Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 22 de Febrero de 2012

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano P.N.P.T. contra la sociedad mercantil Promotora Minera de Guayana PMG S.A. ambas partes plenamente identificadas. En consecuencia se ordena a la demandada a pagar al trabajador los conceptos condenados en la presente motiva, más los intereses moratorios y la indexación en los términos señalados para lo cual se deberá nombrar un solo experto contable con cargo a ambas partes…”.

En la oportunidad de la celebración de la audiencia oral ante esta Alzada, la representación judicial de la parte actora apelante, en líneas generales, señaló que apelaba por dos particulares, aduciendo primeramente, que el actor al momento que fue despedido injustificadamente tenia 7 meses y 24 días, siendo que el a quo al momento de proferir su sentencia omitió ordenar computar y pagar el preaviso; como segundo punto alega y hace valer los folios 106 y 109 del presente expediente relativo a los beneficios laborales del contrato individual del trabajo, aduciendo que tales beneficios forman parte contrato de trabajo dado en la oferta de servicio al actor, expresa que tales documentales fueron aportadas a los autos por la parte demandada y también por ellos, por lo que solicita sea verificado tales pedimentos, y de la misma forma expresa que quedó evidenciado el despido injustificado del actor.

Por su parte la representación de la parte demandada apelante indicó, en líneas generales, que no están de acuerdo con lo establecido por el a quo, en relación a la causa de la terminación de la relación de trabajo, aduciendo que el motivo fue la terminación del contrato de trabajo.

Vista la forma como fue circunscrita la presente apelación (ver sentencia Nº 204 de fecha 26/02/2008, proferida por la Sala de Casación Social), corresponde a esta Alzada determinar si el a-quo actuó o no ajustado a derecho al declarar parcialmente con lugar la demanda, negando la procedencia de lo peticionado por las partes apelantes, en el presente recurso. Así se establece.-

En razón de lo anterior, este Juzgador pasa a analizar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 10, 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Pruebas de la parte actora.

Promovió documentales marcadas “A” cursantes a los folios 101 al 105, 109 y 110 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, copia de “Contrato De Prestación De Servicios Por Tiempo Indeterminado”, de fecha 7 de enero de 2008; copia de “Propuesta Económica Laboral”, de fecha 03 de diciembre de 2007 y copia de “Notificación de Salida” de fecha 01 de septiembre de 2008, las cuales fueron promovidas en original por la parte demandada, en ese sentido se indica, que las mismas serán valoradas infra. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 106 a la 108 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, copias simple de planilla y diagnóstico de la parte actora realizado por parte de un tercero ajeno a la presente causa, especificándose en el primero los beneficios aplicables al actor, no obstante, no poseen autoria, por lo que se desecha, y respecto al diagnóstico, vale indicar que dichas documentales vulneran el principio de alteridad, amen que nada aportan al hecho controvertido, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se indica que las mismas carecen de valor probatorio. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 111 al 117 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, recibos de pago del año 2008, siendo que las mismas no poseen autoría, vulnerando el principio de alteridad, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se indica que las mismas carecen de valor probatorio. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 118 al 131 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, relación de estados de cuenta bancaria del Banco Provincial, S.A., relacionada con el actor, siendo que la misma se desecha por no ser ratificadas mediante la prueba testimonial, conforme lo dispuesto en los artículos 10 y 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se indica que las mismas carecen de valor probatorio. Así se establece.-.

Promovió documentales cursantes a los folios 132 al 165 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, Convención Colectiva del Trabajo de la empresa demandada Promotora Minera Guayana S.A., que al haber cumplido con los parámetros legales de conformidad con sentencia del 27 de septiembre de 2004, (Tribunal Supremo de Justicia – Sala de Casación Social) “debe considerarse derechos y no simples hechos sujetos a las reglas generales de las cargas de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio, razón por la cual al ser derecho y no hechos sujetos a su alegación y prueba, no es procedente su valoración.” Así se establece.-

De la prueba de exhibición.

Referida al “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO INDETERMINADO” y la “NOTIFICACION DE SALIDA”, siendo que en la audiencia oral de juicio llevada ante el a quo, la parte codemandada no exhibió tales documentales, no obstante, dichas documentales fueron aportadas en copia simple y en original por ambas parte y serán valoradas infra. Así se establece.-

De la prueba de informes.

Solicitó la prueba a la entidad bancaria BBVA Banco Provincial, cuyas resultas no rielan a los autos, por lo que no hay materia sobre la cual pronunciarse. Así se establece.-

Solicitó a la empresa demandada, “los montos de producción obtenidos durante el tiempo que permaneció nuestro representado en la empresa”, no obstante, al no ser promovida correctamente se desecha la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

. Así se establece.-

De la prueba de testigos.

Promovió pruebas de testigos de los ciudadanos: ingeniero G.A. y Lic. Ávila, observándose que el ciudadano G.A. no compareció en la oportunidad de la audiencia oral de juicio por que se declara desierta y en cuanto al ciudadano Ávila si bien compareció en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, sin embargo, la parte actora desistió de su evacuación, quedando fuera del proceso, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Pruebas de la parte demandada.

En relación a la invocación del mérito de autos, el mismo no es un medio de prueba propiamente dicho, pues ello implica es una invocación al principio de la comunidad de la prueba que rige el sistema probatorio judicial Venezolano. Así se establece.-

Promovió documental marcada “E” cursante al folio 170 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, copia simple de certificado de registro de vehiculo, características especificadas en el mismo, otorgado a Promotora Minera de Guayana P.M.G. SA, emitido por el Instituto Nacional de Transporte y T.T., siendo que la misma se desecha por no aportar nada al hecho controvertido, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

Promovió documentales marcada “A” cursantes a los folios 171 al 175 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, original de “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO INDETERMINADO”, suscrito entre las partes, en fecha 7 de enero de 2008, estableciéndose en el mismo lo siguiente: cláusula: “…SEPTIMA: REMUNERACION. Como contraprestación por las tareas, trabajos y/o actividades que constituyen el OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, la EMPRESA pagará al TRABAJADOR, y así expresamente se conviene y confirma, la cantidad de Bolívares Trece Mil (Bs. 13.000, 00) como salario básico mensual. (…) se encuentra comprendido el pago de los días feriados y de descanso obligatorio que estén contenidos en el respectivo periodo…”, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “B” cursante al folio 176 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, “Notificación de Salida” por parte de la empresa demandada al actor, en fecha 01 de septiembre de 2008, suscrito por el ciudadano M.Á.A. en su carácter de gerente de recursos humanos de la empresa demandada y recibido por el actor en esa misma fecha, así mismo se refleja agradecimiento al actor por parte de la empresa demandada por todo el esfuerzo y compromiso que mostró por el proyecto, especificando que gracias a tales esfuerzo concluyeron satisfactoriamente el proceso de transición y cierre de operaciones directas en “Mina”, razón esta por la cual dan por finalizada la relación de trabajo desde la precitada fecha, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “C” cursante al folio 177 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, “Propuesta Económica Laboral”, de fecha 03 de diciembre de 2007, dirigida al actor por parte de la empresa demandada, reflejando la misma los siguientes conceptos por: “…7. Propuesta Salarial…”, salario base mensual Bs.13.000,000; salarios a base de 360 días Bs.156.000, 000, 62%; utilidades 120 días, 21%; vacaciones 30 días Bs.13.000, 00, 5%; bono vacacional 30 días Bs.13.000,00, 5%; prestación de antigüedad 45 días Bs.19.500, 00, 8%; total remuneración a razón de 585 días, Bs. 253.500,000, 100%; y en los puntos: “8. HCM”, “9. Teléfono Celular”, “10. Asignación De Vehiculo”, “11. Apoyo De Vivienda”, “12. “Juguete en Diciembre para Hijos”, y “13. Pasaje Aéreo Mensual”, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “D” cursante al folio 178 de la pieza N° 1 del presente expediente, evidenciándose, “Constancia de Inducción”, siendo que la misma se desecha por no aportar nada al hecho controvertido, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

De la prueba de informes.

Solicitada a la Inspectoría de Trabajo con sede en Guasipati, Estado Bolívar, y relativa a la convención colectiva de trabajo de la empresa demandada, al respecto vale dar por reproducido lo resuelto supra. Así se establece.-

Solicitada a la sociedad mercantil Movilnet, C.A., cuyas resultas corren insertas a los folios 234 de la pieza principal del presente expediente, de la misma se evidencia, que el titular del número telefónico 0416 5868616, es Promotora Minera Guayana P.M.G., S.A., por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la prueba de testigos.

Promovió pruebas de testigos de los ciudadanos: E.C., R.O.A. y Héctor Alezone León, titulares de la cedulas de identidad N° 82.117.497, 3.751.754 y 14.518.451, respectivamente, quienes no se hicieron presentes al momento de su evacuación, por lo que se declaran desiertas, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Consideraciones para decidir.

Pues bien, vale la pena resaltar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido de manera reiterada que “…con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral:

1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

(…).

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor…”.

Por su parte, el articulo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece: “…Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal...”. Así se establece.-

En este orden de ideas, se indica que esta alzada resolverá primeramente los fundamentos del recurso expuesto por la representación judicial de la parte demandada, para luego entrar a resolver lo peticionado por la representación judicial de la parte actora. Así se establece.-

Alega la representación Judicial de la parte demandada apelante, que no esta de acuerdo con lo establecido por el a quo, en relación a la causa de la terminación de la relación de trabajo, toda vez que, en su decir, el motivo fue la terminación del contrato de trabajo; en este sentido, vale señalar que el a quo estableció que en cuanto a la forma de terminación del vínculo laboral se produjo un despido injustificado y no como aduce la demandada que no lo despidió sino que el vínculo concluyó por finalización de la obra para la cual fue contratado él actor; en tal sentido, evidencia esta Alzada al folio 176 de la pieza N° 1 del presente expediente, documental promovida por ambas partes, contentiva de “Notificación de Salida” por parte de la empresa demandada al actor, de fecha 01 de septiembre de 2008, reflejándose en la misma que se concluyó satisfactoriamente el proceso de transición y cierre de operaciones directas en “Mina”, razón esta por la cual dan por finalizada la relación de trabajo; así mismo, se desprende de autos la existencia de un de contrato de trabajo, donde de forma expresa fue estipulado que el actor podía prestar servicios “en otras dependencias de la empresa que ejecuten actividades distintas a las señaladas en dicha cláusula”, es decir, a las señaladas en la denominada “Descripción de Cargo”, señalándose además que el trabajador se comprometía a prestar sus servicios para “cualquier otra persona natural o jurídica que la empresa le indique” y en aquellos lugares que le asigne la empresa de acuerdo a sus necesidades, por lo que podía ser transferido a cualquier otra localidad, o Estado dentro o fuera de Venezuela, no observándose que el mismo estuviera enmarcado dentro de las estipulaciones a que se contrae el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, ajustándose en consecuencia a lo contemplado en el artículo 73 ejusdem, siendo por tanto un contrato a tiempo indeterminado, pues así se concluye de la interpretación realizada a dicho contrato, y su adminiculación con las restantes probanzas, es decir, en el contrato de trabajo no se señaló cual era la parte de la obra que debía ser desarrollada por el trabajador, ni el tiempo de su duración, ni en qué consistía, no quedando evidenciado del contrato que las funciones del trabajador estaban desplegadas al mantenimiento de mina, sino por el contrario a cualquier actividad desarrollada por la empresa, resultando forzoso concluir que la demandada puso fin de forma unilateral e injustificada a la relación de trabajo que la unía con el accionante, no fundamentándose en ninguno de los supuesto previstos en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo el actor despedido de forma injustificada, tal como lo estableció el a quo, siendo improcedente este pedimento. Así se establece.-

Con relación a la apelación de la parte actora, la misma alegó que apela por dos particulares, en primer lugar, por cuanto, en su decir, al momento que fue despedido injustificadamente tenia 7 años y 24 días, sin incluir el preaviso, no obstante, tal circunstancia fue omitida por él a quo, razón por la cual solicita el pago del mismo.

A los fines de resolver lo relativo a este pedimento, es necesario indicar que esta alzada considera que tal pedimento es improcedente, toda vez que al contrario de lo que expresa el apelante, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N°695 de fecha 06/04/2006, estableció que: “…De conformidad con el criterio de esta Sala transcrito supra, debe declararse que el juzgador de la recurrida incurrió en falsa aplicación del artículo 104, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, pues aplicó la institución del preaviso contemplada en dicha norma a trabajadores que por gozar de la estabilidad laboral prevista en el artículo 112 ejusdem, no les es aplicable…..”, es decir, al gozar el trabajador de la estabilidad relativa y tener derecho al pago de las indemnizaciones contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, mal podría corresponderle lo estipulado en el artículo 104 ejusdem, por lo que resulta improcedente este pedimento. Así se establece.-

En este mismo orden de ideas, es bueno señalar que la parte actora en su apelación reclamó (entre otros) el carácter salarial que para el representaban los conceptos dados por la empresa en la “Propuesta Económica Laboral”, de fecha 03 de diciembre de 2007, a saber: “8. HCM”, “9. Teléfono Celular”, “10. Asignación De Vehiculo”, “11. Apoyo De Vivienda”, “12. “Juguete en Diciembre para Hijos”, y “13. Pasaje Aéreo Mensual”, observándose que frente al cúmulo de responsabilidades que debía realizar el accionante, se entiende que resulta lógico y jurídico indicar que tales conceptos otorgados por la demandada (para uso y disfrute por parte de la accionante) eran herramientas (celular, vehículo y pasaje) y facilidades (HCM, apoyo de viviendo y juguetes) necesarias para el desempeño eficiente de las actividades que le eran encomendadas, las primeras, y las segundas propias de los subsidios o facilidades, siendo que por máximas de experiencias se puede colegir que no resultan exageradas (fuera de contexto) tales asignaciones, ni tampoco injustificadas las mismas, resultando así forzoso para este Juzgador declarar que dichas asignaciones no tienen carácter salarial, tal como lo estableció el a quo, por lo que resulta improcedente este pedimento. Así se establece.-

Respecto al otro punto objeto de apelación, alega y hace valer el recurrente que a los folios 106 y 109 del presente expediente, se observan cuales eran los beneficios laborales del contrato individual del trabajo, a los que tenía derecho, siendo que, el a quo no los tomó en cuenta; pues bien, de una revisión a las actas procesales que conforman el presente expediente, evidencia esta alzada de las pruebas promovidas por las partes, que a los folios 109 y 177 de la pieza N° 1 del presente expediente, corre propuesta económica laboral, donde se refleja que la demandada ofreció al actor como propuesta salarial un salario base mensual Bs.13.000,000; utilidades 120 días; vacaciones 30 días; bono vacacional 30 días, entre otros, no obstante, igualmente se observa, que el a quo no los tomó en cuenta a la hora de su condena, a pesar que el mismo tiene derecho al pago de los días que por concepto de utilidades, vacaciones y bono vacacional de conformidad con la propuesta económica laboral, por lo que se acuerda su pago: utilidades a razón de 120 días, vacaciones a razón de 30 días y el bono vacacional a razón de 30 días, debiendo ordenarse para su cálculo una experticia complementaria del fallo a cargo de un experto institucional. Así se establece.-

Ahora bien, visto lo decidido por el a quo, así como lo resuelto anteriormente por esta Alzada y en atención a la forma como fue circunscrita la apelación y al principio de la no reformatio in peius, se tiene por cierto o reconocido válidamente en derecho, además de lo resuelto supra, lo siguiente:

Que “…como quiera que la demandada admitió la relación de trabajo pero nada dijo en su contestación respecto al salario básico alegado por el actor queda tal hecho como admitido de conformidad con lo establecido en el Artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, en tal sentido, se desprende del contrato de trabajo aportado por ambas partes y al cual se le otorgó pleno valor probatorio que el salario básico mensual devengado por el trabajador es de Bs. 13.000,00…”. Así se establece.-

Que en “…cuanto a la fecha de ingreso y egreso y cargo, las partes quedaron contestes en que el trabajador ingresó en fecha 7 de enero de 2008 y que la finalización del vínculo laboral ocurrió en fecha 1° de septiembre de 2008…”. Así se establece.-

Que “…fue promovido por ambas partes el contrato de trabajo al cual se le otorgó pleno valor probatorio, por lo que procede la revisión e interpretación del mismo. Observa quien decide que fue estipulado en la cláusula “Primera” que el trabajador ejercería el cargo de “Gerente de Mantenimiento de Mina” y que las funciones serían las contenidas en la “Descripción de Cargo que se anexa marcada con la letra ‘A’ la cual forma parte integrante de este contrato”, anexo que no fue aportado por ninguna de las partes. Igualmente, se desprende de las cláusulas “Cuarta” y “Quinta” que por las funciones que debía desempeñar el trabajador fue estipulado la confidencialidad en razón de las funciones y la responsabilidad que involucra la prestación de sus servicios. Se desprende igualmente que en función del cargo desempeñado como Gerente se estableció un salario de Bs. 13.000,00. Como se desprende de las anteriores cláusulas el trabajador demandante ejercía el cargo de “Gerente”, el cual implicaba de acuerdo a las funciones y el nivel de responsabilidad que representaba dicho cargo un alto nivel de confidencialidad, habiendo señalado el mismo actor en su demanda que efectivamente desempeñaba las funciones “inherentes al cargo” queda descartada cualquier simulación del cargo, lo cual queda constatado igualmente por la cuantía del salario devengado, razones éstas por las que a juicio de quien decide el cargo desempeñado por el trabajador hoy demandante corresponde al de un empleado de confianza en los términos señalados en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo en el cual se establece de manera no concurrente como aspectos para la calificación de un trabajador de confianza a) el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, b) o su participación en la administración del negocio, c) o en la supervisión de otros trabajadores, calificación que se hace en el caso bajo examen de acuerdo al primero de los supuestos antes señalados, en consecuencia, y como quiera que en el numeral 9 de la “CLAUSULA N° 1” de la Convención Colectiva de Trabajo, se establece la exclusión de los trabajadores de confianza del ámbito de aplicación de la misma, es forzoso para quien decide declarar la improcedencia de los beneficios derivados de tal instrumento reclamados por el demandante…”. Así se establece.-

Que en “…cuanto a la forma de terminación del vínculo laboral (…) debe concluirse que la relación de trabajo concluyó por despido injustificado…”. Así se establece.-

Que el salario base mensual es de Bs.13.000, 00. Así se establece.-

Que “…cuanto a las vacaciones y bono Vacacional…”, se ordena cancelar de acuerdo los siguientes parámetros: de conformidad con lo resuelto supra, y tomando la antigüedad del trabajador, es decir, 7 meses completos, mediante una experticia complementaria del fallo. Así se establece.-

Que “…cuanto a las utilidades…”, se ordena cancelar de acuerdo los siguientes parámetros: de conformidad con lo resuelto supra, y tomando la antigüedad del trabajador, es decir, 7 meses completos, mediante una experticia complementaria del fallo .Así se establece.-

Que “…tal y como fue establecido con anterioridad el despido injustificado, se declara procedente dicha reclamación, en consecuencia, le corresponde de acuerdo a la antigüedad del trabajador y de conformidad con lo establecido en el numeral 2) de la norma como indemnización por despido injustificado treinta (30) días de salario y según lo dispuesto en el literal b) de la misma norma treinta (30) días de salario, en total sesenta (60) días de salarios calculados en base al último salario integral…”, , es decir, 7 meses completos, un salario base mensual es de Bs.13.000,00, mas las alícuotas de bono vacacional y utilidades para determinar el salario integral, todo ello a realizarse mediante una experticia complementaria del fallo. .Así se establece.-

Que en relación a “…la prestación de antigüedad, no consta a los autos el pago de dicho concepto correspondiendo a la demandada la carga procesal de desvirtuar tal reclamo, es forzoso declarar la procedencia del mismo, en consecuencia, le corresponde de acuerdo a la antigüedad del trabajador cuarenta y cinco (45) días de salarios calculados en base al salario integral…”, todo ello a realizarse mediante una experticia complementaria del fallo. .Así se establece.-

Que “…Adicionalmente, deberá calcular los intereses que deberán ser de acuerdo a la tasa promedio fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el parágrafo primero, literal c) de la misma norma…”. Así se establece.-

Que en cuanto a “…los intereses moratorios y a la indexación monetaria, este Juzgador acoge el nuevo criterio doctrinal establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 11.11.2008 (caso: J.S. vs. Maldifassi & Cía, C.A.), y ordena el cálculo de los intereses moratorios y la indexación monetaria de la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la LOT desde la fecha de finalización de la relación de trabajo. La indexación relativa a los otros conceptos condenados en la presente motiva, se computarán desde la fecha de notificación de la demandada, es decir, 21 de mayo de 2010, hasta que la presente decisión quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor…”. Así se establece.-

Visto todo lo anterior, este Tribunal declara, tal como se hará en la parte dispositiva del presente fallo, sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, parcialmente con lugar la apelación de la parte actora y en consecuencia parcialmente con lugar la demanda, modificándose el fallo recurrido. Así se establece.-

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha 08 de agosto de 2011, dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia in comento. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano P.N.P.T. contra la Sociedad Mercantil Promotora Minera de Guayana PMG, S.A. CUARTO: SE CONDENA a la demandada a pagar al actor los conceptos y cantidades establecidas en la motiva del presente fallo. QUINTO: SE MODIFICA la decisión recurrida.

No hay condenatoria en costas a la parte demandada dada la naturaleza de la misma.

Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República, con base a lo establecido en el artículo 97 del Decreto con Rango de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA y NOTIFIQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil doce (2012). Años: 201º y 152º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente.-

EL JUEZ

WILLIAM GIMÉNEZ

LA SECRETARIA

EVA COTES MERCADO

NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.-

LA SECRETARIA

WG/EC/rg.

Expediente N°: AP21-R-2011-1381.