantidad que efectivamente le corresponde a la querellante por los conceptos reclamados.
En este orden de ideas, quien suscribe la presente decisión, se permite realizar las siguientes consideraciones:
El beneficio de Alimentación nace en ocasión de la promulgación de la Ley del Programa de Alimentación para los Trabajadores, según Gaceta Oficial Nº 36.538 de fecha 15 de septiembre de 1998, la cual por disposición del artículo 10, entró en vigencia el 1 de enero de 1999, actualmente denominada Ley de Alimentación para los Trabajadores, según Gaceta Oficial Nº 38.094, de fecha 27 de diciembre de 2004 y su reglamento, estableciendo en los mismos, una serie de parámetros dirigidos a garantizar las condiciones nutricionales satisfactorias para el desempeño del trabajo, considerando que la calidad de vida del trabajador no sólo se logra mediante un salario digno y justo, y en el entendido de que el capital humano es la fuerza motriz del proceso de integración y crecimiento de cualquier país, el legislador previó, con la promulgación del instrumento legal antes referido, como requisito mínimo, garantizar al trabajador las condiciones nutricionales satisfactorias para su mejor y mayor ejercicio.
Así las cosas, y por cuanto hubo reconocimiento expreso por parte del apoderado judicial de la parte querellada en que su representada adeuda a la ciudadana N.M.L. el Bono de Alimentación correspondiente a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, resulta forzoso para este sentenciador ordenar a la Alcaldía del Municipio Autónomo Achaguas su cancelación. Y Así se establece.
En tal sentido, y en relación al monto que debe cancelar el querellado, quien suscribe la presente decisión acoge el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 20 de octubre de 2009, signada con el Nº 1582, en el sentido de que el beneficio de alimentación adeudado deberá ser calculado por el 0,25 del valor de la unidad Tributaria vigente en el cual nació el derecho a percibir dicho beneficio, el cual deberá realizarlo en efectivo, conforme a lo expuesto en el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, dictado en fecha 28 de abril de 2005 Nº 322, con Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, el cual se transcribe parcialmente a continuación:
Ahora bien, señala el artículo 4 de la Ley Programa de Alimentación, lo siguiente:
Artículo 4: El otorgamiento del beneficio a que se refiere el artículo 2° de esta Ley podrá implementarse, a elección del empleador, de las siguientes formas:
a) Mediante la instalación del beneficio de comedores propios de la empresa...
b) Mediante la contratación del servicio de comida elaboradas por empresas especializadas en el caso;
c) Mediante la provisión o entrega al trabajador de “cupones” o “tickets”, con los que podrá obtener comidas o alimentos en restaurantes o establecimientos similares, con los cuales la Empresa haya celebrado convenio a tales fines, directamente o a través de empresas de servicios especializadas;
d) Mediante la Instalación de comedores comunes por parte de varias empresas, próximos a los lugares de trabajo, para que atiendan a los beneficiarios del Programa;
e) Mediante la utilización de los servicios de los comedores administrados por el Instituto Nacional de Nutrición.
Parágrafo Único: En ningún caso el beneficio de alimentación será cancelado en dinero.(Negrillas de la Sala).
Como se observa, el dispositivo es muy preciso al enunciar las formas de implementación del beneficio de alimentación y de igual manera es claro, cuando señala que en ningún caso será cancelado en dinero. Ello ha sido establecido así, por cuanto la finalidad del mismo es la de mejorar el estado nutricional del trabajador, y con ello fortalecer su salud, prevenir enfermedades profesionales y propender a una mayor productividad laboral.
Expuesto lo anterior, la Sala considera necesario señalar que la misma está conteste con tales lineamientos allí establecidos. Pero no obstante de ello, la situación es otra cuando se ha verificado que el empleador ha incumplido, como en el presente caso, con ese Beneficio que le correspondía al trabajador en su debido momento y que ahora es objeto de reclamo.
Es así como la Sala observa, que en situaciones como la de autos existe una imposibilidad de que conforme a los enunciados del referido artículo, el beneficio de alimentación, el cual se ha determinado tiene derecho el trabajador demandante, pueda ser cumplido por la empresa de esa manera.
En este orden de ideas, la Sala por razones de justicia considera necesario flexibilizar la denunciada norma en los casos como el de autos, y en tal sentido se estima como procedente el pago en bolívares de lo adeudado por la parte accionada al trabajador por el beneficio de alimentación que no fue satisfecho en su debido momento, pues, pese a que el demandante actualmente no labora para la Gobernación, sin embargo, se ha verificado en el proceso que éste era un beneficio que le correspondía disfrutar y que era una obligación del empleador satisfacer.
Por lo que bajo este criterio, no existe la violación del artículo 4 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores
.
Por lo que la Alcaldía del Municipio Autónomo Achaguas del Estado Apure, deberá cancelar a la querellante ciudadana N.M.L. lo que a continuación se especifica:
LAPSO COMPRENDIDO VALOR U.T VIGENTE TASA APLIC U.T COSTO UNIT BONO TOTAL DIAS H. TOTAL A CANCELAR
01-10-01 AL 04-03-02 13,2 0,25 3,3 84 277,2
05-03-02 al 04-02-03 14,8 0,25 3,7 227 839,9
05-02-03 al 09-02-04 19,4 0,25 4,85 254 1231,9
10-02-04 al 31-12-04 24,7 0,25 6,175 225 1389,375
TOTAL 3738,375
En consecuencia, la demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO ACHAGUAS, debe cancelar a la ciudadana N.M.L. la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.3.738, 375), por concepto de Bono de Alimentación correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004. Y Así se decide.
III
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Bono de Alimentación), interpuesto por la ciudadana N.M.L., venezolana, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 8.195.119, representada judicialmente por los abogados en ejercicio y de este domicilio D.A.V.G. y Eisen J.B.R., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 96.935 y 52.697, respectivamente, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO ACHAGUAS DEL ESTADO APURE. En consecuencia, se condena TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.3.738,375), por los conceptos especificados en la motiva de esta sentencia.
Se niega el pedimento efectuado por la parte querellante en el sentido de que fuere condenado el querellado a pagar la cantidad pecuniaria que discriminara en el escrito recursivo, conforme a lo expuesto ut supra.
No hay expresa condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada. Se ordena notificar mediante Oficio al Síndico del Municipio Autónomo Achaguas del Estado Apure.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en San F. deA. a los Veinticinco (25) días del mes de M. deD. mil once (2011) Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO
C.A. MONTILLA T.
EL SECRETARIO
WADIN BARRIOS
En esta misma fecha, siendo las 2:15 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la presente decisión.
EL SECRETARIO
WADIN BARRIOS
Sentencia: Definitiva
Materia: Contencioso Administrativo
Exp. Nº 4765
CAMT/WB/dh.-
